Publicado en abril del 2020
Utilizar datos e información de calidad para tomar decisiones públicas es una tendencia global en la gestión de los gobiernos. La política basada en evidencia es un enfoque que propone fundamentar la ejecución de planes y programas públicos en el conocimiento experto, la investigación, las consultas con distintos actores, el monitoreo o las evaluaciones. Este modo de tomar decisiones contribuye a tener una comprensión más sistémica de los problemas que se abordan y puede mejorar la efectividad de la acción del Estado.
Evaluar el impacto, los resultados, los procesos y el diseño de planes y programas públicos es un camino para generar evidencia sobre el desempeño de las iniciativas de gobierno. Sin embargo, las capacidades institucionales para producir, sostener y usar información de fuentes diversas para la gestión de planes y programas en Argentina son heterogéneas. Desde la oferta, las instituciones públicas no siempre cuentan con un esquema de producción de datos sostenible y de calidad. Desde la demanda, el debate público no siempre exige datos que avalen las decisiones que se toman o valoren los resultados de las políticas.
Durante el período 2015-2019, el marco organizacional en materia de monitoreo y evaluación (M&E) en Argentina mejoró con la sanción de leyes relevantes como la de Acceso a la Información Pública, la de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la firma del decreto acerca del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación implementado por el Sistema de Información y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Todas estas regulaciones constituyen innovaciones significativas para el desarrollo de una política nacional de evaluación. Sin embargo, una ley marco está todavía pendiente.
Durante este periodo, aumentó la cantidad de actores institucionales en el nivel central que desempeñan funciones de M&E, y también hay mejores herramientas para su ejecución. No obstante, sus presupuestos son todavía muy acotados para ejercer la función de manera integral. Además, la práctica de la función de M&E avanzó en dos aspectos concretos: aumentó la especialización de las funciones de monitoreo de gestión y monitoreo de planes y programas, y aumentó la evaluación de políticas, especialmente las educativas y las sociales.
El uso sistemático de la información proveniente del M&E es el aspecto con menor avance. Hasta 2019 no existían instancias institucionalizadas o regulares de incorporación de los aprendizajes obtenidos a través del M&E a los planes y programas.
Afianzar y extender una cultura de evaluación en la Argentina requiere superar estos desafíos pendientes en materia de políticas, instituciones y normas. Para ello, es necesario impulsar una política nacional de evaluación que integre y coordine las funciones de M&E en una agencia rectora dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, y garantice la calidad e informe el plan de gobierno.