La anunciada expropiación de la empresa cerealera Vicentín por parte del gobierno nacional y su posible transformación en una empresa estatal de capital mixto introduce de lleno en la agenda pública la discusión sobre el modo de intervención del Estado en la economía. En comparación con otras formas de intervención como el establecimiento de regulaciones o la asistencia a empresas, el papel del Estado como productor directo a través de la propiedad de empresas que compiten en los mercados genera mayores reticencias.

Los casos de corrupción que involucran a empresas públicas, la naturaleza discrecional de las relaciones financieras entre estas empresas y los gobiernos y el trato preferencial que muchas veces reciben en materia regulatoria no hacen más que ayudar a avivar estas miradas desconfiadas. Pero no menos cierto es que muchas veces los gobiernos también acuden a rescatar financieramente a empresas privadas.

Por otro lado, es importante considerar la creciente importante de las empresas de propiedad estatal mayoritaria. De acuerdo a datos de la OCDE el 22% de las 100 empresas más grandes del mundo son de propiedad estatal y operan en sectores importantes para las cadenas de valor global como los servicios públicos, las manufacturas, la minería y el petróleo. Estas empresas tienen un peso significativo en la economía de países como Brasil, Noruega o Singapur y algunas de ellas están involucradas en procesos de innovación, internacionalización y desarrollo de otros sectores con potencial de crecimiento.

Si Vicentín debe o no transformarse en una empresa de propiedad estatal, remite a un debate más integral y complejo sobre el modelo de desarrollo del país y el tipo de políticas que deberían implementarse para impulsarlo. En un sentido más modesto, lo que pretendemos resaltar acá es la importancia de las capacidades de gestión y el tipo de instituciones con la que debería contar el Estado argentino para promover una gobernanza corporativa adecuada de sus empresas públicas.

Consolidando una agenda de reformas para el sector público empresario

El sector público empresario a nivel nacional está integrado por 35 empresas y grupos de empresas de propiedad estatal mayoritaria, universo cuya composición por tipo de actividad económica y tipo jurídico luce disperso y fragmentado: desde sociedades anónimas como AySA o ARSAT, empresas de sociedad mixta que cotizan en bolsa como YPF o sociedades del estado como los Trenes Argentinos. En conjunto, sin considerar a YPF, estas empresas emplearon en 2018 a un total de 101.000 trabajadores y tuvieron ingresos totales que representaron un 4% del PBI.

Durante el gobierno de Mauricio Macri desde la Jefatura de Gabinete de Ministros se buscó ordenar estas empresas en tres dimensiones principales: la disminución del monto de las transferencias del Tesoro (se redujeron las trasferencias del 1,5% al 0,7% del PBI entre 2015 y 2019), la elaboración de planes estratégicos y la definición de lineamientos y estándares de gobierno corporativo comunes.

En la actualidad, la agenda sobre el gobierno de las empresas públicas en Argentina enfrenta por lo menos cuatro desafíos fundamentales.

En primer lugar, continuando con una iniciativa impulsada por el gobierno anterior, es clave la institucionalización de un organismo en la Administración Pública Nacional central a cargo de la coordinación y supervisión de forma transversal de todas las empresas públicas en las que el Estado nacional tiene participación.

En segundo lugar, es necesario promover la profesionalización del proceso de designación de los miembros de los directorios de manera de asegurar cierto grado de independencia y que dispongan de experiencias previas en cargos similares así como una mayor presencia de mujeres. De acuerdo a un relevamiento realizado por CIPPEC, en 2018 sólo 18% de quienes integraban los directorios de las empresas públicas habían sido directores previamente y sólo 8% eran mujeres.

En tercer lugar, es imperioso seguir avanzando en una mayor transparencia de la estructura de gobierno y el desempeño de las empresas. Según datos de CIPPEC, en 2019 sólo el 43% de las empresas publicaban sus balances y sólo el 34% sus informes de gestión. También es importante asegurar procesos de compras y contrataciones que sean competitivos y transparentes.

Finalmente, es importante definir claramente los objetivos comerciales y no comerciales de estas empresas de manera articulada con los planes de los ministerios sectoriales y desarrollar estrategias de gestión que en el largo plazo aseguren su rentabilidad y sustentabilidad.

Mejorar el desempeño de las empresas públicas es un objetivo primordial sin el cual resulta difícil pensar en ellas como instrumento de política pública, y no sólo de política fiscal. La cuestión central entonces debe estar en debatir el tipo de gobernanza y orientación estratégica que deben tener al momento de pensar un modelo de desarrollo económico y social sostenible.