Ingreso universal para la infancia: más que la suma de las partes


La crisis social y económica enardecida por la irrupción de la COVID-19 evidenció aún más la especial situación de vulneración de derechos que experimentan niños, niñas y adolescentes en Argentina.  A pesar de que los compromisos jurídicos y de la evidencia acerca de los retornos agregados de invertir en la niñez y la adolescencia, estos grupos sufren con mayor incidencia la pobreza.

Uno de los instrumentos de política más útiles para revertir esta situación son las transferencias de ingresos. En Argentina el Estado nacional transfiere dinero a las familias con niñas, niños y adolescentes por tres vías: la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares contributivas y la deducción del Impuesto a las Ganancias.

A pesar de los avances realizados en los últimos años, este esquema presenta cuatro problemas.

  1.  Cobertura: este esquema no es universal, casi 1.200.000 niñas/os y
    adolescentes no se encuentran cubiertos por ninguno de los tres pilares.
  2. Equidad ligado a las corresponsabilidades: El derecho de quienes están cubiertos por AUH es condicional al cumplimiento de requisitos en salud y educación, mientras que no hay tales exigencias en los otros pilares.
  3. Suficiencia en los montos transferidos: El monto que transfiere el Estado a cada niña/o depende de la situación laboral de sus padres y los distintos tipois de cobertura no otorgan una transferencia equivalente ante un mismo nivel de ingreso. Ningún monto, además, es suficiente para superar el umbral de indigencia o pobreza.
  4. Progresividad: debido a la diferenciación en las prestaciones según zonas geográficas.

Este informe propone implementar un ingreso universal para la infancia que se construya sobre los tres pilares existentes, pero resuelva sus problemas. El documento presenta dos escenarios de reforma, basados en cuatro principios: 1) universalidad, 2) suficiencia, 3) progresividad, y 4) equidad territorial.

Los dos escenarios están costeados y proyectados a 2030, plazo que coincide con la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La inversión requerida para los escenarios simulados para 2030 asciende a $695.099 y $1.106.163 millones de pesos de 2020 respectivamente, lo que representa un 2,9% y 5% del PBI. Se propone un esquema de reforma gradual que parte de una inversión asequible en el corto plazo (0,3% del PBI para 2020).

Además del incremento paulatino de los montos y de su progresividad, existen otras cuatro mejoras posibles que pueden coadyuvar al fortalecimiento de los esquemas de transferencias. Estas están orientadas a avanzar hacia la universalidad real de la cobertura, mejorar la equidad entre los subsistemas, transparentar el financiamiento y fortalecer la institucionalidad.

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