Publicado en julio del 2020

La evaluación de programas en el Estado es fundamental para la transparencia, el aprendizaje y la mejora de sus funciones estratégicas como la planificación, la implementación y el monitoreo. La existencia de voluntad política para evaluar es una condición necesaria, aunque no suficiente para que esas evaluaciones se desarrollen y que sus resultados sean utilizados en los procesos de toma de decisión. Para eso es fundamental que los programas sean evaluables, es decir que cuenten con determinados atributos en su diseño, planificación, sistemas de información y recursos disponibles.

En este trabajo se desarrolla un índice de evaluabilidad con base en cuatro dimensiones de análisis (calidad del diseño y planificación de la intervención, calidad del sistema de monitoreo e información, calidad de la estrategia de evaluación y recursos) que componen el nivel en el que un programa puede ser evaluado en forma confiable y creíble.

Para llevar adelante este índice se implementa un protocolo de recolección de información que incluyó el relevamiento de toda la información pública y el pedido de información específica sobre 35 de los principales programas sociales a nivel nacional para el período 2015-2019. Con base en esta información se dio respuesta a 35 preguntas/indicadores que operacionalizan el concepto de evaluabilidad.

• Los resultados indican que el 71% de los programas considerados tiene un nivel de evaluabilidad bajo, según el índice. Sin embargo, se evidencia un gran desarrollo de las primeras dos dimensiones del índice (calidad del diseño y planificación de la intervención y calidad del sistema de monitoreo e información).
• En cuanto al diseño y planificación, los programas tienen bien definidos sus objetivos, tienen algún tipo de diagnóstico realizado e identificaron su población objetivo.
• En cuanto a la segunda dimensión, se encuentran muy buenos resultados en la presencia de indicadores de los programas, sobre todo aquellos vinculados a las tareas de gestión del Estado, como los de tipo insumo y producto.
• Por otro lado, hay poca formalización de la planificación en las evaluaciones y, por lo tanto, los resultados en las dimensiones 3 y 4 del índice (calidad de la estrategia de evaluación y recursos), son más desalentadores.

Frente a estos resultados, es evidente la necesidad de la formalización e institucionalización de las tareas de monitoreo y evaluación en el Estado que desarrollen y fortalezcan las capacidades instaladas en el sector público para que los procesos de evaluación y la gestión de la información que de ellos se deriva sea sostenible. De esta manera, se podrá generar y utilizar este conocimiento para una mejora continua de las políticas públicas sociales en Argentina.

Publicado en junio del 2020

Cuando se declaró la pandemia de COVID-19, la Argentina se encontraba en un escenario de frágil situación fiscal y en medio del proceso de renegociación de la deuda pública.

La pandemia y las medidas que se tomaron para paliar su impacto deterioraron fuertemente la posición del tesoro nacional. Las cuentas públicas muestran el fuerte activismo del Estado nacional para enfrentar la pandemia con medidas que han tenido el triple objetivo de atender las necesidades del sistema de salud, ofrecer cierto grado de protección social, cuidar el empleo y dar continuidad de las empresas y, por último, asistir a las tesorerías provinciales.

Composición del gasto de la Administración Pública Nacional por finalidad, antes y después de las medidas del aislamiento, en % del gasto total

Fuente: elaboración propia sobre la base de MECON

Los problemas fiscales no son nuevos, pero en un contexto de crisis se acentúan y se vuelven más visibles. En este sentido, en los últimos 5 años el déficit de la Administración Pública Nacional (APN) promedió el 5% del PBI, a pesar de que el déficit primario (que excluye los intereses de la deuda) mostró una tendencia decreciente. Desde marzo de 2020 los ingresos, excluyendo la transferencias de utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), acumularon una caída del 25% anual, mientras que los gastos registraron un aumento del 20%. Como consecuencia, en los tres últimos meses el déficit fiscal de la APN alcanzó los $880.000 millones y en el año ronda el 3% del PBI.

A su vez, la pandemia desatada por el COVID-19 trajo consigo un cambio en las fuentes de financiamiento de la APN, así como la distribución y composición del gasto público. Por un lado, con el mercado de capitales cerrado para el financiamiento, el BCRA ha cobrado un rol protagónico en el financiamiento del Estado nacional asistiéndolo con $800.000 millones entre marzo y mayo. Por el otro lado, el incremento del gasto tuvo como objeto las transferencias hacia el sector privado y las provincias, cuya principal finalidad fue atender las necesidades sociales, apoyar a las empresas y asistir a las tesorerías provinciales.

Composición de los ingresos de la Administración Pública Nacional, antes y después de las medidas de aislamiento, en % sobre el total de ingresos

Fuente: elaboración propia sobre la base de MECON

De esta manera, la pandemia dejará un mayor deterioro fiscal. Recomponer la salud de las cuentas públicas requerirá de un fuerte y preciso ejercicio de administración del Estado, tanto para equilibrar las cuentas públicas, como para evacuar la liquidez utilizada para financiar al tesoro nacional.

Publicado en junio del 2020

Evaluar el impacto, los resultados, los procesos y el diseño de planes y programas es un camino para generar evidencia sobre el desempeño de las iniciativas de gobierno. Sin embargo, las capacidades institucionales para producir, sostener y usar información de fuentes diversas para la gestión de planes y programas en Argentina son heterogéneas. Desde el punto de vista de la oferta, las instituciones públicas no cuentan con un esquema de producción de datos constante. Desde el punto de vista de la demanda, el debate público no siempre exige datos de calidad que avalen las decisiones que se toman.

Las experiencias de años recientes permiten concluir que los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) ganaron relevancia dentro de los gobiernos centrales, así como también a nivel subnacional. Si bien la creación de un organismo específico en materia de M&E es una clara señal de la importancia otorgada al análisis sistemático de las políticas, planes y programas, la experiencia internacional pone en evidencia que la construcción político institucional no implica sólo la creación de una unidad con funciones de M&E. Exige, además, definir y fortalecer competencias en materia de M&E en sus contrapartes dentro del gobierno central (ministerios, secretarías, organismos), de los niveles de gobierno con los que interactúe (provincias/estados, municipios/alcaldías) y de los actores sociales. Estos actores son quienes deben recoger información, garantizar la evaluabilidad de los programas y políticas, y saber interpretar los resultados de las evaluaciones. Por ende, es crucial que estén capacitados. Así, el desarrollo e implementación de una estrategia de monitoreo y evaluación de una política pública territorial requiere un ambiente político-institucional favorable, compromiso político de alto nivel, conducción de equipos burocráticos, inversión en recursos humanos y diálogo participativo con actores institucionales locales y ciudadanos del territorio.

El Plan del Norte de la Provincia de Santa Fe reunió muchas de estas condiciones, en diferentes grados, dando lugar a un ciclo virtuoso entre producción y uso de información sobre una intervención con calidad de planificación. La estrategia de M&E del Plan del Norte se basó en siete componentes críticos: i) la comprensión del cambio social que impulsa la política; ii) la identificación de actores involucrados en distintos niveles y funciones; iii) los objetivos y preguntas que se buscan responder con el despliegue del sistema de M&E; iv) la recolección de la evidencia empírica para responder a esas preguntas; vi) el procesamiento y análisis de datos, y vii) la socialización de los resultados. Entre los aprendizajes de este esfuerzo se destacan la importancia de contar con condiciones favorables como el ambiente político-institucional y el avance del marco organizacional del M&E provincial; la práctica efectiva de M&E y la gestión de la información a nivel provincial; la sustentabilidad y la gestión de las recomendaciones derivadas del sistema de M&E del plan regional, y el uso de los resultados del M&E y la estrategia de comunicación provincial con alta participación ciudadana en todas las instancias.

Los planes y programas provinciales que incorporan un enfoque basado en la construcción de información para la gestión y la rendición de cuentas muestran destacados avances y hacen pensar en un panorama alentador en materia de extender la función de M&E en toda la administración pública provincial. Futuros consensos políticos alrededor de esta idea y la consolidación de los arreglos institucionales necesarios para garantizar su sostenibilidad son materia de debate y deberán ser, necesariamente, parte de la construcción de un Estado provincial moderno, inteligente y que continúe reconociendo la participación social como valor fundamental en el objetivo de lograr un desarrollo territorial más integral.

Publicado en junio del 2020

Las políticas de primera infancia incluyen un amplio abanico de intervenciones orientadas a los niños y los adultos a cargo de su cuidado directo. Licencias, transferencias e instituciones constituyen una cadena de prestaciones claves en los primeros años de vida. Entre ellas, los espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) cumplen un rol fundamental. La oferta CEC —jardines maternales, de infantes y centros de desarrollo infantil, entre otros espacios— abarca un amplio mosaico de instituciones que tiende a ser fragmentada y heterogénea.

Este trabajo analiza el sentido del currículum para la primera infancia en América del Sur. Se ofrece una mirada panorámica de la región a través de los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Originalmente un instrumento de política del sistema educativo, la hipótesis de este trabajo es que las bases curriculares pueden constituirse en una excelente herramienta para consensuar pisos mínimos y criterios comunes de calidad para todas las instituciones que trabajan con niños pequeños.

La investigación permite vislumbrar la irrupción del currículum como un instrumento de política con potencial de impulsar y/o apoyar una mayor cohesión de la oferta CEC en América del Sur. A excepción de Argentina y Paraguay, los países estudiados han elaborado nuevas bases curriculares para la primera infancia en los últimos seis años.

La mayor parte de estos documentos se orientan a toda la franja etaria, desde los primeros días de vida hasta el ingreso de los niños a la escuela primaria. A su vez, existe una tendencia a elaborar bases curriculares que contemplan a toda la oferta CEC, incluso a aquellos espacios que no pertenecen al sistema educativo. De este modo, el currículum contribuye a superar la tradicional escisión entre “educación” y “cuidado”.

Este trabajo muestra que las bases curriculares pueden contribuir al diseño y la concreción de políticas integrales para la primera infancia. Estos instrumentos permiten crear acuerdos que amalgamen a todas las instituciones CEC en torno a aspectos centrales como: sentidos, focos y principios del trabajo con la primera infancia; infraestructura y mobiliario; higiene y nutrición; ratios y vínculos entre adultos y niños; perfiles de los profesionales; vínculos y acompañamiento a las familias y a las comunidades; lenguaje, juego y corporalidad; supervisión y regulación. Al mismo tiempo, la construcción de las bases curriculares se constituye en una oportunidad única habilitar procesos de construcción colectivos que incluyan y pongan en diálogo a todos los actores a cargo del trabajo con la primera infancia en espacios CEC. Estos procesos permiten, en sí mismos, contribuir a la amalgama entre crianza, enseñanza y cuidado, claves para una verdadera integralidad.