Esenciales, pero no reconocidas: las trabajadoras domésticas remuneradas y el impacto de la pandemia

Publicado en marzo de 2022

Es imposible imaginar un mundo en el cual no exista quien realice las tareas cotidianas de la vida, como alimentar a un/a bebé, limpiar la casa o hacer las compras de los bienes necesarios para el día a día. Con el incremento en la participación laboral de las mujeres, la disponibilidad de tiempo de las familias para realizar estas tareas se redujo progresivamente, mientras que la demanda de cuidados aumentó por transformaciones demográficas y sociales. Así, los hogares recurren a otras personas para su ejecución, siempre en dinámicas feminizadas: familiares -abuelas, tías- o, también, trabajadoras domésticas remuneradas. 

Pese a este papel vital en el funcionamiento de los hogares, las trabajadoras domésticas se encuentran desvalorizadas e invisibilizadas. El trabajo en casas particulares es la rama de actividad con mayor informalidad, la más afectada por la crisis de la pandemia, la más feminizada y la de menores remuneraciones. Es el ejemplo máximo de las ya conocidas brechas de género en el mercado laboral: las mujeres no solo participan menos que los varones del mercado de trabajo, sino que quienes logran ingresar al mundo laboral sufren con mayor frecuencia el desempleo y la informalidad. 

Además de precarizado, el esquema del trabajo doméstico está estratificado por ingresos: los hogares con mayores recursos pueden tercerizar el cuidado en el mercado a través de la contratación de trabajadoras domésticas, mientras que aquellos que no tienen esa posibilidad apelan a mecanismos de adaptación. Esto último implica que las mujeres de hogares con menores ingresos se ven forzadas a salir del mercado de trabajo remunerado para dedicarse al cuidado o a delegar en otras mujeres de la familia estas tareas sin remuneración, entre otros. De esta manera, las desigualdades socioeconómicas preexistentes se reproducen, lo que genera un círculo vicioso entre cuidados, pobreza, desigualdad y precariedad.  

Este sistema visualiza el rol esencial que las trabajadoras domésticas remuneradas cumplen en la organización social del cuidado y en el funcionamiento de la economía. Su contratación permite que las mujeres de mayores ingresos tengan más tiempo disponible para dedicar al mercado de trabajo, la educación u otras actividades. Esto quiere decir que las trabajadoras domésticas no solo participan ellas mismas del mercado de trabajo, sino que habilitan la inserción laboral de otras mujeres. 

En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, revalorizar la contribución que hacen las trabajadoras domésticas a nuestras sociedades y repensar la organización del cuidado se convierten en ejes cruciales para promover la igualdad de género y lograr un desarrollo más inclusivo. 

 

Antes y después: ¿qué pasó con las trabajadoras domésticas durante la pandemia? 

El sector del empleo en casas particulares recibe una de las peores remuneraciones, ofrece posibilidades limitadas de crecimiento y en la gran mayoría de los casos carece de regulación y de acceso a la seguridad social. Vulneraciones que se profundizaron durante la pandemia: el trabajo doméstico fue el sector más afectado durante la crisis sociosanitaria en Argentina. Entre inicios de 2020 y 2021, fue la rama que contabilizó la mayor pérdida de puestos de trabajo. 

Previo a la pandemia, el trabajo en casas particulares era el sector que más mujeres empleaba, ya que concentraba al 17% de la fuerza laboral femenina. Además, presentaba los índices más altos de informalidad (75%), las mayores tasas de feminización (95% de quienes trabajaban en el sector eran mujeres) y las remuneraciones promedio más bajas de todo el mercado laboral. 

Gráfico 1. Porcentaje de mujeres por rama de actividad. Segundo semestre de 2019. 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC-EPH (2019).

 

La irrupción del COVID-19 a principios de 2020 llevó a los gobiernos a implementar estrategias para evitar su propagación, que tuvieron como consecuencia un cese abrupto de la actividad económica. En este contexto, en abril de 2020, la OIT advirtió sobre el alto riesgo que tenían las trabajadoras domésticas de perder el empleo, en referencia a la dificultad de sus empleadores para pagar salarios y a las vulneraciones asociadas a la alta informalidad: ausencia de seguros de desempleo e indemnización, y falta de obra social, licencias por enfermedad y cobertura por riesgos de trabajo. En América Latina, si bien 17 países ya habían ratificado el convenio 189 de la OIT para garantizar derechos a las trabajadoras domésticas, el 78% de ellas no tenía acceso alguno a la protección social y no podía ejercer su derecho a negociar colectivamente.  

Al igual que el resto de la fuerza laboral, las trabajadoras domésticas tenían derecho a cobrar su salario sin asistir a su lugar de trabajo mientras se mantuvieran vigentes las limitaciones sobre la movilidad. La única excepción a las restricciones eran aquellas personas registradas como cuidadoras, que fueron consideradas trabajadoras esenciales. A su vez, todas las trabajadoras domésticas quedaron contempladas por las prohibiciones al despido que implementó el gobierno nacional. No obstante, las características del trabajo en casas particulares y su alta tasa de informalidad introdujeron diversos desafíos. En primer lugar, aquellas que trabajaban sin retiro –es decir, cuyo hogar y lugar de trabajo coinciden en la vivienda de su empleador/a– pudieron ver aumentada su carga laboral y disminuido su derecho al descanso durante los primeros meses de la pandemia. En segundo lugar, aquellas que sí tenían retiro estuvieron impedidas de asistir a su lugar de trabajo por las restricciones. De esta manera, las trabajadoras formales podían seguir percibiendo un ingreso (si bien la modalidad de pago pudo haber presentado dificultades por una baja bancarización), mientras que aquellas que se desempeñaban de modo informal enfrentaban el riesgo de perder su empleo o de tener que desobedecer las medidas, exponiéndose a un riesgo mayor de contagio. 

Frente a este contexto, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, 433 mil trabajadoras domésticas perdieron su empleo, caída que alcanzó un pico de más de 500 mil durante el segundo trimestre de 2020, el período más agudo de la crisis. Estos datos reflejan dos fenómenos en simultáneo: el trabajo doméstico remunerado fue el más golpeado por la pandemia y, además, es el que más lento se recupera. Los 433 mil puestos de trabajo perdidos entre inicios de 2020 y principios de 2021 representan casi el doble que los 241 mil empleos perdidos en hoteles y restaurantes, la segunda rama de actividad más afectada. En lo que hace al ritmo de reactivación del sector, la situación a inicios de 2021 evidenciaba una recuperación de apenas el 18% con respecto al segundo trimestre de 2020, muy por debajo de la media en un contexto en el que el nivel agregado de empleo ya se encontraba en niveles previos a la pandemia (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Proporción de empleos recuperados respecto a los perdidos durante la crisis. Segundo trimestre de 2020 – primer trimestre de 2021. 

Fuente: CETyD, 2021 en base a EPH. Nota: Los valores se calculan como la inversa de la proporción entre, por un lado, la diferencia del número de ocupados de los primeros trimestres de 2020 y 2021, y por otro, la diferencia del número de ocupados del primer y segundo trimestre de 2020 (CETyD, 2021).

 

Ante esta situación, el Estado argentino implementó diversas políticas para contener los impactos socioeconómicos de la pandemia, que beneficiaron a las trabajadoras domésticas y sus hogares. Estas medidas incluyeron compatibilizar la percepción del Ingreso Familiar de Emergencia con los ingresos provenientes de la ocupación en el sector del trabajo doméstico y otorgar un bono extraordinario a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a. También incluyeron el lanzamiento del Programa Registradas, una iniciativa que cubría entre el 30 y el 50% del sueldo de la trabajadora durante seis meses (por hasta $15.000 mensuales) y abría una cuenta bancaria gratuita a las nuevas trabajadoras de casas particulares que trabajaran más de doce horas semanales y cuyos/as empleadores/as registraran formalmente el vínculo laboral.  

Sin embargo, estas prestaciones no fueron suficientes para contener las consecuencias de la crisis. Aunque alrededor de 56.000 trabajadoras se registraron a diciembre de 2021, solo se otorgaron 10.064 prestaciones de las 90.000 a las que aspiraba el Programa Registradas. A su vez, en el segundo semestre de 2020, mientras que la pobreza promedio de las mujeres ocupadas alcanzaba el 27%, entre las trabajadoras domésticas trepaba a 56%, lo que representaba un aumento interanual de 9 puntos porcentuales (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Tasa de pobreza femenina por rama de actividad. Segundo semestre de 2020. 

Fuente: CIPPEC en base a INDEC-EPH (2020).

 

Por una recuperación inclusiva y con derechos 

En este contexto, las políticas públicas tienen un rol fundamental para abordar la complejidad de garantizar condiciones laborales dignas a las trabajadoras domésticas. 

La legislación argentina sobre el empleo doméstico remunerado constituye una referencia a nivel regional. En 2013 se sancionó la Ley 26.844 que creó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y equiparó las condiciones de trabajo del sector con las del resto de las personas asalariadas regidas por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta regulación implicó un avance significativo en la ampliación de derechos (licencias, obligatoriedad de la cobertura por riesgos de trabajo, asignaciones familiares del sistema no contributivo, entre otros) para un grupo de trabajadoras históricamente discriminado. El salario mínimo, la afiliación obligatoria a la seguridad social, la jornada equiparada al resto de los/as trabajadores/as y el contrato estricto obligatorio situaron a la regulación argentina del empleo doméstico como una de las más importantes de América Latina y el Caribe. 

Pese a estos avances sustanciales en términos normativos y a las mejoras paulatinas en las tasas de informalidad en los últimos 15 años, el escenario actual da cuenta de la magnitud de los desafíos pendientes. Avanzar en el cumplimiento de los derechos de todas las personas que participan del mercado de trabajo es un imperativo ético, jurídico y político. También es una condición necesaria para consolidar una recuperación inclusiva. Para lograrlo hay que construir consensos e implementar políticas públicas que impulsen la contratación y la formalización de las trabajadoras domésticas. ¿Qué podemos hacer en lo inmediato? 

  1. Fortalecer las políticas de inspección y fiscalización laboral para verificar el cumplimiento de la normativa vigente e impulsar la registración. Si bien las políticas de control en domicilios particulares pueden presentar dificultades, son esenciales para asegurar el pleno goce de los derechos de las trabajadoras.  
  2. Reducir la brecha salarial entre las trabajadoras domésticas y el resto de las ocupaciones. Será importante focalizarse particularmente en quienes trabajan en varios hogares diferentes, ya que terminan siendo las más expuestas a la informalidad. 
  3. Impulsar la representación colectiva de las trabajadoras domésticas, que por las características de su trabajo suelen enfrentar obstáculos para la participación gremial. Este paso puede ser vital para fortalecer su acceso a la información y elevar sus reclamos en pos de mejorar las condiciones laborales del sector.  
  4. Sensibilizar e informar mediante campañas masivas que difundan la normativa vigente y den a conocer los derechos laborales de las trabajadoras y las obligaciones de los/as empleadores/as. Usar un lenguaje sencillo que evidencie la relación laboral existente entre empleada y empleador/a, así como también desarrollar plataformas que se adapten a ambas partes, pueden ser herramientas clave en este aspecto. 

Estas medidas deben enmarcarse dentro de un objetivo más amplio: impulsar una nueva organización social del cuidado. Para ello, es importante seguir avanzando en la construcción de un sistema integral y federal de cuidados basado en tres pilares que consideren los derechos de las personas a cuidar y ser cuidadas. El primero debe garantizar a las familias tiempo para cuidar a través de regímenes de licencias universales y equitativos, y de políticas que promuevan la conciliación entre familia y trabajo. El segundo pilar requiere otorgar recursos para cuidar a los hogares, fortaleciendo las transferencias a la niñez para que lleguen a todos los hogares con niños/as y adolescentes. El tercero, por último, debe aumentar la provisión de servicios de cuidado, ampliando la cobertura de los espacios de crianza enseñanza y cuidado de calidad para las poblaciones dependientes. Así, un sistema integral y federal de cuidados puede reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras promueve la representación y recompensa de manera adecuada a las trabajadoras domésticas asalariadas. 

Autores


Florencia Caro Sachetti

Coordinadora de Protección Social

Juan Camisassa

Analista de Protección Social

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