Publicado en febrero del 2021
La gestión de la pandemia por COVID-19 mostró que el conocimiento experto es una base sólida para dar respuestas dinámicas a fenómenos cambiantes. La creciente complejidad de los problemas sociales demanda un Estado con mayor capacidad analítica que tome mejores decisiones y beneficie al conjunto de la ciudadanía.
Argentina está rezagado en la adopción de instrumentos y herramientas de monitoreo y evaluación que promuevan el aprendizaje en materia de políticas públicas a través del seguimiento y análisis de sus resultados.
Con el objetivo de aumentar la productividad social de la inversión pública, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en 2020 la creación de una Agencia Federal de Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas.
Este compromiso reconocía la importancia de crear políticas públicas basadas en evidencia y de ejecutar planes y programas anclados en el conocimiento experto para mejorar la efectividad del Estado. A un año de esa iniciativa, la Agencia no fue creada pero sí se incorporó al debate público como una de las 25 metas de las 5 misiones a lograr en 1000 días por el Consejo Económico y Social (punto 4 dentro del eje Democracia Innovadora).
Además, se observan progresos en materia de monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas tendientes a fortalecer los sistemas transversales y sectoriales: i) se reordenó el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de los programas con financiamiento internacional (que pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría de Asuntos Estratégicos dependiente de la Presidencia); ii) se innovó en los mecanismos de M&E de los planes y programas sociales (mayor participación federal y herramientas para evaluar en pandemia) y de los planes sectoriales (nuevos dispositivos de sistematización de la información); iii) a pesar de que persisten las dificultades a la hora de realizar evaluaciones, los enfoques de M&E cobraron particular valor en el contexto de la crisis sanitaria e intentaron ser más participativos estableciendo metodologías adaptadas a la situación sanitaria; y iv) aumentó la accesibilidad a los resultados de las evaluaciones de las políticas.
La conducción e implementación de una política para la evaluación de planes y programas públicos es clave para medir los avances en los compromisos de gobierno, el desempeño de las intervenciones, la responsabilidad de los funcionarios públicos tanto como para aprender de las capacidades del Estado para responder efectivamente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La política nacional de evaluación, sin embargo, sigue enfrentando varios desafíos político-institucionales y culturales. Para superarlos, parece necesario integrar y coordinar las funciones de M&E en una agencia rectora, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, garantice la calidad de la información producida y asegure su uso informando las prioridades estratégicas.
Consolidar herramientas técnicas, coordinar las evaluaciones con el plan de gobierno y construir legitimidad desde la esfera política para aumentar el uso de la información producida son algunos de los aspectos clave para la creación de la Agencia. El fin último es que las políticas públicas producidas fortalezcan la rendición de cuentas.