Las duras cifras que brindó el último lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que elevan el nivel de pobreza al 35,4 por ciento y la indigencia al 7,7 por ciento en el primer semestre del 2019, dejaron más que un gusto amargo en los diferentes sectores de la sociedad. Las repercusiones no tardaron en llegar y ya se habla de estimaciones que trepan hasta el 39 por ciento de pobreza para este año.

En ese sentido, referentes de organismos que luchan para ayudar a los más vulnerables desde hace tiempo manifestaron no haberse sorprendido con los números del Indec, puesto que las medidas adoptadas por el gobierno nacional vislumbraban desde un primer momento este desenlace.

“Para nosotros no es ninguna sorpresa porque desde 2016 hemos emitido cartas y documentos advirtiendo que esto iba a terminar así. Es una mesa para pocos y ahora 16 millones de personas sobran en la mesa de los argentinos”, apuntó el padre Félix Enrique Gibbs, del grupo Curas en Opción por los Pobres.

Por su parte, desde la Universidad Católica Argentina (UCA)  – que también realiza mediciones sobre los índices económicos – adelantaron que los niveles seguirán en crecimiento sin un horizonte de desarrollo laboral que revierta las cifras.

“El índice anunciado no sorprende, lamentablemente. Venimos de esa tendencia y la reciente devaluación y estancamiento va a generar un nuevo aumento de la pobreza, que estará cerca de 37 o 38 por ciento en este momento y alcanzará hasta el 39 a fin de año”, aseguró el director del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, en declaraciones públicas.

Al comparar la situación actual con la de 2001, explicó que entonces “había un horizonte de crecimiento y de salida de esa situación de emergencia económica”, en contraposición con el momento actual, donde “no estamos viendo certidumbre de la salida”.

Tratar de contrarrestar

Esta condición de la población que se deteriora cada vez más ya había sido advertida desde hace tiempo por los distintos grupos de ayuda a los más vulnerables.

El padre Alberto Barros, referente de Cáritas Diocesana Misiones, sostuvo que los pedidos de asistencia se vieron incrementados en gran medida en los últimos tiempos, lo que “nos produce un sentimiento de profundo dolor”.

“Lo peor que podemos pasar es la indiferencia ante quien sufre, entonces creo que la comunidad nacional hoy tendría que sentir un dolor muy grande, sobre todo por los niños, que de esta manera tienen un futuro muy sombrío, alarmante”, destacó el sacerdote en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Barros contó que lleva adelante un minucioso trabajo en tratar de contrarrestar la situación de los más necesitados, aunque “somos limitados teniendo en cuenta la realidad”.

“Nos avergüenza como país, porque en Argentina, con los recursos naturales y humanos que tenemos, que tengamos estos índices de pobreza realmente avergüenza y es un escándalo. Como argentinos tendríamos que asumir un profundo fracaso desde la dirigencia”, cuestionó.

En la misma línea se refirió Fabricio Tejerina, referente de Barrios de Pie, quien postuló que “el hambre no puede esperar y lo venimos viendo hace rato, lo venimos denunciando.  Nos han caratulado como delincuentes cuando lo único que hacemos es denunciar que estamos cada vez peor”.

“Hoy el 52 por ciento de los chicos menores de 14 años viven en la pobreza, es un crimen que en un país que produce tanto alimentos no podamos alimentar normalmente a esta población. Ni hablar de otras cuestiones como agua potable, cloaca, acceso a la educación”, recalcó.

La emergencia y la política

“Hace décadas la pobreza sigue creciendo. Sobre todo en tiempos de campaña, donde todos se acusan pero nadie debe darse por desentendido, toda la dirigencia tiene que asumir la responsabilidad. Espero que algún día nuestros dirigentes dejen de lado las ambiciones de poder y se sienten enserio a ver cómo se resuelve esto”, apuntó de forma contundente el padre Barros.

El último lunes, el gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022, ley a la que adhirió la provincia de Misiones.

Sobre eso, Tejerina remarcó que “todo lo que pueda ayudar a paliar esta terrible situación es bueno. El problema es como se aplica la emergencia alimentaria. Tuvimos ya tres reuniones con los funcionarios de la provincia y vamos avanzado de a muy poco, con buenas intenciones pero lento. Pero hay cosas urgentes que hay que tomarlas con más ímpetu”.

“Con la emergencia alimentaria, hay que ver cómo solucionar en lo urgente el tema del hambre. Son parches para ver cómo pasamos este momento, pero a todo esto tenemos que ver cómo la macroeconomía hace un despegue, porque sin trabajo en blanco no podemos”, analizó.

Asimismo, contó que con el organismo llevan adelante distintos relevamientos, uno de ellos abocado a saber el valor de la canasta básica pero en los barrios. “Es distinta al hipermercado, con libretas o fiado. Hemos visto que estos años aumentó más del 100 por ciento. Eso golpea muy fuerte a los sectores vulnerables”, exclamó.

La estigmatización

Uno de los factores más preocupantes del panorama actual no sólo tiene que ver con el aumento incesante de alimentos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, sino también con el incremento de la desocupación.

Esto llevó a que miles de familias que antes entraban dentro de lo que se denomina clase media hoy formen parte de los 16 millones de argentinos incluidos en los índices de pobreza.

A su vez, esta situación genera además una especie de grieta, incluso dentro de los mismos vecinos del barrio.

El padre Félix Gibbs, de Curas en Opción por los Pobres, destacó que “es una ofensa para la sociedad que el presidente se dirija a la clase media diciendo que la olvidó y pidiendo perdón, mientras la clase pobre, que es mayoritaria, no existe. Vamos por mal camino con esa mirada”.

En diálogo con el programa Apocalipsis en el Bar, por Radioactiva 100.7, el párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas, en San Francisco Solano (conurbano bonaerense), advirtió que “la persona pobre no tiene posibilidad de elegir, se le ha impuesto una manera de sobrevivir inhumana, culpabilizándolos socialmente, como los planeros”.

“La gente que opina y denigra al pobre no se da cuenta de que tira piedras por sus propios tejados, porque si no se les ayuda, se va a desatar una guerra civil por la comida. Hay muchos incluso que no se considera pobres aunque en las estadísticas sí lo son. Se vive mucho por la imagen de las redes y no es así”, criticó el religioso.

Al tiempo que señaló que “entre los mismos pobres hay gente que se creyó el discurso. En nuestros barrios hay gente que trabaja en blanco, en negro, que hace changuitas y gente que hace años que no tiene trabajo. Ya tenés clases dentro de los pobres y el sistema enseña a denigrar al que está más abajo. Este gobierno fue muy hábil y logró que la gente compre eso. La famosa grieta es alimentada día a día de esta manera”.

CIPPEC recomienda ampliar transferencias a familias con niños

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) recordó ayer un trabajo sobre la pobreza crónica en el país. Lo hizo en respuesta a los números publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que confirmaron que la pobreza aumento en el último año. “Hay 3,7 millones de personas más en la pobreza respecto al mismo semestre de 2018. De este modo, 35,4% de la población del país se encuentra en situación de pobreza. A su vez, esta cifra aumenta si se observa a los niños y adolescentes: de ellos, el 52,6% están en la pobreza. Dicho de otro modo, la mitad de niños y adolescentes son pobres”, puntualizó en el informe en su presentación.

Desde el Cippec resaltaron  que, ante tal crecimiento de la pobreza, no alcanza como respuesta plantear escenarios de crecimiento. En tal sentido la entidad  y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo técnico del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), elaboraron el documento “El desafío de la pobreza en la Argentina”, que analiza la llamada pobreza crónica, es decir, la que persiste aún etapas de bonanza macroeconómica.

El estudio fue discutido para esbozar los ejes centrales de una estrategia para la reducción de la pobreza. Dado el contexto macroeconómico adverso, se recomienda sostener y ampliar las transferencias a las familias con niños y adolescentes y las políticas de seguridad alimentaria. En segundo lugar, se proponen medidas que rompan con la reproducción intergeneracional de la pobreza, mejoren las condiciones de trabajo, y aseguren el financiamiento para ello.

“Es necesario recuperar la estabilidad y la senda del crecimiento económico, pero eso es insuficiente para eliminar la pobreza. Incluso aunque la economía creciera a un 3% anual en los próximos cinco años, la pobreza no bajaría del 20%”, sostiene Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de Cippec, y coautora del documento ‘Pobreza crónica’.

“Por eso, es fundamental contar con una estrategia integral liderada por el Estado con apoyo de diversos sectores, incluyendo movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y empresas. Se deben consensuar medidas sostenibles que tengan en consideración la atención urgente de las necesidades inmediatas y medidas de mediano y largo plazo”, agrega.

Mitigar los efectos de la crisis

El próximo gobierno deberá enfrentar los impactos negativos de la crisis económica con políticas con impacto directo y automático sobre los ingresos de los hogares más vulnerables. Esto implica universalizar y fortalecer las transferencias a hogares con niños y adolescentes y reforzar las políticas para asegurar la provisión de alimentos de calidad en los sectores de menores ingresos.

Para ello, se puede eliminar el límite de cinco hijos para percibir la Asignación Universal por Hijo y el requisito de ingreso mínimo para el cobro de las Asignaciones Familiares por Hijo e incluir como población elegible a los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia. Estas modificaciones redundarían en la inclusión de alrededor un millón y medio de niños y adolescentes.

También resulta importante avanzar en automatizar la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades educativas y sanitarias y establecer un esquema de zonas prioritarias que siga criterios de progresividad, contemplando el costo de vida en cada jurisdicción específica y los ingresos promedio de cada familia.

Finalmente, es necesario que los montos de las transferencias se actualicen, tomando como referencia al valor de la canasta básica total por niño. Aumentar las asignaciones en 0,6% del PBI permitiría reducir la pobreza infantil en un 25% y un 13% de la pobreza del total de la población.

Bono de $5.000: cada sector tratará de acordar, dice CEM

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, comentó que cada sector de la economía provincial está tratando de acomodar números para tratar de pagar salarial a sus trabajadores. El directivo recordó en tanto que el decreto presidencial dejó liberado a cada sector el acuerdo sobre la forma del pago del pago extraordinario.
“El decreto dejó a cada sector la posibilidad de acordar la forma y la posibilidad de pago”, diferenció Haene.

En tanto, recordó que hay muchos sectores que no obtendrán un incremento extra en sus ingresos. “El decreto deja afuera a las empleadas domésticas y a los trabajadores rurales, que de acuerdo a las variadas actividades son muchas personas”.
Sobre el pago y el cumplimiento de cada sector, Haene recordó que desde la CEM se sugirió que las empresas que podían pagar el incremento “lo hicieran en cuotas”.

Se refirió en tanto al sector de comercio, que pese a que pidió el pago extraordinario en cinco cuotas, hace lo imposible por mantener a su personal. “El sector de comercio es el que menos empleados ha cesanteado. Hay que ver eso también. La situación económica es muy compleja”, sostuvo el dirigente misionero.

Gobierno y los fondos privados

Sobre el pago del bono a los trabajadores privados, ayer el consultor pyme Vicente Lourenzo se refirió a la medida.

“Es una cosa de locos, porque el gobierno debería disponer de los fondos públicos y no de los fondos privados. Del otro lado, hay un empleador que te dice ‘mirá, vos sos el principal testigo porque hasta ahora vendimos muy poco, hay poca actividad, de dónde querés que saque el bono’. Entonces, creo que esa incomodidad que se produce no debería realizarse”, expresó al sitio El Intransigente.

En esta misma línea, insistió en que la crisis golpeó de manera proporcional al sector y eso imposibilita que todas las empresas puedan solventar esta media.

“El tema del bono debería ser una sugerencia no una imposición mediante decreto. No todas las pymes podrán pagarlo”, advirtió, diferenciando aquellas empresas que se beneficiaron de las que no.