El Programa de Ciudades de CIPPEC está llevando adelante junto con el BID- LAB y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación el proyecto “Desarrollo de la economía colaborativa en ciudades como instrumento para promover la inclusión social, el emprendimiento y la innovación”.

El proyecto fue lanzado a principios de 2017 y se extenderá hasta 2020. Su objetivo es potenciar las líneas de política pública municipales que fomenten la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la resiliencia frente al cambio climático, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza metropolitana. El fin último de esta iniciativa es impulsar el crecimiento y el desarrollo basado en la innovación y el espíritu emprendedor de las ciudades. En este contexto se están llevando adelante cinco Planes de Desarrollo Integral en cinco aglomerados urbanos de Argentina (uno por cada una de las cinco regiones del país).

Durante el primer año del proyecto, se llevaron adelante los “Foros Usina Ciudad Inteligente: potenciando la Economía Colaborativa” en las cinco regiones del país. A través de un concurso se seleccionó una ciudad por región para ser sede del evento que reunió durante dos días a líderes urbanos de toda la región. El objetivo del foro fue concientizar a los líderes sobre la importancia del hábitat, la resiliencia, la gobernanza metropolitana y la economía colaborativa en los aglomerados argentinos.

En la región NEA el foro se realizó en la ciudad de Resistencia, donde se reunieron especialistas de los sectores público, privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil y el ecosistema emprendedor de base digital de toda la región. El encuentro sirvió como disparador para generar interés en el proyecto y una gran participación en el concurso posterior.

El concurso “Plan ciudad inteligente y economía colaborativa en grandes aglomerados urbanos de la Argentina” convocó a todos los grandes aglomerados de la región NEA (ciudades de más de 100 mil habitantes) a postularse como aglomerado piloto del proyecto para el desarrollo de un plan de Desarrollo Integral de Ciudades (DeIC).

El concurso se lanzó en NEA en el mes de noviembre de 2017. Los requisitos para participar consistían en la presentación de diversas cartas de intención y compromiso que demostraran el interés de la ciudad o área metropolitana en participar del proyecto.

El comité de selección estuvo conformado por dos miembros del BID- LAB, dos miembros de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y dos miembros del Programa de Ciudades de CIPPEC. La selección respondió a las características de la postulación presentada por la ciudad y a la viabilidad del proyecto en el territorio.

El área metropolitana de Resistencia resultó ganadora con una postulación que incluía cartas de intención. Al mismo tiempo, la sociedad civil prestó su apoyo a través de numerosas cartas de intención provenientes de los sectores privado, académico y organizaciones de la sociedad civil. La postulación sumaba, además, un compromiso de los gobiernos intervinientes de compartir los datos que fueran necesarios para el desarrollo del proyecto. También incluía una carta de compromiso en la que detalla la capacidad y disposición a brindar insumos e infraestructura durante los momentos clave del proyecto.

El concurso solicitó a las ciudades la designación de un “enlace local”, es decir un equipo que oficie como nexo designado por la ciudad piloto para tareas de logística. El equipo conformado por Ana Clara Buttice, subsecretaria de Desarrollo Local y María Laura Fernández, subsecretaria de Arquitectura e Ingeniería de la Municipalidad de Resistencia mantiene comunicación regular con el Programa de Ciudades de CIPPEC en el desarrollo del proyecto.

A lo largo de los últimos siete meses, el área metropolitana de Resistencia junto con el Programa de Ciudades de CIPPEC, han llevado adelante un proceso de planificACCIÓN para el aglomerado. El documento a continuación presenta la experiencia del NEA en el desarrollo de las etapas I y II de la planificACCIÓN en el marco del DeIC. En una primerasección se introduce la metodología de trabajo. Luego se desarrolla el diagnóstico técnico y perceptivo realizado para el área metropolitana en el marco de la etapa I de la planificACCIÓN. Finalmente se introducen los dos proyectos elaborados por las mesas de trabajo durante la etapa II.

El Gobierno Abierto es una de las 100 prioridades fijadas por el Estado Nacional en 2016. Esta prioridad se enmarca en el objetivo de modernizar el Estado y de ella se desprende la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. El objetivo de esta estrategia es transformar la gestión pública y la forma tradicional de relación entre la ciudadanía y el Estado.

El III Plan de Acción de Gobierno Abierto

En noviembre de 2012, el Estado argentino manifestó la convicción de trabajar junto con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. La OGP busca que los Gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.

En 2013, el gobierno nacional elaboró con otros actores provenientes de distintos sectores el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República Argentina. Este Plan se sustentó en un proceso de consultas presenciales, realizado en forma colaborativa y horizontal en consonancia con los principios de Gobierno Abierto.

Entre 2015 y 2017 se implementó el II Plan de Acción elaborado con la participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades, representantes de diferentes organismos gubernamentales, y ciudadanos interesados en las diferentes temáticas abordadas. En esa ocasión, se puso a disposición los documentos bases presentados por diferentes organismos públicos nacionales en una plataforma de participación, en la cual se registraron 392 votos y más de 180 comentarios de adhesión a las propuestas.

Como parte del Plan de Modernización del Estado, el Ministerio de Modernización de la Nación convocó en 2015 a todos los ciudadanos a participar de  mesas de diálogo para desarrollar del III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

El III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2017-2019) es producto de un proceso de construcción colectiva entre Estado y sociedad civil. En la elaboración de los compromisos que contiene el plan participaron 28 organismos de los tres poderes del Estado y 54 organizaciones de la sociedad civil.

Los 44 compromisos que componen el III Plan de Acción se ordenan en cinco ejes:

• Transparencia: compromisos vinculados a la apertura y publicación de datos, en la construcción de sistemas de información e implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés.
• Rendición de cuentas: construcción de tableros de monitoreo, la elaboración de proyectos de ley y la generación de capacidades para el análisis del presupuesto público.
• Participación: acciones de capacitación a gobiernos locales, elaboración participativa de planes y construcción de mesas de diálogo.
• Innovación: contiene tres compromisos, una guía para jóvenes, la incorporación de tecnologías al proceso electoral y la creación de un laboratorio de innovación.
• Sub-nacionales: reúne compromisos de las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fe.

El Plan de Acción Nacional es un documento base donde los Gobiernos, a través del Poder Ejecutivo Nacional, se comprometen a realizar acciones en pos de un Gobierno Abierto por un período de dos años.

La participación ciudadana es un elemento fundamental en su elaboración. De esta forma, la co-creación entre Estado y la sociedad civil es el mecanismo esencial para consensuar los compromisos que asumirá el gobierno. Uno de los canales a través de los cuales participa la ciudadanía es la Mesa Nacional de Gobierno Abierto. Desde allí se coordina la implementación de la agenda nacional de gobierno abierto.

¿En qué consiste una estrategia de monitoreo y evaluación participativa?

Una estrategia de monitoreo y evaluación participativa se enmarca en una concepción de las políticas públicas que considera indispensable incorporar a los actores interesados en los distintos eslabones de la cadena de producción de una política pública.

La mirada participativa sobre las políticas públicas no implica solamente una discusión metodológica sino que en realidad entraña una discusión técnica y política sobre cómo incluir los distintos actores que intervienen en el diseño e implementación de la política.

Se diferencia de una evaluación convencional en sus objetivos, participantes, metodologías, y productos.

Comparación entre evaluación convencional y evaluación participativa

Fuente: Campilan, D. Participatory Evaluation of Participatory Research. 2000, pág. 44.

Una estrategia de monitoreo y evaluación participativa para el III Plan de Acción

La estrategia de monitoreo y evaluación que se propone en este documento busca analizar la contribución tanto a los objetivos y prioridades de gobierno del III Plan como a la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.

La estrategia se centra en cuatro aspectos:

• Contribuir con el objetivo de gobierno n°7 y la prioridad 84, que estipulan modernizar el Estado e implementar el gobierno abierto respectivamente. Dicho de otra forma, analiza de qué manera la implementación y cumplimiento de los compromisos del III Plan de Acción ayudan conjuntamente al cumplimiento de los objetivos y prioridades de gobierno.
• El efecto sobre la estrategia de gobierno abierto. De qué manera el cumplimiento del III Plan de Acción contribuye al logro de los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
• La calidad de la participación. Se busca valorar el grado de conocimiento y percepciones de las OSC sobre la calidad de la deliberación en el complimiento de los compromisos.
• El cumplimiento de los compromisos del plan. Se busca dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y compromisos asumidos con los distintos actores.

La estrategia de monitoreo releva información referida a los hitos y compromisos de manera trimestral.

La estrategia de evaluación, se estructura a partir del ciclo propuesto por la metodología del Reporte Colaborativo de Resultados (o metodología COR, por sus siglas en inglés)

Metodología del Reporte Colaborativo de Resultados

Fuente: https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/cort

La estrategia de evaluación del III Plan que se propone contempla la metodología del COR y utiliza como herramienta para recolectar información el método del Cambio Más Significativo (MSC). Esta herramienta consiste en el análisis de las distintas narrativas que den cuenta de las transformaciones (o no) que la implementación del III Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto generó.

En resumen, la evaluación consistiría de las siguientes etapas:

1. Taller de inicio y planificación. En este taller, se aclara la lógica del programa, se identifican los datos existentes y se desarrollan preguntas de evaluación.
2. Levantamiento de datos. Puede incluir fuentes de datos primarias y secundarias. Se lleva a cabo una búsqueda de la evidencia existente y realiza el análisis de evaluabilidad del III Plan. De este modo pueden definirse las preguntas de evaluación.
3. Investigación social. La investigación social puede incluir cualquier forma de recopilación de datos, cualitativa o cuantitativa. Esta etapa estará dedicada al inicio del proceso de implementación del instrumento para recolectar historias que den cuenta del MSC.
4. Análisis e integración de datos. Los datos cuantitativos y cualitativos se pueden analizar juntos según los resultados en la lógica del programa. Una vez que se hayan levantado las distintas historias acerca de la implementación del III Plan y sus efectos, en la etapa de análisis e integración de datos se deben tomar dos decisiones importantes: a) determinar cuáles son las historias más significativas y b) someter esas historias a la discusión de los participantes del proceso de evaluación para que colectivamente se puedan valorar los cambios y construir aprendizajes.
5. Panel de resultados. Las personas con conocimientos científicos, técnicos o sectoriales relevantes se reúnen y presentan una gama de pruebas compiladas en el paso 4. Luego se les pide que evalúen la contribución de la intervención hacia las metas dado el conocimiento disponible y explorar hipótesis rivales que podrían explicar los datos. Se presentará un panel con los resultados y la estimación de la contribución del III Plan a los objetivos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y al Objetivo de Gobierno N°8.
6. Taller de finalización. Los resultados de la evaluación, los hallazgos y recomendaciones clave del III Plan de Acción serán presentados y discutidos en un taller de cierre con todos los actores que participan de la política pública de gobierno abierto.

De esta forma, la estrategia participativa de monitoreo y evaluación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto permitiría a las organizaciones de la sociedad civil en general y a las que participan de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto en particular, asegurar la toma de decisiones fundamentada en evidencias, la inducción de acciones correctivas cuando sea necesario, la rendición de cuentas y el aprendizaje de los socios en la co-creación de políticas públicas.

Desde su creación, el principal objetivo del Think 20 (T20) es generar recomendaciones de políticas públicas concretas y basadas en investigación para ampliar la visión del G20 en su toma de decisiones. Mientras el mundo experimenta algunos de los cambios de mayor impacto en la historia, el T20 apunta a mostrar que el conocimiento técnico está al servicio de la población mundial y del crecimiento y el desarrollo de los países. Nuestra obligación es pensar, producir evidencia, y encontrar nuevas soluciones de forma activa para alcanzar un futuro próspero, sostenible e inclusivo. El gobierno argentino le encomendó al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y al Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) organizar y copresidir el proceso del T20 Argentina durante la presidencia argentina del G20.

El T20 Argentina está compuesto por diez grupos de trabajo que abordaron los principales desafíos mundiales de políticas públicas. Estos grupos de trabajo actuaron como una plataforma para el libre intercambio de opiniones y puntos de vista basados en evidencia entre expertos de más de 150 think tanks, representantes del sector privado y organizaciones internacionales de más de 60 países.

El T20 Argentina fue un proceso intenso, abierto y plural que incluyó reuniones periódicas de expertos, dos eventos oficiales y más de 25 eventos asociados. Su resultado fue la elaboración de más de 80 documentos de políticas públicas con recomendaciones basadas en evidencia para responder a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el comercio multilateral y la inequidad global, entre otros. Los documentos fueron revisados por expertos y están publicados en la plataforma del T20 Argentina. El Communiqué del T20 Argentina incluye una selección de las recomendaciones de estos documentos.

Cooperación para superar los desafíos del multilateralismo

El escenario internacional luce complejo. El descontento con la globalización ha dejado de ser una característica exclusiva de algunos países en desarrollo para extenderse a las naciones avanzadas. Tras años de cooperación internacional exitosa, predominan hoy las controversias entre países en materia comercial, impositiva, tecnológica y ambiental.

El G20 fue exitoso gestionando la crisis financiera global de 2008- 2009 y conteniendo la difusión de sus consecuencias. En esos años, el mundo enfrentó una amenaza global urgente y los líderes del G20 definieron, coordinaron e implementaron las políticas monetarias, fiscales y regulatorias necesarias para enfrentar la crisis. Desde entonces, el G20 ha cumplido un rol fundamental para promover la estabilidad financiera internacional.

Desafortunadamente, y a pesar de su relevancia, parte de la dirigencia no pareciera percibir a los desafíos globales actuales con la misma urgencia. El cambio climático, la seguridad alimentaria, la distribución de los costos y beneficios del comercio y la tecnología, la desigualdad (incluyendo la inequidad de género) así como las necesarias inversiones en infraestructura para el desarrollo son desafíos globales que generan externalidades, cuyos efectos no se perciben en el corto plazo con la misma nitidez que una crisis financiera.

Se trata de problemas de acción colectiva en los que los países tienen pocos incentivos a procurar soluciones individuales porque son costosas, no se apropian enteramente de sus beneficios e implican conflictos de intereses. Es imposible, sin embargo, promover el bienestar global si cada país no está dispuesto a dar concesiones y esforzarse para promover la cooperación internacional. Los problemas globales demandan respuestas cooperativas e instituciones capaces de generar compromisos estables. En el contexto actual, con múltiples desafíos pero sin una urgencia que reduzca las diferencias entre los actores y facilite la cooperación, las instituciones multilaterales muestran dificultades para alcanzar soluciones globales.

El G20 es el foro ideal para iniciar el diálogo en busca de los consensos básicos de un multilateralismo que permita enfrentar una agenda compartida, principalmente en materia comercial, de cambio climático, inequidad y cambio tecnológico.

Rediseñar el sistema multilateral de comercio

El G20 debería iniciar el diálogo para rediseñar a la Organización Multilateral de Comercio (OMC) y así evitar una escalada de las fricciones comerciales. Se trata de facilitar que las sociedades se adecúen a los desafíos productivos, tecnológicos y sociales del siglo XXI. Un acuerdo con creatividad entre los líderes del G20, en el que prime el principio de cooperación, generaría el impulso para vigorizar la necesaria reforma de la OMC, y fortalecer el sistema de comercio internacional.

Este diálogo, que podría desarrollarse en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión del G20, estaría en condiciones de edificarse sobre tres propósitos. En primer lugar, concertar la transición hacia un nuevo régimen comercial, acorde a un mundo multipolar. En segundo término, preservar lo esencial del sistema multilateral —como el principio de no discriminación— y adaptar las reglas e instituciones a las nuevas realidades del comercio mundial, caracterizado por la creciente digitalización e internacionalización de las actividades productivas y la consolidación de las cadenas globales de valor. El sistema debería responder a necesidades globales, como la seguridad alimentaria, tanto a través del comercio de bienes agrícolas como del desarrollo de sistemas alimentarios globales saludables y sustentables. En tercer lugar, se trata de conciliar la flexibilidad y previsibilidad que requiere el sistema multilateral de comercio.

Cumplir el Acuerdo de París

El G20 también debería desempeñar un papel central en la lucha contra el cambio climático. Con la tendencia actual, el calentamiento global superará los 2° C establecidos como techo para 2050. Sólo la acción inmediata y cooperativa de la comunidad internacional, con el liderazgo de los países del G20, permitirá revertir esta situación. Las medidas para mitigar y adaptarnos al cambio climático deben ser claras, contundentes y el compromiso para su implementación duradero y equitativo. El Acuerdo de París es el marco adecuado para este objetivo. El cambio climático requiere significativas inversiones en infraestructura para el desarrollo. Las economías emergentes necesitan crear o expandir su red de servicios públicos y los países desarrollados modernizarla.

El G20 debería promover acuerdos para asegurar que la nueva infraestructura contribuya a mitigar el cambio climático e incentivar el desarrollo de instrumentos y reglamentaciones financieras que permitan movilizar los recursos necesarios para llevar adelante estos proyectos. La influencia del G20 sobre las instituciones financieras multilaterales, los bancos de desarrollo y el sector privado —actores fundamentales en este proceso— será decisiva para estos propósitos.

El cambio climático es un desafío global, pero tiene una clara dimensión local. El 70% de las emisiones de efecto invernadero provienen de áreas urbanas, y este porcentaje crecerá en los próximos años con los procesos de urbanización en marcha en los países en desarrollo. El G20 debería potenciar a las ciudades para liderar la implementación de medidas para mitigar el cambio climático, asignándoles voz, recursos y responsabilidades, posibilitando así el cumplimiento de las Contribuciones Previstas y Determinadas Nacionalmente y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

Promover un nuevo contrato social

La inequidad es otra gran fuente de frustración social a escala global. Ésta toma múltiples formas, siendo las brechas de género y la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza las más visibles. La vulnerabilidad de derechos y la falta de oportunidades de determinados grupos—por etnia, origen geográfico y orientación sexual, entre otros— son formas menos sonoras de inequidad pero también relevantes. Sobre este escenario de inequidad global se monta la irrupción y difusión de nuevas tecnologías —la cuarta revolución industrial— que si bien prometen ser una fuente de crecimiento de la productividad y del bienestar material, pueden también intensificar las asimetrías.

Sabemos que las nuevas tecnologías favorecerán a algunos trabajos y actividades y tornarán perimidas a otras. Sabemos también que podrán afectar más desproporcionadamente a las mujeres que a los varones y que probablemente se adoptarán y difundirán más rápidamente en países ricos que pobres. Todo esto podría exacerbar la inequidad. Pero sabemos, por otra parte, que las nuevas tecnologías son herramientas potentes que —de ser accesibles a aquellos con menor preparación y oportunidades— pueden convertirse en un trampolín que facilite la reducción de las brechas existentes. El G20 tiene por delante el desafío de cooperar para diseñar una nueva forma de estructuración social, un nuevo contrato social con las personas en el centro de las preocupaciones, que convierta a las nuevas tecnologías en vehículos no sólo de crecimiento y productividad sino de mayor equidad, transparencia y cohesión social.

El reto es multidimensional. Se trata por un lado de considerar la dimensión acerca de cómo se distribuyen los dividendos digitales que se generarán con la adopción y difusión de tecnologías disruptivas. El nuevo contrato social debería además contemplar el diseño de un sistema educativo de calidad que no sólo prepare a las personas para procesos productivos que demandarán nuevas tareas y habilidades, sino también para desarrollarse como ciudadanos plenos en un mundo digital. Esa ciudadanía plena requiere, entre otras acciones, una innovadora pedagogía para que los trabajadores puedan colaborar e interactuar con la nueva generación de robots de manera cotidiana; una renovada alfabetización ciudadana para el manejo de los grandes datos; medidas de gobernanza que desincentiven la manipulación de la opinión pública y los problemas de privacidad; y un incremento del gasto en investigación y desarrollo a través de círculos virtuosos de conocimiento y acción global.

El desafío de innovación institucional convoca a construir un sistema educativo que empodere a las personas y les otorgue un propósito que trascienda su rol social estructurado a través del trabajo, como ha ocurrido desde la primera revolución industrial. El nuevo contrato social debería también diseñar sistemas de protección social para que los desplazados no se conviertan en marginados, y para que quienes no puedan adaptarse a tiempo a las nuevas tecnologías logren una transición efectiva.

La reducción de las brechas de géneros debería estar en el centro de este nuevo contrato social. La creciente participación de las mujeres en el mundo laboral de las últimas cuatro décadas se está desacelerando y permanece muy por debajo de las tasas de participación laboral masculina. Esto se explica, fundamentalmente, por la inequitativa distribución de tareas domésticas, de cuidados y crianza, que recae mayormente sobre las mujeres. La equidad económica de género es un imperativo para la economía global y el G20 tiene la responsabilidad y la capacidad de generar avances concretos. En 2014, el G20 reconoció este rol con el compromiso de reducir la brecha de participación laboral por género en un 25% para el 2025. El nuevo contrato social debería incorporar una perspectiva transversal de género que contribuya a una mayor equidad y a un crecimiento sostenible.

Representatividad, diversidad y flexibilidad

El G20 es el foro para afrontar estos apremiantes desafíos globales porque combina representatividad, diversidad y flexibilidad. Es el grupo de países que cobija al 66% de la población mundial, produce el 85% de la producción global y participa del 75% del comercio internacional. Su representatividad y valor deriva también de la diversidad de sus integrantes. Conviven en el G20 países de todos los continentes, naciones de ingresos altos, medios y bajos, poblaciones de las más diversas religiones, historias, experiencias y culturas. Esa diversidad es uno de sus activos más importantes; debería tener un rol más protagónico.

La flexibilidad es también un activo valioso del G20 que le permite lidiar con problemas que, aunque de naturaleza común, adoptan en cada país características específicas y requieren soluciones con matices propios. La inequidad, por ejemplo, que tanta preocupación ha generado en los últimos años en los países avanzados no ha tenido la misma relevancia en muchos países de menor desarrollo. En el mundo desarrollado preocupa que el crecimiento de las últimas décadas no haya sido equitativo, mientras que en muchos países de Asia, en cambio, el rápido crecimiento económico ha permitido una notable reducción de la pobreza.

En América Latina —caracterizada por ser una de las regiones de mayor desigualdad— en la últimas tres décadas lo sobresaliente ha sido, por el contrario, el muy magro crecimiento. De modo similar, el temor a la precarización laboral e informalidad —la gig economy— que empiezan a avizorar los países avanzados no es una amenaza potencial para muchos países en desarrollo sino la realidad que viven gran parte de sus habitantes desde hace ya varias décadas.

Los desafíos de la migración adoptan también formas muy distintas en países en desarrollo y avanzados porque los movimientos migratorios fluyen mayormente en sentido opuesto. Por su representatividad, diversidad y flexibilidad, el G20 es el foro internacional más apto para impulsar la cooperación y la coordinación multilateral y así promover acciones para un mundo más próspero, inclusivo y sustentable, que respete las idiosincrasias y particularidades de cada país. Con su trabajo, el Think 20 (T20) busca ayudar al G20 a encontrar soluciones a los desafíos globales, aportando propuestas concretas que no reflejan intereses sectoriales, sino los resultados de investigación basada en evidencia.

En el mundo, la masiva inserción laboral de la mujer ha sido uno de los sucesos más relevantes social y económicamente en la última mitad de siglo y Argentina no ha sido la excepción. Sin embargo, desde principios de los años 2000 la participación laboral femenina declinó y, actualmente, solo una de cada dos mujeres trabaja o busca empleo.

Aun cuando logran sortear los obstáculos e insertarse laboralmente, las mujeres registran una mayor tasa de desempleo e informalidad, se concentran en sectores menos dinámicos y en puestos de trabajo de menor jerarquía lo cual alimenta la brecha salarial entre varones y mujeres. Así, pese a los avances en la equidad de género, quedan cuentas pendientes para el goce efectivo de los derechos de las mujeres.

Un ámbito relevante para el análisis de la desigualdad de género en Argentina es el de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). Se estima que las PyME representan alrededor del 64% del empleo total (4 millones de puestos de trabajo) y el 99% del total de empresas activas. Sin embargo, en términos de género, la información es escasa.

Este trabajo indaga en la igualdad de género en las PyME. Para ello analiza la situación actual en relación a los determinantes para emprender, los condicionantes para la continuidad de una firma, la distribución sectorial y el uso de tecnologías por género. Se emplean diversas bases de datos, entre ellas la encuesta Future of Business compilada por Facebook en colaboración con la OCDE y el Banco Mundial, la cual abarca a compañías con presencia digital.

Los datos muestran que las mujeres están subrepresentadas en las PyME, pero que hay paridad en la participación por género en la propiedad de empresas que utilizan plataformas digitales. Varones y mujeres reportan motivos y obstáculos similares para emprender. Sobre las fuentes de capital inicial, ambos utilizan ahorros personales para comenzar la actividad, pero las mujeres declaran en mayor medida recibir apoyo de su pareja.

Las empresas de propiedad masculina tienen una mayor antigüedad. Las mujeres continúan con su emprendimiento por cuestiones de flexibilidad horaria, mientras que ellas eligen en menor medida continuar por razones de rentabilidad e ingresos y su emprendimiento suele representar un menor porcentaje de sus ingresos totales.

Sobre la distribución por rama de actividad, las mujeres se concentran en comercio, hotelería, restaurantes y en servicios comunitarios, sociales, personales y de salud. Ellos se aglutinan en comercio, hotelería y restaurantes, en servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, y en transporte, almacenaje y comunicaciones, verificando la existencia de “paredes de cristal”. A la hora de elegir la industria, ambos resaltan la importancia de desplegar sus intereses y habilidades y conocer gente en el área. Sin embargo, ellos consideran en mayor medida que la industria les garantice ingresos en el futuro; para ellas, es más importante que las barreras de  ingreso al sector sean bajas.

Este análisis da cuenta de los fenómenos de segregación horizontal y vertical que experimentan las mujeres en el mundo PyME e impiden su pleno desarrollo profesional. Dado el rol fundamental de las PyME en la economía argentina, resulta esencial asegurar las condiciones necesarias para mitigar las desigualdades por género y promover el goce efectivo de los derechos de las mujeres en el mercado laboral.