Estrategia de contención del COVID-19 en el Barrio Padre Carlos Mugica: Evaluación de proceso

Publicado en abril del 2021

La crisis sanitaria y social causada por el COVID-19 puso en primer plano las desigualdades en las condiciones de vida en todo el mundo. En Argentina, esta situación fue especialmente notoria en los barrios informales, en donde las condiciones de vida son más precarias que en la ciudad formal y donde la incidencia del virus demostró una trayectoria distinta a la del resto de la ciudad durante las semanas iniciales de la pandemia en el país (Suaya, 2020).

En el Barrio Padre Carlos Mugica (o Barrio 31), específicamente, la evolución de la pandemia se dio de manera más acelerada que en el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pico de contagios anticipó por meses al del resto de la ciudad y, por este motivo, muchas de las estrategias y los procesos implementados allí fueron ensayados por primera vez y determinaron la estrategia definitiva para el resto de los barrios informales de la ciudad.

Este documento presenta la evaluación de procesos de las acciones implementadas por la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), a cargo del proceso de urbanización del Barrio Mugica, en el marco de la estrategia de contención del COVID- 19 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis de procesos se realiza con foco en cuatro dimensiones: i) el aislamiento preventivo, testeo y seguimiento, ii) el apoyo social y económico, iii) la información sobre cuidados de salud y iv) la coordinación, monitoreo y evaluación. El objetivo de este documento es analizar de manera sistemática, y en el contexto de las mejores prácticas internacionales, cuáles fueron las acciones implementadas en el barrio para la contención de la pandemia y cómo fueron llevadas al cabo.

El operativo sanitario implementado en el barrio, sobre todo a través del dispositivo DetectAr, fue uno de los primeros en implementarse en el país y se realizó de manera consistente con las recomendaciones internacionales. La coordinación entre agencias y niveles de gobierno supuso un desafío importante, que se fue acomodando en la práctica para implementarse, en su mayor parte, de manera coordinada. En cuanto al apoyo social y económico, la Ciudad de Buenos Aires no implementó programas de apoyo a los ingresos nuevos, y enfocó su estrategia en el acompañamiento para el acceso a programas nacionales y en un refuerzo importante de los mecanismos de seguridad alimentaria de la población.

La estrategia de comunicación en el barrio se centró en adaptar la atención a canales remotos, como el whatsapp, un call center y líneas telefónicas particulares, dedicando el personal de otras áreas a la atención directa. Además, se coordinaron los mensajes clave mediante una mesa específica que incluía representación de los referentes barriales para ofrecer claridad y un frente común ante la actualización constante de información en salud.

En cuanto a la última dimensión, el monitoreo y la evaluación de la Secretaría se vio reforzado por la existencia de relevamientos y fuentes de información previas sobre la población. Esto permitió poder segmentar mensajes según público objetivo y poder facilitar tareas de seguimiento de necesidades particulares. La coordinación interna se realizó a través de reuniones de seguimiento entre los referentes de cada eje de la estrategia y la coordinación con otras agencias se realizó en función de los desafíos que surgían en la implementación de tareas en conjunto.

El análisis refleja que la SECISYU se encuentra en una posición única para hacer frente al desafío de la pandemia por al menos tres motivos.

En primer lugar, la Secretaría se dedica exclusivamente a un barrio informal, contando con capacidad instalada para la gestión del barrio. Cuenta con equipo técnico numeroso, con trayectoria y conocimiento del terreno y la población, lo que le permitió tener una mejor comunicación y coordinación con los vecinos. Además de conocer a los actores y dinámicas, la Secretaría también cuenta con numerosos relevamientos de la población del barrio que fueron fundamentales para identificar necesidades particulares de los vecinos e informar el proceso de armado e implementación de la estrategia.

En segundo lugar, la flexibilización de la estructura de trabajo de la Secretaría le permitió a sus autoridades reorganizar al equipo técnico en función de la estrategia definida. De esta forma se observa una reestructuración de casi todos los equipos de trabajo y el armado de nuevas estructuras transversales destinadas a articular las distintas políticas de contención de la pandemia.

En tercer lugar, el Barrio Mugica cuenta con mecanismos institucionalizados de participación de los vecinos, representantes y actores políticos y territoriales que trabajan en el barrio. El Centro de Gestión y Participación permitió viabilizar el diálogo, la coordinación y la rendición de cuentas entre los actores de gobierno y los referentes barriales. La participación de la Secretaría, junto a otros actores de gobierno de la Ciudad como de la Nación, facilitó la llegada a puntos de consensos al interior del barrio. De esta manera, estas instancias fueron críticas para canalizar las demandas y la articulación de esfuerzos entre todos los actores. Esto repercutió en una mejor llegada a los distintos sectores del barrio y una mayor eficiencia en la coordinación de recursos.

Dada la emergencia en la implementación, la escasa evidencia internacional sobre qué políticas funcionaban para contener la crisis y la información cambiante en los primeros días de la pandemia, existen algunas oportunidades de mejora en la implementación de la estrategia, útiles para otras experiencias de emergencia o posibles segundas olas del virus. En particular, sería oportuno crear un centro de gobierno que agrupe a todas las agencias con responsabilidades de ejecución en el Barrio Mugica.

Este centro de gobierno permitiría mejorar la coordinación tanto entre los distintos ministerios como entre las líneas de trabajo de la estrategia, favoreciendo el seguimiento de la cadena de cumplimiento y la ejecución de las políticas implementadas. En la práctica, la SECISYU coordinó con estas agencias y logró viabilizar sus acciones en el territorio, pero la emergencia dificultó el desarrollo de un ámbito de coordinación formal intra-gubernamental, que podría haber eficientizado los procesos y el flujo de información y evitado la duplicación de algunas tareas, como el seguimiento de contactos estrechos.

De este análisis se desprenden tres recomendaciones para enfrentar una futura crisis. En primer lugar, esta experiencia podría servir para sentar las bases que faciliten el proceso de institucionalización de espacios de coordinación entre jurisdicciones y reforzar los espacios de participación de los vecinos, que fueron útiles en esta experiencia. Estos espacios permitirían el establecimiento de metas comunes y un seguimiento formal de las acciones implementadas en contextos de crisis, con el fin de asegurar la cooperación e integralidad en la atención a los vecinos del barrio.

En segundo lugar, es oportuno revisar los planes de contingencia existentes con el fin de clarificar los procesos de asignación de recursos, trabajo y generación y uso de la información.

Por último, es importante invertir en mejorar los sistemas de información y los mecanismos de recolección, procesamiento y uso de información de calidad. La experiencia del Barrio Mugica muestra que estos insumos fueron clave para el diagnóstico e implementación de la estrategia de contención de la pandemia, sin embargo existe muy poca información de igual nivel de calidad para otros barrios y jurisdicciones en el país.

 

30 años del Mercosur: desafíos de una agenda a medida de los tiempos que corren

Publicado en abril del 2021

En el marco del aniversario de los treinta años de MERCOSUR, es fundamental hacer un análisis del pasado para identificar los desafíos actuales, los problemas que resurgen y las posibles soluciones o respuestas a ellos.

La creación de este bloque regional tuvo su origen en los acuerdos liderados por los Presidentes Alfonsín y Sarney a mediados de los años 80 que llevarían posteriormente a la firma del Tratado de Asunción en 1991. Es conveniente distinguir entre los primeros diez años de MERCOSUR y los veinte siguientes. En este primer tercio, se destaca el ímpetu en el desarrollo y planificación de estrategias para asentar el bloque, el cual surge en un momento geopolítico clave: el momento de transición hacia gobiernos democráticos luego de las dictaduras militares.

El MERCOSUR buscaba instalar un mercado común en tres años, lapso en el que deberían implantar el arancel externo común, la eliminación de aranceles y barreras intrazona, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Varios de estas definiciones fundacionales resultaron inalcanzables y debieron acomodarse a metas menos ambiciosas. A pesar de ello, el proceso de integración en esos primeros años tuvo éxito, logrando la multiplicación en volumen y valor del comercio intrazonal y la aceleración del intercambio regional.

El ímpetu de esta fase inicial culminó con la devaluación de Brasil en 1999 y el posterior abandono de Argentina del régimen de convertibilidad. El segundo período del MERCOSUR estuvo marcado por la creciente demanda China y asiática. En ese contexto externo dinámico, el comercio intrazona perdió su peso relativo y las economías reacomodaron su estructura productiva al nuevo impulso de la demanda externa. La negociación comercial del MERCOSUR con terceros mercados hizo escasos progresos. En cambio, otros países – como Chile, Colombia, Perú, México- se sumaban a la multiplicación de acuerdos comerciales preferenciales y reducían sus aranceles en marcos de negociación.

Durante la tercera década del bloque, a partir de 2011, el estancamiento económico de Argentina y Brasil repercutieron sobre la marcha del MERCOSUR. En 2019 circunstancias más favorables en el plano interno y la mayor predisposición de Europa, como contraparte negociadora, permitieron el primer logro de importancia en la agenda externa del MERCOSUR: un acuerdo firmado con la Unión Europea.

En 2021, el MERCOSUR está atravesado por miradas diferentes respecto de la inserción internacional del bloque, en un contexto internacional incierto y donde los países miembro atraviesan una crisis sanitaria y económica extraordinariamente compleja.

El MERCOSUR corre el riesgo de ser visto como una construcción inoperante. Se requiere, por tanto, un diagnóstico compartido acerca de la gravedad de la situación que permita poner en marcha un plan de acción realista capaz de dar respuesta a los desafíos más inmediatos y trabajar a la vez con una mirada puesta en el horizonte post-pandemia.

Oportunidades y desafíos para el desarrollo productivo en el marco de la transición energética argentina

Publicado en marzo del 2021

El sector energético argentino representa más de 6% del PBI del país y ofrece una oportunidad de desarrollo económico y social. Aprovechar los importantes recursos energéticos con los que cuenta Argentina favorecería la disponibilidad de energía de forma abundante y diversa, a precios competitivos y compatibles con los compromisos asumidos sobre el cambio climático, además de potenciar el desarrollo sostenible.

En un escenario óptimo, una matriz energética con alto impacto en las capacidades industriales promovería tecnologías escalables (que le dan continuidad y demanda sostenida a la industria), favoreciendo el desarrollo de diversas capacidades productivas– a través de la fabricación nacional de componentes sobre la base de los recursos existentes y el desarrollo de servicios del conocimiento asociados a la energía – y generando potencial escala y competitividad suficiente para desarrollar la inserción internacional de la cadena de valor.

Pasar de la oportunidad a la realidad requiere superar importantes desafíos con relación al crecimiento del sector, incluyendo el desarrollo de cadenas de valor locales de alta complejidad, algo que constituye un eje clave de la sostenibilidad del proceso de inversión en el sector. Proyectar los efectos de la inversión en energía eólica, hidroeléctrica, nuclear y térmica sobre la actividad económica, el empleo y su integración a la industria nacional echan luz sobre el potencial y las debilidades de cada una. ¿Cuánto cuesta sumarle 1000 megavatios de potencia con cada tecnología sobre el estado actual del sistema productivo argentino? ¿Qué impacto tiene sobre la
actividad, el empleo y que partes de esa tecnología pueden proveerse localmente?

Este documento plantea oportunidades y desafíos en torno al desarrollo productivo sobre escenarios de la matriz eléctrica prospectiva a 2030 y 2050, que podrían generar más de 297 mil empleos totales -139 mil en la industria argentina y 158 mil en la construcción- y 68 mil millones de dólares de actividad sobre la base de encadenamientos productivos locales, en base a una mirada integral sobre las tecnologías de generación y su impacto en el desarrollo industrial y el empleo.

El trabajo realizado no parece plantear demasiados dilemas en torno a qué tecnologías promover, en virtud de que no surgen indicadores contrapuestos entre competitividad y empleo: desde el punto de vista prospectivo la energía térmica y la eólica apuntan a ser las tecnologías para consolidarse como alternativas escalables, competitivas en precio y atractivas por su impacto en la generación de actividad local y empleo, como se analiza en este otro documento.  La importancia futura de esos niveles de inversión para la generación eólica y térmica y, en especial, el arrastre asociado a la utilización del gas no convencional puede generar un impacto significativo a alcanzar para la industria local en las próxima décadas, con efectos adicionales sobre el desarrollo de un núcleo de capacidades productivas y tecnológicas construidas previamente para la tecnología nuclear e hidroeléctrica.

De la crisis a la oportunidad energética: escenarios y condiciones para ampliar la oferta a 2050

Publicado en marzo del 2021

La disponibilidad de energía de forma abundante, a precios competitivos y en el marco de los compromisos asumidos sobre el cambio climático es fundamental para garantizar el desarrollo sostenido de la Argentina. Pero salvo contadas oportunidades, el país lleva décadas retenido en una trampa de crecimiento interrumpido. En distintas ocasiones la falta de recursos energéticos ha sido un determinante no menor de esta situación.

El presente trabajo es un aporte a la discusión sobre el futuro de la matriz energética de la Argentina con foco principal en la incertidumbre sobre su evolución y cómo interactúan ciertas decisiones en su desenvolvimiento. En primer lugar, se analiza cómo se llegó a la crisis de abastecimiento, que significó cantidades crecientes de importaciones, las teorías esgrimidas en la literatura especializada sobre los determinantes de la oferta local, la respuesta de la política pública y por qué fue inefectiva por mucho tiempo.

El sector energético se encuentra estancado desde hace 20 años, con un magro aporte al desarrollo económico. Esta situación, que en cualquier otro sector hubiera significado una crisis de oferta, se pudo sortear sin que el consumo interno útil de energía se resintiera. La contrapartida fue la disminución de las exportaciones, al contraerse entre el 2000 y el 2019 el 70,3%.

La Argentina se quedó sin energía. Ante la inefectividad de las medidas adoptadas, el recurso último fueron importaciones crecientes en el momento que se observaban los máximos precios en el mercado internacional. La oferta interna aumentó, aunque tan solo 4,2% entre el 2000 y el 2019. En el mismo lapso la producción local se redujo 3,9%.

Hacer todo, ahora, no importa el costo. Esta fue la última respuesta que tuvo cierta continuidad. Pero las políticas que pudieron ser útiles en un escenario de escasez no necesariamente lo son cuando se proyecta una abundancia de recursos. En la segunda parte del trabajo se simula la matriz energética a 2050, analizando las interacciones entre los distintos energéticos y su lugar en la futura matriz. El crecimiento del consumo interno resulta limitado para las oportunidades del sector. La posibilidad de retomar la senda exportadora, no solo de hidrocarburos, sino indirectamente de nuestros recursos renovables a través de la electricidad, tiene alta probabilidad de éxito si existen las políticas adecuadas.

¿Se puede volver a tener un saldo superavitario de la balanza comercial? Esa es la pregunta que debe contestar la política energética. Sin este objetivo, el crecimiento del  mercado interno es insuficiente para realizar las oportunidades del sector.

Índice de transparencia presupuestaria provincial. Edición 2020

Publicado en marzo del 2021

La transparencia presupuestaria de las provincias registró una desmejora en 2020 según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por CIPPEC, que evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. 

En 2020 el promedio de las 24 provincias disminuyó de 7,8 en 2019 a 7,2 en 2020, la puntuación más baja desde 2017. Doce provincias retrocedieron en su puntaje. Esta disminución estuvo asociada a la menor publicación de documentos clave, como presupuestos plurianuales, ejecuciones de gastos, cuentas de inversión y apertura de tributos recaudados, y a un mayor rezago en la publicación de datos de ejecución presupuestaria, recaudación impositiva, endeudamiento y transferencia a municipios.

En cuatro provincias la disminución es marcada: Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En la provincia de Buenos Aires reside alrededor del 40% de los habitantes del país y, sumado a Corrientes y Santiago del Estero, se acercan a la mitad de la población total, por lo cual esta disminución en los niveles de transparencia activa afecta a una gran porción de la ciudadanía. Por otra parte, Jujuy y La Rioja fueron las que más mejoraron su puntaje, y Santa Fe y Entre Ríos lograron los 10 puntos totales del índice. 

Puntaje del ITPP por provincia (2020 y 2019)

Fuente: elaboración propia.
Notas: Corrientes y Chaco sancionaron normativas internas (resoluciones o decretos) que habilitaban la prórroga de rendición de gastos. Ver nota al pie en página 9.

El estudio atribuye este descenso en el índice a dos particularidades del 2020. En 2019 varias jurisdicciones cambiaron de gobierno (de partido y/o de dirigentes), por lo cual el 2020 pudo haber sido un año de adaptación para gobiernos que habían comenzado su administración pocos días antes del inicio del año. En efecto, 7 de las 11 provincias que cambiaron sus gobernaciones tuvieron una caída en el desempeño de su puntuación (64%). Mientras tanto, 4 de las 13 provincias que mantuvieron sus gobernaciones (38%) tuvieron un menor puntaje que en 2019. “Esto pone de manifiesto la importancia de contar con una burocracia profesional y estabilidad en los mandos medios en los distintos gobiernos, incluso ante cambios de gestión”, dice Juan Pablo Niño.

Por otro lado, la pandemia cambió las prioridades de política pública y los recursos con que los gobiernos cuentan para gestionar. Esto podría ayudar a entender la desatención a ciertas áreas regulares de la administración o la limitación que imponen las capacidades estatales para gestionar la emergencia y la normalidad en simultáneo. “Sería razonable suponer que la calidad de la gestión estatal provincial se viese afectada por la pandemia, pero no alcanza para ser una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, la situación excepcional requiere incluso mayores niveles de rendición de cuentas”, señala Santiago Lacroix Eussler.

El presupuesto público es una herramienta fundamental para definir y ejecutar los planes de gobierno. Desde 2010, y desde 2013 de forma ininterrumpida, el ITPP evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10. Desde 2014 el ITPP mostró una continua tendencia de mejora en la transparencia fiscal provincial, junto con un sostenido descenso en la dispersión de los resultados provinciales.