Female labour force participation rate remains 27 percentage points lower than male. According to the 2017 World Economic Forum’s Global Gender Gap Report, if the current trend continues it could take another 100 years to close the overall global gender gap. Still, closing participation rates is just the first stepping stone to achieving a more egalitarian labour market. Women also face severe segregation, both occupationally and vertically. This means that, while some occupations are considered ‘female’, such as domestic service; others have very low female participation, as it is the case of Science, Technology, Engineering and Mathematical fields, and that women’s participation declines as one climbs up the career ladder.

Additionally, women earn, on average, less than men do and they carry out a heavier burden of unpaid work.

This paper seeks to make the case that reducing gender inequality is not just a human right but also a human development and economic concern. In fact, we present some findings that help to argue that closing gender gaps is beneficial not just from a macroeconomic perspective but also at the micro level, as it has proved to be more profitable for companies.

McKinsey Global Institute (2015) affirms that if female labour force participation were equal to men’s, this could input an extra $28 trillion into the annual global GDP by 2025, compared to a ‘business-as-usual’ (BAU) scenario (in which gender gaps remain unchanged). More strikingly, GDP under the scenario in which women participate in the same way men do ―the ‘full potential’ scenario― could be up to 60% higher than GDP under the BAU scenario. This is most significant in emerging economies since gaps between men and women are widest. Besides, another benefit of closing gender gaps for emerging and developing regions is the positive effect that it can have on both current and future poverty reduction rates (Sinha et al., 2007).

At the company level, the International Finance Corporation (2015) has found that better employment opportunities for women can contribute to increased profitability and productivity, and other studies, such as that of Credit Suisse Research Institute (2014), argue that higher female participation in boards or managerial positions within a firm positively impacts on their performance. Furthermore, fostering female participation seems to also translate into higher employee productivity, since Cuberes & Teignier‐Baqué (2011b) estimate that male-dominated industries in many developing countries could increase their productivity between 3% and 25% simply by increasing female labour force participation.

Moreover, we review existing policies that aim ―or have the potential ―to tackle these problems in order to contribute to the design of policies that can bridge gender gaps. While some policies have a long-term goal of deconstructing cultural beliefs which cause gender inequality and the sexual division of labour, others have more specific and short-term goals to increase female labour force participation.

Las ciudades se han convertido en las últimas décadas en el escenario de los grandes desafíos del siglo XXI: el cambio climático, las nuevas tecnologías, la gobernanza metropolitana y la desigualdad, son aspectos que tienen consecuencias palpables en los espacios urbanos. La expansión acelerada de los grandes aglomerados urbanos es una problemática de escala mundial que acentúa esos desafíos y a la cual las ciudades argentinas no escapan. En este contexto, el Programa de Ciudades de CIPPEC se ha propuesto estudiar el modo en que crecen las ciudades con el fin de evidenciar de la manera más simple posible sus potenciales consecuencias e intentar guiar nuevas formas de planificación urbana que incentiven un crecimiento más deseable de los grandes aglomerados urbanos argentinos.

El diagnóstico general que puede hacerse a partir de los resultados que se presentan en este libro es contundente: las ciudades argentinas no están creciendo de manera sustentable, consumiendo mucho suelo en relación con sus propios incrementos poblacionales. Si bien este enunciado goza de un consenso bastante amplio -sobre todo en los ámbitos académicos- en este caso se lo sostiene con la evidencia empírica proporcionada por los datos obtenidos en base a un extenso trabajo realizado desde el Laboratorio Urbano Digital (LUD) de CIPPEC. Se trata de un puntilloso método, el cual, a través de la lectura de imágenes satelitales, procura identificar el ritmo y el tipo de crecimiento en la expansión de los grandes aglomerados urbanos del país. Dicho trabajo es acompañado de un análisis de la dinámica poblacional, que surge de los datos proporcionados por los Censos de Población, Hogares y Vivienda del Indec correspondientes con los años 1991, 2001 y 2010.

Cabe destacar que, al tratarse de un estudio que abarca una década (2006-2016) y áreas metropolitanas que trascienden fronteras jurisdiccionales, los resultados del análisis así como también las recomendaciones volcadas en este documento abarcan a más de una gestión nacional, en todas las provincias e incluyendo a todos los municipios dentro de los 33 grandes aglomerados urbanos argentinos. Se trata entonces más de una radiografía de cómo crecen las ciudades que de una o varias gestiones en particular.

Las consecuencias de las formas de crecimiento que propugnan patrones de alto consumo de suelo y replican ocupaciones de baja densidad, afectan negativamente a las dinámicas urbanas, dado que, en tanto la ciudad no densifica sus tejidos, la consecuencia directa de ello es la expansión con bajas densidades, la segregación social y la proliferación de vacíos urbanos, hecho que conlleva costos más altos debido al incremento de las inversiones que hacen al funcionamiento de la ciudad, la provisión de servicios en territorios cada vez más amplios y los traslados de la población hacia los centros urbanos mediante transporte público que tienden a la ineficiencia o, peor aún, por medio del automóvil particular, con su impacto nocivo sobre los sistemas de movilidad y las emisiones de CO2 que promueve. Además, mientras la ciudad no es plausible de consolidarse debido a la inviabilidad y los costos excesivos, la única forma que tiene de crecer ante la ausencia de lógicas de densificación es mediante el derrame por expansión, lo cual que genera nuevos enclaves de urbanización, tanto privados (barrios cerrados), públicos (vivienda planificada) como autogestivos (asentamientos informales).

Por el contrario, tal como señala la Nueva Agenda Urbana, firmada en Quito durante la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat y Desarrollo Sostenible dos años atrás, los beneficios de una ciudad compacta se centran en las posibilidades de accesibilidad y proximidad entre las actividades urbanas que la comunidad lleva a cabo. Cuantas mayores sean las alternativas de los vínculos productivos e intercambios sociales, más eficiente resultará el funcionamiento de ese espacio urbano, y mayores serán los desafíos desde la gestión pública para alcanzar y mantener dichos estándares.

Una ciudad extensa tiene también consecuencias severas en los aspectos socioambientales ya que afecta al cinturón agrícola que la rodea y le provee sus alimentos a un costo más bajo, dada su proximidad a los mercados de consumo. La expansión urbana se realiza además sobre tierras que a menudo cumplen funciones ambientales importantes, como humedales, recargas de acuíferos y reservas de biodiversidad ecológica.

Es primordial entonces modificar este patrón de expansión también para reducir los efectos del cambio climático en las ciudades, principalmente las inundaciones, y cumplir con las recomendaciones del Acuerdo de París acerca de reducir las emisiones de CO2 y generar espacios urbanos más resilientes. No menos importante es el impacto que la expansión acelerada acarrea en el manejo de los vínculos entre jurisdicciones. Las áreas urbanas que surgen durante el proceso de expansión forman un continuo con la mancha urbana original que trasciende los límites administrativos y que conlleva nuevos desafíos en torno a la gobernanza metropolitana. A la vez, la poca viabilidad de concretar obras de consolidación como consecuencia del crecimiento por derrame produce suburbios sin infraestructuras, con escasos servicios y equipamientos.

En suma, para alcanzar el desarrollo de ciudades más equitativas, resilientes y con una gestión del territorio inteligente y eficaz, se deben implementar estrategias para mitigar el impacto de la expansión de los tejidos de baja densidad. Transformar los dispositivos de la planificación urbana y el alcance de las políticas públicas en las ciudades resulta fundamental para confluir en marcos que promuevan el desarrollo urbano equilibrado e integral.

El mundo está comenzando a transitar una nueva revolución industrial —la cuarta— en la que la inteligencia artificial (IA) se destaca como una tecnología de propósito general (TPG) que lo cambia todo: la forma en que producimos, consumimos, comerciamos y trabajamos. La irrupción de IA y otras tecnologías asociadas no se circunscribe a un conjunto reducido de sectores y actividades sino que es masiva.

La experiencia de las revoluciones industriales previas sugiere que aquellas firmas y países que más rápido adoptan las nuevas tecnologías son quienes obtienen más oportunidades de crecimiento. Estos episodios fueron unos de gran divergencia en los ingresos, la productividad y el bienestar entre los países. La cuarta revolución industrial abre una oportunidad de crecimiento para muchos países en desarrollo, incluyendo a Argentina.

Para entender cómo puede impactar la cuarta revolución industrial y más precisamente la irrupción de la IA en la economía argentina, se desarrolla en este documento un ejercicio de simulación de escenarios alternativos de adopción y difusión de la IA y su impacto sobre el crecimiento de la economía y varios sectores en particular en los próximos 10 años. El ejercicio sugiere que el ritmo de crecimiento económico potencial podría acelerarse en más de un punto porcentual por año durante la próxima década, alcanzando el 4,4% si Argentina logra romper con la tendencia histórica y acelerar la tasa de adopción de tecnologías asociadas a la IA. Los ejercicios muestran también que la aceleración del crecimiento no se restringiría a un pequeño puñado de sectores de alta tecnología sino que sería un fenómeno de carácter general.

Una rápida e intensa adopción tecnológica no es automática: requiere de empresas dinámicas que puedan absorber las tecnologías asociadas con IA y, sobre todo, de una fuerza de trabajo con habilidades, capacidades y conocimientos compatibles y complementarios a esas tecnologías. Es allí donde Argentina enfrenta un gran desafío: apenas un 16% de sus trabajadores cuenta con las habilidades que se potenciarán con la revolución de IA. Así, el papel del Estado es central para promover y facilitar el proceso de adopción tecnológica por parte de las firmas y para readaptar las habilidades de los trabajadores.

La Nueva Agenda Urbana, firmada por 167 países durante la cumbre de Hábitat III de Naciones Unidas en 2016, reconoce la cuestión de la legislación urbana como uno de los cinco pilares para lograr ciudades más sustentables e inclusivas, a la vez que convoca a los gobiernos nacionales a liderar los procesos de diseño e implementación de estas normativas.

La legislación urbana es un instrumento clave para conducir los procesos de urbanización: allí se definen las reglas para planificar y decidir sobre el espacio público y la construcción. Desarrollar y explicitar la capacidad regulatoria territorial en una ley deja en mejor posición al Estado para implementar políticas de suelo inclusivas, equitativas y promotoras de la resiliencia urbana en todo el territorio que esté alineada con los principios constitucionales.

A lo largo de las últimas décadas, diferentes gobiernos nacionales en el mundo, tales como España, Gran Bretaña, Brasil y Ecuador, han implementado normativas que establecen lineamientos de desarrollo urbano y conducen los procesos territoriales desde la administración central.

Argentina no cuenta actualmente con una legislación urbana nacional. La red de normativas que abordan cuestiones relacionadas con el acceso al hábitat que se despliegan en los niveles sub-nacionales constituye una base importante para la implementación de políticas urbanas, así como también para empezar a diagramar una ley nacional.

La regulación territorial en las provincias argentinas

A pesar de que la Constitución Nacional promueve el desarrollo territorialmente equilibrado, aún no existe una ley de ordenamiento territorial que lo materialice. Al faltar una ley nacional que exprese los alcances de la delegación constitucional, las provincias terminan por ser las principales responsables del ordenamiento territorial.

Pero sólo cinco de las veinticuatro jurisdicciones –Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, cuentan con normativa de ordenamiento territorial. Al no tener limitaciones en el ejercicio de su capacidad territorial, adoptan criterios y contenidos disímiles y fragmentados.

Mientras que la provincia de Buenos Aires ejerce una alta regulación sobre los municipios por medio del Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8.912/1977), Córdoba permite mayor autonomía municipal, e interviene sólo en la zonificación. Salta, en el proyecto de Ley de Suele, procede de forma similar.

En relación a los lineamientos propuestos en la NAU, la adhesión de las provincias varía. En la provincia de Buenos Aires la Ley de Suelo no cumple con la mayoría de los principios orientados a la buena urbanización, pero la Ley de Acceso Justo al Hábitat afirma cuál es el camino para que la provincia avance con un desarrollo urbano más justo.

De la misma forma, Mendoza cuenta también con una ley de ordenamiento territorial que se alinea con la NAU.

En Santa Fe, el proyecto de Ley de Suelos de la Provincia de Santa Fe tiene una confección similar a la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, y se propone actualizar el decreto 7217 en todas las temáticas de la NAU, salvo en la temática de género e infancia.

A pesar no desarrollar muchos de los principios de la NAU, Córdoba sí incorpora uno de los grandes temas urbanos del siglo XXI: el desarrollo metropolitano.

Por su parte, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla casi todos los elementos que indica la NAU. El Código de Planeamiento Urbano de 1977 –aún vigente como instrumento de regulación del espacio urbano- contradice la implementación efectiva de esos principios pero se encuentra en discusión un nuevo Código Urbanístico, que es una oportunidad para resolver ese conflicto y adecuar los instrumentos necesarios para implementar el plan.

¿Por qué necesitamos una legislación nacional de hábitat?

La Constitución Nacional promueve un desarrollo territorialmente equilibrado: garantiza tanto el derecho al desarrollo como el derecho ambiental en una visión constitucional donde el medio ambiente no antagoniza con el desarrollo económico. En otras palabras, promueve un desarrollo sustentable. Sin embargo, no existe una ley que materialice este principio orientador.

La diversidad de situaciones entre las provincias acentúa aún más la necesidad de pensar en desarrollos normativos a nivel nacional.

Así, es necesario promover el debate para sancionar una ley nacional de hábitat que oriente las normativas provinciales hacia el marco planteado en la NAU, y fortalezca la capacidad estatal de concretar ciudades más justas, sustentables y equitativas. Una ley nacional de hábitat puede contribuir a estos objetivos de distintas formas:

• Promover que todas las provincias que aún no cuentan con ley de ordenamiento territorial comiencen el proceso hacia la generación de marcos normativos adecuados.
• Unificar criterios de desarrollo territorial en el marco del esquema federal y contribuir a que estos desarrollos se den en forma coordinada a nivel nacional.
• Establecer presupuestos mínimos comunes incorporar incentivos que premien con mayores recursos provinciales a los municipios que apliquen los instrumentos definidos en la ley.

Una ley nacional es la única forma de garantizar un crecimiento urbano ordenado y planificado, que articule las acciones de las jurisdicciones y de lugar a una buena urbanización, es decir, aquella que garantiza inclusión social, desarrollo económico y sustentabilidad ambiental.  Fortalecer la capacidad estatal de crear ciudades más justas, sustentables y equitativas requiere una legislación del hábitat para la Argentina.