Publicado en mayo del 2020

El cuidado, entendido como el conjunto de actividades y relaciones orientadas a satisfacer los requerimientos físicos y emocionales de las personas (Daly & Lewis, 2000), es una de las grandes deudas pendientes de la política social argentina, en la intersección de las agendas y prioridades relativas a la primera infancia e igualdad de género. El paradigma actual de familiarización y feminización del cuidado reproduce las desigualdades de origen de las familias y es insostenible a futuro. Argentina enfrenta una “crisis de cuidado” (CEPAL, 2010), que surge debido a la brecha entre la creciente proporción de personas que requieren cuidados y la relativamente pequeña cantidad que los provee.

La crisis de cuidado que enfrenta Argentina requiere respuestas tendientes a lograr una distribución más equitativa y justa de las responsabilidades sociales de cuidado entre Estado, mercado, familias, comunidad, y géneros. De cara al debate sobre el diseño de un sistema de cuidados a nivel nacional en Argentina, es clave aprender de las experiencias y la trayectoria ya existente en los niveles provinciales y municipales, especialmente dada la necesidad de contextualizar las respuestas de política pública a las necesidades de cuidado locales y a las particularidades que asume la gestión del cuidado en distintos lugares del país.

En este sentido, con el Plan Abre, la Provincia de Santa Fe cuenta con una experiencia única a partir de la cual pensar qué elementos son necesarios para el diseño de un sistema de cuidados integral y de alcance verdaderamente federal. El Plan Abre tiene un enorme potencial para convertirse en la política desde donde el Estado provincial pueda articular una estrategia de cuidados. Su foco en la integralidad de las intervenciones, el fuerte anclaje territorial y su entramado institucional son herramientas clave para articular las demandas de cuidado de las familias con la oferta de servicios que existe en el territorio. El análisis situacional del Plan Abre evidencia que estos componentes le permitieron mejorar la organización social del cuidado en la Provincia de Santa Fe, particularmente en cuanto a las condiciones materiales en las que se realiza el cuidado y la articulación con la oferta de servicios provincial y municipal.

Para maximizar ese potencial y aprovechar la capacidad instalada del Plan Abre como articulador del cuidado en el territorio es recomendable avanzar en cinco dimensiones.

• En primer lugar, es una condición necesaria garantizar y reforzar la arquitectura institucional del Abre para consolidar el anclaje territorial de las intervenciones.
• En segundo lugar, se recomienda jerarquizar el cuidado en su implementación desde una perspectiva de género y derechos de manera transversal en todo el diseño del Plan.
• También es necesario fortalecer la oferta de servicios de crianza, enseñanza y cuidado a la primera infancia.
• Por otro lado, fomentar la articulación entre la oferta y demanda de servicios de cuidado a nivel local.
• Finalmente, a la par que se fomenta la corresponsabilidad social en el cuidado, es urgente promover la autonomía económica de las mujeres, quienes en la actualidad son las principales responsables de estas tareas.

Publicado en abril del 2020

Momentos de crisis como el actual requieren de respuestas de políticas legítimas y que cuenten con el apoyo de las mayorías. El Congreso es el ámbito natural para la deliberación y la toma de decisiones consensuadas. Sin embargo, la pandemia plantea para los legislativos un dilema muy particular: tomar decisiones como cuerpo colegiado sin dejar de cumplir con las condiciones de aislamiento preventivo y obligatorio.

Como se refleja en el primer documento de esta serie (Tchintian, Abdala & Seira, 2020), la evidencia comparada señala que los parlamentos del mundo han tomado diferentes medidas para hacer frente a este dilema: desde medidas extremas como la cancelación de las sesiones legislativas, hasta otras más intermedias como limitar el trabajo legislativo para el tratamiento de situaciones de emergencia. La incorporación de tecnología al proceso legislativo es una alternativa más, que ofrece la posibilidad de que el Congreso cumpla con su rol sin desafiar la necesidad de distanciamiento social, y una opción adoptada por varios países del mundo.

En este documento presentamos una serie de recomendaciones para que el Congreso Nacional tenga en cuenta a la hora de avanzar en la implementación de tecnología a su proceso legislativo y que aseguren la legitimidad, la integridad, la transparencia y la igualdad de acceso en los procesos y resultados.

Publicado en abril del 2020

En las últimas décadas el nivel de cobertura de la escuela primaria y secundaria presentó grandes mejoras en nuestro país. Sin embargo, aún quedan pendientes difíciles desafíos en términos de calidad y terminalidad educativa. Las altas tasas de repitencia, abandono y sobreedad, así como también los magros resultados en las pruebas estandarizadas de aprendizaje y las grandes brechas entre estudiantes de distintos niveles de ingresos evidencian estas problemáticas.

Garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes es necesario para fomentar el efectivo ejercicio de sus derechos y, además, tiene gran impacto sobre la incidencia de la pobreza y las posibilidades de desarrollo económico a largo plazo.

En términos de acceso, los distintos niveles educativos presentan grandes diferencias: mientras que la educación primaria es prácticamente universal, los problemas de cobertura se concentran en la educación inicial y secundaria, donde el nivel socioeconómico de las familias incide fuertemente en la permanencia escolar. Estas diferencias responden tanto a características estructurales del modelo educativo, como el hecho de que la secundaria fuera pensada originalmente para formar a las elites, como también a características propias de las diferentes edades, como el mayor costo de oportunidad de ir a la escuela entre los jóvenes en edad de trabajar.

En cuanto a la calidad, si bien en la escuela primaria las tasas de repitencia y abandono son relativamente bajas, los resultados de las evaluaciones estandarizadas muestran grandes espacios de mejora, aunque con una leve tendencia positiva en las últimas décadas. Por su parte, la secundaria presenta grandes problemáticas en términos de repitencia y abandono, con un fuerte gradiente socioeconómico, y sus resultados en las evaluaciones se encuentran por debajo del promedio internacional.

Este documento discute algunas de las políticas que se han implementado durante las últimas décadas, con énfasis en aquellas destinadas a mejorar el acceso y la calidad educativa. Entre ellas se destaca el impulso de la agenda de la primera infancia, con la promoción de espacios de enseñanza, crianza y cuidado, y los programas de transferencias monetarias con corresponsabilidades, como la Asignación Universal por Hijo. También se analizan otros programas nacionales como el Asistiré, Conectar Igualdad, el Plan FinES y el Programa de Mejoramiento de la Educación Rural, así como otros subnacionales como el “Vuelvo a Estudiar” de Santa Fe, la Nueva Escuela Secundaria Rionegrina y las Escuelas Promotoras en la Provincia de Buenos Aires. A su vez, se destaca la importancia de la  generación de información educativa y su uso estratégico para la formulación e implementación de políticas destinadas a mejorar la calidad del sistema educativo.

Los conocimientos y las habilidades que los niños, niñas y adolescentes adquieren durante su paso por el sistema educativo inciden en gran medida sobre sus trayectorias futuras. En este contexto, es preciso analizar los espacios de vacancia en el sistema educativo actual para promover políticas destinadas a su mejora y así fomentar una mayor igualdad de oportunidades entre todos los niños, niñas y adolescentes del país. El presente documento ofrece un punto de entrada a este desafío.

Publicado en abril del 2020

A medida que avanza el aplanamiento de la curva de contagios del COVID-19 y se extiende el plazo en el que grandes segmentos de la sociedad argentina se encuentran en cuarentena, la política pública debe iniciar una segunda fase donde sea posible evaluar cómo serán los próximos pasos hacia una nueva normalidad.

En esa segunda etapa debería primar una visión más sistémica de los costos y beneficios de las decisiones de política, donde se revelen las tensiones existentes y se vislumbren los caminos posibles hacia delante. Se sabe que los costos de la inacción frente al COVID-19 son muy altos, pero también se empieza a percibir que las políticas de mitigación y contención del virus llevan a una retracción del nivel de actividad pocas veces vista en la historia, y ello implica costos -no solo económicos, sino también sociales e incluso sanitarios en el mediano plazo- que deben ser considerados en el análisis. Como estos costos se concentran en las franjas vulnerables de la población, la situación demanda novedosas y potentes acciones de política pública.

En ese contexto, ¿cuál es el potencial para el teletrabajo en Argentina y qué implicancias tiene para los distintos segmentos del mercado laboral? La respuesta a esta pregunta es clave para determinar los costos económicos de la cuarentena: si la mayoría de los trabajos puede realizarse con facilidad de forma remota, entonces el impacto en el mercado de trabajo será relativamente leve; si son pocos, entonces la disrupción en el mercado laboral será de mayor magnitud.

El análisis de los datos nos dice que el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras.

Aun así estos porcentajes difieren sensiblemente del que resulta de estimar cuantos trabajadores
efectivamente trabajan desde el hogar: menos del 8%. Si bien hay ocupaciones que podrían ser teletrabajables con alguna reasignación de tareas, uno 4,8 millones de trabajos -esto es, un 40% de los trabajadores detectados en EPH- requieren críticamente de la interacción física para ser llevados a cabo.

De nuestro análisis se desprenden lineamientos generales para pensar la política pública respecto del potencial para el teletrabajo.

• En primer lugar, el aparato productivo se encuentra rezagado en términos tecnológicos, y hay que desarrollar una estrategia de transformación digital que permita llegar a los segmentos empresariales más alejados a la innovación tecnológica. La diferencia entre el teletrabajo potencial y el efectivo es muy grande. La reingeniería de procesos que está detrás del cambio hacia el teletrabajo implica altos riesgos para el sector privado, por lo que debe ser incentivada y cofinanciada por la política pública.
• En segundo lugar, la transformación digital en los hogares también se encuentra rezagada y exhibe una alta heterogeneidad, tanto en niveles de ingreso como a lo largo de los aglomerados urbanos. Allí la política pública debe trabajar en varios frentes, desde mejorar la conectividad digital hasta incentivar el uso de dispositivos digitales en el hogar, pasando por readaptar las habilidades de las personas para que se intensifiquen los conocimientos sobre los beneficios y riesgos del uso de TIC en el hogar, en particular para segmentos de riesgo.
• En tercer lugar, aun si se logra asegurar la infraestructura para el teletrabajo, su potencial es limitado: abarca poco más de un cuarto de las y los trabajadores, y aún con una fuerte reasignación de tareas, un 40% de los trabajos no tienen ninguna posibilidad de realizarse en forma virtual. Para el resto habrá que pensar estrategias segmentadas que administren los trade-offs entre los costos económicos y los riesgos de trasmisión del COVID-19.