El desembarco de Uber en el país generó desde el principio fricciones y conflictos que han ido en aumento. Pero en las últimas semanas varias iniciativas empezaron a marcar el camino en otra dirección. El último miércoles se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para habilitar el transporte mediante plataformas electrónicas en la provincia con la firma del diputado de Cambiemos Guillermo Castello. También esta semana, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la provincia de Misiones llevó al Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas una propuesta para adelantarse al desembarco de estas plataformas en la ciudad.
Esta especie de efecto dominó en favor de Uber y cualquier tipo de plataforma tipo crowdsourcing con intenciones de operar en Argentina tuvo su epicentro en la provincia de Mendoza el miércoles 4 de julio, cuando la Cámara baja provincial le dio media sanción a la nueva ley de movilidad provincial, una iniciativa que busca ordenar las distintas formas de transporte de pasajeros y carga que incluye por primera vez en la Argentina la categoría “transporte privado por plataformas electrónicas”.
Uber llegó a la ciudad de Buenos Aires en 2016 entre conflictos con el Gobierno de la Ciudad y los taxistas organizados, quienes se oponían a competir en lo que ellos consideraban condiciones desiguales. Si bien el Poder Ejecutivo porteño se posicionó a favor de los taxistas al catalogar al servicio como ilegal; los conflictos no cesaron y tanto choferes como pasajeros sufrieron agresiones por parte de los conocidos “caza Uber”. A pesar de ello, el uso de la plataforma no para de crecer: ya cuenta con más de 35 mil conductores, y más de dos millones y medio de usuarios. En contraste, Cabify, una plataforma muy similar a Uber, opera desde hace tiempo sin tensión con las autoridades, ya que se adaptó a la reglamentación vigente para remises. Tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia ha reconocido la legalidad de Uber catalogando el servicio como diferente al que presta un remise.
¿Qué pasó en otras ciudades de la región?
San Pablo, que es la ciudad con mayor penetración de Uber en la región, con 500 mil conductores, cuenta con un decreto municipal de 2016 que regula la app. Esta regulación busca generar incentivos para aumentar la oferta de transporte privado en lugares donde el transporte público es deficitario y alejarlo de las zonas de mayor congestión. Además, estipula el cobro de un canon, similar al previsto en el proyecto de ley mendocino, por conducir por la provincia a través de plataformas.
En Montevideo las cosas se dieron de manera muy similar a Buenos Aires: la llegada de Uber fue conflictiva, ya que la empresa desembarcó a fines de 2015 pese a la resistencia de los taxistas y del gobierno local. Sin embargo, Uber e EasyGo, otra empresa extranjera que opera al otro lado del Río de la Plata, hoy están reguladas y cuentan con mayor cantidad de vehículos que los que suman taxis y remises en conjunto. Además, Montevideo ya cuenta con dos plataformas locales que buscan competirles de igual a igual.
En La Paz, Uber funciona desde 2017 bajo el reglamento municipal de servicio privado de transporte de pasajeros contratado mediante plataformas tecnológicas y en Chile es inminente la aprobación de la denominada “ley Uber”, que exigirá a los conductores licencias profesionales y condiciones similares a las de los taxis para sus vehículos.
Reglas nuevas para fenómenos nuevos
La economía de plataformas brinda oportunidades para generar ingresos a diversos sectores muchas veces excluidos de la economía formal, ya que las aplicaciones digitales suelen derribar barreras de ingreso al mercado laboral tradicional y ofrecen flexibilidad para decidir cómo y cuándo trabajar. En tiempos en los que se discute fuertemente la brecha de género en el mercado laboral, un dato revelador es que en la Ciudad de Buenos Aires, Uber cuenta con 11% de conductoras mujeres, casi cuatro mil, mientras que solo hay un 2% de taxistas mujeres registradas, equivalente a 904 trabajadoras.
Pero no todo es color de rosas en la gig economy. Muchos de sus trabajadores aún tienen ingresos inestables, menores posibilidades de formación y limitadas posibilidades de representación sindical respecto a las modalidades tradicionales de trabajo. Desconocer la existencia de estas formas de generación de ingresos imposibilita, entre otras cuestiones, exigir condiciones de trabajo decentes, limita sus impactos positivos y potencia sus puntos menos deseables.
Regular los sistemas de transporte a través de plataformas digitales es un derecho y una responsabilidad de todo gobierno. Hacerlo permitirá abordar la realidad de las transformaciones tecnológicas actuales dentro de un sistema de transporte integral para aprovechar las oportunidades que estos nuevos modelos ofrecen y al mismo tiempo mitigar sus efectos no deseados. Un sistema de transporte que reconoce y gestiona de manera responsable los distintos tipos de servicios y prestadores existentes ayuda a complementarlos y articularlos para alcanzar modelos más eficientes e inclusivos.
Es hora de que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires miren lo que está sucediendo a su alrededor, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, esa mirada debe ir más allá de lo local. En un mundo de ciudades conurbadas, cuyo funcionamiento no reconoce límites jurisdiccionales, los grandes desafíos de la ciudad contemporánea requieren de una coordinación metropolitana que produzca políticas públicas que aborden las problemáticas de manera integral.
