Detrás de los números de pobreza del primer semestre

Publicado en septiembre de 2021

A pesar de la mejora de la actividad económica con relación a los meses más difíciles del año 2020, la pobreza en el primer semestre de 2021 se mantuvo estable respecto al mismo semestre del año anterior, alcanzando al 40,6% de la población (alrededor de 18,6 millones de personas). Los niveles de indigencia también presentaron cifras similares a las del año pasado: el 10,7% de la población (alrededor de 4,9 millones de personas) no alcanzó ingresos suficientes para una canasta básica de alimentos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Tasa de pobreza e indigencia, en porcentaje. Total de aglomerados urbanos (2016-2021).

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

 

Para interpretar estos resultados es importante considerar las tendencias en los últimos años. La pobreza venía en aumento desde 2018, principalmente por la pérdida de poder de compra de los hogares, siguiendo a las devaluaciones y los aumentos inflacionarios de ese periodo (Gráfico 1). Alrededor del 35,5% de la población se encontraba debajo de la línea de pobreza a fines de 2019. En 2020, a partir de la irrupción del COVID-19 en marzo, las restricciones a la circulación y la caída generalizada de la actividad económica impactaron en los ingresos laborales de los hogares, impulsando un salto en los niveles de pobreza.

Así, la elevada tasa de pobreza en el primer semestre de 2020 resultó de la combinación de un primer trimestre sin los efectos adversos de la pandemia con un segundo trimestre en el cual operaron las restricciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Si bien en la primera mitad de 2021 la actividad económica mejoró respecto a los meses más difíciles de 2020, se mantuvo por debajo de los niveles previos a la pandemia. En este sentido, la segunda ola de contagios y la aceleración de la inflación en ese periodo impactaron de forma negativa en el poder de compra de los hogares. En síntesis, la pandemia sumó nuevas vulneraciones y empeoró la crisis socioeconómica que el país venía atravesando: entre 2019 y 2021 la pobreza aumentó 5,2 puntos porcentuales.

 

Quiénes y dónde: distribución de la pobreza

La pobreza no se distribuye de forma uniforme en el territorio del país ni afecta a todos los hogares de la misma forma. Al primer semestre de 2021, las regiones del noreste, noroeste y los partidos del Gran Buenos Aires presentaron las cifras más elevadas con un 45,4%, 44,7% y 45,3% de sus poblaciones en situación de pobreza, respectivamente.

Los hogares con niños/as y adolescentes enfrentan mayores desafíos para alcanzar ingresos suficientes. Esto se ve reflejado en los alarmantes niveles de la pobreza infantil: alrededor del 54% de los/as niños/as con menos de 15 años vive en esa situación y casi el 17% se encuentra en la indigencia (Gráfico 2). Además, los/as niños/as sufrieron especialmente los efectos secundarios de las restricciones en el contexto de la crisis sanitaria sobre múltiples dimensiones, tales como el acceso al cuidado y la educación de calidad, lo que podría afectar sus perspectivas de bienestar en el mediano y largo plazo.

Gráfico 2. Tasa de pobreza por grupos de edad, en porcentaje.  Total de aglomerados urbanos (primer semestre de 2019, 2020 y 2021).

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

 

Con la irrupción de la pandemia, el aumento de la pobreza fue particularmente notorio entre las personas jóvenes. Del primer semestre de 2019 al primer semestre de 2021 la pobreza en los/as jóvenes de 15 a 29 años aumentó 6,2 puntos porcentuales llegando a alcanzar al 48,5%. Esta cifra se relaciona con la agudización de la situación en el mercado de trabajo, donde la juventud enfrenta mayores problemas para su inserción y permanencia laboral, especialmente en empleos de calidad.

 

Resolver hoy, asegurar el mañana

Como respuesta al empeoramiento de las condiciones sociales descritas, el Estado implementó políticas de emergencia para mitigar los efectos adversos de la crisis sociosanitaria en los hogares. Se destaca el refuerzo de las políticas de transferencias orientadas a los hogares más vulnerados para complementar sus ingresos, sobre todo en los periodos más álgidos de restricciones por la pandemia. Esto incluyó medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, aumentos de transferencias a titulares de la asignación universal por hijo, la Tarjeta Alimentar y bonos a jubilados/as y titulares de políticas sociales como Potenciar Trabajo, entre otras. Estas medidas tuvieron un rol importante en evitar un peor escenario social, pero no alcanzaron para contrarrestar en su totalidad a los impactos negativos de la crisis.

Los desafíos que generó la crisis sanitaria, económica y social son varios. Dada la estrecha relación entre el crecimiento económico y la pobreza, urge sentar las bases para que las condiciones macroeconómicas mejoren y se acelere la recuperación de la actividad. Sin embargo, con esto solo no alcanza. Es necesario, además, abordar problemas estructurales que no se han logrado resolver en las últimas décadas. En este sentido, en los últimos 30 años, aún en periodos de elevado crecimiento económico, el porcentaje de población en situación de pobreza nunca fue menor al 25%.

Reducir la pobreza requiere de una estrategia multisectorial que se sostenga en el tiempo. Considerando la infantilización de la pobreza, además de mejorar las condiciones de empleo de los hogares, las políticas públicas para frenar la reproducción intergeneracional de las desventajas sociales son fundamentales. Una sociedad en la que la mitad de los/as niños/as con menos de 15 años no alcanzan a tener sus necesidades básicas satisfechas no está cumpliendo con sus obligaciones en el presente, y acumula mayores dificultades para asegurar un desarrollo inclusivo en el futuro. La dinámica demográfica del país hace aún más importante este desafío, ya que estos/as niños/as serán los/as adultos/as que deberán ser mucho más productivos para sostener a una sociedad más envejecida. Por ello, avanzar en políticas como mejorar el sistema de asignaciones por hijo/a, garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ampliar el acceso a espacios de crianza, enseñanza y cuidado de calidad en la primera infancia y mejorar la finalización, aprendizajes y pertinencia de la educación secundaria es urgente, aun cuando sus efectos no se vean en el corto plazo.

Autores


Rafael Rofman

Director de Protección Social

Carola della Paolera

Coordinadora de Protección Social

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