Publicado en abril del 2020

Utilizar datos e información de calidad para tomar decisiones públicas es una tendencia global en la gestión de los gobiernos. La política basada en evidencia es un enfoque que propone fundamentar la ejecución de planes y programas públicos en el conocimiento experto, la investigación, las consultas con distintos actores, el monitoreo o las evaluaciones. Este modo de tomar decisiones contribuye a tener una comprensión más sistémica de los problemas que se abordan y puede mejorar la efectividad de la acción del Estado.

Evaluar el impacto, los resultados, los procesos y el diseño de planes y programas públicos es un camino para generar evidencia sobre el desempeño de las iniciativas de gobierno. Sin embargo, las capacidades institucionales para producir, sostener y usar información de fuentes diversas para la gestión de planes y programas en Argentina son heterogéneas. Desde la oferta, las instituciones públicas no siempre cuentan con un esquema de producción de datos sostenible y de calidad. Desde la demanda, el debate público no siempre exige datos que avalen las decisiones que se toman o valoren los resultados de las políticas.

Durante el período 2015-2019, el marco organizacional en materia de monitoreo y evaluación (M&E) en Argentina mejoró con la sanción de leyes relevantes como la de Acceso a la Información Pública, la de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la firma del decreto acerca del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación implementado por el Sistema de Información y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Todas estas regulaciones constituyen innovaciones significativas para el desarrollo de una política nacional de evaluación. Sin embargo, una ley marco está todavía pendiente.

Durante este periodo, aumentó la cantidad de actores institucionales en el nivel central que desempeñan funciones de M&E, y también hay mejores herramientas para su ejecución. No obstante, sus presupuestos son todavía muy acotados para ejercer la función de manera integral. Además, la práctica de la función de M&E avanzó en dos aspectos concretos: aumentó la especialización de las funciones de monitoreo de gestión y monitoreo de planes y programas, y aumentó la evaluación de políticas, especialmente las educativas y las sociales.

El uso sistemático de la información proveniente del M&E es el aspecto con menor avance. Hasta 2019 no existían instancias institucionalizadas o regulares de incorporación de los aprendizajes obtenidos a través del M&E a los planes y programas.

Afianzar y extender una cultura de evaluación en la Argentina requiere superar estos desafíos pendientes en materia de políticas, instituciones y normas. Para ello, es necesario impulsar una política nacional de evaluación que integre y coordine las funciones de M&E en una agencia rectora dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, y garantice la calidad e informe el plan de gobierno.

Publicado en abril del 2020

Contar con una legislación nacional de hábitat es fundamental para contribuir al desarrollo urbano sostenible, en la medida en que incentiva el desarrollo ordenado y planificado. Es, además, parte de los compromisos asumidos por Argentina en la Nueva Agenda Urbana en 2016, que establece la necesidad de contar con marcos normativos en todos los niveles de gobierno, que estén integrados a la planificación urbana y que incrementen la capacidad de los gobiernos para implementar políticas territoriales a nivel nacional. En este sentido, Argentina no cuenta con una ley nacional que materialice y posibilite un desarrollo de estas características, y solo un 20% de las provincias cuentan con una ley de ordenamiento territorial.

Para facilitar la generación de consensos sobre los temas que deberán componer la Ley Nacional de Hábitat, a finales de 2018 se convocó a encuentros mensuales, multiactorales y transdisciplinarios a los que se denominó “Mesas de Hábitat”. Estas Mesas constituyeron espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, en los que participaron especialistas de la academia, organizaciones de la sociedad civil, miembros del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores de diferentes partidos políticos y provincias, y el sector privado. Cada tres semanas, de marzo a julio de 2019, el equipo de trabajo organizó encuentros con los expertos en las temáticas abordadas para trabajar la elaboración del proyecto para sancionar la ley. Los encuentros se realizaron en las sedes de las organizaciones que participaron de las Mesas, así como en el Congreso de la Nación Argentina. De esta manera, la co-creación del proyecto de ley contó con avances mensuales consensuados.

El documento a continuación presenta los acuerdos alcanzados por los participantes de las Mesas de Hábitat. Lo prioritario en un proyecto de ley en esta materia es que contemple la elaboración de una ley de presupuestos mínimos que asegure la igualdad de condiciones de todos los habitantes de la Argentina, basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley General de Ambiente. Otro consenso importante alcanzado la necesidad de proponer un abordaje desde la perspectiva de los derechos.

Para la elaboración de este documento se analizaron una amplia variedad de pactos, convenios, declaraciones internacionales de derechos humanos, artículos de la Constitución Nacional, leyes y códigos que hacen hincapié en garantizar el derecho a un ambiente sano, una vivienda digna y a la igualdad de oportunidades. Además, hubo consenso sobre la importancia de incorporar una estructura de participación con el apoyo de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lograr la articulación entre el nivel nacional y el subnacional. Esto permitirá alcanzar la armonización y consenso de las políticas de hábitat. Por último, se consideró relevante la incorporación de una serie de instrumentos que faciliten tanto a las provincias como a los municipios el desarrollo de sus territorios de manera equitativa.

Publicado en marzo del 2020

El coronavirus está obligando a nuestras sociedades a adaptarse. La forma en que funciona nuestra democracia y sus instituciones no son la excepción. ¿Pueden adaptarse nuestras instituciones a esta nueva realidad? ¿Cómo cumplirá el Congreso su rol respetando el aislamiento social preventivo obligatorio?

En un contexto como el actual, las decisiones de política pública consensuadas son fundamentales para conservar su legitimidad y lograr apoyo por parte de la mayoría. El Congreso es el ámbito natural para la deliberación y la formación de estos consensos. Resulta fundamental generar mecanismos que le permitan al Poder Legislativo adaptarse a esta nueva coyuntura y que funcione como canal para consolidar acuerdos plurales para afrontar la crisis de forma rápida y efectiva.

Hoy, el Congreso debe representar los intereses de todas y todos los argentinos, pero sin salir de casa. Por eso, proponemos repensar el trabajo legislativo incorporando tecnología que permita continuar con las tareas propias del Congreso, al tiempo que se respeten las condiciones que impone el contexto y se garantice la seguridad y confiabilidad de los procesos. Para ello, este memo presenta algunas herramientas para el trabajo remoto implementadas en otras legislaturas del mundo, que pueden ser adaptadas para el contexto argentino, teniendo en cuenta su factibilidad jurídica.

Publicado en marzo del 2020

Promover el desarrollo es una tarea paciente y constante en el tiempo, que requiere un Estado con capacidades para implementar políticas públicas en el mediano y largo plazo. Ello implica contar con cuentas públicas saludables, pero también con un Estado capaz de coordinar sus acciones y orientarlas de manera estratégica, preservar su memoria institucional y garantizar cierta autonomía de sus decisiones.

En primer lugar, se requiere un Estado sustentable en términos fiscales. Argentina enfrenta crisis recurrentes en el plano fiscal y una gran proporción del gasto público entre 2015 y 2019 representó obligaciones y derechos adquiridos por terceros. Esta situación reduce el margen de maniobra fiscal para implementar políticas públicas y exige tener una mirada integral que contemple, al menos, la recuperación de la economía y consensos que incorporen a amplios sectores del entramado social, económico y político que brinden soporte al reordenamiento de las cuentas públicas.

Pero en paralelo a la cuestión fiscal, es clave comenzar a construir un Estado que brinde horizontes institucionales de largo plazo para el diseño e implementación de políticas públicas y que permita mejorar la eficacia y eficiencia con que se asignan y utilizan los recursos públicos.

En los últimos años la Administración Pública Nacional (APN) central registró muchos cambios en su estructura organizacional y un fuerte recambio de los funcionarios políticos (secretarios y subsecretarios) y técnicos (directores nacionales y generales). Aunque esta situación no ha sido exclusiva del último gobierno, lo cierto es que el patrón no se ha revertido. Si bien la estabilidad de la estructura organizacional y de los directivos públicos no garantiza mayor efectividad gubernamental, una elevada volatilidad perjudica las condiciones necesarias para desarrollar las capacidades que requiere un buen funcionamiento del accionar estatal.

En este sentido, Argentina necesita contar con una estructura estatal relativamente estable y coordinada que refleje una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para lograr un desarrollo sostenible. También resulta fundamental avanzar en la construcción de un espacio directivo profesional con cierto margen de autonomía de la discrecionalidad política.

Este documento presenta un balance de las continuidades y cambios que acontecieron dentro de la APN central entre 2015 y 2019. Para ello, analiza la evolución del desempeño de las cuentas públicas, los cambios en la estructura organizacional, la estabilidad de los directivos públicos (políticos y técnicos) y los mecanismos de designación de los funcionarios técnicos en cargos con funciones ejecutivas.