Publicado en febrero de 2020

En Argentina, el conteo oficial de los resultados de las elecciones comienza 48 horas después de terminada la votación y está a cargo de la justicia electoral nacional. Este procedimiento genera los resultados con los que se proclama a los representantes electos. El conteo provisorio, en cambio, produce los datos que se difunden el mismo día de la elección. Está a cargo del Ministerio del Interior y se realiza a partir de los telegramas de cada mesa con el fin de brindar información a la ciudadanía.

En las elecciones nacionales de 2019 se introdujo un cambio en la logística de telegramas que incidió en el recuento provisorio. Todos los centros de votación que contaran con cobertura de datos recibieron un kit de transmisión y escanearon e informaron los telegramas con los resultados directamente desde el establecimiento de votación a un servidor del Correo. Hasta entonces, el Correo los recolectaba y transportaba físicamente hasta las sucursales digitales para ser escaneados y transmitidos desde allí. La nueva modalidad requirió la utilización de notebooks, scanners y routers en todos los centros de votación que transmitieran la información desde el lugar, y se aplicó al 78% de los telegramas computados en las elecciones primarias y las generales.

La implementación de estos cambios generó resistencias entre los partidos. Hubo reclamos ante la justicia electoral para obtener información oficial sobre el nuevo procedimiento, los equipos y el software, así como también para garantizar la posibilidad de fiscalizar las distintas instancias del procedimiento. También se interpuso un amparo para que se garantice la presencia de delegados judiciales en los centros de votación y el acceso a las instancias de fiscalización. A raíz de estas presentaciones la justicia electoral intimó a la Dirección Nacional Electoral para que entregue el software, dispuso una serie de medidas destinadas a garantizar la fiscalización de las operaciones relacionadas con el recuento provisorio y fijó condiciones para iniciar la publicación de los datos.

Este documento de trabajo analiza el funcionamiento del recuento provisorio de las elecciones primarias del 11 de agosto y de la elección general del 27 de octubre de 2019. Específicamente, se estudian los resultados electorales por mesa y las marcas de tiempo de los sucesivos pasos del recuento provisorio para determinar si éste procedió con normalidad, estuvo libre de demoras o interrupciones injustificadas y de sesgos en favor o en contra de alguno de los/as competidores/as.

El recuento provisorio fue exhaustivo. En las PASO se llegó a contar el 96,3% de las mesas habilitadas en todo el país, aunque en 4 provincias la cobertura fue inferior al 95% (Chaco, Jujuy, Catamarca y provincia de Buenos Aires). En las elecciones generales la cobertura fue del 97,1% de las mesas habilitadas y en todas las provincias se superó el parámetro de 95%.

En ambas instancias electorales las etapas de escaneo, transmisión y consolidación de los telegramas en el servidor del Correo ocurrieron con normalidad, sin interrupciones ni inestabilidades que indiquen interferencias o manipulación. La recepción en el servidor de recuento fue inestable en las PASO, mientras que en las elecciones generales transcurrió con normalidad. En cuanto al horario de publicación de los resultados, en las PASO los datos no estuvieron disponibles hasta 90 minutos después de lo estipulado por la Cámara Nacional Electoral, mientras que en las elecciones generales se publicaron a partir del momento pautado por la justicia.

El nuevo sistema de transmisión redujo considerablemente el tiempo transcurrido entre el cierre y el escaneo: en promedio transmitir desde las escuelas redujo en 69 minutos el tiempo transcurrido hasta escanear cada telegrama. Los telegramas de las mesas en las que ganó el Frente de Todos demoraron en promedio más en escanearse y transmitirse, y esa diferencia se acentuó en cada paso posterior. Aunque las diferencias en cada paso son pequeñas, la diferencia acumulada en todo el proceso es estadísticamente significativa. Además, al examinar los datos por provincia, se observa que esta secuencia no ocurre en todo el territorio. Este sesgo partidario no parece intencional, sino que pareciera relacionado con características propias de las mesas, por ejemplo, la cantidad de gente que se presentó a votar y el horario en que se presentó, la cantidad de listas en competencia, el nivel de instrucción, la capacitación y la pericia de la autoridad de mesa, la cantidad de fiscales presentes, la conflictividad en la mesa, la organización de la escuela y el sistema de transmisión que se utilizó.

A partir de los hallazgos presentados se ofrecen algunas recomendaciones. Mantener el escaneo y la transmisión de los telegramas desde los lugares de votación, garantizando la capacidad operativa para recibir, procesar y publicar el flujo de datos generado por el Correo sin demoras ni interrupciones. Considerar modalidades alternativas de transmisión que puedan minimizar los requerimientos de hardware. Fortalecer el control público sobre el desarrollo del sistema, su implementación y su operación, y garantizar el acceso de los partidos a las instancias de fiscalización. Asimismo, se sugiere establecer criterios claros y conocidos para el funcionamiento del recuento provisorio con el fin de ofrecer previsibilidad a las agrupaciones políticas y permitir la fiscalización partidaria y el control público y social. En la misma línea, es recomendable mantener un canal de comunicación con las agrupaciones políticas durante la organización y la operación del recuento provisorio para despejar dudas y canalizar inquietudes.

Publicado en julio de 2021

La modalidad de trabajo remoto se implementó en Argentina para permitir la continuidad laboral en el contexto de las medidas de aislamiento social que entraron en vigencia en marzo de 2020. A la par que otros países, Argentina debatió en el Congreso una ley para regular esta modalidad.

La Ley 27.555 para regular el teletrabajo en Argentina entró en vigencia el 1 de abril de 2021 y se reglamentó a través del decreto 27/2021. Está en línea con las prácticas regulatorias y recomendaciones internacionales en tanto incorpora discusiones sobre la voluntariedad para la implementación de la modalidad, el derecho a la desconexión y la compensación de gastos. Además, la normativa es de contenidos mínimos y deja a criterio de cada sector o rama de actividad las decisiones sobre cómo bajar la regulación en cada contexto, habilitando una flexibilidad necesaria para una modalidad que abarca un mercado de trabajo heterogéneo donde las posibilidades de adaptarse al teletrabajo son variables.

Sin embargo, la regulación tiene algunas falencias que pueden desincentivar esta modalidad. El derecho a la reversibilidad, por ejemplo, estipula la posibilidad de que la persona trabajadora revoque su consentimiento voluntario en cualquier momento de la relación laboral. Si bien se mencionan “motivos fundados” para que la parte empleadora rechace un pedido de reversibilidad inmediata, sus diferentes interpretaciones pueden dar lugar a fricciones y recurrencia al ámbito judicial. Además, mantiene la noción de la unilateralidad en vez del común acuerdo, lo cual es debatido en la regulación internacional.

La normativa también necesita ser acompañada de una discusión sobre los aspectos de promoción del teletrabajo para aprovechar su potencial en el mercado laboral argentino y que sea beneficioso tanto para la parte empleada como para la parte empleadora. Esto no es trivial dado que, actualmente, el trabajo remoto es potencialmente viable solo para un tercio de los empleos en Argentina, y solo 2 de cada 10 ocupados teletrabajaba antes de la pandemia.

La correcta implementación de sistemas de teletrabajo requiere de un amplio espectro de políticas públicas que promuevan y acompañen la transformación, que exceden al esquema regulatorio y que son viables en la medida que cuenten con la participación activa del sector privado. Una estrategia de política que responda a estos criterios tiene que avanzar sobre tres ejes complementarios: la transformación digital en las empresas y los hogares (adquisición de dispositivos y servicios asociados), la infraestructura digital (conectividad) y la formación de habilidades digitales.

Resta recorrer un largo camino para que la implementación de sistemas de teletrabajo sea beneficioso para todas las personas trabajadoras. El avance de esta modalidad se dirimirá a nivel de ramas sectoriales de actividad y por lo tanto será fundamental el trabajo conjunto entre sindicatos y cámaras para adaptar el entorno regulatorio a las especificidades del sector.

Publicado en julio de 2021

Antes de la pandemia del COVID-19, sólo el 17% de los/as asalariados/as teletrabajaba. Para las mujeres este porcentaje es solo de 14%, mientras que para los varones asciende al 20%. Desde marzo de 2020, con el inicio del aislamiento social y preventivo obligatorio, el teletrabajo fue la manera más efectiva de seguir trabajando y minimizar el riesgo sanitario. Sin embargo, el sistema económico argentino no está en condiciones de trasladar todas las tareas a esta modalidad. Algunos sectores fuertemente rezagados y que han sufrido desproporcionadamente los impactos de la crisis, como las mujeres, personas en trabajos informales, de baja calificación y quienes carecen de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), podrían experimentar pérdidas de ingreso y empleo permanentes si no se destinan políticas suficientes para incorporar el teletrabajo. En otras palabras, de mantenerse el statu quo, hay un alto riesgo de que el teletrabajo exacerbe desigualdades preexistentes en el mercado laboral.

En el caso argentino, el potencial de teletrabajo es significativo: tres de cada diez personas ocupadas podrían trasladar sus tareas a la esfera digital. Existe una brecha de teletrabajo, entendida como la diferencia entre el teletrabajo potencial y el efectivo, de más de 10 puntos porcentuales. Asimismo, hay importantes diferencias de género: mientras el 35% de las mujeres se encuentran en ocupaciones que son potencialmente teletrabajables, dicho porcentaje es de 21% para los varones. En consecuencia, la brecha de teletrabajo es prácticamente nula para los varones, mientras es de 21 puntos porcentuales (pp.) para las mujeres. La brecha de teletrabajo surge como consecuencia de, entre otros factores, las restricciones de infraestructura digital y de capacidades tecnológicas. No obstante, la distribución del potencial de teletrabajo también es desigual: se concentra en el empleo informal, de ingresos medios y altos, de calificación técnica o profesional, de grupos etarios más altos, y en sectores de actividad específicos (enseñanza, actividades profesionales y financieras, entre otros).

El desafío es cerrar las brechas asociadas al teletrabajo teniendo en cuenta dos horizontes temporales: el de la pandemia y el de la transformación digital. Acercar los niveles de teletrabajo al potencial es sumamente deseable en tanto posibilita una continuidad de los ingresos laborales durante la pandemia, es decir, es una herramienta clave para el corto plazo. Pero también para adaptarse a los mercados de trabajo modernos, para lo cual se requiere impulsar la transformación digital en el mediano/largo plazo, tratando de disminuir las desigualdades preexistentes, o por lo menos no ensancharlas.

Aprovechar esta oportunidad requiere de regulaciones y políticas públicas que promuevan y acompañen la transformación. Una buena política debería actuar sobre las desventajas de la modalidad para aprovechar al máximo sus ventajas, y no puede ser universal, sino que debe tener en cuenta las heterogeneidades de cada sector y ocupación.

Una estrategia de política adecuada debe avanzar sobre dos ejes estratégicos y complementarios. El primer eje consiste en el diseño y la implementación de un régimen regulatorio adecuado, que balancee los objetivos de protección de quienes trabajan y la promoción de la modalidad. El segundo eje consiste en un conjunto de políticas de promoción para cerrar la brecha de teletrabajo.

Con respecto al primer eje, a grandes rasgos el marco regulatorio emergente en el caso argentino – la Ley N°27.555 y su reglamentación- cubre los principales temas que hacen a la modalidad de teletrabajo, como la voluntariedad para la implementación de la modalidad, el derecho a la desconexión y la compensación de gastos. La reglamentación de la Ley proveyó cierta flexibilidad, necesaria para una modalidad que abarca un diverso espectro de ocupaciones y ramas de actividad. Si bien el esquema regulatorio argentino está en línea con la legislación internacional, hay algunas diferencias que en la práctica pueden ser de mayor relevancia a la hora de lograr incentivar la modalidad.

El segundo eje para avanzar en la estrategia de promoción de teletrabajo incluye dos aristas: la aceleración de la transformación digital y el desarrollo y la adaptación de habilidades. En este punto hay muchos desafíos y trabajo por hacer: es necesario contar con infraestructura, habilidades y regulaciones adecuadas para poder extender el alcance y la profundidad de la economía digital y de la capacidad de teletrabajo, logrando así encauzar a la economía argentina en un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo.