8M: la autonomía económica de las mujeres va más allá del mercado laboral

Las cuestiones de género inundan cada ámbito de la vida cotidiana: se conversan en familia, se escuchan en los medios, se ven en las calles. Gracias a los movimientos feministas, en las últimas décadas, los avances en Argentina han sido palpables. Las mujeres lograron ocupar espacios impensados tiempo atrás, conquistando derechos y visibilizando una nueva norma. Día a día, se ponen en tela de juicio acciones y conductas que durante mucho tiempo estuvieron naturalizadas, desde el lenguaje que utilizamos hasta las dinámicas que se dan al interior de nuestros hogares, pasando por el rol de los distintos géneros en la vida pública.

Los últimos cinco años registraron un auge de la agenda de género en nuestro país, con el surgimiento de Ni una menos y los reclamos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este fenómeno se dio en consonancia con una tendencia a nivel global por visibilizar las injusticias y la violencia que viven las mujeres a diario. Sin embargo, los desafíos aún son sustanciales: en muchos espacios de la vida, las mujeres aún no alcanzan su pleno potencial.

Garantizar los derechos de las mujeres exige avanzar en el goce de sus tres autonomías: económica, física y en la toma de decisiones. El 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos interpela particularmente sobre la primera y nos exige la necesidad de actuar para garantizar los derechos de las mujeres.

El trabajo decente y la corresponsabilidad en el cuidado como condiciones necesarias para la autonomía económica

La autonomía económica es comprendida como las posibilidades de las personas de generar y hacer uso de recursos, de disponer libremente de su tiempo, de alcanzar su pleno desarrollo y de participar activamente de la vida pública (CEPAL, 2016). Las mujeres enfrentan mayores déficits en su ejercicio. Por esta razón, garantizar la libertad de las mujeres para participar de manera plena en el mercado de trabajo, si así lo desean, se convierte en un factor crítico para promover el goce de sus derechos económicos.

Pese a este imperativo, la brecha de género persiste: solo el 62% de las mujeres en edad de trabajar participan del mercado laboral, en comparación al 81% de los varones (INDEC, 2018). La diferencia en la tasa de actividad entre los géneros es aún más amplia al observar la situación de algunos grupos en particular. En los sectores de mayor nivel socioeconómico, por ejemplo, las mujeres participan casi a la par que los varones; sin embargo, en los sectores de menores ingresos la brecha asciende a 28 puntos porcentuales.

Tasa de actividad, por sexo y decil de ingresos per cápita familiar de la población de 16 a 59 años. Aglomerados urbanos. 2018.

Fuente: CIPPEC en base a INDEC (EPH).

Los contrastes también son evidentes al examinar la situación de los jefes de hogar y cónyuges de acuerdo a la tenencia de hijos/as. La presencia de niñas/os en el hogar está asociada con un aumento en la participación de los varones en el mercado de trabajo y con una caída de la actividad de las mujeres, que se profundiza a medida que aumenta la cantidad de niñas/os en la familia.

Tasa de actividad de jefes y cónyuges de 16 a 59 años, por sexo y tenencia y cantidad de hijas/os. Aglomerados urbanos. 2018.

Nota: a partir de 4 hijas/os, las diferencias de la tasa de actividad no resultan estadísticamente significativas respecto de la cantidad de hijas/os ni entre géneros.
Fuente: CIPPEC en base a INDEC (EPH).

Estas dificultades que enfrentan las mujeres no se restringen únicamente al ingreso al mercado de trabajo, sino que también se evidencian una vez que están insertas en el mundo laboral. La tasa de empleo se encuentra en 55% para las mujeres y en 75% para los varones, diferencial que se incrementa para los sectores de menos recursos o para las personas con hijas/os. Las barreras para acceder al trabajo decente también se manifiestan en el desempleo y la informalidad, fenómenos que afectan en mayor medida a las mujeres que a los varones.

Asimismo, las mujeres registran mayores intermitencias en su trayectoria laboral: si bien la mayoría de los varones y de las mujeres ocupadas tienden a permanecer en el mismo puesto al cabo de un año y medio, para las mujeres es mucho más frecuente retirarse del mercado de trabajo laboral (14%) en comparación a los varones (4%). En este caso, la brecha también es mayor en los sectores de menores ingresos y entre mujeres y varones que tienen hijas/os menores de 6 años.

Transiciones desde la ocupación, varones y mujeres de 16 a 59 años. Aglomerados urbanos. 2004-2018.

Fuente: CIPPEC en base a INDEC (EPH)

Uno de los principales factores que explica estas tendencias es la doble carga laboral que enfrentan las mujeres por ser las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Además de participar en el mercado laboral, recae sobre ellas la mayor parte del trabajo al interior de los hogares, que implica tareas como preparar la comida, hacer las compras, limpiar la casa o cuidar a otras personas. El 96% de las mujeres trabaja de forma no remunerada y lo hacen por el doble de horas semanales que los varones: 18,3h vs. 9,2h (CIPPEC en base a ENES[2], 2015). Ellas son, además, el 81% de quienes se declaran los o las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus hogares.

El tiempo dedicado al trabajo no remunerado compite con el tiempo que las mujeres tienen disponible para dedicar al ocio, al cuidado personal o a oportunidades educativas y laborales. Por eso, la participación en tareas no remuneradas se correlaciona negativamente con la participación laboral: entre quienes están en la inactividad por dedicarse al trabajo en el hogar, el 97% son mujeres (CIPPEC en base a ENES, 2015). Estas dinámicas dan cuenta de que, en muchos casos, la organización social del cuidado – familiarizada y, al interior de los hogares, feminizada –interactúa con las posibilidades de las mujeres de elegir libremente qué hacer con su tiempo y cómo. Así, cuando deciden participar del mercado laboral, muchas veces logran hacerlo en condiciones subóptimas que están lejos de ser modalidades de trabajo empoderantes.

Una inserción laboral de las mujeres que avance su autonomía económica debe ser producto de decisiones libres y en condiciones decentes. Para este fin, se requiere una nueva redistribución social del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que involucre tanto a los varones al interior de los hogares como al Estado desde las políticas públicas. Caso contrario, las modalidades de trabajo precarizadas, tanto en el mercado laboral como en los hogares, solo perpetúan las desigualdades existentes.

Los hogares más vulnerables están encabezados por mujeres que cuidan solas

Si bien estas dinámicas operan para prácticamente la totalidad de las mujeres, son especialmente críticas en hogares con carga de cuidados y para aquellas mujeres en contextos más vulnerables, donde es, a su vez, mucho más probable que ellas sean el principal sostén económico del hogar (PSH)[1]. Del total de hogares argentinos, el 36% tiene una mujer como PSH, pero existen fuertes heterogeneidades: en el 10% más rico de la población, solo 1 de cada 4 hogares tiene una mujer como PSH; en cambio, en el 10% de ingresos más bajos, ellas encabezan el 55% de los hogares.

Género del principal sostén económico del hogar (PSH), por decil de ingresos. Aglomerados urbanos. 2015.

Fuente: CIPPEC en base a ENES (2015)

Este dato resulta llamativo: en los sectores más pobres, donde la participación laboral de las mujeres es más baja, ellas son con mayor frecuencia quienes realizan el mayor aporte de recursos al hogar. En cambio, en los hogares más ricos, la brecha en la participación entre varones y mujeres es casi nula pero sí existe una diferencia de ingresos que favorece en mayor medida a los varones. Así, se evidencian las diversas desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en los distintos niveles socioeconómicos.

Por otro lado, además de concentrarse en el segmento de menores ingresos, la composición de los hogares encabezados por mujeres es muy diferente a aquellos encabezados por varones. Mientras que siete de cada diez hogares con PSH varón están compuestos por una pareja, con o sin hijos/as, entre los hogares encabezados por mujeres la participación de estos hogares “tradicionales” cae drásticamente. Cuando el PSH es mujer, pasan a tener mucha mayor preponderancia los formatos unipersonales y los hogares monomarentales, tanto aquellos compuestos únicamente por madre e hijos/as (28%), como aquellos en los que también convive algún miembro/a de la familia extendida (12%). Este fenómeno encuentra dos posibles explicaciones. Por un lado, el elevado porcentaje de hogares unipersonales encabezados por mujeres incluye una gran proporción de hogares de ingresos relativamente altos donde viven mujeres mayores. Por el otro, el 40% de los hogares monomarentales constituyen el grueso de los hogares de menores ingresos donde las mujeres son PSH, que se observan en el gráfico anterior.

Composición de los hogares según género del PSH. Aglomerados urbanos. 2015.

Fuente: CIPPEC en base a ENES (2015)

Este subconjunto de hogares monomarentales concentra a algunas de las familias que viven situaciones más críticas de pobreza, exclusión y vulneración de derechos en Argentina, especialmente de las mujeres y las/os niñas/os. Son, también, los hogares donde más seriamente se manifiesta la tensión que implica conciliar la generación de ingresos y el trabajo reproductivo, ante los déficits en la oferta de políticas de cuidados adecuadas. De la totalidad de hogares con hijos/as encabezados por mujeres que declararon enfrentar dificultades para conciliar el cuidado[3] de esas niñas y niños, casi tres de cada cuatro son hogares monomarentales, con o sin familia extendida. En cambio, cuando el principal sostén económico es un varón, la inmensa mayoría de hogares con dificultades para conciliar el cuidado tienen a ambos progenitores.

Composición de los hogares con niños/as de 0 a 4 años que tienen dificultades para conciliar su cuidado, según género del PSH. Aglomerados urbanos. 2015.

Fuente: CIPPEC en base a ENES (2015)

Estas cifras revelan que el descenso de la proporción de los hogares tradicionales “mamá, papá e hijas/os” en Argentina en los últimos 30 años no converge por clase ni por género. Mientras entre las familias de mayores ingresos todavía es más frecuente encontrar hogares de este tipo encabezados por varones, al igual que hogares unipersonales compuestos por una sola persona mayor, en el caso de las familias más vulnerables el hogar promedio es muy diferente. Está encabezado por una mujer, que se enfrenta mayoritariamente sola a la doble carga de la generación de ingresos y del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que pone en jaque sus derechos y autonomía.

La urgencia de apostar a un sistema integral y federal de cuidados

Las mujeres enfrentan déficits en su autonomía económica al no poder decidir libremente cómo usar su tiempo, generar ingresos y disponer de ellos en igualdad de condiciones que los varones. La situación es más acuciante para las mujeres más vulnerables, que suelen estar sobrerrepresentadas en los hogares monomarentales y se ven en la enorme tarea de gestionar la doble jornada: el trabajo remunerado (a menudo precario y con remuneración baja) y el no remunerado, que debe realizarse y gestionarse con la insuficiencia de recursos derivada de la pobreza.

Para promover la autonomía económica de las mujeres, el Estado debe tener un rol protagónico en garantizar el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas a través de la consolidación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados. Para hacerlo, es preciso reformar políticas existentes e implementar iniciativas nuevas, dando cuenta de la situación actual de los hogares argentinos, especialmente a la luz de los obstáculos diferenciales que enfrentan aquellos más vulnerables y liderados por mujeres. Las iniciativas aisladas en términos de sectores y niveles de gobierno no alcanzan para dar respuesta a la realidad acuciante de derechos vulnerados en el presente y de responsabilidades de cuidado invisibilizadas, familiarizadas y feminizadas.

Con el fin de avanzar en este sentido, la implementación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados debe reconocer, redistribuir, reducir, representar y recompensar al trabajo de cuidado.

Reconocerlo mediante la realización de encuestas de uso del tiempo, el diseño de sistemas de información adecuados que permitan desagregaciones por género y el cómputo del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales y como aporte de las personas a la seguridad social.

Redistribuirlo a través de políticas que promuevan una asignación más justa del trabajo de cuidados entre los miembros (especialmente, de distintos géneros) al interior de los hogares. La reforma del régimen de licencias parentales para dotarlo de universalidad (que el derecho deje de depender del tipo de inserción laboral del progenitor/a), coparentalidad (con un componente más extenso de días para el progenitor no gestante) y flexibilidad para los distintos formatos de familia e incluyendo los casos de adopción.

Reducirlo en términos del tiempo y dinero que demanda a las familias. Esta necesidad es primordial para los hogares más vulnerables, que cuentan con menores recursos para afrontar el cuidado. En este sentido, la universalización y el fortalecimiento de las transferencias de ingreso a las familias con niñas/os es clave para garantizar un ingreso mínimo a las familias con responsabilidades de cuidado y contribuir a reducir la pobreza infantil. Además, urge ampliar la cobertura de espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) de calidad dirigidos a la infancia, lo que tiene efectos comprobados tanto sobre el goce de derechos de las niñas/os como de la autonomía económica de las mujeres. La ampliación de la oferta de espacios CEC contribuye, además, a la generación de empleo y dinamización de la economía, mientras que gran parte de la inversión inicial es rápidamente recuperada por el Estado a través de los impuestos.

Finalmente, representarlo y recompensarlo adecuadamente, a través de la garantía de trabajo decente para todas/os las/os trabajadoras/es del cuidado. La inmensa mayoría de las trabajadoras son mujeres, frecuentemente desempeñándose en la informalidad y expuestas a relaciones de explotación. A través del fortalecimiento de su sindicalización, acceso a formación, esquemas de certificación de competencias y asistencia legal, acompañamiento y protección para el caso de las/os trabajadoras/es migrantes, se contribuirá al doble objetivo de garantizar el derecho al trabajo de cuidados decente y también se contribuirá a mejorar las condiciones en que el cuidado pueda proveerse.

Las políticas de mercado de trabajo y de protección social también son críticas y complementarias para garantizar el acceso al trabajo decente para todas las personas, y en particular para las mujeres. Esto resalta la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y jerarquiza la importancia de realizar acciones específicas, como fortalecer los mecanismos para la formalización laboral, brindar apoyo a las mujeres que generan ingresos de manera independiente en contextos vulnerables y eliminar las restricciones legales para la participación laboral de las mujeres. Con el fin de garantizar ingresos, es también crucial garantizar el acceso a transferencias monetarias para protección social, que contemplen a las familias con niños/as, a las personas desempleadas y a las personas mayores, entre otras poblaciones de mayor vulnerabilidad.

Estas medidas, además de contribuir a una mayor igualdad de género y a una distribución más justa de las tareas de cuidado, tienen el potencial de reducir la pobreza -especialmente, su infantilización- y la desigualdad, y de contribuir muy concretamente a la reactivación de la economía, especialmente en contextos de crisis.

Garantizar la autonomía económica de las mujeres nos acerca un poco más a una sociedad justa e igualitaria, en donde el género no condicione el acceso a los derechos de las personas. Además, la evidencia es contundente en demostrar los retornos económicos de cerrar las brechas de género en el mercado de trabajo. Por lo tanto, no hay excusas que valgan para no avanzar en políticas de igualdad.

El 8M nos pone sobre la mesa los avances, pero también ilumina los reclamos, las reivindicaciones y las muchas deudas pendientes. Actuemos para lograr que los próximos años esta fecha sea solo motivo de celebración por los derechos adquiridos de las mujeres.

[1] La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) fue realizada por el Programa de  Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC) y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La encuesta, que se realizó sobre 8.265 hogares y 27.609 personas en localidades de más de 2.000 habitantes de todo el país, busca analizar las estructuras de clase y los procesos de movilidad social, junto con las condiciones de vida y de reproducción social de los hogares, desde una perspectiva de género.

[2] El Principal Sostén del Hogar se identifica como el mayor proveedor económico. Este concepto se diferencia de la “jefatura de hogar”, que normalmente refiere a la persona que toma las decisiones y es una condición que se atribuye con mayor frecuencia a los varones (Maceira, 2015).

[3] Las dificultades para conciliar el cuidado hacen referencia a los obstáculos que encuentran las personas o los hogares para articular y coordinar sus actividades productivas, como tener un trabajo pago, con las actividades reproductivas, como son el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Autores


Alejandro Biondi

Florencia Caro Sachetti

Coordinadora de Protección Social

José Florito

Coordinador de Protección Social

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