La oferta de escuelas del nivel inicial es dispar e inequitativa entre provincias y dentro de ellas

Por Cora Steinberg y Alejandra Cardini

Todo lo que ocurre en los primeros años deja huellas para toda la vida. Por eso es clave que el acceso al jardín de infantes de todos los niños no esté determinado por su edad, el lugar donde viven o el nivel socioeconómico de sus familias. La Argentina ha realizado avances importantes en las últimas décadas. La ley de educación nacional vigente establece el nivel como una unidad pedagógica desde los 45 días hasta los 5 años; y las salas de 4 y 5 años son actualmente obligatorias.

Cada vez son más los niños que asisten al nivel inicial. El acceso a la sala de 5 años es casi universal y se ha ampliado considerablemente la cobertura de las salas de 4 y 3 años en la gran mayoría de las provincias del país. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Los niños más pequeños, los que pertenecen a los sectores más vulnerables y los que viven en las provincias del noroeste y nordeste, especialmente en el ámbito rural, tienen menos posibilidades de acceso.

La oferta de escuelas del nivel inicial presenta también disparidades y una distribución inequitativa en el territorio, tanto entre provincias como dentro de ellas. En los últimos años el sector estatal ha focalizado su esfuerzo en garantizar la oferta de las salas obligatorias, logrando que cerca de 9 de cada 10 escuelas ofrezcan hoy salas para ambos grupos. Del total de las escuelas del nivel, solo 2 de cada 10 son de gestión privada. Sin embargo, estas escuelas brindan en mayor proporción, la oferta completa: salas desde los 45 días hasta los 5 años.

En cuanto a la forma en la que se organiza el nivel, clave para garantizar su calidad, también quedan desafíos. Los lineamientos curriculares nacionales que indican lo que debe suceder en las aulas ya tienen 15 años. Su alcance es limitado, porque están diseñados para los niños más grandes. También son sectoriales, porque solo son aplicables a las instituciones del sistema educativo reconocidas oficialmente. La normativa administrativa es de difícil acceso y no hay una fuerte articulación entre los niveles nacional y provinciales que siente las bases para un piso nacional común.

La formación de los profesionales está pensada para el sistema educativo y suele centrarse en la enseñanza, invisibilizando las funciones de crianza y cuidado, fundamentales para el trabajo con los más chicos. Los informes del proyecto “Mapa de educación inicial en la Argentina” elaborados por Unicef y CIPPEC advierten sobre la urgencia de avanzar en la definición de acuerdos nacionales para las instituciones que trabajan con la primera infancia, sean o no parte del sistema educativo formal. Estos acuerdos deben resultar de un consenso entre los distintos actores involucrados (gobierno, sindicatos, sector privado, sociedad civil y familias) considerando los distintos sectores y niveles de gobierno. Es necesario construir una mirada común que incluya las cuestiones que hacen a la enseñanza, así como las condiciones de infraestructura y mobiliario; la salud, la higiene y la nutrición; la protección y la cantidad y perfil de los profesionales a cargo, entre otros.

El análisis de la información disponible y la construcción de un diagnóstico federal constituyen un primer paso para alcanzar estos acuerdos. Así, se podrán planificar acciones y definir metas realistas para mejorar el acceso y la calidad de los espacios para los más chicos. Avanzar en esta dirección requiere asegurar la inversión en el corto y el mediano plazo. Solo así será posible ofrecer a todos una crianza, una enseñanza y un cuidado de calidad, y romper con las desigualdades territoriales y socioeconómicas existentes.

Cora Steinberg es especialista en Educación en Unicef Argentina y Alejandra Cardini es directora del programa de Educación del CIPPEC.

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