El 4 de octubre de 2016, en la Provincia de Buenos Aires (PBA) se sancionó la Ley 14.848 de paridad de género. Esta norma exige que las listas de candidatos a senadores, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares incluyan un 50% de personas de cada género –determinado por su DNI- en forma alternada y secuencial por binomios (varón-mujer o mujer-varón).

Así, junto con Chubut, Salta y Neuquén, Buenos Aires se sumó ese año a las provincias que adoptaron reglas de paridad más tempranamente, en los años 2000 (Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero). A fines de 2017, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.412 de paridad para candidaturas nacionales.

Estas reformas llegaron porque las leyes de cupo mínimo encontraron un techo: luego de más de dos décadas de elecciones con este tipo de medidas, las mujeres seguían estando subrepresentadas en los cargos políticos nacionales y provinciales del país.

La ley de paridad es una herramienta fundamental para el logro de un mayor equilibrio de género en el acceso a los cargos de representación política. La incorporación del principio de paridad en la legislación electoral forma parte de un cambio conceptual, donde la igualdad democrática se asocia ahora al equilibrio de género y no a un porcentaje mínimo de mujeres en las candidaturas a los cargos políticos (Piscopo, 2016; ONU Mujeres e IDEA Internacional, 2016).

La PBA contiene al 38% del electorado del país y ocupa un lugar estratégico en la política nacional: la implementación de la ley de paridad en este distrito puede brindar importantes antecedentes y enseñanzas para la próxima implementación de la ley nacional y para otras provincias que adopten reglas similares.

Primera implementación de la ley de paridad en PBA

En la primera implementación de la ley de paridad en la PBA en 2017 las distintas agrupaciones políticas se comportaron de formas distintas. En las primarias provinciales, el 85% de las listas de precandidatos presentadas para su oficialización observó la paridad con alternancia y secuencialidad en las candidaturas titulares y suplentes.  Las pocas listas que no cumplieron con la paridad fueron corregidas por la Junta Electoral.

Cumplimiento de la Ley 14.848 en las listas de precandidatos a Diputados y Senadores provinciales, por sección electoral. PBA. Primarias 2017

Fuente: CIPPEC a partir de datos de la Junta Electoral de la PBA

El tipo de cumplimiento más frecuente fue el cumplimiento minimalista: el 80% de las listas de diputados y el 74% de las de senadores llevaron varones en el primer lugar, aunque algunas de las principales alianzas ubicaron mujeres a la cabeza de algunas de sus listas. En la categoría concejal, el 83% de las 573 listas contempladas respetó las exigencias de paridad con alternancia y secuencialidad. De las 95 listas que no respetaron las exigencias de la legislación, 39 fueron dadas de baja por Junta Electoral de la PBA y el resto se corrigió a su pedido o de oficio.

Listas de precandidatos a concejal según cumplimiento de la ley de paridad. PBA. Primarias 2017

Fuente: CIPPEC a partir de datos de la Junta Electoral de la PBA.

Pasadas las primarias, la Junta Electoral eximió a las agrupaciones que habían presentado más de una lista de la obligación de intercalar mujeres y varones en forma secuencial y alternada en la lista para la elección general mediante la Resolución Técnica 114. Esta decisión contradice el objetivo de la ley de paridad, que es modificar reglas y conductas para evitar que los partidos ubiquen a las mujeres en una posición subordinada.

Listas de candidatos a concejal presentadas ante la Junta Electoral, según cumplimiento de la ley de paridad, por agrupación. PBA. Elecciones generales de 2017.

Fuente: CIPPEC a partir de datos de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Dado que los partidos hicieron poco uso de esa excepción y la tasa de incumplimiento con la ley de paridad fue baja, la presencia de mujeres en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes aumentó. Únicamente 54 listas (8% del total) no respetaron las reglas de alternancia y secuencialidad y en la gran mayoría de esas listas se aplicó la paridad por binomios, pero sin seguir el orden alternado y secuencial en la totalidad.

El efecto de la ley de paridad

Pese a la excepción creada por la RT 114 y al predominio del criterio de cumplimiento minimalista en los partidos, la primera implementación de la ley de paridad tuvo un efecto positivo sobre la representación descriptiva de las mujeres en la PBA.

En la Legislatura provincial, el efecto fue similar en ambas cámaras. Hasta las elecciones de 2017, las mujeres representaban el 25% en la Cámara baja y el 24% en el Senado de la PBA. A partir de la implementación de la paridad, pasaron a ocupar un 35% de las bancas en cada cámara.

Composición de la Cámara de Diputados por género. PBA (1995-2018)

Fuente: CIPPEC a partir de datos del diario de sesiones.

Entre 1995 y 2017 se reporta la composición por géneros en la primera sesión ordinaria. El dato de 2018 corresponde a los diputados proclamados.

El efecto es más evidente si se analiza la proporción de mujeres sobre los legisladores electos. En 2017, la cantidad de mujeres electas en cada cámara se duplicó en relación con las elecciones de medio término de 2013, cuando se renovaron bancas en las mismas secciones electorales.

Senadores provinciales electos según género. PBA (2013-2017)

Fuente: CIPPEC a partir de datos del diario de sesiones.

La proporción de legisladoras electas aumentó en todas las secciones con excepción de la séptima, donde la baja magnitud del distrito (sólo había tres bancas en juego) reduce las oportunidades de las mujeres.

Diputados provinciales electos según género. PBA (2013-2017)

Fuente: CIPPEC a partir de datos del diario de sesiones.

Recomendaciones

El cambio en la legislación es apenas un nuevo comienzo: la experiencia de la PBA y de otros países muestra que estas normas no tienen un efecto lineal porque las dirigencias de los partidos las resisten y porque su eficacia está condicionada por el marco institucional, político y social. En el caso de PBA el margen de maniobra abierto por la RT 114 fue poco explotado por los partidos en las elecciones de 2017, y el efecto sobre la representación de mujeres en PBA fue positivo.

Si esta tendencia se sostiene, la ley de paridad contribuiría a saldar una deuda histórica de la PBA con los derechos políticos de las mujeres. La continuidad del compromiso partidario resultará crucial para impedir retrocesos frente a situaciones inesperadas y cambios de contexto, y más aun tomando en cuenta la excepción habilitada por la Junta Electoral.

Esta excepción vulnera los derechos que la ley de paridad busca garantizar y genera incertidumbre de cara a los comicios futuros. Frente a este escenario, recomendamos:

• Reglamentar la Ley 14.848 para garantizar su aplicación sin excepciones;
• Automatizar la inscripción de las candidaturas para controlar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos y las listas.
• Monitorear, sistematizar y difundir información sobre la participación política de las mujeres en la PBA y en los municipios, para tomar decisiones que fortalezcan la ley de paridad, detectar posibles maniobras de los partidos para eludir la regla o mitigar sus efectos, y mantener la temática en la agenda pública.
• Concientizar sobre la importancia y el sentido de la paridad de género en la política mediante programas de educación cívica, sensibilización y capacitación específica.
• Fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades de los partidos y de la autoridad de aplicación.
• Discutir la introducción de reglas de paridad en los órganos directivos y disciplinarios de los partidos políticos y en las juntas electorales partidarias ya que sin reglas que mitiguen esta situación de subordinación dentro las organizaciones, es difícil que se modifiquen las prácticas que actualmente relegan a las mujeres en las listas.
• Regular el financiamiento de la política, previendo mecanismos específicos para garantizar la participación de las mujeres en el financiamiento público y promover su acceso a fuentes de recursos privadas.

El hábitat digno es una deuda pendiente en Argentina, aún en 2017. Hoy, tres millones y medio de hogares –alrededor de un tercio de la población del país- no tienen una vivienda adecuada. A esto se agrega que un 15% de la población no tiene acceso a agua potable y más del 40% no cuenta con redes de cloaca. Quienes enfrentan mayores problemas en relación a la vivienda suelen tener, a su vez, peor acceso a las redes de transporte y tienden a ser los más afectados por inundaciones y golpes de calor, entre otros fenómenos producto del cambio climático. Es alarmante, además, la tendencia de aumento del déficit habitacional que se mantiene desde el 2001.

Ahora bien, el desafío no es meramente cuantitativo.

Para revertir una situación histórica de vulneración de derechos es necesario implementar políticas de hábitat que sean integrales. Este documento retoma los lineamientos plasmados tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) como en la Nueva Agenda Urbana (2016) -dos acuerdos que expresaron un consenso global en torno a qué es la buena urbanización- y mira la política urbana desde una concepción integral. Así, la vivienda es parte de un sistema complejo, en el que interactúa con la infraestructura urbana, el transporte y el ambiente.

Desde esta perspectiva, se revisan algunas cuestiones estructurales para sentar las bases de estudios más exhaustivos en torno al hábitat: ¿cómo se organiza el Poder Ejecutivo Nacional para gestionar las políticas de hábitat? ¿Cuánto presupuesto se destina a su ejecución? ¿En qué medida cuenta Argentina con una normativa urbana y territorial adecuada para una buena urbanización?

La reconfiguración del Poder Ejecutivo Nacional en 2015 permitió una organización institucional más integral y fortaleció el rol de la planificación territorial. Sin embargo, el presupuesto asignado por ley para el hábitat disminuyó a la vez que los problemas urbano-habitacionales persisten. Así, el hábitat pasó de representar el 6,5% del total nacional en 2014, al 5,3% en 2017. Por otra parte, el Estado nunca plasmó en una ley nacional su capacidad de regulación en la materia y sólo un 20% de las provincias cuenta con normativa de ordenamiento territorial.

Evolución del gasto en hábitat, como porcentaje del gasto nacional total (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia según datos publicados en ASAP, Oficina Nacional del Presupuesto y la cuenta de inversión del Ministerio de Hacienda

En este escenario, el documento ofrece insumos para un debate más profundo y estructural de las políticas urbanas en Argentina. Esta reflexión atraviesa a los modelos de planificación, a las formas de regulación y a los marcos normativos que organizan el territorio. De esta manera, sienta las bases para entender cómo se diseñan, se gestionan y se articulan desde el sector público las políticas de hábitat en Argentina.

En materia de hábitat, existe un consenso entre urbanistas y en los acuerdos internacionales: es necesario lograr ciudades compactas. Es decir, ciudades que se caractericen por un uso mixto del suelo, densidades de población medias, fácil accesibilidad a las redes de servicios e inexistencia de grandes espacios vacíos. Ahora bien, ¿cómo se expandieron los Grandes Aglomerados Urbanos (GAUs) argentinos en los últimos años? ¿Qué se puede hacer para promover mejoras en la forma en que están creciendo?

En 2006, los 33 GAUs estudiados por CIPPEC ocupaban una superficie de 530.008 hectáreas en las que habitaban 25.209.075 habitantes, con una densidad bruta de 47,6 hab./ha. Diez años después, la superficie ocupada aumentó a 619.283 hectáreas, con una población de 28.815.469 habitantes. Así, la densidad bruta se redujo a 46,5 hab./ha. y se consumieron 89 mil hectáreas de suelo -una magnitud equivalente a 4,5 ciudades de Buenos Aires. El crecimiento de la mancha urbana muy por encima de su crecimiento demográfico implica costos más altos para el Estado y para la población que vive en ella.

Factor de crecimiento población/área urbana de los 33 GAUs (2006-2010, 2010-2016 y 2006-2016)

Diferentes investigaciones que analizan la relación entre la densidad y el costo de proveer servicios urbanos básicos (agua, saneamiento y recolección de residuos) señalan que la densidad de población óptima ronda los 90 habitantes por hectárea, es decir, el doble de la densidad actual de los 33 GAUs argentinos. Los dos principales usos del suelo en las áreas de expansión urbana fueron los residenciales (78%) y los industriales (11%). Dentro de los usos residenciales, el 24% de la expansión urbana se explica por las urbanizaciones cerradas, el 22% por el uso residencial urbano y el 13% por el residencial extraurbano (terrenos de más de 500 m2). Por otro lado, la vivienda social explica el 11% de la expansión y el residencial informal el 8%.  Esto quiere decir que, sobre el total del suelo urbano producido en la última década, el 37% es explicado por usos de los sectores socioeconómicos altos y medio-altos (urbanizaciones cerradas y residencial extraurbano).

Los GAUs argentinos, donde habita el 70% de la población urbana del país, están evolucionando por un camino inverso al desarrollo de ciudades más equitativas, sostenibles y con gestión de servicios eficiente. Modificar la forma de crecimiento de las ciudades requiere acciones concretas desde los diferentes niveles de gobierno a fin de incluir al conjunto de la sociedad en los beneficios del desarrollo urbano. Algunas de las acciones propuestas son: incrementar los Planes de Ordenamiento Territorial, mejorar el espacio público al interior de las ciudades, promover tipologías de edificación más densas, implementar estrategias de movilización de suelo ocioso, incrementar las regulaciones del mercado del suelo, establecer directrices de gobernanza metropolitana y promover la construcción de vivienda de interés social al interior de la mancha urbana.

Inversión educativa: la desigualdad provincial

Desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE, 2005), la discusión sobre el financiamiento de la educación suele quedar restringida al alcance de la inversión en educación como porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno). Ahora bien, cuando se analiza en detalle la evolución del financiamiento educativo a nivel nacional y provincial, saltan a la vista –entre otras cuestiones- las grandes disparidades que existen entre las provincias.  Esto inevitablemente abre la pregunta por cómo favorecer una distribución más justa y adecuada de los recursos que garantice el derecho igualitario a la educación.

La aprobación de la LFE estableció nuevos pisos para el gasto público en Educación y Ciencia y Técnica, y específicamente, estipuló que el gasto en Educación debería alcanzar el 6% del PIB en 2010. El Gasto Público Consolidado (GPC) (el gasto agregado de Nación, Provincias y Municipios) en Educación, Ciencia y Técnica incrementó en más de 50% su participación en el PBI, al pasar de 4,2% del PBI en 2005 a 6,6% del PBI en 2015. No obstante, este aumento no fue un hecho aislado, sino que sucedió en un contexto de crecimiento de la economía y de una suba notoria en la presión tributaria y del gasto público. Es decir, se pudieron destinar mayores recursos al sector educativo sin necesidad de priorizar en el agregado este rubro por sobre otros, por lo que su participación en el total se mantuvo constante en aproximadamente 15,5% del GPC.

Evolución del GPC en Educación y Ciencia y Técnica, como porcentaje del PBI (1994-2015)

Fuente: CIPPEC, sobre la base de datos de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Hacienda

El gasto nacional en educación está abocado, sobre todo, a la educación superior (60%) y los fondos salariales (17%). Los años 2006, 2007, 2011 y 2015 —estos últimos tres, años de elecciones presidenciales— aparecen como los de mayor incremento real del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Por el contrario, en 2008, 2012, 2014 y 2016 se registraron caídas reales, siendo el último año el que mayor disminución presenta (8%).

El gasto de las provincias se concentra en la gestión y operación de las escuelas. En conjunto, entre 2005 y 2015 la inversión educativa  provincial incrementó su participación en el PIB en casi 50% y la relación entre el gasto educativo y gasto total provincial aumentó de 28% a 30%. El período de mayor incremento sostenido del gasto educativo provincial es el que sigue la implementación de la LFE entre 2005 y 2010, y si bien luego presenta oscilaciones, se logra mantener en un nivel superior al previo a la sanción de esta ley.

A pesar del incremento generalizado en el gasto educativo, las disparidades entre las provincias son notorias. Este desequilibrio puede analizarse en relación a tres ejes: el esfuerzo educativo, el salario docente y el gasto por alumno estatal.

Esfuerzo educativo

Como puede verse en el cuadro a continuación, casi todas las provincias han incrementado su esfuerzo educativo (la proporción de recursos destinados a la educación) entre 2003 y 2015.  Por ejemplo, Santa Cruz más que duplicó la relación entre el gasto educativo y el gasto total (13% y 26,7% en 2003 y 2015 respectivamente). Por su parte, Tierra del Fuego tuvo un incremento de más de 70%, al pasar de 17% a 29%. Las únicas jurisdicciones que presentan descensos son CABA, Jujuy, San Juan y Santiago del Estero. En la mayor parte de las provincias se encuentran variaciones positivas entre 2003 y 2007, y en casi todas ellas entre 2007 y 2011. Sin embargo, en el período posterior (2011-2015) se evidencian una mayor cantidad de provincias con descenso en su esfuerzo por la educación.

Evolución del Gasto Educativo como porcentaje del total, por provincia (2003-2015)

Fuente: CGECSE/DNPE/SIyCE/MEN

La proporción del gasto educativo sobre el gasto total, es decir, el esfuerzo presupuestario que cada provincia realiza por la educación, difiere ampliamente entre jurisdicciones. Entre las provincias con mayor y menor esfuerzo educativo existe una brecha de 1,5 veces. A su vez, los aumentos de esfuerzo no siempre logran traducirse en mayor gasto educativo: no son las provincias que mayor esfuerzo por la educación realizan las que logran tener un gasto por alumno estatal más elevado.

Salario docente                                                     

Con respecto la evolución reciente del salario docente, también pueden distinguirse distintos períodos. La variación total entre 1999 y 2016 asciende a 38% en términos reales para el salario testigo, siendo la más elevada la correspondiente al período 2003-2007 (con un aumento de 69%) y con tasas de crecimiento inferiores en los sucesivos períodos de gobierno (7% 2007-2011 y 4% 2011-2015). Nuevamente, el crecimiento entre 2003 y 2007 aparece sesgado por la fuerte contracción que se produce con la crisis de comienzos del nuevo siglo (reducción de 20% en 2002 y 7% en 2003). En 2016, primer año del actual gobierno, se registró una caída del salario real del 4,8%. Si bien en otros años posteriores a la recuperación económica se han registrado también pérdidas del poder adquisitivo del salario docente (2009, 2011, 2012 y 2014), la del último año ha sido la mayor caída interanual desde 2003. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que estas variaciones corresponden al salario promedio, y esconden diferencias notorias entre provincias.

Evolución del salario docente, en pesos (1996-2016)

Fuente: CGECSE/DNPE/SIyCE/MEN e INDEC

Nota: Salario bruto de un docente de jornada simple de nivel primario con 10 años de antigüedad, promedio simple entre las 24 jurisdicciones. En pesos de 2016. Deflactado por variación de precios al consumidor elaborada en base a estimaciones privadas e INDEC (hasta 2007 y desde abril de 2016).

Con el cambio de gobierno en el año 2016 se observa una reducción en términos reales del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Sin embargo, las partidas salariales han ido en la dirección contraria en ese primer año, incrementando el esfuerzo nacional por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) aún a costa de disminuir drásticamente las partidas destinadas a otros fondos educativos. Esta situación es coyuntural y requiere análisis posteriores de la evolución del presupuesto educativo, dado que se trata de un solo año de referencia y no alcanza para comprender una tendencia. En este cuadro es evidente que el salario real de los docentes en casi todas las provincias baja entre 2015 y 2016, si bien la tendencia de aumento se sostiene entre 2003-2016.

Evolución del salario real docente y variación, por provincia (2003-2016)

Fuente: CGECSE/DNPE/SIyCE/MEN e INDEC

Nota: Salario bruto de un docente de jornada simple de nivel primario con 10 años de antigüedad. En pesos de 2016. Deflactado por variación de precios al consumidor elaborada en base a estimaciones privadas e INDEC (hasta 2007 y desde abril de 2016).

Más allá de la evolución reciente en materia de salario docente, persisten las desigualdades entre las provincias. La relación entre las provincias que pagan mayores salarios y las que pagan los salarios más bajos es de entre 1,7 y 1.8 veces en el período analizado.

Estas disparidades han dado lugar a estrategias del gobierno nacional para paliarlas, a saber, la creación del Fondo de Compensación Salarial (FCS) con la Ley de Financiamiento Educativo.

El FCS tiene la finalidad de compensar desigualdades salariales en las provincias que presentan salarios inferiores al mínimo establecido en la paritaria nacional.  Fue diseñado con el objetivo de reducir las desigualdades salariales entre provincias, pero no tiene criterios transparentes de distribución. Esto se traduce en que, si bien las provincias receptoras del FCS se encuentran entre las que en 2016 presentan menor salario docente, no necesariamente son las que cuentan con menores recursos fiscales por habitante ni las que realizan mayor esfuerzo educativo. El porcentaje de fondos distribuidos por medio del FCS es mucho menor a aquel distribuido por el FONID, creado en 1999 como complemento del salario docente pagado por las provincias, distribuido igualitariamente a todos los docentes del país.

Su alcance también es mucho más limitado. Incluso, no tiene una correlación clara con los recursos fiscales por habitante, que son el verdadero origen de las desigualdades en el financiamiento educativo de las provincias. Las provincias más pobladas son las que explican esta situación: son provincias con Estados muy pobres que no reciben el Fondo Compensatorio. El caso de la provincia de Buenos Aires es paradigmático, dado que es por lejos la que menos recursos fiscales por habitante tiene, pero la que mayor esfuerzo educativo hace.

Gasto por alumno estatal

El aumento del gasto educativo se vio expresado en un incremento en la inversión por alumno estatal, que entre 1999 y 2015 aumentó 91% en términos reales. En este período, la matrícula estatal se incrementó en un 12%. Si la comparación se hace desde el año 2003 el aumento del gasto por alumno estatal hasta 2015 resulta mayor (158%) debido a la fuerte contracción del gasto por alumno estatal con la crisis económica, que lleva a que en el año 2003 se registre el mínimo de este indicador. Luego de la recuperación económica y con la sanción de la LFE, entre los años 2003 y 2007 la inversión por alumno y por alumno estatal prácticamente se duplicó (nuevamente, partiendo de un nivel muy bajo). El ritmo de aumento fue luego disminuyendo y, entre 2007 y 2011, la variación de ambos indicadores se ubicó en torno al 25%, mientras que entre 2011 y 2015 la inversión por alumno se incrementó en un 5%.

Más allá de la evolución reciente de este indicador, se refleja en él otra dimensión de las desigualdades entre provincias. El promedio de las seis provincias con mayor gasto educativo por alumno estatal es casi tres veces superior al del promedio de las seis provincias con menor gasto educativo por alumno estatal

Las disparidades en el gasto educativo, que permanecen más allá de los cambios recientes, guardan estrecha relación con las capacidades fiscales de cada provincia, como muestra el siguiente gráfico, en donde el coeficiente de correlación entre el gasto por alumno estatal y los recursos fiscales por habitante alcanza 0,91.  Es decir, no tiene que ver solo con la prioridad que cada provincia adjudica a la educación, sino también con condiciones más estructurales y profundas que afectan los ingresos provinciales en relación a su población.

Gasto por alumno estatal y recursos fiscales por habitante (2015)

Fuente: CGECSE/DNPE/SIyCE/MEN y Secretaría de Hacienda, Ministerio de Hacienda

La equiparación de las desigualdades provinciales es una asignatura aún pendiente a pesar del importante incremento en la inversión educativa a nivel agregado. El origen de las disparidades proviene de las capacidades fiscales diferenciadas entre provincias, que se relacionan estrechamente con el sistema de reparto de recursos fiscales a lo largo del país, la coparticipación federal. Considerando que revisar la coparticipación federal excede la política educativa, el documento sugiere otorgar más peso al FCS como forma de favorecer una más justa y adecuada distribución de los recursos que garantice el derecho igualitario a la educación, y definir criterios más transparentes de asignación de estos recursos.

Cuando la mirada se enfoca en el rol del Ministerio de Educación de la Nación, su capacidad de paliar las desigualdades es limitada pero debe ser explorada al máximo. CIPPEC recomienda que el Estado nacional tenga un rol activo en la disminución de las desigualdades educativas de las provincias. En el financiamiento educativo el mayor impacto lo podría producir el reparto de los fondos salariales. La recomendación de este documento se concentra exclusivamente en el criterio distributivo de estos fondos: deberían aumentar los recursos salariales destinados a las provincias con menos recursos fiscales en reemplazo de los recursos destinados al conjunto de las provincias por igual (el FONID). Es mucho más justo dar más a los que menos tienen que lo mismo a todas las provincias.

Recomendaciones

1. En el financiamiento educativo el mayor impacto sobre las desigualdades educativas lo podría producir el reparto de los fondos salariales. Se sostiene un argumento centrado en la equidad fiscal y en el objetivo de disminuir la brecha entre los salarios docentes que tienen las provincias.
2. Para lograr reducir las desigualdades del financiamiento educativo entre las provincias, el FCS podría crecer (ya sea en términos absolutos y/o en su participación en relación con el FONID) y tener criterios de distribución transparentes y objetivos.
3. Una fórmula objetiva para repartir el FCS debería estar basada en dos componentes, además del más obvio que es la cantidad de docentes de cada provincia: los recursos fiscales por habitante y el esfuerzo financiero por la educación. A menos recursos por habitante y a mayor gasto en educación frente al gasto total de cada provincia, el gobierno nacional debería incrementar su transferencia de salarios docentes. Así se lograría un esquema que reduce la raíz de las desigualdades en el financiamiento educativo. El primer componente debería tener mucho más peso que el segundo, dado que los recursos fiscales son la causa central de la desigualdad en el salario docente. El mayor esfuerzo financiero por la educación podría ser tomado como un criterio que premia e incentiva a las provincias que más invierten en educación.
4. Otras vías que exceden la política educativa comprenden un esquema de coparticipación más justo y basado en parámetros objetivos, un modelo de desarrollo que genere mejores condiciones económicas en las provincias más pobres, entre otras.