El Gobierno Abierto es una de las 100 prioridades fijadas por el Estado Nacional en 2016. Esta prioridad se enmarca en el objetivo de modernizar el Estado y de ella se desprende la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto que tiene como objetivo transformar la gestión pública y la forma tradicional de relación entre la ciudadanía y el Estado.

¿Qué es el Gobierno Abierto?

La noción de Gobierno Abierto se basa en tres pilares:

1. la transparencia, se vincula con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte del gobierno. Hace hincapié en que las agencias estatales deben valerse de las nuevas tecnologías para poner en línea información que sea accesible a la ciudadanía.
2. la participación, es considerada una herramienta para mejorar la eficacia y la calidad de las decisiones de gobierno. Permite que éste obtenga, a partir de dispositivos de participación ciudadana, información y conocimientos que posee la sociedad.
3. la colaboración, refiere a la cooperación entre distintas jurisdicciones y niveles de gobierno así como también con la sociedad civil y los ciudadanos en general.

Como parte de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto en el Gobierno Abierto, tiene como fin generar espacios de interacción entre la ciudadanía y el Estado y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Estos tres pilares requieren de la participación de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil.

El III Plan de Acción de Gobierno Abierto

En noviembre de 2012, el Estado argentino manifestó la convicción de trabajar junto con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. La OGP busca que los Gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.

En 2013, el gobierno nacional elaboró con otros actores provenientes de distintos sectores el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República Argentina. Este Plan se sustentó en un proceso de consultas presenciales, realizado en forma colaborativa y horizontal en consonancia con los principios de Gobierno Abierto.

Entre 2015 y 2017 se implementó el II Plan de Acción elaborado con la participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades, representantes de diferentes organismos gubernamentales, y ciudadanos interesados en las diferentes temáticas abordadas. En esa ocasión, se puso a disposición los documentos bases presentados por diferentes organismos públicos nacionales en una plataforma de participación, en la cual se registraron 392 votos y más de 180 comentarios de adhesión a las propuestas.

Como parte del Plan de Modernización del Estado, el Ministerio de Modernización de la Nación convocó en 2015 a todos los ciudadanos a participar de  mesas de diálogo para desarrollar del III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

El III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2017-2019) es un producto de un proceso de construcción colectiva entre Estado y sociedad civil. En la elaboración de los compromisos que contiene el plan participaron 28 organismos de los tres poderes Estado y 54 organizaciones de la sociedad civil.

Los 44 compromisos que componen el III Plan de Acción se ordenan en cinco ejes:

• Transparencia: compromisos vinculados a la apertura y publicación de datos, en la construcción de sistemas de información e implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés.
• Rendición de cuentas: construcción de tableros de monitoreo, la elaboración de proyectos de ley y la generación de capacidades para el análisis del presupuesto público.
• Participación: acciones de capacitación a gobiernos locales, elaboración participativa de planes y construcción de mesas de diálogo.
• Innovación: contiene tres compromisos, una guía para jóvenes, la incorporación de tecnologías al proceso electoral y la creación de un laboratorio de innovación.
• Sub-nacionales: reúne compromisos de las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fe.

El Plan de Acción Nacional es un documento base donde los Gobiernos, a través del Poder Ejecutivo Nacional, se comprometen a realizar acciones en pos de un Gobierno Abierto por un período de dos años.

La participación ciudadana es un elemento fundamental en su elaboración. De esta forma, la co-creación entre Estado y la sociedad civil es el mecanismo esencial para consensuar los compromisos que asumirá el gobierno. Uno de los canales a través de los cuales participa la ciudadanía es la Mesa Nacional de Gobierno Abierto. Desde allí se coordina la implementación de la agenda nacional de gobierno abierto.

¿En qué consiste una estrategia de monitoreo y evaluación participativa?

Una estrategia de monitoreo y evaluación participativa se enmarca en una concepción de las políticas públicas que considera indispensable incorporar a los actores interesados en los distintos eslabones de la cadena de producción de una política pública.

La mirada participativa sobre las políticas públicas no implica solamente una discusión metodológica sino que en realidad entraña una discusión técnico-política sobre cómo incluir los distintos actores que intervienen en el diseño e implementación de la política.

Se diferencia de una evaluación convencional en sus objetivos, participantes, metodologías, y productos.

Comparación entre evaluación convencional y evaluación participativa

Fuente: Campilan, D. Participatory Evaluation of Participatory Research. 2000, pág. 44

Una estrategia de monitoreo y evaluación participativa para el III Plan de Acción

La estrategia de monitoreo y evaluación que se propone en este documento busca analizar la contribución tanto a los objetivos y prioridades de gobierno del III Plan como a la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.

La estrategia se centra en cuatro aspectos:

• Contribuir con el objetivo de gobierno n°7 y la prioridad 84, que estipulan modernizar el Estado e implementar el gobierno abierto respectivamente. Dicho de otra forma, analiza de qué manera la implementación y cumplimiento de los compromisos del III Plan de Acción ayudan conjuntamente al cumplimiento de los objetivos y prioridades de gobierno.
• El efecto sobre la estrategia de gobierno abierto. De qué manera el cumplimiento del III Plan de Acción contribuye al logro de los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
• La calidad de la participación. Se busca valorar el grado de conocimiento y percepciones de las OSC sobre la calidad de la deliberación en el complimiento de los compromisos.
• El cumplimiento de los compromisos del plan. Se busca dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y compromisos asumidos con los distintos actores.

La estrategia de monitoreo releva información referida a los hitos y compromisos de manera trimestral.

La estrategia de evaluación, se estructura a partir del ciclo propuesto por la metodología del Reporte Colaborativo de Resultados (o metodología COR, por sus siglas en inglés)

Metodología del Reporte Colaborativo de Resultados

Fuente: https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/cort

La estrategia de evaluación del III Plan que se propone contempla la metodología del COR y utiliza como herramienta para recolectar información el método del Cambio Más Significativo (MSC). Esta herramienta consiste en el análisis de las distintas narrativas que den cuenta de las transformaciones (o no) que la implementación del III Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto generó.

En resumen, la evaluación consistiría de las siguientes etapas:

1. Taller de inicio y planificación. En este taller, se aclara la lógica del programa, se identifican los datos existentes y se desarrollan preguntas de evaluación.
2. Levantamiento de datos. Puede incluir fuentes de datos primarias y secundarias. Se lleva a cabo una búsqueda de la evidencia existente y realiza el análisis de evaluabilidad del III Plan. De este modo pueden definirse las preguntas de evaluación.
3. Investigación social. La investigación social puede incluir cualquier forma de recopilación de datos, cualitativa o cuantitativa. Esta etapa estará dedicada al inicio del proceso de implementación del instrumento para recolectar historias que den cuenta del MSC.
4. Análisis e integración de datos. Los datos cuantitativos y cualitativos se pueden analizar juntos según los resultados en la lógica del programa. Una vez que se hayan levantado las distintas historias acerca de la implementación del III Plan y sus efectos, en la etapa de análisis e integración de datos se deben tomar dos decisiones importantes: a) determinar cuáles son las historias más significativas y b) someter esas historias a la discusión de los participantes del proceso de evaluación para que colectivamente se puedan valorar los cambios y construir aprendizajes.
5. Panel de resultados. Las personas con conocimientos científicos, técnicos o sectoriales relevantes se reúnen y presentan una gama de pruebas compiladas en el paso 4. Luego se les pide que evalúen la contribución de la intervención hacia las metas dado el conocimiento disponible y explorar hipótesis rivales que podrían explicar los datos. Se presentará un panel con los resultados y la estimación de la contribución del III Plan a los objetivos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y al Objetivo de Gobierno N°8.
6. Taller de finalización. Los resultados de la evaluación, los hallazgos y recomendaciones clave del III Plan de Acción serán presentados y discutidos en un taller de cierre con todos los actores que participan de la política pública de gobierno abierto.

Así, la estrategia participativa de monitoreo y evaluación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto permitiría a las organizaciones de la sociedad civil en general y a las que participan de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto en particular, asegurar la toma de decisiones fundamentada en evidencias, la inducción de acciones correctivas cuando sea necesario, la rendición de cuentas y el aprendizaje de los socios en la co-creación de políticas públicas.

En la Argentina la pobreza está infantilizada: en el segundo semestre de 2017, había 163 niños en situación de pobreza por cada 100 adultos en la misma situación. Además, este patrón muestra signos de agravarse: en 2003 la relación era 140 niños por cada 100 adultos.

La situación es alarmante por varios motivos. Si bien la pobreza bajó en los últimos años, los más afectados por la pobreza hoy son niños: incluso tras esta baja, en 2018 el 41% de los niños argentinos vive en la pobreza. Los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar sus derechos.

La inversión en infancia y adolescencia viene en aumento desde 1995 pero aún así no logró reducir la infantilización de la pobreza. Por este motivo, es imperativo revisar su efectividad, calidad y el impacto que tiene sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La inversión en infancia y adolescencia entre 1995 y 2015

La inversión del Estado nacional dirigida a niños y adolescentes viene aumentando desde 1995, y duplicó su valor de 1,3 puntos porcentuales del PBI a 2,6 p.p. en 2016.

La inversión consolidada –que incluye también los esfuerzos realizados por las provincias-, varió entre los 5 y los 6 puntos del PBI entre 2001 y 2007, y promedió 5,4% en ese período. El esfuerzo realizado por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires explica 4,4 puntos de este promedio.

Inversión Pública en Niñez y Adolescencia en porcentajes del PBI. Argentina (1995-2016)

La tendencia general de la inversión entre 1995 y 2016 es de alza. La inversión social en niñez y adolescencia pasó de representar alrededor de un 12% del presupuesto social a fines de la década de 1990 a un 16% entre 2008 y 2016. El período de mayor expansión en términos relativos fue el que siguió a la crisis social, económica y política de 2001: el promedio entre 2002 y 2008 fue de 17,3% del presupuesto social.

Inversión Pública Nacional en niñez y adolescencia como porcentajes del PBI, del Gasto Público Total y del Gasto Público Social (1995-2016)

Fuente: CIPPEC (2018) sobre la base de Dirección Nacional de Política Fiscal y de Ingresos del Ministerio de Hacienda de la Nación

Sin embargo, en los años de devaluación y contracción económica (2012, 2014 y 2016) la inversión dirigida a la infancia y adolescencia cayó. Esto es particularmente relevante en el contexto actual de la Argentina: ante mayor incertidumbre y volatilidad macroeconómica, los indicadores de pobreza e indigencia comienzan a aumentar. En el primer semestre de 2018, la proporción de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza era de un 27,3%, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

El vínculo entre recesión y reducción de la inversión prioritaria en niños y adolescentes no es una relación de necesidad: durante la crisis global que se desató en 2008, algunos países lograron disminuir la pobreza infantil y proteger especialmente a los grupos vulnerables de los peores efectos recesivos (UNICEF Innocenti Project, 2014).

El efecto de las crisis sobre el bienestar de la infancia y la adolescencia depende no solo de la profundidad de la crisis, sino sobre todo de las condiciones políticas previas y de la respuesta de política pública que lideren los gobiernos (UNICEF Innocenti Project, 2014). Por este mismo motivo es crucial comprometerse a sostener los niveles de inversión para proteger los derechos de niños y adolescentes y asegurar el camino del desarrollo sustentable.

Cambios en la tendencia: el escenario a partir de 2016

Entre 2015 y 2016, la variación de la inversión pública en niñez y adolescencia en pesos corrientes fue de 28,9%. Sin embargo, cuando se ajusta por inflación, hubo una caída de 7,4% en términos reales. Esto marca un cambio en la tendencia anterior.

Actualmente no están disponibles los datos consolidados para hacer un análisis comparativo de los años 2017 y 2018 (aún en ejecución). Para analizar este período, se eligieron un conjunto de iniciativas por su alto impacto en el bienestar de niños y adolescentes. A partir ellos se ve que en los años 2017 y 2018,  la inversión real en áreas críticas del bienestar infantil y adolescente cayó.

Crédito vigente y ejecución en millones de pesos de 2015. Programas seleccionados (2015-2018)

Fuente: CIPPEC (2018) en base a Presupuesto Abierto (www.presupuestoabierto.gob.ar). Incluye las modificaciones presupuestarias de la Decisión Administrativa 1605/2018

Los niveles de ejecución de los programas seleccionados para el análisis de este período varían notoriamente.  Algunos programas se acercaron al 100% de ejecución, por ejemplo, los programas dependientes de gestión educativa y políticas socioeducativas del entonces Ministerio de Educación y Deportes (98,5%), y el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (95%). El programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles dependiente de Educación y las Acciones de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzaron el 81% y 91% de ejecución respectivamente.

Otros programas tuvieron resultados más magros. Promoción y Asistencia a los Espacios de Primera Infancia, que también depende de SENNAF, apenas superó el 75% de ejecución. El Programa de Sanidad Escolar, del Ministerio de Salud, ejecutó solo el 55% de su presupuesto en 2017.

El presupuesto 2018 también es heterogéneo en el grado de ampliación o ajuste de recursos otorgados a programas respecto de 2017.

El 10 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial una serie de modificaciones presupuestarias que afectaron los créditos vigentes (presupuesto original y modificaciones presupuestarias) correspondientes a determinadas iniciativas relacionadas con la infancia de los Ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.

Estas corresponden a un aumento presupuestario de $15 millones (0,4% de presupuesto adicional) del programa “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” y una disminución de $3,35 millones (0,3% del presupuesto vigente del programa) y $117,87 millones (10% del presupuesto vigente) en los programas “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” y “Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia” de la SENNAF, respectivamente. Otro programa que sufrió disminuciones en su presupuesto, es el de “Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes”, por un monto total de $2,8 millones.

La intención de invertir fuertemente en el desarrollo de espacios de primera infancia que se evidenciaba en el crédito inicial se postergó en función de las necesidades presupuestarias de otras áreas y por el alto grado de subejecución de las áreas responsables. Esto es particularmente preocupante en la medida en que al decrecimiento que se observa entre 2017 y 2018 de las partidas asignadas a estos programas se suma ahora una reasignación sustancial.

Los datos referidos al nivel de ejecución en 2018 generan incertidumbre sobre el uso efectivo de esos recursos para garantizar los derechos de los niños: solo las líneas de Asignaciones Familiares y las Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tienen un nivel de ejecución mayor al 50%.  Los programas destinados al fortalecimiento de espacios de crianza, enseñanza o cuidado infantil apenas superan el tercio de lo presupuestado.

Esta subejecución, ¿responde a problemas de gestión y planificación, obstáculos en la implementación o factores vinculados con déficits de planificación e implementación, articulación interjusrisdiccional o debilidades técnico-institucionales de determinadas áreas?

Entender esto es fundamental en tanto un período de crisis y recesión como el que atraviesa la Argentina actualmente pone en riesgo las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en.

¿Cómo se puede fortalecer la inversión en infancia y adolescencia?

El financiamiento de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia es crítico para hacer realidad sus derechos. Lograrlo exige revisar la efectividad, calidad y el impacto de la inversión del Estado dirigida a niños, niñas y adolescentes.

Tres recomendaciones para fortalecer la estructura de la inversión social en infancia y adolescencia consisten en:

1 – Asegurar los fondos presupuestarios destinados a los programas que tienen un impacto significativo y demostrado sobre el bienestar de los niños y adolescentes. La tendencia de la inversión social en niñez y adolescencia está fuertemente asociada al ciclo macroeconómico: se reduce durante los períodos de devaluación o contracción económica –como sucedió en 2012, 2014 y 2016-, lo que genera un impacto negativo sobre los niños y niñas y el bienestar de sus familias. Para contrarrestar esto, se debe respetar el principio de intangibilidad de los fondos y se debe asegurar que no haya una pérdida de valor real de los recursos presupuestarios asignados a la niñez y la adolescencia. Para lograr esto y sostenerlo en el mediano y largo plazo es fundamental incluir acuerdos entre las jurisdicciones y entre los ministerios.

2 – Monitorear y evaluar la calidad de la inversión, es decir, el impacto que los recursos utilizados tienen sobre el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes. El aumento de la inversión pública en niñez y adolescencia no trajo aparejada una mejora relativa de la situación de los niños y adolescentes por ende es crucial transparentar las transferencias que se realizan a estos grupos poblacionales de modo tal de poder evaluar la calidad de la inversión. Entre otros, es necesario desagregar las partidas presupuestarias por rangos etarios a fin de conocer qué inversión se hace en estas poblaciones, fortalecer el seguimiento de esta inversión, según su tipo y funcionalidad, tanto en el nivel nacional como entre los entes provinciales y recuperar la medición de la inversión consolidada en niñez y adolescencia que se discontinuó desde 2008.

3 – Mejorar y fortalecer los formatos institucionales -tales como el Gabinete de Desarrollo Humano y la figura del Defensor del Niño – involucrados en las distintas etapas del ciclo presupuestario para poder guiar los esfuerzos comunes orientados a cumplir los derechos de los niños y adolescentes.

¿De qué hablamos cuando hablamos de economía de plataformas?

Consumo colaborativo, sharing economy, economía colaborativa, peer economy, gig economy, economía del acceso. El primer reto al que nos enfrentamos al analizar este fenómeno es la propia jerga que ha generado, que es compleja, diversa e incluso contradictoria. El título de un artículo de Rachel Botsman (2013) refleja este primer reto de manera nítida: “La economía compartida carece de una definición compartida”.

Aunque existe un extenso debate y literatura al respecto, se ha optado tomar como referencia las definiciones propuestas por el informe “Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales” de la Asociación Española de la Economía Digital.

La economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales (P2P o B2B), o bien de particular a profesional, a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente, generando un mayor aprovechamiento de los bienes y recursos existentes pero infrautilizados. De esta manera, la economía colaborativa permite utilizar, compartir, intercambiar o invertir recursos o bienes, pudiendo existir o no una contraprestación monetaria entre los usuarios.

Si bien por el uso del adjetivo “colaborativo” a menudo se espera que estas plataformas tengan una orientación poco o nada lucrativa y que usen datos y tecnología con fuente abierta (open source), lo cierto es que, en la mayoría de casos, las plataformas de la economía colaborativa no cumplen esas expectativas, aunque algunos de sus usuarios si orienten su uso al desarrollo del sentimiento comunitario y la conciencia ambiental.

Dentro de la economía bajo demanda (a menudo también referida como gigeconomy), encontramos aquellos modelos de consumo y provisión de servicios que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada habitualmente de profesional a consumidor (B2C) a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. La prestación se origina en base a las necesidades del usuario que demanda y se adapta a sus preferencias. Estos servicios se ofrecen normalmente a cambio de una contraprestación y habitualmente con ánimo de lucro.

La diferencia fundamental de este tipo de modelos bajo demanda y los modelos colaborativos es que entre los usuarios existe una relación comercial, es decir, son plataformas en las que tiene lugar la prestación de un servicio ya sea por parte de profesionales o por parte de particulares, dependiendo del modelo.

Se considera que forman parte de la economía de acceso aquellos modelos de negocios en los cuales una empresa, con fines comerciales, pone a disposición de un conjunto de usuarios un conjunto de bienes para su uso temporal, adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos usuarios y flexibilizando la localización espacial de los mismos.

Si bien la economía colaborativa ya fomenta el acceso frente a la propiedad de los bienes, la economía de acceso hace referencia únicamente a los modelos en los que la plataforma digital presta el servicio subyacente de manera centralizada y los usuarios normalmente no tienen contacto directo entre sí para efectuar las transacciones.

Para abarcar en un único concepto toda la complejidad y matices del fenómeno estudiado en este documento se usará el término “economía de plataformas” para referirse a todos los casos mencionados hasta aquí. Dicho concepto es el que, desde hace algunos años, organismos como la Unión Europea (Policy Studies, Centre for European and Lenaerts, Karolien and Beblavý, Miroslav 2017), la OCDE (2018) o el World Economic Forum (2016) han adoptado.

Otro desarrollo reciente en el ámbito de las definiciones es la inclusión del adjetivo “responsable” y/o “procomún” al hablar de ciertas plataformas digitales, sobretodo en contraposición de las plataformas digitales “corporativas o extractivas”. Las plataformas digitales responsables son aquellas que integran en el diseño de sus actividades los intereses de todos sus participantes, incluidos aquellos potencialmente impactados por las externalidades negativas.

En oposición, las plataformas digitales extractivas son aquellas que se diseñan pensando casi exclusivamente en la generación de lucro para los propietarios (“shareholders”) de la plataforma, quienes habitualmente son el grupo fundador y socios inversores. La economía de plataformas procomún es un modelo emergente basado en la colaboración de comunidades de personas contribuyentes que a partir de plataformas digitales desarrollan recursos comunes cuya propiedad es compartida y deviene accesible como bien público. Son plataformas que usan tecnología y datos abiertos, modelos de gobernanza más participativos e incluso cooperativistas (“platform cooperativism”), que miden sus externalidades negativas (sociales, medioambientales), se financian con capital ético y/o financiación colectiva de participaciones.

Principales ventajas de la Economía de Plataformas

Desde el punto de vista de la sociedad y el medioambiente, la economía de plataformas tiene muchos aspectos positivos:

• Se consigue hacer más con menos recursos haciendo un uso más eficiente de los mismos. Se promulga el principio de que el acceso es mejor que la propiedad y se crea mayor abundancia en la sociedad (absoluta cuando los bienes son digitales y relativa cuando los bienes o servicios son físicos). Con estas prácticas la administración pública también puede hacer más con menos.
• Los ciudadanos se potencian como agentes económicos a pequeña escala, haciendo un uso más eficiente de los mismos, capaces de generar e intercambiar valor con otros ciudadanos de manera directa. En muchos casos realizarán estos intercambios por dinero (alquiler, compra-venta), aunque el abanico de posibilidades incluye también el intercambio (bien sea directo o triangulado a través de alguna «moneda social» o sistema similar) y el regalo o préstamo gratuito. Con estos mecanismos se promulga la autosuficiencia a nivel de los grupos pequeños y a la vez se refuerza la noción de interdependencia con el conjunto de la sociedad. Agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han destacado el potencial de la economía colaborativa para regiones emergentes.
• También hay externalidad ambiental positiva al conseguir reducir la necesidad de fabricar más bienes y/o de construir más infraestructuras. Un ejemplo mencionado habitualmente es BlaBlaCar o CarpooleAr, que permiten optimizar el uso de los asientos vacíos en vehículos que están en circulación sin necesidad de ampliar la capacidad de las infraestructura vial. Estudios del impacto del uso de productos de segunda mano en el medioambiente también arrojan datos esperanzadores. Pero a causa del conocido como «efecto rebote», hay estudios que ponen en tela de juicio estos impactos medioambientales hasta que se puedan cuantificar y aportar más datos concretos. Finalmente, con las prácticas de gobierno abierto se permite una evolución de los sistemas de democracia representativa hacia modelos de democracia más participativa y directa generando instancias de consulta y validación.

Principales retos de la Economía de Plataformas

Al mismo tiempo que representa oportunidades, la economía de plataformas también implica retos y desafíos. El primer reto es el propio conocimiento de estas plataformas por parte de la población en general. En el informe “Economía Colaborativa en América Latina”, publicado por Instituto de Empresa (IE) y el BID en 2016, un 60% de los fundadores de startups mencionan el desconocimiento y falta de confianza como la principal barrera para el crecimiento, muy por delante de los motivos falta de financiamiento o de una regulación adecuada. Al mismo tiempo la brecha digital es un factor importante. Sea por limitaciones en el acceso físico a la tecnología (un celular, plan de datos o falta de infraestructura de conectividad) o bien por la capacidad de uso de la misma (cultura digital y generación de perfiles confiables) existe una limitación importante para un segmento considerable de la población. En Milán por ejemplo con el fin de aumentar la alfabetización digital en la región, han creado mediante un acuerdo con Airbnb, una academia llamada “Sharing Economy School” .

Otro reto a considerar es el abuso o el mal uso de la tecnología, a menudo sin ser conscientes de ello. Con el uso de las plataformas digitales aún estamos comprendiendo qué tipo de accidentes o retos sociales, económicos e incluso medioambientales estamos creando. Su rápido crecimiento dificulta esta comprensión y su encaje normativo.

En el informe del Banco InterAmericano de Desarrollo “Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe” se identifican los siguientes desafíos en torno a los marcos regulatorios:

1. Comprender el buen uso y las limitaciones de la autorregulación de las plataformas digitales.
2. Coordinar varios niveles administrativos (local, regional, nacional, supranacional) en los ámbitos donde cada uno tiene competencias asignadas.
3. Garantizar una competencia justa y respetar los sistemas de permisos y licencias bajo los cuales muchos sectores económicos operan hoy en día.
4. Proteger a los consumidores en ámbitos como los derechos de consumo y resolución de conflictos, protección de datos personales, promoción de buenas prácticas.
5. Aplicar y adaptar, si es necesario, la legislación fiscal a la actividad económica que se genera a partir del uso de las plataformas digitales.
6. Probablemente el reto más complejo es el relativo a la normativa laboral. Ésta se desarrolló para modelos de economía industrial con contratos de empleo continuo y a tiempo completo, en el que existe una relación directa entre el empleador y el empleado. Con las plataformas digitales los ciudadanos pueden generar ingresos usando sus bienes y/o su tiempo y habilidades de manera discontinua, sin contratos, y con un nivel de subordinación distinto en cada plataforma, lo que abre la pregunta acerca de la necesidad de nuevos marcos regulatorios que contemplen nuevos estos nuevos modos de producción y empleo.

En la última década el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) se vio impactado con mayor frecuencia por eventos climáticos que producen consecuencias negativas en términos sociales, ambientales y económicos. Fundamentalmente por esta razón, se torna estratégico sentar las bases del conocimiento sobre el riesgo climático al que está expuesta la población de dicho territorio.

Los efectos del cambio climático en el AGBA comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 y la ola de calor entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos. Además, en este período, los vientos fuertes impactaron de una manera contundente en los municipios de la periferia de la Región Metropolitana, esto es la tercer corona. Frente a este escenario, surgen una serie de preguntas que pueden orientar a los municipios en la consideración del cambio climático como una política transversal en sus ámbitos de gestión: ¿Cuánta es la población vulnerable frente al cambio climático?, ¿Cuáles son las variables que la hacen vulnerable?, ¿Cuán expuesto está el territorio frente a estas amenazas climáticas?, ¿Cuál es el riesgo al que está expuesta la población que vive en los partidos que conforman el AGBA?

Los resultados del presente trabajo ponen en evidencia la heterogeneidad socioeconómica del AGBA, dado que es posible identificar diferentes vulnerabilidades socioterritoriales frente a los impactos del cambio climático; ello mediante el Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD), compuesto por diez variables, que pone en evidencia las condiciones económicas, habitacionales y sociales. Del cruce de dicho Índice con las tres amenazas climáticas estudiadas (inundaciones, focos de calor superficial y vientos), surge el riesgo al que está expuesta la población de los 40 municipios más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vinculado con inundaciones a nivel del AGBA, la población en riesgo es del 7%, cubriendo un 19% de su superficie mientras que, a nivel municipal, las condiciones menos ventajosas se observan en Malvinas Argentinas y Esteban Echeverría, donde aproximadamente el 70% de la población con alta vulnerabilidad social está expuesta a riesgo por inundaciones. Por otro lado, la Cuenca Matanza Riachuelo, seguida de la del Reconquista y en tercer lugar la del Luján, son las cuencas hidrográficas que poseen mayor población con muy alto IVSD expuesta a riesgo por inundación. Con relación a los Focos de Calos Superficial (FCS), tanto área potencial de aparición como de presencia, los partidos con mayor riesgo son José C. Paz y Malvinas Argentinas, seguidos por Merlo, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Moreno, Berazateguí y Tigre. Respecto a los vientos, la población con mayor riesgo representa el 23% del AGBA, siendo los partidos más comprometidos Presidente Perón con casi el 100 % de su población afectada y Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza con aproximadamente el 80% en esas condiciones.

El gran desafío para el AGBA en los años venideros es desarrollar una agenda de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que aborde las consecuencias del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y, en consecuencia, el riesgo de su población. Las medidas de adaptación irán desde medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, pasando por un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Y otras complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.

El municipio que se adapte al cambio climático se convertirá en uno más resiliente. Esto significa que, frente a un evento extremo del clima, tendrá la capacidad de absorberlo, adaptarse y recuperarse preservando sus funciones y estructuras. Este trabajo busca sentar las bases para que los municipios conozcan el riesgo climático de sus territorios y gestionen en consecuencia para aumentar la resiliencia local en un contexto metropolitano.