La transformación de la secundaria en foco: el caso de Pernambuco en Brasil

Publicado en septiembre del 2020

La secundaria es la última etapa educativa por la que transita la mayoría de la población latinoamericana. Tiene el potencial de promover aprendizajes profundos para que los y las jóvenes desarrollen un proyecto de vida pleno. Sin embargo, muchos sistemas educativos de la región enfrentan dificultades para garantizar trayectorias escolares completas y aprendizajes de calidad para todas y todos.

El formato tradicional de la secundaria se muestra inadecuado y existe consenso sobre la necesidad de su transformación. Los gobiernos nacionales y subnacionales de América Latina están ensayando políticas para hacer frente a este desafío. Cada uno es un laboratorio en el que se experimentan distintas innovaciones. Algunos de ellos se destacan por lograr mejoras en las trayectorias y en los aprendizajes con equidad, aún en contextos desafiantes.

La política de transformación de la Enseñanza Media de Pernambuco (Brasil) es uno de ellos. A pesar de ser uno de los estados más pobres del país, en tan solo 10 años logró mejoras extraordinarias. Pasó de ocupar en el 2007 el puesto 22° en el IDEB, (índice que mide el desarrollo de la Educación Básica en Brasil) a alcanzar el 1° puesto en 2015 y el 3° en 2017. Las trayectorias de sus estudiantes mejoraron significativamente. Entre el 2007 y el 2018, el porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años en el nivel medio prácticamente se duplicó. El abandono disminuyó drásticamente de 24% a 1,2% y la repitencia también se redujo hasta alcanzar a menos del 5% de estudiantes. Esto provocó un aumento vertiginoso de la promoción que escaló de 67,8% a 94% y de la cantidad de jóvenes que terminan el nivel, que en el 2019 representó a casi el 70% de personas de 19 años. Los aprendizajes de Portugués y de Matemática también mejoraron. El desempeño de los y las estudiantes de nivel medio de Pernambuco pasó de ser uno de los más bajos del país a encontrarse ligeramente sobre la media en el 2017.

Además, logró estas mejoras asegurando la menor diferencia entre los resultados de aprendizaje de los grupos de estudiantes del quintil más pobre y del quintil más rico de su población, en comparación con otros estados de Brasil. Pernambuco revirtió su magra situación inicial y en 10 años logró mejorar las trayectorias escolares y los aprendizajes, reduciendo las brechas de desigualdad. A todas luces, es un caso que amerita ser explorado en profundidad. El presente documento viaja a Pernambuco para analizar las principales políticas para la Enseñanza Media implementadas.

En 2007, a partir de un cambio de gobierno, se impulsó una reforma profunda del modelo de gestión de todas las áreas estatales y se definió al área de Educación como una prioridad. Se establecieron metas, procesos de monitoreo a cargo de la gobernación y de la Secretaría de Educación y Deportes y acciones concretas para cumplirlas.

La primera estrategia constó en reformar aspectos estructurantes del sistema educativo con un alcance sistémico. En relación con el modelo de gestión, se implementaron políticas dirigidas a afirmar una cultura orientada a resultados de mejora de las trayectorias escolares y los aprendizajes de estudiantes. Las iniciativas desarrolladas con este fin son: un sistema de información y gestión robusto, una evaluación censal y anual de aprendizajes, un sistema de metas de mejora e incentivos monetarios y simbólicos, el alineamiento de las estrategias de mejora de los tres niveles de gobierno (secretaría, gerencias regionales y escuelas), dispositivos de aprendizaje mutuo entre equipos escolares, instancias de formación obligatorias para quienes ocupan cargos de gestión y un índice de eficiencia para promover una mejor distribución de los recursos.

En relación con el currículum, se llevó a cabo una reforma que procuró proveer orientaciones claras y concretas para consolidar una visión común sobre las expectativas de aprendizaje en cada espacio de conocimiento. La implementación en las aulas se afianzó a través de la puesta a disposición de recursos de apoyo a la enseñanza, el alineamiento de la formación docente continua y el uso de herramientas digitales.

La segunda estrategia tuvo como objetivo expandir el modelo de Educación Integral como una política pública a gran escala. Se optó por un esquema de conversión gradual de escuelas regulares preexistentes a escuelas de tiempo integral (ETI) para asegurarun acompañamiento cercano del equipo de la secretaría ejecutiva y la sustentabilidad económica. Las ETI se proponen poner el proyecto de vida de los y las jóvenes en el centro del proyecto educativo. Para llevar a la práctica este ideal, extienden la jornada escolar e implementan una serie de dispositivos de enseñanza y de aprendizaje innovadores que buscan modificar los vínculos tradicionales entre estudiantes y docentes. Además, crean condiciones de trabajo diferenciadas para el equipo pedagógico, y amplían la infraestructura y el equipamiento.

Al comparar la evolución entre 2008 y 2011 de una cohorte de escuelas que se transformaron a tiempo integral en el 2009 con escuelas que se mantuvieron en la modalidad regular, se observa que, en solo tres años, las ETI disminuyeron el abandono casi un 90%, redujeron la repitencia un 23% y aumentaron la graduación un 26%. En comparación con las regulares, las ETI finalizaron con 15,4 puntos porcentuales más de aprobación, 10,7 puntos menos de abandono y 5,4 menos de repitencia. Las diferencias también se verifican en los aprendizajes de Portugués y Matemática, áreas en las que las escuelas integrales tienen un mejor desempeño que las escuelas semi integrales y regulares. Además, el impacto de asistir a una ETI parece trascender la etapa escolar y afectar el proyecto postsecundario de las y los jóvenes. Los resultados de una investigación de la Fundación Getulio Vargas (2019) muestran que quienes finalizaron sus estudios en una escuela integral tienen mayores probabilidades de acceder al nivel superior y de obtener un ingreso económico más alto en su trabajo. También, que entre quienes se gradúan de ETI se reducen en las brechas de desigualdad por color de piel y por género.

El gobierno de Pernambuco logró impulsar su política de transformación de la Enseñanza Media capitalizando algunas condiciones de partida, desarrollando una propuesta de transformación afín a distintos factores de contexto y creando nuevas condiciones que fortalecieron la sostenibilidad de la propuesta y favorecieron la puesta en marcha de procesos de mejora continua. Comprender la experiencia de Pernambuco puede ser una fuente valiosa de inspiración y aprendizaje para quienes deseen impulsar procesos de transformación de la secundaria a gran escala en otros territorios.

El financiamiento educativo en Argentina. El desafío de la equidad bajo un esquema federal

Publicado en septiembre del 2020

Este informe presenta el monitoreo de la inversión educativa del Estado en Argentina entre 2005 y 2019 y profundiza el análisis en la estructura del financiamiento educativo del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Además, indaga en la incidencia de los fondos nacionales en la inversión educativa provincial bajo un esquema federal y los mecanismos de asignación de recursos existentes. Se espera que estos aportes contribuyan en la búsqueda de una mayor justicia distributiva en un sistema educativo marcado por desigualdades estructurales.

¿Cómo fue la inversión educativa consolidada entre 2005 y 2019?

Durante el periodo 2005-2019 se diferencian dos estadios del financiamiento educativo en Argentina. Durante el primer estadio (2005-2010), la inversión en educación, ciencia y tecnología consolidada creció. En un contexto macroeconómico favorable se evidencia el cumplimiento frecuente de las metas de inversión estipuladas para cada año por la Ley de Financiamiento Educativo. El segundo estadio (2010-2019) se vincula con el compromiso político plasmado en la Ley de Educación Nacional de sostener un piso de inversión del 6% del PIB destinado exclusivamente al sector educativo. La meta de inversión no se alcanzó durante este período. Desde 2010, el ritmo de inversión se desaceleró y la inversión educativa osciló en promedio en torno al 5,5% del PIB. En un contexto macroeconómico fluctuante y recesivo, el esfuerzo educativo del nivel nacional y el conjunto de las jurisdicciones provinciales disminuyó: solo en el último año del periodo se registró una contracción de recursos del 1,10% del PIB.

 Metas estipuladas según LFE y LEN e inversión consolidada en educación según jurisdicción, en porcentaje del PIB (2005-2019)

Fuente: elaboración propia sobre la base de la CGECSE /MEN, serie de Índices de Precios IPC-INDEC, IPC-ECOLATINA y CFI/Ministerio de Hacienda de la Nación.

Nota: *Años 2018 y 2019, ver nota metodológica. La descripción de las siglas corresponde a ECyT: Educación, Ciencia y Tecnología y E: Educación exclusivamente.

Dos caras de la misma moneda

La Ley de Financiamiento Educativo estableció un nuevo mecanismo de coordinación federal para incrementar la inversión educativa. Desde 2006, primer año que se hizo efectivo este mecanismo, la Nación afectó una porción de los recursos provinciales provenientes del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos para destinarlos a la educación. Esta condicionalidad de recursos representa una proporción significativa del financiamiento educativo en muchas de las jurisdicciones provinciales: en 2017, la participación de los fondos nacionales representó entre el 30% y el 50% del total de la inversión provincial en educación en 15 de ellas.

Entre 2014 y 2019 hubo un avance de la correspondencia fiscal entre ambos niveles de gobierno debido a que la afectación de los recursos coparticipables mejoró la situación fiscal de las provincias —su participación en la distribución de recursos coparticipables se elevó del 43% en 2014 al 54% en 2019 en términos porcentuales—. Además, el carácter redistributivo de la coparticipación federal contribuyó a subsanar la inequidad del financiamiento educativo. Sin embargo, a pesar de esta mejora, la inversión provincial con recursos propios disminuyó. La caída de la inversión se explica, en parte, por el reemplazo de las fuentes de financiamiento por parte de las jurisdicciones provinciales.

La inversión en programas educativos nacionales

El diseño del financiamiento educativo no incorporó la afectación de los recursos nacionales. Así, la asignación del nivel de inversión y el destino de los fondos provenientes de la Nación están librados a la discreción de cada administración de gobierno, lo que les da su carácter flexible.

En los últimos quince años la inversión nacional se concentró en fondos salariales y la disponibilidad de recursos para programas educativos nacionales se vio limitada. Para 2019, la Nación destinó 85% de sus fondos al pago de salarios docentes –73% en educación superior universitaria y 12% en cofinanciamiento de la educación básica en las provincias– y solo el 15% a los programas educativos nacionales e infraestructura educativa. Estos programas, impulsados por criterios redistributivos, objetivos y transparentes, tienen el potencial de reducir las desigualdades educativas estructurales en las provincias.

La incidencia de los recursos de origen nacional –recursos coparticipables y programas educativos nacionales– han contribuido a reducir la brecha de inversión educativa por alumno de gestión estatal entre las jurisdicciones provinciales que más recursos destinan a la educación y las que menos lo hacen. Sin embargo, aún persisten notables disparidades horizontales en las variables fiscales provinciales y la inequidad en la inversión educativa entre las provincias continúa siendo considerable.

En este escenario, parecería que la combinación de mecanismos de asignación de recursos con criterios objetivos y transparentes vinculados a metas educativas explícitas son las principales herramientas para imprimir mayores niveles de equidad en el financiamiento de la educación bajo este esquema federal argentino.

Ingreso universal para la infancia: más que la suma de las partes

Publicado en agosto del 2020

La crisis social y económica enardecida por la irrupción de la COVID-19 evidenció aún más la especial situación de vulneración de derechos que experimentan niños, niñas y adolescentes en Argentina.  A pesar de que los compromisos jurídicos y de la evidencia acerca de los retornos agregados de invertir en la niñez y la adolescencia, estos grupos sufren con mayor incidencia la pobreza.

Uno de los instrumentos de política más útiles para revertir esta situación son las transferencias de ingresos. En Argentina el Estado nacional transfiere dinero a las familias con niñas, niños y adolescentes por tres vías: la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares contributivas y la deducción del Impuesto a las Ganancias.

A pesar de los avances realizados en los últimos años, este esquema presenta cuatro problemas.

  1.  Cobertura: este esquema no es universal, casi 1.200.000 niñas/os y
    adolescentes no se encuentran cubiertos por ninguno de los tres pilares.
  2. Equidad ligado a las corresponsabilidades: El derecho de quienes están cubiertos por AUH es condicional al cumplimiento de requisitos en salud y educación, mientras que no hay tales exigencias en los otros pilares.
  3. Suficiencia en los montos transferidos: El monto que transfiere el Estado a cada niña/o depende de la situación laboral de sus padres y los distintos tipois de cobertura no otorgan una transferencia equivalente ante un mismo nivel de ingreso. Ningún monto, además, es suficiente para superar el umbral de indigencia o pobreza.
  4. Progresividad: debido a la diferenciación en las prestaciones según zonas geográficas.

Este informe propone implementar un ingreso universal para la infancia que se construya sobre los tres pilares existentes, pero resuelva sus problemas. El documento presenta dos escenarios de reforma, basados en cuatro principios: 1) universalidad, 2) suficiencia, 3) progresividad, y 4) equidad territorial.

Los dos escenarios están costeados y proyectados a 2030, plazo que coincide con la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La inversión requerida para los escenarios simulados para 2030 asciende a $695.099 y $1.106.163 millones de pesos de 2020 respectivamente, lo que representa un 2,9% y 5% del PBI. Se propone un esquema de reforma gradual que parte de una inversión asequible en el corto plazo (0,3% del PBI para 2020).

Además del incremento paulatino de los montos y de su progresividad, existen otras cuatro mejoras posibles que pueden coadyuvar al fortalecimiento de los esquemas de transferencias. Estas están orientadas a avanzar hacia la universalidad real de la cobertura, mejorar la equidad entre los subsistemas, transparentar el financiamiento y fortalecer la institucionalidad.

Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea. Desafíos y oportunidades para Argentina

Publicado en agosto del 2020

En junio de 2019 el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) concluyeron las largas y complejas negociaciones de un acuerdo de asociación estratégica, iniciadas en 1995.

Los términos alcanzados cubren aspectos de diálogo político y cooperación y un pilar comercial. Para los países del bloque del sur, el acuerdo significa tender un puente económico, cultural y político con una región que representa el 20% del producto interno bruto (PIB) mundial, con una población de 500 millones de personas con un ingreso per cápita promedio de 34 mil dólares, alto desarrollo tecnológico y una integración comunitaria sin paralelo en otras latitudes.

El propósito de este trabajo es examinar en qué medida el acuerdo con la UE abre una nueva etapa de la inserción internacional de la economía argentina y ofrece un pilar clave para la transformación productiva del país. Para ello, se describen aspectos de la integración comercial de la Argentina, se analizan los conceptos básicos asociados a la reducción arancelaria así como los estudios previos realizados en este campo. El foco del estudio está puesto en los posibles impactos en el comercio de bienes, servicios y disciplinas que se han negociado en el acuerdo.

La inserción internacional de Argentina se caracteriza por su bajo nivel relativo de exportaciones -tanto en términos per cápita como del PIB-; escaso crecimiento de las cantidades exportadas; y la concentración de la canasta exportadora en pocos mercados y complejos (oleaginoso, cerealero, energía, automotor, servicios basados en conocimiento). La mejora del desempeño exportador requiere una estrategia diversificada, tanto en cuanto a la composición de la canasta de bienes y servicios, como de mercados. Para ello se requiere una labor coordinada entre la política macroeconómica-en particular, evitando el uso del ancla cambiaria en el proceso de desinflación-, las políticas de desarrollo productivo y la política comercial.

En este contexto, el acuerdo con la UE facilita (i) un mayor acceso al mercado, lo cual permite consolidar la presencia y ofrece nuevas posibilidades; (ii) incentivos a ampliar y diversificar la canasta de bienes y servicios ofrecidos; (iii) una mayor incorporación de tecnología, no solo por la radicación de inversiones, sino por los estándares necesarios para entrar en un mercado más exigente.

A manera de apreciación general sobre el acuerdo desde la perspectiva de Argentina, la conclusión es favorable, especialmente cuando se observan las posibilidades de avanzar hacia una economía de mayor complejidad y densidad de su estructura productiva. Esto se debe a que el tratado mejora las condiciones de acceso a un mercado de alto ingreso y que genera oportunidades para la atracción de inversiones y transferencia de tecnología.

Sin embargo, el acuerdo es esencialmente un “trabajo en progreso”: exige adecuar la agenda doméstica de política tomando nota de este nuevo marco. Además exige una profundización del MERCOSUR: es necesario un esfuerzo denodado de coordinación interno para aprovechar mejor las posibles ventajas. Sin ello, la dinámica de aplicación podría devenir en una dinámica bilateral de la UE con cada uno de los países del bloque del sur.

La capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis: el rol de un espacio directivo profesional

Publicado en julio de 2020

El cambio de prioridades de gobierno originado por la pandemia de COVID-19 y la gestión del aislamiento social preventivo y obligatorio ralentizó la designación de los directivos de la Administración Pública Nacional  (APN) y a siete meses después de iniciado el nuevo período de gobierno, el espacio directivo se encuentra aún en proceso de designación formal.

De los 21 ministerios de la nueva administración (contando la Jefatura de Gabinete), solo once tienen la totalidad de sus estructuras aprobadas formalmente. De éstos, en total se encuentran designados formalmente el 59% de los cargos de conducción en las direcciones nacionales (107 de 181) y el 60% en las direcciones generales (42 de 70). Por el contrario, para el 10 de julio, el 88% de los cargos de unidades de gabinete de asesores y el 96% de los cargos de secretarías y subsecretarías estaban formalmente designados.

“Si bien esto no implica que el resto de las direcciones en estos ministerios se encuentren carentes de liderazgo, sí implica ciertas limitaciones sobre el trabajo del Estado”, sostiene el documento “La capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis: el rol de un espacio directivo profesional”, elaborado por  Jimena Rubio y Lucía Aruanno, investigadora principal y coordinadora, respectivamente, del Programa de Gestión Pública de CIPPEC.

Porcentaje de designaciones de cargos directivos en direcciones nacionales y generales para los ministerios con estructuras aprobadas (julio 2020)
Porcentaje de designaciones de cargos directivos

Porcentaje de designaciones de cargos directivos

Fuente: elaboración propia en base a las normativas de designación para direcciones nacionales y generales publicadas en Boletín Oficial hasta el 10 de julio de 2020 y las normativas de aprobación de estructuras organizativas de los 11 ministerios que publicaron hasta la misma fecha.

El uso de designaciones transitorias por el periodo de 180 días y de la excepción de requisitos profesionales y/o presupuestarios en las designaciones de los directores nacionales y generales es una tendencia creciente en los distintos gobiernos desde los últimos 30 años

Para el periodo 2015-2019 el promedio de la proporción de designaciones transitorias de los cargos en las direcciones nacionales y generales fue de 89% y el promedio de la proporción de designaciones con excepción de requisitos,  81%. Con un proceso de designación del espacio directivo todavía en marcha, en junio de 2020 la proporción de designaciones transitorias del gobierno de Alberto Fernández se encuentra por arriba del promedio del periodo 2015-2019 y ligeramente por debajo del promedio en relación a la utilización de excepción de requisitos.

“La ausencia de un espacio directivo profesional en la APN pone en tensión la capacidad de respuesta del Estado a problemas complejos, como la gestión de la crisis originada por la pandemia, que más que nunca se requiere coordinación, memoria institucional y rápida capacidad de despliegue de la acción estatal”, sostiene el documento.

Al inicio del nuevo gobierno, en diciembre de 2019, la Administración Pública Central se reorganizó respecto de la estructura heredada del gobierno anterior. El gobierno de Alberto Fernández creó tres nuevos ministerios (Desarrollo Territorial y Hábitat; Mujeres, Género y Diversidad; y Obras Públicas), jerarquizó seis que eran secretarías de gobierno (Ambiente y Desarrollo Sostenible; Salud; Turismo y Deportes; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y mantuvo once con algunos cambios de denominación y funciones.

Así, la cantidad de ministerios (21 incluyendo a Jefatura de Gabinete de Ministros) y de secretarías (84) están en línea con el promedio del periodo 2015-2019. Donde hay mayores cambios es a nivel de las subsecretarías, que se incrementaron un 31% respecto a la estructura del anterior gobierno a diciembre 2019.

Evolución de la cantidad de cargos políticos de la APN central (2015-2020)

cantidad de cargos políticos

Fuente: elaboración propia en base a organigramas publicados en mapa del Estado y Boletín Oficial. El promedio corresponde al periodo 2015-2019. Notas: *Incluye a Jefatura de Gabinete de Ministros. **Incluye a la Unidad Plan Belgrano y al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Pero más allá del tamaño de la estructura de la APN, es fundamental considerar las capacidades con las que cuenta el Estado nacional. En ese sentido, el documento sostiene que “la respuesta de los Estados a una crisis está marcada por las orientaciones programáticas de los gobiernos y por el liderazgo y confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, pero también por los recursos disponibles y los legados organizacionales y de políticas públicas”.

“El presidente Alberto Fernández anunció en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso la convocatoria a un nuevo concurso de oposición y antecedentes para incorporar administradores gubernamentales profesionales e idóneos para desempeñar funciones. Creemos que este fue un anuncio promisorio, para lo cual se requiere la construcción de amplias coaliciones sociales y políticas”, afirma Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de CIPPEC. “La promoción del desarrollo exige un Estado efectivo y para ello es necesario contar con mejores burocracias públicas que brinden horizontes de largo plazo y fortalezcan las capacidades del Estado para enfrentar crisis como la que estamos viviendo. En este sentido, es fundamental avanzar en el debate sobre la forma de construir e institucionalizar un espacio directivo profesional en la APN”, finaliza.