Razones económicas para reducir las brechas de género en el mercado laboral

Las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral continúan siendo un reto mundial acuciante. La participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha aumentado en las últimas décadas, pero sigue siendo casi 27 puntos porcentuales inferior a la de los hombres y no se esperan mejoras a corto plazo (OIT 2017a). Las tasas de participación femenina se han estancado en los últimos años, lo que pone en duda la tendencia futura de este fenómeno y la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral. La desigualdad de género no solo se observa en términos de tasas de participación: las mujeres que participan tienen menos probabilidades de encontrar un trabajo que los hombres y, si logran encontrar uno, a menudo se deparan también con obstáculos adicionales: segregación vertical y horizontal, salarios más bajos, etc.

La situación de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo es ya de por sí preocupante, pero la lentitud con que se avanza hace que la situación sea aún más chocante. Según el último Global Gender Gap Report (Informe sobre la Brecha Global de Género) del Foro Económico Mundial, la situación de las mujeres empeoró por segundo año consecutivo en 2017. Si la tendencia actual continúa, la igualdad económica de género no se logrará por lo menos hasta dentro de 217 años (Foro Económico Mundial 2017).

Tanto el estado como la evolución de las brechas de género ponen de relieve cuán notables son los obstáculos tanto para la realización de los derechos de las mujeres como para el desarrollo sostenible. En primer lugar, la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral representa una violación de los derechos económicos de las mujeres, que han sido reconocidos internacionalmente a través de compromisos en materia de derechos humanos e instrumentos específicos de derechos de la mujer (como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por las Naciones Unidas).

Existe también un gran número de estudios que sugieren que la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres puede reportar importantes beneficios económicos. Esos estudios, que se examinan brevemente en este artículo, indican que la desigualdad de género no solo es injusta, sino también ineficiente. La reducción y eliminación de las disparidades entre los sexos puede generar importantes beneficios económicos, tanto a nivel nacional como mundial.

Argumentos económicos para abordar las brechas de género: tres canales importantes

Las brechas de género en el trabajo pueden afectar al desempeño económico de varias maneras. Un canal obvio enfatiza la subutilización del talento asociada a la menor participación de las mujeres en el mercado laboral. El aumento de su participación, por ejemplo, explotando las economías de escala de la ampliación de la oferta de guarderías, implicaría un aumento del producto interno bruto (PIB) potencial de un país y de su ingreso per cápita (OCDE 2012); McKinsey Global Institute 2015; OIT 2017a).

Un segundo canal por el que las brechas de género afectan a la eficiencia es la baja inversión en capital humano de las mujeres. Blackden et al. (2006) sostienen que la desigualdad de género en la educación —además de la que existe en el mercado de trabajo— reduce la reserva real y potencial de capital humano. La posición desventajosa de las mujeres cualificadas en los mercados de trabajo y la restricción artificial de la reserva de talento crean ineficiencias y obstaculizan el crecimiento económico. Un argumento similar puede trazarse específicamente en relación con el talento emprendedor, que podría decirse que se distribuye aleatoriamente entre individuos independientemente de su género. Si las mujeres tienen menos oportunidades de acceder a puestos directivos —el fenómeno que se conoce como techo de cristal—, se reduce la velocidad de la innovación y la adopción de tecnología en la economía y, en consecuencia, también disminuye la productividad agregada y el PIB per cápita (Esteve-Volart 2009).

Un tercer canal opera a través del impacto de la desigualdad de género en la reserva de capital humano de la próxima generación. Sen (1990) y Klasen y Wink (2003), entre otros, sostienen que las asimetrías en el empleo y los ingresos socavan el poder de negociación de las mujeres en el hogar. Dado que las mujeres suelen ser más propensas que los hombres a invertir en el bienestar de sus hijos (Duflo 2003; 2012), su relativo menor poder de negociación puede dar lugar a una inversión insuficiente en la educación y la salud de los niños.

De manera similar, Slotsky (2006) sostiene que el aumento del poder de decisión de las mujeres favorece la productividad agregada a largo plazo, ya que parecen tener una mayor preferencia por los bienes y servicios que contribuyen al capital humano de sus hijos (de Hoop et al. 2017). Por último, dado que el aumento de los niveles de educación de la mujer encarece el tiempo de las mujeres, las familias tienden a reducir el número de hijos que tienen y a gastar más en ellos. Eso conduce, en promedio, a un mayor ingreso per cápita (Lagerlof 2003).

Rentabilidad económica de la reducción de las diferencias entre hombres y mujeres: algunas pruebas

Un número cada vez mayor de publicaciones ha documentado y cuantificado los beneficios económicos de la reducción de las disparidades entre los géneros en la economía. Un grupo de estudios ha analizado de qué manera los diferentes aspectos de la composición por género de los consejos de administración o de los puestos directivos dentro de una empresa influyen en su desempeño. Por ejemplo, el Credit Suisse Research Institute (CSRI 2014) muestra que, dentro de las grandes empresas —con una capitalización bursátil superior a los Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo | Policy in Focus 13 10000 millones de dólares—, aquellas cuyos consejos de administración tienen un porcentaje de mujeres superior a la media obtuvieron unos resultados un 36% más elevados en términos de rendimiento bursátil entre 2005 y 2014 que aquellas con un porcentaje de mujeres en los consejos inferior a la media. De manera similar, Catalyst (2011) muestra que las compañías de la lista Fortune 500 con una mayor representación de mujeres en puestos de alta dirección superan financieramente a las compañías con un porcentaje relativamente menor de mujeres en la dirección: entre 2004 y 2008, obtuvieron un 26% más de rendimiento del capital invertido y un 16% más de rendimiento de las ventas.

Kim y Starks (2016) muestran que las mujeres directoras mejoran la efectividad de los consejos consultivos debido a un conjunto más diversificado de habilidades. Una mayor heterogeneidad en la experiencia de los directores está asociada con un mayor valor de la compañía, lo mismo que sucede con una junta directiva con diversidad de género (Kim y Starks 2015). Ali et al. (2011) hallaron pruebas de una relación positiva general entre la diversidad de género y la productividad de los empleados en las empresas australianas. Por último, Cuberes y Teignier-Baqué (2011) estiman que las industrias dominadas por hombres podrían aumentar su productividad entre un 3% y un 25% en muchos países en desarrollo si incrementaran la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.

Los datos disponibles a nivel microeconómico permiten estimar los efectos positivos a nivel macroeconómico. El McKinsey Global Institute (2015) ha proyectado un escenario futuro ideal en el que las mujeres participan en la economía de manera idéntica a los hombres. Según sus estimaciones, eso podría aumentar el PIB mundial anual en 28 billones de dólares adicionales para el 2025, en comparación con un escenario sin cambios. Tales cifras proceden de cerrar diferentes brechas. Por ejemplo, el aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo representa el 54% de ese aumento potencial. Cerrar la brecha de las horas trabajadas generaría el 23% del PIB acumulado estimado. Por último, las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores de menor productividad, mientras que los hombres están sobrerrepresentados en los de productividad superior a la media. Por lo tanto, el traslado de las mujeres a puestos en sectores de mayor productividad para que se ajusten a los patrones de distribución masculinos añadiría otro 23% al PIB potencial acumulado total.

Dado que este escenario parece poco realista a medio plazo, ese informe evalúa más de cerca los escenarios alcanzables. Por ejemplo, si todos los países igualaran su progreso en términos de paridad de género con el país con mejor desempeño de la región, el PIB mundial aumentaría en 12 billones de dólares para 2025. Del mismo modo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado los beneficios potenciales para el PIB si todos los países alcanzaran el objetivo del G20, fijado en 2014, de reducir la brecha entre las tasas de participación laboral masculina y femenina en un 25% para 2025. Eso supondría un aumento del PIB mundial de 5,3 billones de dólares. Además, el informe destaca los posibles efectos de autofinanciación relacionados con la inversión pública que se atribuyen a la reducción de la brecha de género: se estima que eso podría aumentar los ingresos tributarios mundiales en 1,4 billones de dólares (OIT 2017b).

Conclusiones

Las brechas de género observadas en la economía implican una desventaja directa para las mujeres. La razón para cerrar esa brecha puede y debe basarse en la equidad. Pero hay estudios recientes que indican que también hay razones de eficiencia y crecimiento económico. Dar igualdad de oportunidades a las mujeres en el mercado laboral es en muchos casos un buen negocio para las empresas, pero no cabe ninguna duda de que es un buen negocio para las sociedades en su conjunto.

Presupuesto 2019: déficit primario cero y el replanteo de la estrategia fiscal

Este informe da continuidad a la serie sobre cada proyecto de Ley de Presupuesto de la administración pública nacional que CIPPEC publica anualmente.  El documento analiza los detalles de la nueva estrategia fiscal ante el cambio del contexto macroeconómico que plantea el proyecto de Ley de Presupuesto para 2019 y complementa la información allí presentada con los anuncios de política vinculados con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto de Presupuesto de 2019 redefine la política fiscal que venía sosteniendo el gobierno: acelera la corrección del déficit al incrementar la presión tributaria y al recortar los gastos de capital. Por otra parte, prevé una reactivación de las exportaciones netas que redundaría en una recuperación de la economía a partir de inicios de 2019.

El esquema propuesto supone un ajuste de 3,1% del PBI para alcanzar el equilibrio primario de las cuentas públicas. Partiendo de un déficit de 2,6% del PBI para el cierre de este año, la continuidad de medidas como la reforma tributaria de 2017, los acuerdos con las provincias y la aplicación de las fórmulas de movilidad implican un incremento del déficit en 0,5% del PBI.

¿Cómo se prevé lograr el déficit primario cero?

Para alcanzar el equilibrio se conjugan una serie de medidas de gasto e ingresos: se prevé un recorte de gastos primarios mayor al realizado en años anteriores y otras medidas que incrementarán la presión tributaria para aumentar los recursos fiscales.

Estrategia fiscal 2019: principales medidas como porcentaje del PBI
Gráfico sobre las principales medidas como porcentaje del PBI sobre la Estrategia fiscal 2019

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto de Ley de Presupuesto de la administración pública nacional para 2019

 

El aumento de los ingresos del gobierno nacional resultaría de una suba de 0,8% en los ingresos tributarios y de 0,5% en los de capital (usando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad), con una caída de 0,1% en los otros ingresos corrientes. Las retenciones a casi toda la canasta exportadora, que seguirán vigentes en 2019, aportarían 1,2% del PBI.

Por el lado de los gastos, el recorte de la inversión superará el 40% en términos reales, mientras que las erogaciones corrientes se reducirán en alrededor de 10%.  En total, el recorte de subsidios comprenderá el 0,7% del PBI. En materia energética, esto significará un mayor aumento de tarifas aunque la caída del sendero del precio de gas en boca de pozo podría moderar el aumento. En cuanto a los subsidios al transporte, el proyecto supone que la cuenta será atendida por las provincias, de la misma forma que la tarifa social de electricidad. Por su parte, la reducción de la inversión (0,5% PBI) se repartirá en recortes a obras vinculadas a energía y transporte de magnitud similar.

Ingreso total y gasto primario del Sector Público Nacional (SPN) como porcentaje del PBI (2009-2019)
Gráfico sobre el ingreso total y gasto público del Sector Público Nacional, como porcentaje del PBI. Período del 2009 al 2019

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto de Ley de Presupuesto de la administración pública nacional para 2019 y al Ministerio de Hacienda y Finanzas

 

Nota: Ingresos, gastos primarios y resultado se construyen siguiendo la metodología de 2017 del entonces Ministerio de Hacienda. Los valores para el período 2009-14 son estimaciones propias.

El Mensaje del Proyecto de Presupuesto de 2019 también prevé que las provincias mantengan el ritmo de obra pública. Agregado a esto, la ejecución exitosa de los proyectos de Participación Público – Privada (PPP) permitiría mantener los niveles de inversión pública consolidada.

En síntesis, el proyecto prevé un recorte de gastos (1,5% del PBI) y un aumento de recursos (1,2% PBI), es decir, mayor presión tributaria.

El escenario macro para 2019

El presupuesto prevé que la actividad siga cayendo hasta fin de año para recuperarse a comienzos de 2019.

Trayectoria del PBI (sin estacionalidad) en millones de pesos de 2004
Gráfico sobre la trayectoria del PBI (sin estacionalidad) en millones de pesos de 2004

Fuente: Elaboración propia en base a al proyecto de Ley de Presupuesto de la administración pública nacional para 2019

 

En el contexto de caída del consumo y la inversión, la reactivación de las exportaciones netas sería el motor de la recuperación de la economía a partir de inicios de 2019, luego de la recesión de 2018.

Las exportaciones crecerían 20,9% en términos reales en 2019. Esta expansión implicaría alcanzar un registro récord de la producción exportable, en un marco de escaso dinamismo del comercio internacional, tensiones comerciales e incertidumbres que afectan a Brasil, principal socio comercial del país.

¿Hay riesgos?

El Presupuesto está expuesto a diferentes riesgos. Los desvíos en las hipótesis de cálculo del nivel de actividad económica, la inflación, el tipo de cambio y los precios internacionales podrían afectar los resultados previstos. Por ejemplo, una caída del PBI superior a la prevista impactaría negativamente en la recaudación. También podría activar la cláusula del acuerdo con el FMI que permite aumentar el gasto de protección social.

El efecto final de estos desvíos podría conducir a una desmejora del balance primario. En cambio, los desvíos alcistas de la inflación mejorarían el resultado primario. En tanto, una eventual suba de los precios internacionales y del tipo de cambio tendrían un impacto neto bajo al afectar tanto ingresos (retenciones) como gastos (subsidios).

Otro riesgo proviene del esquema PPP, que podría derivar en mayores gastos en caso de expropiaciones, relocalización de instalaciones existentes, impactos ambientales, demoras imprevistas o la cancelación de un contrato. Los proyectos con contratos PPP también se ven afectados por la evolución del tipo de cambio real (vía la cotización de unidades UVA).

Economic Empowerment of Rural Women

To achieve the G20 member nation’s objective, both individually and collectively, of achieving growth that is strong, sustainable, balanced, and inclusive, it is critical to enact policies and design programs that target and empower the large population of rural women. Promoting rural women’s economic empowerment presents unique challenges that require multidimensional approaches to overcome. Evidence shows that narrow solutions, such as focusing on finance alone, are rarely effective (World Bank 2017). Empowering rural women economically will require at least as much investment in capacity building, institutions, and cultural change as much as in access to finance and markets. 

Task Force: Gender Economic Equity

Financial Inclusion for Women: A Way Forward

Despite the general progress made in terms of financial inclusion worldwide (there has been a nominal increase in the number of adults who have access to a bank account), the gender gap remains unaltered since 2011. In order to overcome the barriers faced by women to access and use financial services three sets of recommendations are proposed for G20 countries: 1) a set of cross cutting issues that are needed to support women’s financial inclusion, 2) measures to close the gender gap by supporting the inclusion of the financially excluded women -the unbanked-, 3) recommendations to support the development of women led business through their access to and use of financial services. These recommendations are framed under the understanding that social norms constrain women’s capacity to access and meaningfully use financial services. For financial inclusion to have an impact on women’s economic empowerment, livelihoods and broader welfare effects, these social norms need to be taken into account and acted upon. While social norms change is complex, financial services and products design and roll out can have a role to play.

Task Force: Gender Economic Equity

Gender Mainstreaming: A Strategic Approach

“Women make up a little over half the world’s population, but their contribution to measured economic activity, growth, and well-being is far below its potential, with serious macroeconomic consequences. …. The challenges of growth, job creation, and inclusion are closely intertwined.” [Elborgh-Woytek et al., 2013]

As a starting point, this brief recognizes the importance of gender equity for economic growth, societal well-being, and sustainable development. Moreover, the brief acknowledges that while women make up half of the world’s population, most policy, program and government initiatives affect women and men differently. To address gaps in policies, implementation and impacts the authors propose a strategic approach to gender mainstreaming that strengthens inclusive policy making by adding a gender lens and tools for assessing the impact of policies on women and other under-represented groups and targets the determinants of gender inequity, based on three pillars: systematic reviews of policies, laws and regulations that limit women’s economic activity; gender budgeting; and improving the quality of gender disaggregated data to support impact assessments, policy analyses, and advocacy.

The commitment of the Argentine presidency to fostering a gender mainstreaming strategy across the whole G20 agenda and boosting “women’s empowerment, the elimination of gender disparities in employment, science, technology and education, and protection from all forms of gender-based violence.” provides an opportunity for bringing this issue forward for the 2018 G20.

Task Force: Gender Economic Equity