Elecciones 2021 en Argentina. Los desafíos de la desinformación a la integridad democrática

Publicado en febrero del 2021

La propagación deliberada de información falsa con el objetivo de dañar a un adversario es una actividad que ha acompañado desde siempre las disputas políticas. No obstante, la aparición de internet y la expansión de las redes sociales como principal canal de difusión y consumo de noticias, la aceleración de su difusión y la globalidad de su alcance, suponen un cambio en la naturaleza y dimensión del problema conocido como “desinformación”.

El fenómeno de las fake news, es decir, operaciones deliberadas y orquestadas de desinformación con el objetivo de manipular la opinión pública puede tener efectos profundos sobre las democracias: afecta la integridad del debate público, contribuye a la polarización, erosiona la confianza en las instituciones democráticas, y afecta así la equidad en la competencia política y el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

Casos como la elección de Trump en Estados Unidos en 2016 y la de Bolsonaro en Brasil en 2018 alertan sobre la seriedad del tema debido a su impacto sobre el debate público y la confianza en los procesos electorales. En la Argentina, los informes de la Cámara Nacional Electoral desde 2017 señalan la actividad de trolls y cuentas falsas de redes sociales en el contexto pre-electoral. Durante la elección presidencial de 2019 se identificaron contenidos falsos que incluían tanto ataques a los adversarios en forma directa como también contra las instituciones electorales, con denuncias de fraude electoral.

Las operaciones de desinformación exitosas son fenómenos organizados, sobre los cuales gobiernos y líderes políticos tienen un rol protagónico. Independientemente del origen de la noticia, una campaña de desinformación requiere de una decisión política además de capacidades económicas, logísticas y tecnológicas que exceden las de un individuo aislado. Sin embargo, como todo fenómeno de acción colectiva, para prosperar, así como para poder combatirlo, requiere el involucramiento de otros actores, incluidos plataformas de internet, medios, y la sociedad civil en general.

Es por esto que en los últimos años se implementaron en Argentina acciones que involucraron a múltiples actores para combatir el fenómeno de la desinformación, y preservar la integridad de la democracia argentina. La firma durante la campaña del 2019 de un Compromiso Ético Digital entre la Justicia Electoral, las principales plataformas de internet y los partidos políticos para priorizar la difusión de información electoral oficial es un ejemplo de ello.

Continuar y profundizar estas acciones en el futuro es fundamental y cada uno de los actores clave en la propagación de la desinformación -partidos y candidatos, compañías de redes sociales y plataformas digitales, decisores, autoridades electorales, verificadores, medios de comunicación y sociedad civil- pueden realizar acciones concretas para mitigarla y prevenirla.

Con miras al proceso electoral 2021 y con ánimos de minimizar la influencia de noticias falsas, se podría favorecer el desarrollo de programas de educación digital que promuevan el uso responsable de internet, así como también el consumo y la difusión de información electoral confiable, proveniente de fuentes oficiales o verificada. Las alianzas entre múltiples actores y la institucionalización de compromisos con el objetivo de combatir la desinformación de forma colectiva son otros elementos que pueden contribuir a promover una mayor equidad en la competencia política y garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

Resulta crucial que cualquier acción que se tome para abordar el problema de la desinformación garantice la libertad de expresión, la transparencia y la neutralidad de las decisiones tomadas, con el objetivo de preservar la integridad de los procesos democráticos, privilegiando el voto informado y asegurando la equidad en la competencia.

TELLme (Training for Education, Learning and Leadership towards a new MEtropolitan Discipline)

En los últimos años, la urbanización sostenida ha propiciado la aparición de un nuevo fenómeno territorial: las áreas metropolitanas. Las nuevas dinámicas y desafíos sociales, económicos y ambientales que estos territorios plantean a la humanidad cuestionan los conocimientos establecidos en torno a la gestión de los espacios urbanos, y demandan nuevas herramientas y formación con un enfoque multidisciplinario. En este contexto, el proyecto “TELLme (Training for Education, Learning and Leadership towards a new MEtropolitan Discipline)” constituye un esfuerzo por cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en las grandes áreas metropolitanas del mundo.

Con el objetivo de promover una disciplina que aborde los problemas de las regiones metropolitanas, el propósito de TELLme es crear una comunidad de profesionales urbanos enfocados en temas metropolitanos. Su objetivo es fortalecer el capital social, principalmente a través de una red de expertos y el aprendizaje entre pares, así como generar nuevo conocimiento colectivo y una base global para una disciplina que verá su apogeo en el futuro cercano.

Como parte del proyecto TELLme, CIPPEC ha liderado el desarrollo de un libro inaugural. El principal objetivo de este trabajo es establecer, a nivel global, la importancia de abordar de manera integral los desafíos que enfrentan las grandes aglomeraciones urbanas. El libro sienta las bases de una nueva disciplina que hasta ahora no ha consistido en un conjunto definido de reglas y conceptos. También constituye marcos lógicos y escenarios que ayudan a comprender la complejidad de la metrópolis. Está dirigido a instituciones académicas, partes interesadas metropolitanas, funcionarios públicos y cualquier persona que esté interesada en comprender los fenómenos metropolitanos, así como a quienes están creando instituciones metropolitanas.

La nueva disciplina solo evolucionará si las instituciones académicas y otros actores interesados ​​participan en el debate metropolitano. Esto es una contribución valiosa y completa que nos invita a estar mejor preparados para abordar la complejidad de la planificación, el desarrollo y la gobernanza metropolitanos.

Mapa de la educación inicial en Argentina

El Mapa de la educación inicial en Argentina: Puntos de partida de una agenda de equidad para la primera infancia fue impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) con el propósito de construir un mapa preciso y completo de la educación inicial como punto de partida para desarrollar una agenda de políticas integrales de mayor alcance y calidad.

El Mapa de la educación inicial en Argentina se monta sobre un triángulo analítico conformado por el análisis de la oferta, la regulación y los docentes de nivel inicial.  Este libro presenta los resultados del primer diagnóstico federal de la educación inicial en la Argentina en relación con estas tres dimensiones. Para ello, el material incluye el relevamiento, sistematización y análisis de información estadística y documental de las 24 jurisdicciones. Asimismo, el material incorpora el análisis inédito de una aproximación cualitativa y exploratoria a cuatro jurisdicciones del país. Este abordaje inaugural de la educación inicial en el territorio arrojó luz sobre los distintos escenarios provinciales en los que se configura el nivel inicial.

El libro se organiza en cinco capítulos:
  • El Capítulo 1 repasa los principales hitos de la educación infantil en la Argentina, desde los años de consolidación del sistema educativo en el último tercio del siglo XIX. El objetivo de ese capítulo es identificar las huellas que la historia ha dejado en la configuración actual del mapa de la educación inicial.
  • El Capítulo 2 presenta una radiografía de la oferta de educación inicial en el país. A partir de las fuentes de información disponibles, se examina la cobertura del nivel inicial, y la distribución y formatos de la oferta a lo largo del territorio.
  • El Capítulo 3 reconstruye el mapa del nivel desde la regulación, a través de una mirada que incluye tanto la normativa como el currículum nacional y los de las 24 provincias.
  • El Capítulo 4 se enfoca en el mapa de la oferta y el currículum de la formación docente inicial y continua, y en la conformación de los equipos docentes mediante un análisis de la distribución de cargos en las escuelas de nivel inicial.
  • El Capítulo 5 ofrece un panorama la educación inicial en los distintos escenarios provinciales mediante los resultados del estudio de casos cualitativo-exploratorio.
  • Finalmente, se arrojan una serie de conclusiones sobre los principales desafíos en la agenda de la educación inicial en la Argentina.

El futuro de todos los niños y las niñas se juega hoy. Desde UNICEF Argentina y CIPPEC, confiamos en que el mapa que se consolida en este libro representará un insumo crítico para aportar al trabajo de los diversos tomadores de decisiones, con el fin de promover una sociedad más justa, con más y mejores oportunidades para todos los niños y niñas en la Argentina.

El enfoque de género en la respuesta a la pandemia. Un análisis de estrategias subnacionales para abordar la emergencia

Publicado en diciembre de 2020

La crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 tuvo un fuerte impacto socioeconómico sobre los hogares y visibilizó las profundas desigualdades en nuestro país. Una de las poblaciones más afectadas fueron las mujeres. Previo a la pandemia, las mujeres ya registraban una menor participación laboral y en peores condiciones, y una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los varones.

Las particularidades que trae aparejadas la crisis de COVID-19 acentuaron estas brechas de género: la participación laboral femenina declinó al 45% y en dos tercios de los hogares que incrementaron su carga de trabajo doméstico las mujeres fueron sus responsables principales o exclusivas. Estas consecuencias podrían tener efectos que posiblemente perduren más allá de la emergencia.

Estos impactos no fueron equivalentes en todas las jurisdicciones de Argentina, producto de una incidencia variable del virus y de líneas de partida diferentes en torno a las brechas de género. Así, surgen desafíos diversos en el territorio que requieren acciones específicas y ajustadas a cada realidad.
En este marco, cobra relevancia el rol de los gobiernos subnacionales en plantear estrategias integrales de respuesta a la pandemia y de reactivación económica desde una perspectiva de género con un enfoque interseccional. Transversalizar la perspectiva de género en el Estado consiste en realizar esfuerzos de manera sistémica para que la elaboración y ejecución de políticas en todas las áreas de gobierno apunten a disminuir las brechas de género. Es, en otras palabras, una herramienta de los Estados para garantizar la igualdad de trato, de no discriminación y de oportunidades en la población. Esto implica tanto adaptar las políticas públicas existentes desde una mirada de género como también identificar vacíos de política que requieran nuevas intervenciones.

Para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas en respuesta a la pandemia, los gobiernos locales pueden beneficiarse de avanzar en tres acciones clave: la disponibilidad de datos de calidad, la definición de una oferta programática basada en un diagnóstico preciso y una estrategia bifaz de abordaje integral. Estos lineamientos que ofrece la literatura en torno al diseño de estrategias integrales de política pública y las experiencias de gobiernos jurisdiccionales alrededor del mundo apuntan a un abordaje de la pandemia desde un enfoque de género interseccional que garantice el cumplimiento de derechos

El mercado laboral en Argentina: estructura, impacto del COVID-19 y lecciones para el futuro

Publicado en enero del 2021

Los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento, según revela un estudio realizado por CIPPEC.

Para el tercer trimestre del año, últimos datos oficiales disponibles, los varones hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal cayó 30%. 

Variación interanual del empleo por sexo, edad y categoría ocupacional (segundo y tercer trimestre 2019-2020)

 

Fuente: CIPPEC en base a EPH-INDEC.

Estos datos forman parte del documento que analiza la estructura del mercado laboral argentino, el impacto del freno a la actividad económica durante 2020, y propone lineamientos para fomentar el empleo en contexto de crisis económica y sanitaria.

“Argentina tiene problemas estructurales en su mercado de trabajo, con gran heterogeneidad por sector, tipo de inserción laboral y población. Sobre esta estructura es que debemos evaluar el efecto del COVID-19”, plantea Manuel Mera.

El trabajo desgrana el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento y distancia social en el mercado laboral. Así, muestra que la caída interanual (a octubre de 2020) fue de 241.200 puestos de trabajo, de los cuales 243.500 fueron asalariados. Al focalizar en los puestos que se perdieron por la pandemia, usando datos desestacionalizados, la caída total del empleo formal fue de 187.100 puestos de trabajo entre febrero y octubre, la mayor parte de los cuales (185.200) se dio en los asalariados registrados. 

“Dos cuestiones se destacan de estos números. Por un lado, que el aumento en la caída del empleo no se debe a un aumento en las desvinculaciones, sino a una caída histórica en las incorporaciones. Hay que tener en cuenta que rige en la actualidad una prohibición de los despidos y doble indemnización. La implicancia que tiene esto es que el mercado laboral formal está parado, y esa falta de dinamismo deriva en una lenta pero constante caída del empleo. En segundo lugar, las barreras a las desvinculaciones de trabajadores formales derivaron en la utilización de mecanismos alternativos a la desvinculación. Los datos muestran un aumento significativo en la tasa de suspensiones que llegó a 8,84 en mayo y bajó hasta 3,85 en noviembre ”, detalla el trabajo. 


Tasa de empleo y suspensiones en empresas de más de 10 trabajadores. Total aglomerados (abril 2019-noviembre 2020)

Fuente: CIPPEC en base a EIL-MTEySS

El documento analiza también las variaciones en el número de empleadores según tamaño. En el período marzo – junio de 2020, el número de empleadores bajó cerca de 15.000 (-3%) para el mes de junio 2020. La concentración de la caída interanual se dio en mayor medida entre las microempresas (74.5% del total de bajas), empresas de hasta 10 trabajadores (9,7%), empresas entre 11 y 50 trabajadores (10.3%) y empresas de más de 50 trabajadores (5.5%).

“Los datos de situación de la producción y del mercado laboral a inicios de 2020 y la profundización de la crisis generada por el COVID-19 muestran un escenario social y económico preocupante. La caída del empleo y la actividad, especialmente del mundo informal, deriva en una recesión económica y un aumento de la pobreza. Frente a este panorama, es necesario pensar una batería de acciones para favorecer una recuperación”, sostiene el documento.

Entre las acciones posibles se encuentran los mecanismos de sostenimiento y promoción del mercado laboral, como subsidios salariales, el seguro por desempleo y la reducción acordada de horas trabajadas para los formales, así como transferencias condicionadas para desempleados e informales. Otras son programas de empleo público, subsidios a la contratación y servicios públicos de empleo. Por otro lado, el aparente fin de los programas IFE y ATP implican la necesidad de  “reorientar el gasto extraordinario hacia políticas de reactivación sin dejar desprotegidos a sectores de la población que tardarán en recuperar su situación de pre pandemia. El país tiene un amplio número de programas laborales y sociales, y deberá ser a través de ellos que se continúe con la contención de los afectados y la promoción de la vuelta a la actividad de los desocupados”, sostiene Mera.