Publicado en octubre de 2019

Los primeros 100 días de gobierno son el 6% de un mandato de cuatro años. En tan corto plazo, no es mucho lo que puede lograrse en términos de concretar objetivos estratégicos de política ni lo que puede decirse sobre el futuro desempeño del gobierno. Pero esos primeros días tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente entrante.

La definición del gabinete y la estructura de ministerios, la cantidad de decretos, los viajes internacionales de los presidentes, las leyes enviadas del Poder Ejecutivo al Legislativo y las medidas urgentes son algunos de los indicadores que se usan para analizar los primeros 100 días. De manera implícita, tomar muchas decisiones es sinónimo de fortaleza, capacidad de gestión y potencial efectividad de un gobierno.

Sin embargo, tomar decisiones sin un plan que sea acordado con los principales actores sociales, y que tenga objetivos y metas que sean conocidos por la sociedad puede ser contraproducente para generar horizontes institucionales de largo plazo. Poner el foco en las decisiones y las medidas urgentes subraya la implementación. Pero deja de lado cómo se toman esas medidas, con quiénes, a partir de qué diagnóstico, con qué calidad de información, en base a qué acuerdos, con qué objetivos y visiones de largo plazo, y con qué recursos se cuenta.

De los 37 países de América Latina, 30 tienen algún instrumento de planificación del desarrollo, 26 cuentan con mecanismos de coordinación (implementación y seguimiento) y 22 presentaron informes voluntarios con base en la Agenda 2030 (CEPAL, Planbarómetro). Por ejemplo, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, entre otros, cuentan con planes de desarrollo de mediano y largo plazo.

Según la CEPAL, Argentina es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe (junto con Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Suriname) que no tiene un área de gobierno específica de planificación y seguimiento del desarrollo. En la mayoría de los países se cuenta con una institución a nivel de Ministerio encargada de la planificación de forma exclusiva. En menores proporciones, la función de la planificación nacional en los países está a cargo de ministerios u otras autoridades del área económica que concentran las funciones de planificación y finanzas o de las Secretarías de Gobierno.

Institución a cargo del Plan Nacional de Desarrollo en países de América Latina y el Caribe

Fuente: ILPES (2018). Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas.
Nota: Los países relevados son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La estrategia de un gobierno necesita estar basada en un plan y en su seguimiento. Pensar y concertar un plan de gobierno mejora el foco estratégico de la gestión, contribuye a crear mecanismos de coordinación, a priorizar y asignar recursos

Publicado en octubre de 2019

Los algoritmos son utilizados cada vez más en la sociedad para tomar decisiones que afectan nuestras vidas, desde la selección de las publicidades a las que nos exponemos en las redes sociales hasta los pilotos automáticos de los aviones en que viajamos. En muchos lugares del mundo, los gobiernos también los están comenzando a utilizar para proveer servicios públicos. Ya sea para definir la asignación de recursos (por ejemplo, decidir dónde se ubicarán cámaras de seguridad), agilizar procedimientos gubernamentales (como la elegibilidad de ciudadanos para recibir beneficios públicos), o para colaborar en la toma decisiones (por ejemplo, si una persona recibirá una fianza), la IA llegó para quedarse.

A pesar de la importancia de sus usos y decisiones, por el impacto directo que tiene en la vida de las personas y en sus derechos, las agencias gubernamentales que los utilizan suelen desarrollar e implementar sistemas de algoritmos con bajos niveles de transparencia, conocimiento público, y medidas de supervisión o responsabilidad.

Los algoritmos son creaciones humanas falibles. Potencialmente tienen tantos errores y sesgos como los procesos humanos y no siempre su procesamiento es transparente o auditable. Sin embargo, pocos países han manifestado la voluntad de regular, un número aún menor ha efectivamente aprobado alguna regulación, y su contenido difiere sustancialmente entre casos. Para la gran cantidad de países que aún no tienen regulaciones específicas (e incluso para quienes ya tienen alguna), la discusión es amplia y los modelos propuestos son variados, aunque se distinguen principalmente en dos grupos: aquellos que impulsan una regulación horizontal – por tipo de tecnología – de aquellos que impulsan una regulación vertical por sector.

Las líneas que siguen presentan cuatro temas claves para tomar en cuenta a la hora de analizar el uso, funcionamiento y regulación de la inteligencia artificial: la caja negra o apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección, y el manejo de la información, con especial énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales. Para analizar estos aspectos de la política de inteligencia artificial, en el mundo en general y para países en desarrollo en particular, se toma a la inteligencia artificial (IA) desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, aborda el rol de esta tecnología como sujeto de política pública, en tanto es una tecnología plausible de ser alcanzada por un andamiaje regulatorio particular, diseñado tanto para resguardar como para potenciar sus posibles usos. Por otro lado, identifica los usos de la IA como insumo de las políticas públicas, en tanto herramienta utilizada para llevar adelante políticas en materia de salud, educación, defensa y seguridad, y administración interna del Estado.

Para contribuir a un desarrollo sostenido, con equidad, es indispensable comenzar a discutir las implicancias que la IA trae para los países latinoamericanos: las oportunidades para potenciar la eficiencia del sector público y mejorar las capacidades estatales, los riesgos a tener en cuenta a la hora de utilizar estos algoritmos, y las posibilidades existentes en materia regulatoria.

Para analizar el uso, funcionamiento y regulación de la inteligencia artificial se deben tomar en cuenta la apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección, y el manejo de la información con énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales.

Publicado en octubre de 2019

Una gestión pública de calidad requiere implementar políticas basadas en evidencia, que informen al proceso de toma de decisiones. El monitoreo de la gestión de programas y proyectos brinda información sobre las actividades en desarrollo y su nivel de desempeño.

Cumple una función esencial para lograr una gestión pública más efectiva, al constituirse en una herramienta para la detección de desvíos entre lo planificado y lo ejecutado, identificar sus posibles causas y adoptar medidas que puedan redundar en una mejora en la implementación.

Este informe, elaborado en el marco del proyecto Monitoreo y Evaluación del Plan del Norte (PDN) implementado por CIPPEC con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, tiene como objetivo informar al Comité Ejecutivo sobre los avances en la implementación de los programas y proyectos del Plan.

Para ello, sistematiza datos sobre las iniciativas ordenadas en las líneas estratégicas Integración territorial, Arraigo regional y Economía para el desarrollo, dando cuenta sobre la etapa de avance alcanzada en 2018, sus objetivos, las localidades y población beneficiada, como así también información sobre su gestión. En este último aspecto, se incluyen datos sobre costo, plazo de ejecución y ministerio responsable de la ejecución de los programas y proyectos.

Finalmente, se realizan recomendaciones para la mejora de la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos, de acuerdo a los principales aspectos críticos detectados en la recolección y análisis de los datos requeridos para la elaboración del presente informe.

Publicado en octubre de 2019

Este documento presenta un Mapa de confiabilidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires en clave comparada con las demás provincias argentinas. El mapa fue elaborado a partir de los resultados oficiales de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las elecciones nacionales de 2015 mediante un conjunto de técnicas conceptuales, estadísticas y gráficas conocidas como “análisis forense de las elecciones”.

Estas herramientas fueron desarrolladas para la detección de fraudes contables y desde hace un tiempo se aplican al análisis de la integridad de las elecciones. En el Observatorio Electoral Argentino (OEAR) de CIPPEC las adaptamos al régimen electoral argentino para estudiar sistemáticamente nuestros procesos electorales. El objetivo del mapa es ofrecer información sistemática, fidedigna y replicable sobre el funcionamiento y la integridad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y Argentina.

Con este estudio esperamos contribuir a la construcción de un diagnóstico compartido sobre las elecciones en nuestro país y promover la discusión sobre los aspectos que deben ser revisados para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos políticos.

Entre los principales resultados del estudio se destacan:

1. El recuento provisorio de 2015 de la elección bonaerense y la elección nacional general fue exhaustivo, preciso y sin sesgo partidario.
2. No se encontró indicio alguno de irregularidades o manipulación en las actas donde se registran los resultados de las mesas.
3. En Buenos Aires, al considerar toda la provincia, no se encontró ninguna relación entre la participación y la distribución de votos positivos y blancos. No obstante, algunos municipios y provincias presentan patrones distintos a los esperados que podrían indicar irregularidades o problemas de administración electoral.
4. Sin embargo, al estandarizar los datos para controlar las diferencias geográficas, esas anomalías desaparecen o se atenúan. En suma, no se encontró ninguna evidencia consistente con problemas sistemáticos de integridad o de administración electoral en la provincia de Buenos Aires ni en las elecciones nacionales de 2015 de los restantes 23 distritos.

Este documento fue elaborado en el marco del proyecto “Mapa de Confiabilidad Electoral de la provincia de Buenos Aires” para el Consejo Federal de Inversiones (CFI).