Publicado en marzo del 2021

La disponibilidad de energía de forma abundante, a precios competitivos y en el marco de los compromisos asumidos sobre el cambio climático es fundamental para garantizar el desarrollo sostenido de la Argentina. Pero salvo contadas oportunidades, el país lleva décadas retenido en una trampa de crecimiento interrumpido. En distintas ocasiones la falta de recursos energéticos ha sido un determinante no menor de esta situación.

El presente trabajo es un aporte a la discusión sobre el futuro de la matriz energética de la Argentina con foco principal en la incertidumbre sobre su evolución y cómo interactúan ciertas decisiones en su desenvolvimiento. En primer lugar, se analiza cómo se llegó a la crisis de abastecimiento, que significó cantidades crecientes de importaciones, las teorías esgrimidas en la literatura especializada sobre los determinantes de la oferta local, la respuesta de la política pública y por qué fue inefectiva por mucho tiempo.

El sector energético se encuentra estancado desde hace 20 años, con un magro aporte al desarrollo económico. Esta situación, que en cualquier otro sector hubiera significado una crisis de oferta, se pudo sortear sin que el consumo interno útil de energía se resintiera. La contrapartida fue la disminución de las exportaciones, al contraerse entre el 2000 y el 2019 el 70,3%.

La Argentina se quedó sin energía. Ante la inefectividad de las medidas adoptadas, el recurso último fueron importaciones crecientes en el momento que se observaban los máximos precios en el mercado internacional. La oferta interna aumentó, aunque tan solo 4,2% entre el 2000 y el 2019. En el mismo lapso la producción local se redujo 3,9%.

Hacer todo, ahora, no importa el costo. Esta fue la última respuesta que tuvo cierta continuidad. Pero las políticas que pudieron ser útiles en un escenario de escasez no necesariamente lo son cuando se proyecta una abundancia de recursos. En la segunda parte del trabajo se simula la matriz energética a 2050, analizando las interacciones entre los distintos energéticos y su lugar en la futura matriz. El crecimiento del consumo interno resulta limitado para las oportunidades del sector. La posibilidad de retomar la senda exportadora, no solo de hidrocarburos, sino indirectamente de nuestros recursos renovables a través de la electricidad, tiene alta probabilidad de éxito si existen las políticas adecuadas.

¿Se puede volver a tener un saldo superavitario de la balanza comercial? Esa es la pregunta que debe contestar la política energética. Sin este objetivo, el crecimiento del  mercado interno es insuficiente para realizar las oportunidades del sector.

Publicado en marzo del 2021

La transparencia presupuestaria de las provincias registró una desmejora en 2020 según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por CIPPEC, que evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. 

En 2020 el promedio de las 24 provincias disminuyó de 7,8 en 2019 a 7,2 en 2020, la puntuación más baja desde 2017. Doce provincias retrocedieron en su puntaje. Esta disminución estuvo asociada a la menor publicación de documentos clave, como presupuestos plurianuales, ejecuciones de gastos, cuentas de inversión y apertura de tributos recaudados, y a un mayor rezago en la publicación de datos de ejecución presupuestaria, recaudación impositiva, endeudamiento y transferencia a municipios.

En cuatro provincias la disminución es marcada: Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En la provincia de Buenos Aires reside alrededor del 40% de los habitantes del país y, sumado a Corrientes y Santiago del Estero, se acercan a la mitad de la población total, por lo cual esta disminución en los niveles de transparencia activa afecta a una gran porción de la ciudadanía. Por otra parte, Jujuy y La Rioja fueron las que más mejoraron su puntaje, y Santa Fe y Entre Ríos lograron los 10 puntos totales del índice. 

Puntaje del ITPP por provincia (2020 y 2019)

Fuente: elaboración propia.
Notas: Corrientes y Chaco sancionaron normativas internas (resoluciones o decretos) que habilitaban la prórroga de rendición de gastos. Ver nota al pie en página 9.

El estudio atribuye este descenso en el índice a dos particularidades del 2020. En 2019 varias jurisdicciones cambiaron de gobierno (de partido y/o de dirigentes), por lo cual el 2020 pudo haber sido un año de adaptación para gobiernos que habían comenzado su administración pocos días antes del inicio del año. En efecto, 7 de las 11 provincias que cambiaron sus gobernaciones tuvieron una caída en el desempeño de su puntuación (64%). Mientras tanto, 4 de las 13 provincias que mantuvieron sus gobernaciones (38%) tuvieron un menor puntaje que en 2019. “Esto pone de manifiesto la importancia de contar con una burocracia profesional y estabilidad en los mandos medios en los distintos gobiernos, incluso ante cambios de gestión”, dice Juan Pablo Niño.

Por otro lado, la pandemia cambió las prioridades de política pública y los recursos con que los gobiernos cuentan para gestionar. Esto podría ayudar a entender la desatención a ciertas áreas regulares de la administración o la limitación que imponen las capacidades estatales para gestionar la emergencia y la normalidad en simultáneo. “Sería razonable suponer que la calidad de la gestión estatal provincial se viese afectada por la pandemia, pero no alcanza para ser una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, la situación excepcional requiere incluso mayores niveles de rendición de cuentas”, señala Santiago Lacroix Eussler.

El presupuesto público es una herramienta fundamental para definir y ejecutar los planes de gobierno. Desde 2010, y desde 2013 de forma ininterrumpida, el ITPP evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10. Desde 2014 el ITPP mostró una continua tendencia de mejora en la transparencia fiscal provincial, junto con un sostenido descenso en la dispersión de los resultados provinciales.

Publicado en febrero del 2021

Cumplido el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2019, la Administración Pública Nacional atravesó cambios y desafíos ocasionados por la transición de gobierno y por la pandemia de COVID-19.

Los cambios en la estructura organizacional implementados por el nuevo gobierno implicaron la jerarquización de 6 áreas que habían quedado relegadas al rango de secretarías y la creación de 3 nuevos ministerios, incluido el de Mujeres, Género y Diversidad. En este marco, el espacio directivo –a saber, las direcciones nacionales y generales- aumentó un 10% respecto a su tamaño a finales del gobierno anterior y un 4% por encima del promedio para el periodo 2015-2019. Sin embargo, se mantuvieron por debajo de los niveles registrados en 2016, cumplido el primer año de la gestión precedente.

El espacio directivo de la APN central se encuentra en proceso de designación formal: en total están designados formalmente el 71% de los cargos de conducción en las direcciones nacionales y el 76% en las direcciones generales. La modalidad designación del espacio directivo es similar a la tendencia de los últimos 30 años: el 99% fue designado en 2020 de manera transitoria por un período de 180 días y el 78% con la excepción de requisitos profesionales y/o presupuestarios que están establecidos en el marco legal. Esto da lugar a la conformación de una Alta Dirección Pública inestable y con baja permanencia de aquellos cargos con funciones ejecutivas lo que dificulta
coordinación, la memoria institucional y la capacidad de implementar políticas públicas efectivas. Lo anterior se acentúa especialmente en un contexto de alta incertidumbre como el actual.

La participación de las mujeres aumentó en los cargos políticos (secretarías y subsecretarías) y superiores (direcciones nacionales y generales) de la APN central. Sin embargo, solo 4 ministerios tienen una representación promedio de mujeres superior al 50% mientras que 2 ministerios no presentan mujeres en cargos superiores. Los datos de representación de mujeres en la Administración Pública Nacional centralizada muestran mejoras respecto a otros gobiernos, aún la proporción de mujeres se mantiene en niveles bajos. En particular, si se observa el porcentaje promedio de mujeres en direcciones nacionales y generales (41%) se puede ver cómo ese número va disminuyendo a medida que se asciende hacia los cargos de mayor jerarquía donde se refleja una menor participación de mujeres: 34% en secretarías y subsecretarías y 14% en ministerios.

Más allá de estos cambios –propios de una transición de gobierno- algunos más surgieron por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia y por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la Argentina se volcó en gran medida al trabajo remoto. El Estado no fue la excepción y cerca del 70% de la Administración Pública Nacional adoptó la modalidad de trabajo remoto incluyendo trámites, gestiones y tareas presenciales que vinculaban al gobierno con la ciudadanía. Esto tuvo efectos diferenciales según las tareas y jerarquías y existen áreas de oportunidad y procesos de mejora con vistas a la continuidad de las medidas
sanitarias y la pospandemia.

Publicado en febrero del 2021

La gestión de la pandemia por COVID-19 mostró que el conocimiento experto es una base sólida para dar respuestas dinámicas a fenómenos cambiantes. La creciente complejidad de los problemas sociales demanda un Estado con mayor capacidad analítica que tome mejores decisiones y beneficie al conjunto de la ciudadanía.

Argentina está rezagado en la adopción de instrumentos y herramientas de monitoreo y evaluación que promuevan el aprendizaje en materia de políticas públicas a través del seguimiento y análisis de sus resultados.

Con el objetivo de aumentar la productividad social de la inversión pública, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en 2020 la creación de una Agencia Federal de Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas.
Este compromiso reconocía la importancia de crear políticas públicas basadas en evidencia y de ejecutar planes y programas anclados en el conocimiento experto para mejorar la efectividad del Estado. A un año de esa iniciativa, la Agencia no fue creada pero sí se incorporó al debate público como una de las 25 metas de las 5 misiones a lograr en 1000 días por el Consejo Económico y Social (punto 4 dentro del eje Democracia Innovadora).

Además, se observan progresos en materia de monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas tendientes a fortalecer los sistemas transversales y sectoriales: i) se reordenó el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de los programas con financiamiento internacional (que pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría de Asuntos Estratégicos dependiente de la Presidencia); ii) se innovó en los mecanismos de M&E de los planes y programas sociales (mayor participación federal y herramientas para evaluar en pandemia) y de los planes sectoriales (nuevos dispositivos de sistematización de la información); iii) a pesar de que persisten las dificultades a la hora de realizar evaluaciones, los enfoques de M&E cobraron particular valor en el contexto de la crisis sanitaria e intentaron ser más participativos estableciendo metodologías adaptadas a la situación sanitaria; y iv) aumentó la accesibilidad a los resultados de las evaluaciones de las políticas.

La conducción e implementación de una política para la evaluación de planes y programas públicos es clave para medir los avances en los compromisos de gobierno, el desempeño de las intervenciones, la responsabilidad de los funcionarios públicos tanto como para aprender de las capacidades del Estado para responder efectivamente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La política nacional de evaluación, sin embargo, sigue enfrentando varios desafíos político-institucionales y culturales. Para superarlos, parece necesario integrar y coordinar las funciones de M&E en una agencia rectora, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, garantice la calidad de la información producida y asegure su uso informando las prioridades estratégicas.

Consolidar herramientas técnicas, coordinar las evaluaciones con el plan de gobierno y construir legitimidad desde la esfera política para aumentar el uso de la información producida son algunos de los aspectos clave para la creación de la Agencia. El fin último es que las políticas públicas producidas fortalezcan la rendición de cuentas.