Publicado el 10 de diciembre de 2025

En la Argentina, los bajos resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales dan cuenta de una crisis del aprendizaje. Según la evaluación nacional Aprender 2023, en primaria, 3 de cada 10 estudiantes de sexto grado no alcanzan niveles satisfactorios en Lengua y 5 de cada 10 en matemática. En el último año de la secundaria, según Aprender 2024, la proporción asciende a 4 de cada 10 en Lengua y 9 de cada 10 en Matemática. Las evaluaciones internacionales, como PISA, también evidencian grandes desafíos: 5 de cada 10 estudiantes de 15 años evaluados se encuentran por debajo del nivel básico establecido en Lengua y 7 de cada 10 en Matemática.

En este contexto, las evaluaciones de aprendizaje a gran escala pueden ser una herramienta fundamental para monitorear los niveles de desempeño de los y las estudiantes y orientar acciones que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje. Además de dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, estas evaluaciones brindan información sobre el contexto escolar, familiar y social en que los procesos de enseñanza y aprendizaje transcurren. De esta manera, generan evidencia muy valiosa que puede ser utilizada para el diseño e implementación de acciones de distinta naturaleza y a distintos niveles del sistema que mejoren dichos procesos.

Las escuelas son uno de los usuarios posibles de esta información. Los resultados de las evaluaciones a gran escala y la información de contexto que se releva en estos operativos, cuando se implementan de manera censal y luego se devuelve a las instituciones educativas con formatos adecuados, pueden utilizarse para impulsar procesos de mejora. En Argentina, la devolución de resultados a las escuelas ha sido un componente explícito de las estrategias de uso promovidas por la evaluación nacional Aprender desde 2016. Sin embargo, no existe una teoría de cambio clara que especifique cómo se espera que la información producida contribuya a la mejora.

Promover el uso efectivo de estos datos por parte de las escuelas debería ser prioritario por diversas razones. En primer lugar, existe evidencia que muestra que las estrategias de devolución de resultados a las escuelas pueden traducirse en mejoras en los aprendizajes y en las trayectorias educativas de sus estudiantes (Ganimian, et. al., 2024). Además, la información generada es una fuente valiosa para orientar la conducción institucional, en tanto ofrece una mirada externa, estandarizada y comparativa con otras instituciones. Finalmente, la implementación de evaluaciones censales que habilitan la devolución de resultados por escuela supone un gran esfuerzo operativo, técnico y financiero, lo que hace importante garantizar su máximo aprovechamiento.

Sin embargo, lograr que la evidencia generada sea efectivamente utilizada por los equipos escolares sigue siendo un gran desafío. Suelen existir demoras en la entrega de resultados y los reportes se presentan con formatos poco accesibles para las escuelas o con continuos cambios. A esto se suma que muchos equipos escolares no cuentan con formación específica para analizar e interpretar los datos, que los resultados no se integran de manera consistente en los procesos de planificación institucional y que todavía falta consolidar una cultura que promueva el uso sistemático de la información para la mejora. Como consecuencia, se constata en la región que la información generada suele ser subutilizada y persiste una brecha entre la producción de datos y su uso efectivo.

Este problema abre una serie de interrogantes centrales para el caso argentino: ¿cómo lograr que la información de las evaluaciones Aprender se convierta en un insumo para la gestión institucional y pedagógica y no se limite a un diagnóstico abstracto del sistema? ¿Qué condiciones deben garantizarse para que los equipos directivos y docentes puedan apropiarse de los datos y traducirlos en acciones concretas de mejora? ¿Qué papel deben jugar los distintos niveles de gobierno en un sistema federal donde la aplicación es nacional pero la gestión escolar es jurisdiccional?

El documento aborda estas preguntas y muestra que, si bien los reportes por escuela de Aprender constituyen un insumo valioso, su diseño ha cambiado con frecuencia y su circulación efectiva es desigual entre provincias. El análisis identifica tres modelos distintos de reportes producidos entre 2016 y 2023, que variaron en la información incluida, las comparaciones habilitadas y los materiales complementarios. Esta falta de continuidad dificulta la previsibilidad y la apropiación por parte de las escuelas.

También se observa que los reportes abren la posibilidad de múltiples usos, como la elaboración de diagnósticos institucionales, el monitoreo y la evaluación de acciones desarrolladas en años anteriores, la construcción de planes de mejora o el fortalecimiento del desarrollo profesional docente. Sin embargo, para que estos usos se concreten es necesario contar con ciertas condiciones habilitantes —tiempos adecuados de devolución, formación en el uso de datos y espacios institucionales de análisis— que no siempre están garantizadas.

Por otra parte, aunque la mayoría de los directivos que acceden a los informes reconoce su utilidad, persisten grandes diferencias de acceso y oportunidades de uso. El uso efectivo de los reportes depende fuertemente del rol que cumplen las jurisdicciones en su distribución y acompañamiento: allí donde se promueven espacios de análisis con equipos provinciales, el aprovechamiento escolar de la información es mayor.

El documento plantea cuatro recomendaciones para fortalecer el uso de la información generada por el sistema de evaluación nacional: i) alcanzar un acuerdo federal que defina de manera clara los propósitos y usos de la evaluación educativa a nivel escolar, garantizando coherencia entre los dispositivos y estrategias nacionales y provinciales; ii) mejorar la calidad y estabilidad de los reportes por escuela, asegurando comparaciones amplias y un sistema de indicadores complementario a los resultados de aprendizaje con continuidad a lo largo del tiempo; iii) diversificar los productos y estrategias de uso más allá de los reportes, explorando herramientas como metas de desempeño, plataformas públicas con información contextualizada o guías pedagógicas específicas; y iv) garantizar las condiciones habilitantes para el uso efectivo de los datos, incluyendo tiempos oportunos de devolución, formación docente y espacios institucionales para el análisis.