Publicado en marzo del 2020
En la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones en los sistemas educativos se vieron motorizadas por procesos de cambio y de tensión tanto a nivel global como en cada país. De este modo, se fue dando lugar a la expansión de los derechos en educación. A eso se le suma un aumento progresivo de la cantidad de años de escolarización obligatoria, el crecimiento del financiamiento estatal, y el reconocimiento de los derechos de poblaciones excluidas y marginadas.
En las últimas tres décadas, a estos cambios se agrega el avance acelerado de las tecnologías digitales e internet. Además, la creciente relevancia del conocimiento en las sociedades contemporáneas hace que la tecnología sea una cuestión cada vez más determinante de otras desigualdades. No se trata sólo del acceso a tecnologías digitales, sino de las posibilidades de apropiación simbólica y cultural de importantes sectores de la población, como así también la posibilidad de crear tecnología.
En América Latina, la década de 1990 marcó un período inaugural de las políticas TIC de carácter sistémico. Este proceso se expandió rápidamente por toda la región y a principios del siglo XXI comenzó un proceso de creación de portales educativos nacionales, de entrega de equipamiento y de formación docente para integrar tecnologías de la información y comunicación en las aulas (TIC). El lanzamiento del Plan Ceibal en Uruguay en 2007 marca un punto de inflexión en la región.
Estas políticas surgen en un escenario de grandes desigualdades educativas, tanto en materia de aprendizajes, calidad en la oferta, de acceso a tecnología y de capacidades técnico-políticas para el diseño, implementación y evaluación de las mismas. No obstante, su potencial es claro. Las
grandes transformaciones que abren las tecnologías pueden ser oportunidades para repensar la política educativa, revisar los dispositivos clásicos del sistema escolar e impulsar estrategias de intervención en función de los diferentes objetivos, contextos y escalas.
Este documento, elaborado en el marco del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa (EduLab) de CIPPEC, presenta un diagnóstico de las políticas digitales impulsadas por los gobiernos centrales en los sistemas educativos en América Latina, durante el período comprendido por los 10 años del Plan Ceibal (2007-2017). No sólo porque marca el inicio de las primeras políticas masivas de incorporación de TIC en los sistemas educativos, sino que inaugura un período fértil (Lugo, 2006), que hoy constituye un antecedente ineludible para planificar nuevas políticas educativas en toda la región. Durante esos diez años, se pueden identificar diferentes tendencias, modelos y tensiones que actualmente coexisten en la región.
El propósito de este trabajo es elaborar recomendaciones para mejorar el diseño, implementación y evaluación para avanzar hacia una nueva agenda digital educativa en América Latina. Para ello se recolectó y sistematizó la información sobre iniciativas digitales durante ese período, mediante una revisión de los portales oficiales de los ministerios de educación y de ciencia y tecnología, y el relevamiento de sistemas de indicadores en materia de tecnología digital y educación de alcance regional. En forma paralela, se realizaron entrevistas a funcionarios y expertos regionales en TIC, educación y política, con el objetivo de identificar iniciativas y recuperar visiones acerca de la trayectoria de las mismas en el escenario de cada uno de los países.
El relevamiento permitió la elaboración de fichas técnicas en las que se presenta un perfil tecnoeducativo de los 19 países de América Latina, en las que se incluyen los aspectos principales de las políticas digitales impulsadas. Las dimensiones de análisis construidas para el relevamiento y sistematización de las políticas digitales fueron: gobernabilidad, multisectorialidad, ecosistema digital, y prácticas pedagógicas. A partir de éstas cuatro dimensiones, se identifican las principales problemáticas de las políticas digitales en la región, la configuración de los distintos modelos de integración de TIC y las oportunidades para llevar adelante nuevas iniciativas digitales en los sistemas educativos. Por último, se presentan una serie de recomendaciones de política pública para un debate informado que permita configurar una nueva agenda educativa digital que contribuya a alcanzar las metas educativas propuestas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.