Publicado en febrero del 2021

Cumplido el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2019, la Administración Pública Nacional atravesó cambios y desafíos ocasionados por la transición de gobierno y por la pandemia de COVID-19.

Los cambios en la estructura organizacional implementados por el nuevo gobierno implicaron la jerarquización de 6 áreas que habían quedado relegadas al rango de secretarías y la creación de 3 nuevos ministerios, incluido el de Mujeres, Género y Diversidad. En este marco, el espacio directivo –a saber, las direcciones nacionales y generales- aumentó un 10% respecto a su tamaño a finales del gobierno anterior y un 4% por encima del promedio para el periodo 2015-2019. Sin embargo, se mantuvieron por debajo de los niveles registrados en 2016, cumplido el primer año de la gestión precedente.

El espacio directivo de la APN central se encuentra en proceso de designación formal: en total están designados formalmente el 71% de los cargos de conducción en las direcciones nacionales y el 76% en las direcciones generales. La modalidad designación del espacio directivo es similar a la tendencia de los últimos 30 años: el 99% fue designado en 2020 de manera transitoria por un período de 180 días y el 78% con la excepción de requisitos profesionales y/o presupuestarios que están establecidos en el marco legal. Esto da lugar a la conformación de una Alta Dirección Pública inestable y con baja permanencia de aquellos cargos con funciones ejecutivas lo que dificulta
coordinación, la memoria institucional y la capacidad de implementar políticas públicas efectivas. Lo anterior se acentúa especialmente en un contexto de alta incertidumbre como el actual.

La participación de las mujeres aumentó en los cargos políticos (secretarías y subsecretarías) y superiores (direcciones nacionales y generales) de la APN central. Sin embargo, solo 4 ministerios tienen una representación promedio de mujeres superior al 50% mientras que 2 ministerios no presentan mujeres en cargos superiores. Los datos de representación de mujeres en la Administración Pública Nacional centralizada muestran mejoras respecto a otros gobiernos, aún la proporción de mujeres se mantiene en niveles bajos. En particular, si se observa el porcentaje promedio de mujeres en direcciones nacionales y generales (41%) se puede ver cómo ese número va disminuyendo a medida que se asciende hacia los cargos de mayor jerarquía donde se refleja una menor participación de mujeres: 34% en secretarías y subsecretarías y 14% en ministerios.

Más allá de estos cambios –propios de una transición de gobierno- algunos más surgieron por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia y por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la Argentina se volcó en gran medida al trabajo remoto. El Estado no fue la excepción y cerca del 70% de la Administración Pública Nacional adoptó la modalidad de trabajo remoto incluyendo trámites, gestiones y tareas presenciales que vinculaban al gobierno con la ciudadanía. Esto tuvo efectos diferenciales según las tareas y jerarquías y existen áreas de oportunidad y procesos de mejora con vistas a la continuidad de las medidas
sanitarias y la pospandemia.

Publicado en febrero del 2021

La gestión de la pandemia por COVID-19 mostró que el conocimiento experto es una base sólida para dar respuestas dinámicas a fenómenos cambiantes. La creciente complejidad de los problemas sociales demanda un Estado con mayor capacidad analítica que tome mejores decisiones y beneficie al conjunto de la ciudadanía.

Argentina está rezagado en la adopción de instrumentos y herramientas de monitoreo y evaluación que promuevan el aprendizaje en materia de políticas públicas a través del seguimiento y análisis de sus resultados.

Con el objetivo de aumentar la productividad social de la inversión pública, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en 2020 la creación de una Agencia Federal de Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas.
Este compromiso reconocía la importancia de crear políticas públicas basadas en evidencia y de ejecutar planes y programas anclados en el conocimiento experto para mejorar la efectividad del Estado. A un año de esa iniciativa, la Agencia no fue creada pero sí se incorporó al debate público como una de las 25 metas de las 5 misiones a lograr en 1000 días por el Consejo Económico y Social (punto 4 dentro del eje Democracia Innovadora).

Además, se observan progresos en materia de monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas tendientes a fortalecer los sistemas transversales y sectoriales: i) se reordenó el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de los programas con financiamiento internacional (que pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría de Asuntos Estratégicos dependiente de la Presidencia); ii) se innovó en los mecanismos de M&E de los planes y programas sociales (mayor participación federal y herramientas para evaluar en pandemia) y de los planes sectoriales (nuevos dispositivos de sistematización de la información); iii) a pesar de que persisten las dificultades a la hora de realizar evaluaciones, los enfoques de M&E cobraron particular valor en el contexto de la crisis sanitaria e intentaron ser más participativos estableciendo metodologías adaptadas a la situación sanitaria; y iv) aumentó la accesibilidad a los resultados de las evaluaciones de las políticas.

La conducción e implementación de una política para la evaluación de planes y programas públicos es clave para medir los avances en los compromisos de gobierno, el desempeño de las intervenciones, la responsabilidad de los funcionarios públicos tanto como para aprender de las capacidades del Estado para responder efectivamente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La política nacional de evaluación, sin embargo, sigue enfrentando varios desafíos político-institucionales y culturales. Para superarlos, parece necesario integrar y coordinar las funciones de M&E en una agencia rectora, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, garantice la calidad de la información producida y asegure su uso informando las prioridades estratégicas.

Consolidar herramientas técnicas, coordinar las evaluaciones con el plan de gobierno y construir legitimidad desde la esfera política para aumentar el uso de la información producida son algunos de los aspectos clave para la creación de la Agencia. El fin último es que las políticas públicas producidas fortalezcan la rendición de cuentas.

Publicado en febrero del 2021

La propagación deliberada de información falsa con el objetivo de dañar a un adversario es una actividad que ha acompañado desde siempre las disputas políticas. No obstante, la aparición de internet y la expansión de las redes sociales como principal canal de difusión y consumo de noticias, la aceleración de su difusión y la globalidad de su alcance, suponen un cambio en la naturaleza y dimensión del problema conocido como “desinformación”.

El fenómeno de las fake news, es decir, operaciones deliberadas y orquestadas de desinformación con el objetivo de manipular la opinión pública puede tener efectos profundos sobre las democracias: afecta la integridad del debate público, contribuye a la polarización, erosiona la confianza en las instituciones democráticas, y afecta así la equidad en la competencia política y el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

Casos como la elección de Trump en Estados Unidos en 2016 y la de Bolsonaro en Brasil en 2018 alertan sobre la seriedad del tema debido a su impacto sobre el debate público y la confianza en los procesos electorales. En la Argentina, los informes de la Cámara Nacional Electoral desde 2017 señalan la actividad de trolls y cuentas falsas de redes sociales en el contexto pre-electoral. Durante la elección presidencial de 2019 se identificaron contenidos falsos que incluían tanto ataques a los adversarios en forma directa como también contra las instituciones electorales, con denuncias de fraude electoral.

Las operaciones de desinformación exitosas son fenómenos organizados, sobre los cuales gobiernos y líderes políticos tienen un rol protagónico. Independientemente del origen de la noticia, una campaña de desinformación requiere de una decisión política además de capacidades económicas, logísticas y tecnológicas que exceden las de un individuo aislado. Sin embargo, como todo fenómeno de acción colectiva, para prosperar, así como para poder combatirlo, requiere el involucramiento de otros actores, incluidos plataformas de internet, medios, y la sociedad civil en general.

Es por esto que en los últimos años se implementaron en Argentina acciones que involucraron a múltiples actores para combatir el fenómeno de la desinformación, y preservar la integridad de la democracia argentina. La firma durante la campaña del 2019 de un Compromiso Ético Digital entre la Justicia Electoral, las principales plataformas de internet y los partidos políticos para priorizar la difusión de información electoral oficial es un ejemplo de ello.

Continuar y profundizar estas acciones en el futuro es fundamental y cada uno de los actores clave en la propagación de la desinformación -partidos y candidatos, compañías de redes sociales y plataformas digitales, decisores, autoridades electorales, verificadores, medios de comunicación y sociedad civil- pueden realizar acciones concretas para mitigarla y prevenirla.

Con miras al proceso electoral 2021 y con ánimos de minimizar la influencia de noticias falsas, se podría favorecer el desarrollo de programas de educación digital que promuevan el uso responsable de internet, así como también el consumo y la difusión de información electoral confiable, proveniente de fuentes oficiales o verificada. Las alianzas entre múltiples actores y la institucionalización de compromisos con el objetivo de combatir la desinformación de forma colectiva son otros elementos que pueden contribuir a promover una mayor equidad en la competencia política y garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

Resulta crucial que cualquier acción que se tome para abordar el problema de la desinformación garantice la libertad de expresión, la transparencia y la neutralidad de las decisiones tomadas, con el objetivo de preservar la integridad de los procesos democráticos, privilegiando el voto informado y asegurando la equidad en la competencia.

En los últimos años, la urbanización sostenida ha propiciado la aparición de un nuevo fenómeno territorial: las áreas metropolitanas. Las nuevas dinámicas y desafíos sociales, económicos y ambientales que estos territorios plantean a la humanidad cuestionan los conocimientos establecidos en torno a la gestión de los espacios urbanos, y demandan nuevas herramientas y formación con un enfoque multidisciplinario. En este contexto, el proyecto “TELLme (Training for Education, Learning and Leadership towards a new MEtropolitan Discipline)” constituye un esfuerzo por cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en las grandes áreas metropolitanas del mundo.

Con el objetivo de promover una disciplina que aborde los problemas de las regiones metropolitanas, el propósito de TELLme es crear una comunidad de profesionales urbanos enfocados en temas metropolitanos. Su objetivo es fortalecer el capital social, principalmente a través de una red de expertos y el aprendizaje entre pares, así como generar nuevo conocimiento colectivo y una base global para una disciplina que verá su apogeo en el futuro cercano.

Como parte del proyecto TELLme, CIPPEC ha liderado el desarrollo de un libro inaugural. El principal objetivo de este trabajo es establecer, a nivel global, la importancia de abordar de manera integral los desafíos que enfrentan las grandes aglomeraciones urbanas. El libro sienta las bases de una nueva disciplina que hasta ahora no ha consistido en un conjunto definido de reglas y conceptos. También constituye marcos lógicos y escenarios que ayudan a comprender la complejidad de la metrópolis. Está dirigido a instituciones académicas, partes interesadas metropolitanas, funcionarios públicos y cualquier persona que esté interesada en comprender los fenómenos metropolitanos, así como a quienes están creando instituciones metropolitanas.

La nueva disciplina solo evolucionará si las instituciones académicas y otros actores interesados ​​participan en el debate metropolitano. Esto es una contribución valiosa y completa que nos invita a estar mejor preparados para abordar la complejidad de la planificación, el desarrollo y la gobernanza metropolitanos.