Este documento de política (policy brief) examina por qué el proceso de selección de la próxima Secretaría General de la ONU es fundamental para fortalecer la eficacia de la organización en medio de la actual crisis del multilateralismo y ante la oportunidad histórica que representa el ciclo de designación 2025-2026. Sostiene que un proceso más participativo y transparente, junto con el nombramiento de la primera mujer al frente de la Secretaría General, puede reforzar la legitimidad, la independencia y la capacidad de respuesta institucional.

Desde una perspectiva del Sur Global, el informe prioriza las respuestas a las estructuras de poder desiguales en la gobernanza global. Metodológicamente, combina una revisión cualitativa de la literatura académica y de políticas públicas con el análisis de resoluciones de la ONU y de las posturas políticas de actores de América Latina y el Caribe.

El documento se encuentra disponible en inglés. 

Este libro recorre experiencias de vinculación entre escuelas secundarias y el mundo productivo. El foco está puesto en las escuelas secundarias orientadas o comunes que hoy concentran el 80% de la matrícula del nivel, por lo que es la última experiencia educativa formal por la que pasará la mayoría de las personas. De allí la importancia de indagar en ese conjunto de escuelas.

Estas experiencias no solo ilustran prácticas efectivas, sino que también constituyen insumos valiosos para pensar la articulación en clave de política pública. La sistematización de estos casos permitirá extraer aprendizajes clave que pueden orientar el diseño y el fortalecimiento de estrategias de vinculación en diferentes contextos educativos y productivos para que los jóvenes cuenten con herramientas valiosas para construir su proyecto de vida.

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Publicado en abril de 2026

La inteligencia artificial empieza a incorporarse en los sistemas de Justicia como herramienta de apoyo para ordenar información, agilizar tareas y mejorar el acceso a normativa, jurisprudencia y documentación. Sin embargo, su adopción no plantea solo una discusión tecnológica, también abre desafíos en materia de privacidad, sesgos, opacidad, trazabilidad, responsabilidad institucional y supervisión humana, en un ámbito donde están en juego derechos, garantías y confianza pública.

Este documento ofrece al sistema judicial argentino un análisis comparado de experiencias internacionales y un conjunto de orientaciones para contribuir a una adopción responsable de herramientas de inteligencia artificial, con especial atención a su utilidad para el Consejo de la Magistratura de la Nación. A partir de casos en Reino Unido, Brasil, Canadá, Unión Europea, Francia, Finlandia, Estonia y Chile, el informe identifica qué usos avanzan, bajo qué condiciones institucionales y con qué resguardos.

El principal hallazgo es claro: la brecha no es tecnológica, sino institucional. La evidencia comparada muestra que los avances más sostenibles no dependen ante todo de la herramienta, sino de la existencia de reglas de gobernanza, datos confiables, trazabilidad, capacidades organizacionales y supervisión humana efectiva. Allí donde estas condiciones existen, la IA puede mejorar funciones auxiliares como clasificación de expedientes, búsqueda de jurisprudencia, anonimización, organización documental y producción de estadísticas. Allí donde faltan, los riesgos aumentan y la tecnología tiende a reforzar problemas previos.

Un hallazgo central del estudio es que varios de los riesgos atribuidos a la inteligencia artificial no derivan únicamente de la herramienta en sí, sino de las condiciones institucionales de su implementación. En particular, la reproducción de sesgos aparece asociada no solo a problemas del modelo o de los datos de entrenamiento, sino también a fallas de gobernanza: ausencia de evaluación ex ante, controles insuficientes sobre calidad y representatividad de los datos, falta de monitoreo en uso, debilidad de los mecanismos de auditoría y escasa capacidad para detectar y corregir desvíos. En este sentido, una implementación deficiente puede convertir a la IA en un mecanismo de estabilización y opacamiento de desigualdades preexistentes.

Para Argentina, este punto resulta especialmente relevante. La incorporación de IA en Justicia se da en un contexto de fragmentación, heterogeneidad en la calidad de la información, baja interoperabilidad y debilidades en publicidad y trazabilidad documental. En ese escenario, la IA no puede pensarse como un atajo de modernización ni como una solución autónoma. Su adopción exige, primero, consolidar condiciones institucionales mínimas que permitan usar estas herramientas de manera controlable, auditable y compatible con el Estado de derecho.

Sobre esa base, el documento propone una agenda inicial de adopción responsable orientada a ordenar decisiones y reducir riesgos. Entre las prioridades se destacan la definición de una conducción institucional clara, el establecimiento de estándares mínimos de datos y metadatos, la regulación de criterios de anonimización, la segmentación de casos de uso según nivel de riesgo, el desarrollo de pilotos acotados y evaluables, además del fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales.

Más que ofrecer un manual cerrado, el informe aporta criterios para construir una trayectoria gradual, prudente y sostenible de incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial. Su premisa de fondo es simple: en Justicia, la innovación no empieza por el algoritmo, sino por las reglas, los datos, las capacidades y la supervisión que permiten gobernarl

Publicado en diciembre de 2025 

El acceso a la vivienda en los principales centros urbanos de Argentina se ha convertido en un tema central dentro del debate público, especialmente ante el incremento de la población inquilina, la creciente dificultad de acceso al crédito hipotecario y un déficit habitacional que, década tras década, se consolida como una cuestión estructural. En este contexto, el fenómeno de las viviendas vacantes ha cobrado una relevancia particular, siendo objeto de discusión tanto en medios de comunicación como en iniciativas legislativas recientes. 

Este documento analiza el fenómeno de la vivienda vacante en Córdoba, Rosario y Buenos Aires mediante una metodología innovadora basada en datos de consumo eléctrico, que permite superar las limitaciones de los censos tradicionales y medir con mayor precisión el nivel real de ocupación. Se distinguen tres categorías según la duración del bajo consumo eléctrico (menor a 50 kWh): vacancia friccional (hasta 6 meses), transicional (entre 7 y 12 meses), y estructural (más de 12 meses).  

Los datos revelan magnitudes significativas. Analizando el universo de consumo eléctrico residencia, para septiembre de 2023, la vacancia total alcanzó el 21,5% en Rosario, el 14,1% en Buenos Aires (área de cobertura de Edesur) y el 12,4% en Córdoba, superando en todos los casos lo registrado por el Censo 2022. La vacancia estructural —la más preocupante desde el punto de vista de la política habitacional— fue del 8,6% en Rosario, del 6,7% en Buenos Aires y del 4% en Córdoba, manteniéndose estable a lo largo de toda la serie analizada. 

Su distribución territorial revela lógicas distintas en cada ciudad. En Córdoba se concentra tanto en el área central —ligada a inmuebles patrimoniales con restricciones normativas— como en barrios pericentrales que perdieron población y cuentan con un parque habitacional envejecido que no responde a la demanda actual. En cambio, en Rosario, el patrón es inverso: los niveles más altos aparecen en los distritos Sur, Sudoeste y Oeste, en zonas vulnerables próximas a barrios populares, donde el deterioro edilicio, los problemas de titularidad y la percepción de funcionan como detractores para su ocupación permanente. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, la vacancia estructural se distribuye de forma más dispersa, con focos en el macrocentro porteño —fuertemente afectado por la pandemia—, en corredores comerciales e industriales, y en barrios con alta concentración de inquilinatos y conventillos. 

El documento también revisa experiencias locales e internacionales de movilización de vivienda vacante y concluye con lineamientos de política pública para abordar integralmente la vacancia estructural en las ciudades argentinas. Esta publicación fue elaborada con el respaldo del Lincoln Institute of Land Policy. 

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