Publicado en diciembre de 2020

La crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 tuvo un fuerte impacto socioeconómico sobre los hogares y visibilizó las profundas desigualdades en nuestro país. Una de las poblaciones más afectadas fueron las mujeres. Previo a la pandemia, las mujeres ya registraban una menor participación laboral y en peores condiciones, y una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los varones.

Las particularidades que trae aparejadas la crisis de COVID-19 acentuaron estas brechas de género: la participación laboral femenina declinó al 45% y en dos tercios de los hogares que incrementaron su carga de trabajo doméstico las mujeres fueron sus responsables principales o exclusivas. Estas consecuencias podrían tener efectos que posiblemente perduren más allá de la emergencia.

Estos impactos no fueron equivalentes en todas las jurisdicciones de Argentina, producto de una incidencia variable del virus y de líneas de partida diferentes en torno a las brechas de género. Así, surgen desafíos diversos en el territorio que requieren acciones específicas y ajustadas a cada realidad.
En este marco, cobra relevancia el rol de los gobiernos subnacionales en plantear estrategias integrales de respuesta a la pandemia y de reactivación económica desde una perspectiva de género con un enfoque interseccional. Transversalizar la perspectiva de género en el Estado consiste en realizar esfuerzos de manera sistémica para que la elaboración y ejecución de políticas en todas las áreas de gobierno apunten a disminuir las brechas de género. Es, en otras palabras, una herramienta de los Estados para garantizar la igualdad de trato, de no discriminación y de oportunidades en la población. Esto implica tanto adaptar las políticas públicas existentes desde una mirada de género como también identificar vacíos de política que requieran nuevas intervenciones.

Para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas en respuesta a la pandemia, los gobiernos locales pueden beneficiarse de avanzar en tres acciones clave: la disponibilidad de datos de calidad, la definición de una oferta programática basada en un diagnóstico preciso y una estrategia bifaz de abordaje integral. Estos lineamientos que ofrece la literatura en torno al diseño de estrategias integrales de política pública y las experiencias de gobiernos jurisdiccionales alrededor del mundo apuntan a un abordaje de la pandemia desde un enfoque de género interseccional que garantice el cumplimiento de derechos

Publicado en enero del 2021

Los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020 como consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento, según revela un estudio realizado por CIPPEC.

Para el tercer trimestre del año, últimos datos oficiales disponibles, los varones hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja en la tasa de empleo interanual, del 17%, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria, con 11%. A su vez, la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal cayó 30%. 

Variación interanual del empleo por sexo, edad y categoría ocupacional (segundo y tercer trimestre 2019-2020)

Fuente: CIPPEC en base a EPH-INDEC.

Estos datos forman parte del documento que analiza la estructura del mercado laboral argentino, el impacto del freno a la actividad económica durante 2020, y propone lineamientos para fomentar el empleo en contexto de crisis económica y sanitaria.

“Argentina tiene problemas estructurales en su mercado de trabajo, con gran heterogeneidad por sector, tipo de inserción laboral y población. Sobre esta estructura es que debemos evaluar el efecto del COVID-19”, plantea Manuel Mera.

El trabajo desgrana el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento y distancia social en el mercado laboral. Así, muestra que la caída interanual (a octubre de 2020) fue de 241.200 puestos de trabajo, de los cuales 243.500 fueron asalariados. Al focalizar en los puestos que se perdieron por la pandemia, usando datos desestacionalizados, la caída total del empleo formal fue de 187.100 puestos de trabajo entre febrero y octubre, la mayor parte de los cuales (185.200) se dio en los asalariados registrados. 

“Dos cuestiones se destacan de estos números. Por un lado, que el aumento en la caída del empleo no se debe a un aumento en las desvinculaciones, sino a una caída histórica en las incorporaciones. Hay que tener en cuenta que rige en la actualidad una prohibición de los despidos y doble indemnización. La implicancia que tiene esto es que el mercado laboral formal está parado, y esa falta de dinamismo deriva en una lenta pero constante caída del empleo. En segundo lugar, las barreras a las desvinculaciones de trabajadores formales derivaron en la utilización de mecanismos alternativos a la desvinculación. Los datos muestran un aumento significativo en la tasa de suspensiones que llegó a 8,84 en mayo y bajó hasta 3,85 en noviembre ”, detalla el trabajo. 

Tasa de empleo y suspensiones en empresas de más de 10 trabajadores. Total aglomerados (abril 2019-noviembre 2020)

Fuente: CIPPEC en base a EIL-MTEySS

El documento analiza también las variaciones en el número de empleadores según tamaño. En el período marzo – junio de 2020, el número de empleadores bajó cerca de 15.000 (-3%) para el mes de junio 2020. La concentración de la caída interanual se dio en mayor medida entre las microempresas (74.5% del total de bajas), empresas de hasta 10 trabajadores (9,7%), empresas entre 11 y 50 trabajadores (10.3%) y empresas de más de 50 trabajadores (5.5%).

“Los datos de situación de la producción y del mercado laboral a inicios de 2020 y la profundización de la crisis generada por el COVID-19 muestran un escenario social y económico preocupante. La caída del empleo y la actividad, especialmente del mundo informal, deriva en una recesión económica y un aumento de la pobreza. Frente a este panorama, es necesario pensar una batería de acciones para favorecer una recuperación”, sostiene el documento.

Entre las acciones posibles se encuentran los mecanismos de sostenimiento y promoción del mercado laboral, como subsidios salariales, el seguro por desempleo y la reducción acordada de horas trabajadas para los formales, así como transferencias condicionadas para desempleados e informales. Otras son programas de empleo público, subsidios a la contratación y servicios públicos de empleo. Por otro lado, el aparente fin de los programas IFE y ATP implican la necesidad de  “reorientar el gasto extraordinario hacia políticas de reactivación sin dejar desprotegidos a sectores de la población que tardarán en recuperar su situación de pre pandemia. El país tiene un amplio número de programas laborales y sociales, y deberá ser a través de ellos que se continúe con la contención de los afectados y la promoción de la vuelta a la actividad de los desocupados”, sostiene Mera.

La pandemia de la COVID-19 ha causado una disrupción sin precedentes en la educación. Ha evidenciado hasta qué punto los sistemas educativos no están preparados para enfrentarse a las crisis. Los cierres de las escuelas en todos los países constituyeron una primera respuesta casi universal que en la primera fase parecía completamente necesaria. Sin embargo, sus efectos son muy negativos y profundizan las desigualdades. Los países del G20 se enfrentan a un doble desafío. Todos han de responder a nivel nacional y algunos deben también responder como donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. El presente informe recomienda una planificación educativa sensible a las crisis y un sólido enfoque basado en la equidad, con el fin de garantizar la continuidad de la educación, respetando siempre íntegramente las medidas sanitarias. Se sugieren acciones para los países del G20 y los donantes, con el objeto de reconstruir y apoyar los sistemas educativos resilientes, avanzando desde las primeras respuestas a la recuperación.

Publicado en diciembre de 2020

Los espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) son uno de los dispositivos de política que mejor promueven de forma sinérgica el desarrollo de la primera infancia y la autonomía de las mujeres. El universo que los contiene es muy diverso, e incluye a jardines de infantes, jardines maternales, espacios de primera infancia, centros de desarrollo infantil, jardines privados no incorporados a la enseñanza oficial, entre otros formatos. Esta heterogeneidad se corresponde con la de las condiciones laborales y los trayectos formativos que las trabajadoras de estos espacios experimentan. En general, se observa que las trabajadoras del nivel inicial gozan de modalidades de contratación más seguras y remuneraciones mayores que sus colegas de centros de desarrollo infantil y jardines no incorporados a la enseñanza oficial. A su vez, sus trayectos formativos están más ordenados. Esta situación de disparidad es un problema en términos de igualdad, y también condiciona la calidad de las prestaciones dirigidas a niñas y niños.

Esta situación heterogénea asume formas específicas en cada jurisdicción provincial, en donde el mosaico de espacios CEC toma forma concreta a partir de las definiciones de política pública de los gobiernos subnacionales. El análisis en profundidad de tres casos provinciales -Córdoba, La Pampa y Río Negro- permite ahondar en esas diferencias y da cuenta de variaciones en términos de la normativa y la regulación existente; la perspectiva social que se tiene sobre el cuidado como actividad y trabajo; la existencia de un escalafón y las retribuciones que se hacen a la antigüedad; y, finalmente, la modalidad de articulación colectiva de intereses.

Este estudio exploratorio, basado en análisis documental y entrevistas en profundidad con funcionarios/as nacionales y provinciales y entrevistas a trabajadoras de diferentes formatos en las tres provincias, permite sugerir algunas recomendaciones para fortalecer los trayectos formativos y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras CEC en Argentina a partir de la integración de un sistema integral de cuidados. En primer lugar, se propone abordar la temática desde un enfoque sistémico que garantice un proyecto formativo propedéutico, situado y en servicio. Esto es, diseñar una oferta de formación que contemple los antecedentes educativos de las trabajadoras y ofrezca cursos hilados en una estrategia profesionalizante que se ofrezcan en los mismos lugares de trabajo. En segundo lugar, sería conveniente avanzar en la definición de un marco federal para la crianza, enseñanza y cuidado que funcione como orientación común para los objetivos y estrategias de los espacios CEC y, en consecuencia, informe los criterios de desarrollo profesional de las trabajadoras. En tercer lugar, se propone aprovechar las recientes innovaciones normativas e institucionales (como la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad) para catalizar acuerdos comunes tendientes a garantizar los derechos laborales de las trabajadoras CEC de forma equitativa, siguiendo una clave federal de acompañamiento técnico, político y financiero a los municipios y las provincias.