El proyecto de Ley de Ética Pública es una oportunidad para sentar las bases de un sistema de integridad

El presidente Macri se dirigió este jueves a la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias. La Constitución nacional establece que el 1° de marzo el primer mandatario debe dar cuenta del estado de la Nación, del avance de las reformas prometidas por la Constitución y de las medidas que considera importante que trate el Congreso.

Al proponer sus prioridades legislativas, el presidente mencionó dos temas de la agenda institucional. En primer lugar, se refirió a los proyectos de Ley de Desburocratización de la administración pública, la infraestructura y los instrumentos de desarrollo productivo, presentados el año pasado por la bancada oficialista en la Cámara Baja. Por otra parte, hizo foco en el proyecto de Ley de Ética Pública, que ahora está siendo sometida a un proceso de consulta pública desde la Oficina Anticorrupción.

Para mostrar el compromiso de su gestión con el fortalecimiento de las instituciones, el presidente mencionó nuevas reglas adoptadas por decisión administrativa o decreto (sobre la presentación de declaraciones juradas de funcionarios, el conflicto de intereses y el nepotismo) y que son abordadas por el borrador del proyecto de Ley de Ética Pública.

Otras iniciativas ya concretadas en la materia son la Ley de Acceso a la Información Pública o la de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, pero Macri no las mencionó. La reforma al régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales y la creación de la figura del arrepentido en los casos de corrupción tampoco fueron incluidas en el discurso. La creación de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional dentro de la Jefatura de Gabinete también puede interpretarse como una decisión de jerarquizar una agenda muy presente en las promesas de la campaña de 2015 y en el contrato del electorado con el nuevo gobierno.

Por iniciativa del gobierno o por la necesidad de dar respuesta a situaciones de sus funcionarios, hay varias discusiones técnicas y políticas referidas a la integridad pública que se están dando por separado en las agencias específicas. El envío del proyecto de Ley de Integridad Pública al Congreso abre una ventana de oportunidad para que el debate legislativo articule esos temas y siente las bases de un sistema de integridad para el sector público. Se trata de establecer reglas, responsabilidades y mecanismos de control para garantizar la prioridad del interés público por sobre los intereses privados en los tres poderes del Estado (incluyendo a funcionarios públicos electos y designados), en las empresas estatales y hasta en la cooperación público-privada.

Los legisladores podrían traer a la discusión temas como la regulación de la publicidad oficial y el uso de los recursos públicos con fines partidistas o el gobierno corporativo en las empresas públicas. Sin mayorías parlamentarias propias, pocas iniciativas del Ejecutivo tienen tantas oportunidades de prosperar como las que autolimitan su propia discrecionalidad. ¿Quién podría negarse?

Autor


María Page

Investigadora asociada de Instituciones Políticas

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