Publicado en enero del 2021

Los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento, según revela un estudio realizado por CIPPEC.

Para el tercer trimestre del año, últimos datos oficiales disponibles, los varones hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal cayó 30%. 

Variación interanual del empleo por sexo, edad y categoría ocupacional (segundo y tercer trimestre 2019-2020)

Fuente: CIPPEC en base a EPH-INDEC.

Estos datos forman parte del documento que analiza la estructura del mercado laboral argentino, el impacto del freno a la actividad económica durante 2020, y propone lineamientos para fomentar el empleo en contexto de crisis económica y sanitaria.

“Argentina tiene problemas estructurales en su mercado de trabajo, con gran heterogeneidad por sector, tipo de inserción laboral y población. Sobre esta estructura es que debemos evaluar el efecto del COVID-19”, plantea Manuel Mera.

El trabajo desgrana el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento y distancia social en el mercado laboral. Así, muestra que la caída interanual (a octubre de 2020) fue de 241.200 puestos de trabajo, de los cuales 243.500 fueron asalariados. Al focalizar en los puestos que se perdieron por la pandemia, usando datos desestacionalizados, la caída total del empleo formal fue de 187.100 puestos de trabajo entre febrero y octubre, la mayor parte de los cuales (185.200) se dio en los asalariados registrados. 

“Dos cuestiones se destacan de estos números. Por un lado, que el aumento en la caída del empleo no se debe a un aumento en las desvinculaciones, sino a una caída histórica en las incorporaciones. Hay que tener en cuenta que rige en la actualidad una prohibición de los despidos y doble indemnización. La implicancia que tiene esto es que el mercado laboral formal está parado, y esa falta de dinamismo deriva en una lenta pero constante caída del empleo. En segundo lugar, las barreras a las desvinculaciones de trabajadores formales derivaron en la utilización de mecanismos alternativos a la desvinculación. Los datos muestran un aumento significativo en la tasa de suspensiones que llegó a 8,84 en mayo y bajó hasta 3,85 en noviembre ”, detalla el trabajo. 

Tasa de empleo y suspensiones en empresas de más de 10 trabajadores. Total aglomerados (abril 2019-noviembre 2020)

Fuente: CIPPEC en base a EIL-MTEySS

El documento analiza también las variaciones en el número de empleadores según tamaño. En el período marzo – junio de 2020, el número de empleadores bajó cerca de 15.000 (-3%) para el mes de junio 2020. La concentración de la caída interanual se dio en mayor medida entre las microempresas (74.5% del total de bajas), empresas de hasta 10 trabajadores (9,7%), empresas entre 11 y 50 trabajadores (10.3%) y empresas de más de 50 trabajadores (5.5%).

“Los datos de situación de la producción y del mercado laboral a inicios de 2020 y la profundización de la crisis generada por el COVID-19 muestran un escenario social y económico preocupante. La caída del empleo y la actividad, especialmente del mundo informal, deriva en una recesión económica y un aumento de la pobreza. Frente a este panorama, es necesario pensar una batería de acciones para favorecer una recuperación”, sostiene el documento.

Entre las acciones posibles se encuentran los mecanismos de sostenimiento y promoción del mercado laboral, como subsidios salariales, el seguro por desempleo y la reducción acordada de horas trabajadas para los formales, así como transferencias condicionadas para desempleados e informales. Otras son programas de empleo público, subsidios a la contratación y servicios públicos de empleo. Por otro lado, el aparente fin de los programas IFE y ATP implican la necesidad de  “reorientar el gasto extraordinario hacia políticas de reactivación sin dejar desprotegidos a sectores de la población que tardarán en recuperar su situación de pre pandemia. El país tiene un amplio número de programas laborales y sociales, y deberá ser a través de ellos que se continúe con la contención de los afectados y la promoción de la vuelta a la actividad de los desocupados”, sostiene Mera.

La pandemia de la COVID-19 ha causado una disrupción sin precedentes en la educación. Ha evidenciado hasta qué punto los sistemas educativos no están preparados para enfrentarse a las crisis. Los cierres de las escuelas en todos los países constituyeron una primera respuesta casi universal que en la primera fase parecía completamente necesaria. Sin embargo, sus efectos son muy negativos y profundizan las desigualdades. Los países del G20 se enfrentan a un doble desafío. Todos han de responder a nivel nacional y algunos deben también responder como donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. El presente informe recomienda una planificación educativa sensible a las crisis y un sólido enfoque basado en la equidad, con el fin de garantizar la continuidad de la educación, respetando siempre íntegramente las medidas sanitarias. Se sugieren acciones para los países del G20 y los donantes, con el objeto de reconstruir y apoyar los sistemas educativos resilientes, avanzando desde las primeras respuestas a la recuperación.

Publicado en diciembre de 2020

Los espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) son uno de los dispositivos de política que mejor promueven de forma sinérgica el desarrollo de la primera infancia y la autonomía de las mujeres. El universo que los contiene es muy diverso, e incluye a jardines de infantes, jardines maternales, espacios de primera infancia, centros de desarrollo infantil, jardines privados no incorporados a la enseñanza oficial, entre otros formatos. Esta heterogeneidad se corresponde con la de las condiciones laborales y los trayectos formativos que las trabajadoras de estos espacios experimentan. En general, se observa que las trabajadoras del nivel inicial gozan de modalidades de contratación más seguras y remuneraciones mayores que sus colegas de centros de desarrollo infantil y jardines no incorporados a la enseñanza oficial. A su vez, sus trayectos formativos están más ordenados. Esta situación de disparidad es un problema en términos de igualdad, y también condiciona la calidad de las prestaciones dirigidas a niñas y niños.

Esta situación heterogénea asume formas específicas en cada jurisdicción provincial, en donde el mosaico de espacios CEC toma forma concreta a partir de las definiciones de política pública de los gobiernos subnacionales. El análisis en profundidad de tres casos provinciales -Córdoba, La Pampa y Río Negro- permite ahondar en esas diferencias y da cuenta de variaciones en términos de la normativa y la regulación existente; la perspectiva social que se tiene sobre el cuidado como actividad y trabajo; la existencia de un escalafón y las retribuciones que se hacen a la antigüedad; y, finalmente, la modalidad de articulación colectiva de intereses.

Este estudio exploratorio, basado en análisis documental y entrevistas en profundidad con funcionarios/as nacionales y provinciales y entrevistas a trabajadoras de diferentes formatos en las tres provincias, permite sugerir algunas recomendaciones para fortalecer los trayectos formativos y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras CEC en Argentina a partir de la integración de un sistema integral de cuidados. En primer lugar, se propone abordar la temática desde un enfoque sistémico que garantice un proyecto formativo propedéutico, situado y en servicio. Esto es, diseñar una oferta de formación que contemple los antecedentes educativos de las trabajadoras y ofrezca cursos hilados en una estrategia profesionalizante que se ofrezcan en los mismos lugares de trabajo. En segundo lugar, sería conveniente avanzar en la definición de un marco federal para la crianza, enseñanza y cuidado que funcione como orientación común para los objetivos y estrategias de los espacios CEC y, en consecuencia, informe los criterios de desarrollo profesional de las trabajadoras. En tercer lugar, se propone aprovechar las recientes innovaciones normativas e institucionales (como la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad) para catalizar acuerdos comunes tendientes a garantizar los derechos laborales de las trabajadoras CEC de forma equitativa, siguiendo una clave federal de acompañamiento técnico, político y financiero a los municipios y las provincias.

Publicado en diciembre de 2020

Entre fines de la década de 1960 y la actualidad el sistema previsional argentino ha pasado por al menos siete esquemas de movilidad distintos, permanentes o transitorios, y las autoridades actuales han presentado una nueva propuesta ante el Congreso nacional. Estos esquemas rara vez cumplieron la que se supone es su función central: mantener el valor real de los beneficios, y en cambio resultaron en bruscos aumentos o disminuciones del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, no siempre intencionalmente.

En los últimos 50 años se han dictado distintas normas (e incumplido la mayoría de ellas), generándose así una compleja trama de contradicciones, superposiciones y vacíos legales que han convertido a este tema (habitualmente menor en el diseño de las políticas previsionales alrededor del mundo) en una cuestión central. El problema se origina en las dificultades macroeconómicas que enfrenta Argentina hace décadas. La alta inflación, volatilidad de precios relativos (incluyendo salarios), crisis fiscales y una persistente fragmentación del sistema previsional han resultado en serias disputas políticas y una altísima litigiosidad, con cientos de miles de demandas por parte de beneficiarios y beneficiarias.

Índice de Movilidad Previsional en valores reales, observado 2017-2019 y simulado 2019-2021. Base diciembre 2017=100.

Fuente: Elaboración propia, en base a MTESS e INDEC.
Nota: El incremento correspondiente a marzo de 2020 consistió en una combinación de aumento porcentual y suma fija, por lo que impacto de distinta forma a beneficiarios dependiendo de su nivel de haberes. Para este gráfico se presenta el impacto sobre aquellos que percibían una jubilación promedio.

En la mayoría de los países con sistemas previsionales desarrollados y maduros la movilidad se vincula a precios o salarios, o una combinación de estos. Existen algunos casos interesantes donde otras variables (como la recaudación tributaria o el crecimiento del PIB) se han incluido en las fórmulas, aunque tienen algunos riesgos que deben ser atendidos. La selección de estas variables es importante, como también lo es la de indicadores específicos y la de reglas sobre frecuencia y automaticidad en los ajustes.

Hacia un nuevo esquema de movilidad

Los esquemas de movilidad no deberían ser un instrumento para aumentar o reducir en términos reales el gasto previsional, sino para proteger a las personas beneficiarias y agregar previsibilidad al sistema. Con esto como guía, en este documento se proponen algunos principios para el diseño de un nuevo esquema de movilidad, entre los que se destacan cinco:

• Relevancia del índice:

Los indicadores para actualizar ingresos de referencia deberían estar vinculados a valores salariales. En el caso de los beneficios, el objetivo principal es proteger la capacidad de consumo, con lo que parece razonable que se consideren los precios de los bienes y servicios que los beneficiarios necesitan adquirir y, eventualmente, algún indicador transparente de productividad.

• Transparencia y accesibilidad:

Cualesquiera sean los índices que se utilicen, deben ser transparentes y accesibles. Los índices de precios al consumidor cumplen, normalmente, con estas condiciones.

• Estrategia para compartir ganancias de productividad:

El componente que busca compartir ganancias de productividad puede estar vinculado a salarios, recaudación o crecimiento de la economía.

• Frecuencia de las actualizaciones:

Dada la historia de alta inflación en Argentina, es razonable buscar un mecanismo que permita actualizaciones frecuentes de los beneficios. Un mecanismo interesante de explorar sería una regla de periodicidad variable, en función del nivel de incremento de los índices.

• Visión de mediano y largo plazo:

Si bien la preocupación por la sostenibilidad fiscal es importante y legítima, no es razonable esperar que la metodología de movilidad resuelva dificultades fiscales en el corto plazo. Esta problemática debe ser discutida y resuelta en el marco que corresponde; esto es, en la forma de cálculo de los haberes iniciales de jubilación y pensión para los distintos grupos de participantes en el sistema y sus mecanismos de financiamiento.