Publicada en noviembre de 2022

La acción climática toma cada vez más fuerza a nivel global. La semana pasada, en Egipto, finalizó la 27ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022. En esta COP 27 se reunieron representantes de gobiernos y de la sociedad civil para discutir y adoptar medidas que permitan alcanzar mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C respecto de los niveles preindustriales. La cita tuvo un foco doble: por un lado, discutir el financiamiento para que las ciudades de países en vías de desarrollo puedan emprender acciones de mitigación (disminuir las emisiones de GEI) y adaptación (afrontar los impactos del cambio climático) y, al mismo tiempo, negociar mecanismos de compensación para los daños que el cambio climático genere, especialmente en los países menos contaminantes pero que más sufren los impactos del calentamiento global. 

Esta edición cerró con una percepción de ‘vaso medio lleno’. Por un lado, hubo avances concretos en la creación de un fondo para los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Si bien queda pendiente para los próximos meses la definición de cómo se realizará el financiamiento, quiénes aportarán los fondos y quiénes serán los países receptores de dichos aportes, constituye un avance sustancial y responde a un reclamo que llevaba años sin atenderse. Ahora bien, no se acordaron esfuerzos adicionales a los establecidos en la COP del año pasado en términos de eliminación de combustibles fósiles. Estos compromisos son indispensables para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. De hecho, si todos los países cumplen con los compromisos climáticos en materia de reducción de emisiones –lo que se concibe con el nombre de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) –, el mundo avanza hacia un calentamiento de 2,7°C según Climate Action Tracker. Por este motivo hace falta establecer metas de reducción de GEI mucho más ambiciosas. 

A nivel local, hace unas pocas semanas tuvo lugar en Buenos Aires la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, la cual buscó reunir los esfuerzos frente al cambio climático. La agenda de la cumbre, que reunió a alcaldes, líderes y especialistas en ciudades, estuvo atravesada por la amplia variedad de desafíos que enfrentan las ciudades, sintetizados en tres pilares: recuperación justa e inclusiva de la pandemia, ciudades de bienestar y la necesidad urgente de financiación para la acción climática. En el marco de dicha cumbre, más de 100 intendentes e intendentas de nuestro país suscribieron la Declaración de Ciudades Argentinas, documento que expresa consensos y reúne voluntades de acción frente a la emergencia climática.  

A través de este documento las ciudades adhirieron al reconocimiento de la emergencia climática mundial, al fortalecimiento del rol de las ciudades y su posicionamiento como actores relevantes frente a la acción climática y a la incorporación de la adaptación en la planificación de la acción climática en coordinación con la gestión de riesgos. A su vez, se comprometieron al favorecimiento de enfoques integrados con las políticas de mitigación para lograr un desarrollo climáticamente resiliente y al apoyo de acciones de agentes no estatales que fomenten la resiliencia de comunidades vulnerables a los riesgos climáticos. 

No obstante, el cambio climático no es el único problema. De hecho, las ciudades se enfrentan a un sinfín de desafíos como la desigualdad territorial, pobreza, informalidad y expansión urbana sin planificación: problemáticas que subyacen y derivan en escenarios cada vez más acuciantes, producto de la combinación con el calentamiento global. Y esto lleva a que haya un aumento sustancial del riesgo de desastres. Reducir el riesgo de desastres implica reducir la vulnerabilidad frente a desastres. Supone actuar sobre las características, condiciones y circunstancias de una persona, comunidad o territorio que la hacen susceptibles ante una amenaza, como de olas de calor, sequías, tormentas, incendios e inundaciones.  

Los esfuerzos en reducir la vulnerabilidad frente a este tipo de desastres no deben ser esfuerzos aislados ni estar desarticulados de la gestión urbana cotidiana, sino todo lo contrario. Es indispensable que la planificación urbana guarde estrecha relación con la reducción de las causas fundamentales de la vulnerabilidad y los factores del riesgo. Y para eso resulta crucial que las ciudades argentinas logren resolver este desacople técnico-operativo entre lo que cotidianamente se hace con lo que hay que hacer para reducir la vulnerabilidad de forma sostenida en el tiempo. Debe impulsarse un cambio en la forma en que se planifica y hace ciudad, que atienda los desafíos presentes pero, por sobre todo, los contextos climáticos futuros. 

¿Qué dificultades y oportunidades afrontan los gobiernos locales ante el cambio climático?  

Las ciudades cuentan con ventajas considerables para llevar adelante los esfuerzos que requiere afrontar el cambio climático. Principalmente, se destaca que los gobiernos locales conocen el territorio y a su población, sus vulnerabilidades y amenazas, y cuentan con la cercanía adecuada para impulsar acciones que tengan por objetivo reducir la vulnerabilidad, la exposición a riesgos y así aumentar la resiliencia.  

Sin embargo, las ciudades también tienen debilidades importantes en términos de recursos humanos, técnicos, económicos (particularmente para inversión en infraestructura), marcos normativos, capacidad institucional y de gestión para enfrentar estos retos. Con frecuencia los municipios tienen más gastos que ingresos y dependen de transferencias del estado provincial o nacional para cubrir los gastos corrientes, lo que lleva a que la capacidad de inversión en infraestructura sea muy baja.  

Los recursos técnicos también suelen ser insuficientes, y a ello se suma un déficit en marcos jurídicos e institucionales. Todo esto se traduce en baja capacidad de gestión local, que redunda en falta de métodos e instrumentos para resolver desafíos. Los planes de acción climática, de crecimiento urbano controlado y de gestión integrada del riesgo de desastres, lamentablemente no abundan. 

Pero ello no quita que los municipios argentinos deban, con urgencia, reorientar la planificación urbana hacia la reducción sostenida de la vulnerabilidad y fortalecer su gobernanza territorial. Está demostrado que invertir en preparación y gestión del riesgo reduce marcadamente los impactos y costos económicos asociados, como también el tiempo que lleva la recuperación posterior a un desastre, así como también colabora a que la población alcance mayores niveles de bienestar.  

Sin lugar a dudas, prevenir es mejor que curar y esa máxima también aplica a la gestión local. Precisamente en esta línea, a través de este documento elaborado recientemente, buscamos acercar conceptos y brindar herramientas a líderes locales y tomadores de decisión que deseen mejorar la gestión del riesgo en sus municipios y lograr que esta realineación sea posible.