En los últimos 15 años, nuestro país fue testigo de un crecimiento significativo del empleo público. La falta de contextualización en el análisis de este fenómeno así como la dispersión y discontinuidad de datos y estadísticas oficiales obstaculizaron un debate basado en evidencia, responsable y coherente. Frente a este escenario, resulta oportuno analizar algunas cuestiones elementales que permitan desterrar mitos.

Tanto a nivel nacional como en provincias y municipios, cuando hablamos de empleo público hacemos referencia a un universo complejo y heterogéneo, que lejos de circunscribirse a la imagen clásica del empleado público (personal administrativo), realiza tareas muy variadas. Seis de cada diez empleados públicos se desempeñan en las áreas de educación, salud y seguridad a nivel nacional, provincial o municipal (unos 2,2 millones de personas), brindando servicio a una población que asciende a más de 40 millones de habitantes. Por su parte, el personal de administración gubernamental y justicia representa un 30% del empleo público total. La heterogeneidad de este universo pone de relieve la complejidad que supone la tarea de reconstruir, analizar e interpretar el rompecabezas del empleo público en la Argentina.

Es importante a su vez plantearnos ir más allá del debate sobre el tamaño adecuado del Estado, que no puede evaluarse en forma separada de sus funciones y servicios. El tema del empleo público requiere un abordaje integral, continuar trabajando en la mejora de las reglas que refieren al ingreso de los agentes, su movilidad en la función pública, la capacitación, la evaluación y las remuneraciones. No sólo preocuparnos por cuántos, sino también por quienes ingresan y cómo desarrollan sus tareas en el Estado. Son estas capacidades, en última instancia, las que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.