Entendido como todos aquellos bienes, servicios, valores y afectos involucrados en la atención de la población con algún nivel de dependencia (niños, adultos mayores y personas con discapacidades), el cuidado ha ido cobrando una mayor relevancia en los últimos años en el contexto latinoamericano. Sin embargo, todavía no se ha avanzado en la instalación de instrumentos de política pública que brinden una satisfacción amplia a los requerimientos cada vez más crecientes de cuidado de las sociedades actuales y que contribuyan a una mayor corresponsabilidad entre Estado, mercado y familias en esta materia. En América Latina, y en particular en Argentina, el cuidado pasó a ocupar un lugar destacado durante la última década gracias a su posicionamiento en la agenda política regional y mediante la proliferación de investigaciones académicas. Estos estudios pusieron de manifiesto el déficit y la creciente inestabilidad de la organización social del cuidado, y la consiguiente necesidad de una nueva corresponsabilidad en torno al cuidado que, a partir de su reconocimiento como un derecho, no solo incluya un papel más activo del Estado y de los mercados, sino que además promueva la participación de mujeres en el mercado laboral, la vinculación de los hombres en las tareas de cuidado y la protección social para cuidadoras y trabajadoras domésticas (Rico, 2014).

A nivel de la agenda regional, se produce un punto de inflexión en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, realizada en 2007. Entonces, los gobiernos reconocieron el cuidado como un asunto público “que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias”. Esta conferencia dio origen al Consenso de Quito, mientras que las Conferencias sobre la Mujer subsiguientes desarrolladas en Brasilia (en 2010), Santo Domingo (en 2013) y la Estrategia de Montevideo (2016) reafirmaron y profundizaron este compromiso. Por su parte, tanto las Conferencias de la OIT como diversos instrumentos para el avance de la mujer han reconocido la importancia del cuidado como actividad generadora de bienestar y valor.

En la 101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012 se aprobó la Recomendación Nº 202 sobre los Pisos de Protección Social, donde se señala que estos deberían comprender determinadas garantías básicas de seguridad social, entre ellas, el fomento de los servicios sociales de cuidado para personas cuidado-dependientes, debido a su edad, incapacidad o estado de salud, desde la corresponsabilidad pública y social (OIT, 2012).

En cuanto a la agenda global, a pesar de los avances mencionados el tema no había sido incorporado. En 2015, con la aprobación de La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se enfatiza la integralidad e indivisibilidad de las estrategias de desarrollo que deben brindar respuesta a las necesidades sociales, económicas y ambientales. La Declaración adoptada por los países en septiembre de 2015 dio lugar a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a 169 metas conexas que representan enormes desafíos para las realidades nacionales de todos los estados miembros, propone no dejar a nadie atrás, es decir, continuar con las políticas de erradicación de la pobreza y profundizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

El tema se encuentra incluido en el ODS 5 (Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas), en la meta 5.4 que refiere a “reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”. Esta meta resulta clave no solo para el cumplimiento del ODS 5, sino para gran parte de la agenda (ODS 1 sobre fin de la pobreza, ODS 2 sobre hambre cero, ODS 4 sobre educación de calidad, ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10 sobre reducción de las desigualdades, entre otros).

En 2012, un conjunto de instituciones que desarrollan aportes al debate sobre los mejores caminos para la equidad social (PNUD, OIT, UNFPA, UNICEF y CIPPEC) se congregaron para organizar el ciclo “Diálogos de políticas de cuidado” con el objetivo principal de contribuir a la visibilización del tema y a su incorporación en la agenda pública. Se realizaron encuentros amplios entre 2012 y 2014, y en 2015 el ciclo devino en un espacio de debate focalizado en dimensiones puntuales relativas al cuidado.

Participaron funcionarios gubernamentales del nivel nacional y subnacional, miembros del poder legislativo, actores sociales y económicos, académicos y representantes de organismos de cooperación internacional.

El compromiso de estas instituciones es contribuir a la generación de políticas integrales de cuidado ya que constituyen un eje crítico para el desarrollo social y económico del país y un asunto público. La presente publicación compila las notas técnicas elaboradas en el marco de los cinco encuentros desarrollados durante 2015. Si bien la situación que describen los datos puede haberse modificado marginalmente, las tendencias identificadas no han variado. Agradecemos especialmente a quienes participaron como disertantes y comentaristas en los paneles y/o colaboraron en la elaboración o supervisión de las notas técnicas: Joaquín González Aleman, Carolina Aulicino, Andrea Balzano, Julio Bango, Matías Barroetaveña, María del Carmen Bianchi, Luis Casanova, Oscar Cetrángolo, Javier Curcio, Corina Rodríguez Enríquez, Eleonor Faur, Angelita Flores, José Florito, Alejandra García, Victoria Giulietti, Marita Gonzalez, Gala Díaz Langou, Gimena de León, Carina Lupica, Fabián Repetto, María Nieves Rico, María Elena Valenzuela y Sebastián Waisgrais y a quienes con su activa presencia en los diferentes encuentros hicieron que el ciclo fuera posible.

This publication is the outcome of months of collective work across borders to bring a discussion on gender economic equity into the heart of the Think20 (T20) Argentina. During 2018, dozens of gender experts, academics, policymakers and their organizations have been actively involved in conversations, conference calls, and international events to draft the Policy Briefs presented below. Their commitment included compiling and translating already existing evidence and good practices into specific recommendations for G20 members. It also meant communicating the messages broadly in multiple fora, and advocating for G20 members to advance gender equity within their own countries.

Our work would not have been possible without the invaluable support of Canada’s International Development Research Centre. A special thank you to Carolina Robino for championing the T20 Gender Economic Equity Task Force from its very inception, and to Federico Burone and Peter Taylor for supporting this agenda from Canada. We are tremendously grateful to Mariela Magnelli for her remarkable coordination of this Task Force.

We would like to thank the T20 Policy and Research team led by Martín Rapetti, Pablo Ava and Leandro Serino, with the reliable support of Juan Delich. Their support was invaluable to spread the conversation on gender equity across other T20 Task Forces, as well as coordinating the peer review and publication of these Policy Briefs. Mercedes Spinosa, Sebastián Zírpolo and Martina Farías Bouvier from the T20 team were also extremely helpful in this process.

We are very grateful our Peer Reviewers, who generously took the time to comment on the Policy Briefs and suggest additional literature for the authors to take forward. Thank you to Sarah Gammage, Abigail Hunt, Manuela Tomei, Fabio Bertranou, Maria Arteta, Jessica Woodroffe, Stefania Fabrizio, Carola Ramon Bergano, Evelyn Astor, Chidi King, Emma Samman, Sophie Theis, Man-Kwun Chan, Holger Kray, Carolina Aguerre, Emily Taylor, Rachel Moussie, Sanna Ojanpera, Luz Martinez, Carolina Robino, Nancy Hoque and Valeria Esquivel.

To the Women20 (W20), especially its Contents Team, Carolina Villanueva and Georgina Sticco, and the W20 Knowledge Partners were a pleasure to work with. We are proud to have co-authored two Policy Briefs jointly with the W20.

We greatly appreciate the encouragement of Julia Pomares (Executive Director, CIPPEC) and José María Lladós (Executive Director, CARI).

By Gala Díaz Langou and Margo Thomas, Co-Chairs of the T20 Gender Economic Equity Task Force

Gender Economic Equity: a G20 Imperative

Gender economic equity is an imperative for the global economy, including the countries represented by the G20. This assertion is supported by data and analyses and is captured in the following quotation from the IMF which states that “Women make up a little over half the world’s population, but their contribution to measured economic activity, growth, and well-being is far below its potential, with serious macroeconomic consequences. …. The challenges of growth, job creation, and inclusion are closely intertwined.” [Elborgh-Woytek et al., 2013]

Labour force participation and its economic and social effects provide an important starting point. Even though female labour force participation has risen over the last 4 decades, its rate of progress has slowed down and remains almost 27 percentage points lower than male labour force participation. Women are less likely to participate in the labour market, largely because of their responsibilities within households. And, when women do work outside the home, they are disproportionately disadvantage compared to men, even when they are doing the same jobs as men. They face higher levels of poverty, higher unemployment or underemployment, and lower levels of remuneration compared to men. They are more likely to be engaged in the informal sector and the less dynamic sectors of the economy.

Worse still, these gaps are not expected to improve in the short term (International Labour Organization, 2017) and according to the 2017 World Economic Forum’s Global Gender Gap Report, it could take 217 years to close the overall global gender gap, if the current trends continue.

This situation affects the growth potential of economies, the rights of women and girls, and the general economic and social well-being of societies. From a human right’s perspective, there is little question that closing gender gaps is the right thing to do. Moreover, a growing body of work argues that reducing gender inequality is economically beneficial, making the case that encouraging female economic participation, improving access to quality child care, and equitable professional opportunities in the job market can yield significant economic returns.

In light of its critical role in the global economy, the G20 has a responsibility and the capability to deliver on gender equity. In 2014, G20 countries committed to reducing the gender participation gap by 25% by 2025 (target known as “25 by 25). Despite this commitment, G20 countries have not translated these agreements into specific domestic measures and public policies with the requisite budgetary allocations for implementation.

The 2018 Argentine Presidency of the G20 has committed to fostering “women’s empowerment, the elimination of gender disparities in employment, science, technology and education, and protection from all forms of gender-based violence.” In this context, the T20 has taken the ground-breaking step of establishing a Task Force on Gender Economic Equity comprised of by 56 scholars from 43 institutes and 19 countries. This Task Force has collaborated with and provided support to the Women 20 (W20) in advancing the issues of gender economic equity in G20 countries.

The agenda of the Gender Economic Equity Taskforce was defined jointly with W20 and is structured by W20’s four priorities during 2018: 1) Labour inclusion, 2) Financial inclusion, 3) Digital inclusion, and 4) Rural Women. For each of these pillars a policy brief was produced. The researchers participating in this taskforce agreed to add three other briefs. Firstly, one on gender mainstreaming, given that this was one of the priorities stated by the Argentine Government for the G20. Secondly, a brief on the future of work and its implications on the gender divide, since the future of labour was the main thematic priority of Argentina. Finally, a policy brief on Care needs, as it is probably the most crucial determinant for economic empowerment of women worldwide. These seven policy briefs are presented in this publication as part of the collaborative work that was done by researchers of the T20’s Gender Economic Equity Taskforce throughout the Argentine Presidency of G20 in 2018.

Download Gender Economic Equity: An imperative for G20 here.

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y en América Latina -la segunda región más urbanizada del planeta -, la cifra llega al 80%. Esta tendencia se acentuó en las últimas tres décadas y se estima que continuará debido al crecimiento poblacional y la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.

Este ritmo acelerado de urbanización crea enormes desafíos sociales y económicos que ponen en peligro la sostenibilidad económica y ambiental de las ciudades. El desarrollo de nuevas  tecnologías que mejoren la gestión de las áreas metropolitanas y la calidad de vida de sus residentes es clave para mitigarlos.

En un mundo conectado digitalmente, los ciudadanos tienen la capacidad de participar en el desarrollo del espacio urbano y de cambiar así la forma en que este se entiende y planifica. Según los principios clave de la economía colaborativa -intercambio y colaboración-, una ciudad colaborativa conecta a los ciudadanos con el proceso de toma de decisiones en asuntos públicos, protege el derecho a contribuir y compartir, facilita el intercambio de aprendizaje y transferencia de habilidades, y a su vez promueve una visión colectiva de la ciudad. Al avanzar hacia políticas públicas innovadoras que incorporan a los ciudadanos como impulsores y protagonistas del cambio en sus comunidades, las ciudades colaborativas reducen la clásica brecha entre los ciudadanos y el gobierno.

Hoy, las ciudades colaborativas establecen iniciativas públicas y privadas que otorgan más poder a los ciudadanos. Así, buscan reducir las desigualdades sociales, mejorar la calidad de vida y promover una visión holística de las redes urbanas para abordar los problemas relacionados con el cambio climático y la desigualdad socioespacial. Estas interacciones no solo promueven modelos comerciales basados en el intercambio, sino que también aprovechan el poder de la inteligencia colectiva y la colaboración para encontrar soluciones a los desafíos de la urbanización acelerada.

En particular, la economía colaborativa cambia el por qué y el cómo se mueven las personas: tiende a optimizar los costos de transporte individual, mejora la movilidad urbana y reduce la contaminación ambiental, entre otros impactos positivos. Mientras que los impactos de este fenómeno vienen siendo estudiados en diversas urbes alrededor del mundo, la investigación de los procesos urbanos relacionados a la emergencia de plataformas digitales de transporte en el Sur Global es aún incipiente.

Si las economías colaborativas van a mejorar la forma en que se planifican y gestionan las ciudades en América Latina, entonces aún quedan algunas cuestiones urgentes por resolver. ¿Qué papel deberían tener las políticas públicas? ¿Qué tipo de impactos tienen las plataformas digitales en el desarrollo urbano? ¿Cómo se puede desarrollar un modelo para una economía colaborativa que beneficie a los sectores más vulnerables de la población? ¿Cómo puede la sociedad aprovechar las oportunidades que presentan estos modelos y a la vez mitigar sus efectos no deseados?

Este documento incluye una revisión de cuatro casos internacionales – El Cairo, San Pablo, Cali y Nueva Delhi- para estudiar la relación entre las ciudades y las economías colaborativas, en particular, las plataformas digitales ligadas al transporte.

El estudio de estos casos aporta información relevante sobre la situación de los trabajadores de las plataformas, las tensiones y los desafíos en el campo de la regulación y el diseño de los sistemas de transporte en las ciudades. Sobre todo, plantea un camino de investigación aplicada que es preciso seguir profundizando: más allá del abordaje sectorial de los diversos frentes problemáticos que han desatado la proliferación de estas plataformas digitales en muy poco tiempo, es urgente e insoslayable pensar cómo nuevas formas de transporte urbano se insertan en una mirada holística de la movilidad en las ciudades. ¿Qué articulaciones pueden realizar los gobiernos con el sector privado de manera de generar una mejor oferta de transporte público? ¿En qué medida muchas de las soluciones hoy ofrecidas por distintas empresas pueden ser desarrolladas desde el sector público? ¿Cuáles son los enfoques que debe tener en cuenta una normativa adecuada para regular el transporte urbano?

Estudiar en profundidad cómo la tecnología y las plataformas digitales están evolucionando en estas áreas urbanas contribuye a abordar los desafíos clave relacionados con la desigualdad, el cambio climático y la gobernanza metropolitana.

English version

Uno de los grandes desafíos que enfrentan las ciudades argentinas es definir cómo van a crecer en los próximos años, articulando las necesidades de los diferentes actores urbanos, visualizando sus expectativas y promoviendo un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible.

La mayoría de las ciudades argentinas cuentan con documentos de planificación que analizan y regulan el crecimiento y desarrollo de los aglomerados. Pero estas planificaciones no siempre se traducen en acciones concretas o no se implementan efectivamente en el territorio.

Es necesario entonces pensar nuevas estrategias de planificación urbana y generar nuevos métodos de abordaje que superen la etapa de diseño y aseguren la implementación de los proyectos.

La planificACCIÓN

La planificACCIÓN es una propuesta metodológica de planificación urbana que busca ser superadora de la planificación urbana tradicional. Es una herramienta elaborada por CIPPEC para tomadores de decisiones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil, que tiene como principal objetivo asociar la planificación a la acción.

La metodología de la planificACCIÓN está compuesta por cuatro etapas:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2016

La planificACCIÓN busca transformar la planificación en un proceso de desarrollo consensuado, con activa participación de los distintos actores locales. Para lograrlo, incorpora a la discusión a actores sociales que cuentan con diferentes grados de poder sobre la resolución de los problemas públicos, y promueve asociaciones público-privadas que mejoran la planificación y ejecución de políticas públicas en el largo plazo.

En los territorios en los que se ha comenzado a aplicar, los objetivos de esta metodología son:

• Ampliar el conocimiento sobre el aglomerado, generando evidencia empírica e identificando los desafíos institucionales, económicos, sociales y/o ambientales que se presentan para el desarrollo del área.
• Promover el diálogo y las redes de trabajo entre los principales referentes del aglomerado, consolidando la cooperación y el compromiso del ecosistema de líderes locales.
• Impulsar proyectos que generen impactos en el área metropolitana, basados en la innovación y el espíritu emprendedor.
• Potenciar las líneas de política pública municipales que fomenten la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la resiliencia urbana, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza metropolitana.

La experiencia de Bahía Blanca

La primera experiencia de aplicación de la planificACCIÓN se realizó durante 2016 y 2017 en Bahía Blanca donde se definieron dos proyectos:

• Gestión de riesgo para emergencias naturales, ligado a la resiliencia urbana.
• Construcción de un corredor verde entre el parque de las esculturas y el puerto en la zona de Ingeniero White, ligado al tema de hábitat.

Estos proyectos se encuentran actualmente en fase dos de la planificACCIÓN. La metodología de trabajo durante esta etapa es la de scrum management, que consiste en el desarrollo de espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, con el objetivo de poner en común saberes generados a partir de la experiencia, y potenciar a través de la participación, la apropiación y construcción colaborativa de los proyectos seleccionados para el área metropolitana.

Esta primera experiencia demuestra que empoderar a actores sociales, promover lógicas de coordinación interjurisdiccional e intersectorial y construir consensos sobre la base de conocimiento existente, genera dinámicas de planificación que se traducen en acciones concretas en el corto y mediano plazo, y que pueden prolongarse en el largo plazo.

De esta manera, la planificACCIÓN permite superar las dificultades que la planificación tradicional puede acarrear en el desarrollo sustentable de los aglomerados urbanos, al mismo tiempo que empodera y compromete al colectivo social en la definición de las decisiones públicas.

Nuevas experiencias de planificACCIÓN

Actualmente la planificACCIÓN se está implementando en cinco áreas metropolitanas argentinas que fueron seleccionadas a través un concurso y con un criterio de representación regional: Puerto Madryn (Patagonia), el área metropolitana de Mendoza (Cuyo), el Gran Catamarca (NOA), el área metropolitana de Resistencia en Noreste (NEA) y Córdoba (Centro)

El proceso de aplicación tiene diferentes grados de avance en cada aglomerado y las características de cada uno han sido diferentes en términos de la participación sectorial, los componentes del diagnóstico y los proyectos seleccionados, entre otros.

Cronograma de implementación de la planificACCIÓN en cinco áreas metropolitanas argentinas (2017 – agosto 2018)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2018

¿Qué nos demuestran estas experiencias de planificACCIÓN?

La experiencia en la implementación de la planificACCIÓN en aglomerados de la Argentina con características diferentes permite comprender la importancia de llevar las ideas a la práctica en el marco de la planificación local.

Los cinco casos analizados, así como la experiencia previa en Bahía Blanca, demuestran que los actores locales están dispuestos a comprometerse, compartir sus conocimientos y participar en la toma de decisión pública.

Este acercamiento a la planificación impulsa a pensar a las ciudades en clave metropolitana, y permite advertir la creciente necesidad de innovar en la gestión y desarrollo del territorio. La urbanización de las ciudades produce impactos socio-espaciales y ambientales que exceden los límites tradicionales de los gobiernos locales y demandan dinámicas de coordinación interjurisdiccional e intersectorial.

Empoderar a los actores sociales, promover lógicas de coordinación y construir consensos sobre la base de conocimiento existente, genera dinámicas de planificación que se convierten en acciones. Estas tienen el potencial de traducirse en planes estratégicos de largo alcance, efectivos y exitosos, en el largo plazo.