Publicado en julio del 2020

La escuela, desde sus orígenes, asumió la misión de difundir e incluir a niñas, niños y jóvenes en la cultura escrita. Desde las primeras políticas fundantes del siglo XIX hasta la actualidad, se impulsaron políticas educativas que tuvieron como objeto la lectura. Las desigualdades que existen en torno al acceso y a la apropiación tanto de libros como de la lectura –en especial las capacidades lectoras de estudiantes y la formación de lectores en un sentido más amplio– son preocupaciones que el Estado ha asumido en muchas oportunidades y a las que ha atendido con políticas específicas. He aquí el foco del presente documento: explorar, caracterizar y analizar las políticas de lectura implementadas recientemente en la Argentina.

Las políticas de lectura generadas a través de planes y/o programas de lectura por los organismos nacionales y provinciales de educación, comenzaron a generarse mayormente en el país desde el 2000, en concomitancia con la coyuntura nacional e internacional. Este trabajo recupera algunos lineamientos desde el 2000 hasta el 2019. En el marco nacional, fue posible identificar planes con características comunes y otras diferentes, que fueron discontinuados y/o reducidos a lo largo de estos años.

En cuanto a las jurisdicciones, se seleccionaron las siguientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Mendoza, y Salta. La elección de estos seis casos se corresponde a la disponibilidad de información y a la representatividad de las distintas regiones geográficas del país –Noroeste, Noreste, Patagonia, Centro y Cuyo–.

De este modo, se busca identificar y comprender los principales lineamientos de estas políticas analizando cómo se ha abordado la lectura, a través de 3 ejes: 1) las interrelaciones entre las provincias y nación, en el marco del sistema educativo nacional y federal; 2) las propuestas formativas relacionadas con docentes, estudiantes y bibliotecarios/as; 3) la selección y compra de libros y materiales.

El recorrido por la lectura como objeto de política educativa, a través de los dispositivos de planes y programas, ha posibilitado relevar tensiones en cuanto a las concepciones sobre los que se sustentan y delinean sus acciones. En este sentido, la discusión también gira acerca de qué lecturas de promueven desde los PNL y los PPL.

El análisis muestra el peso dispar que tienen para las jurisdicciones los recursos direccionados o coparticipados desde el Estado nacional para llevar adelante estas políticas. Esto es particularmente crítico en relación con las condiciones laborales y la sostenibilidad de los equipos de gestión. Asimismo, como se da cuenta en las conclusiones, se recuperan algunas tensiones en relación con la definición y el alcance de los destinatarios y las acciones propuestas en torno a la formación docente, tanto como con la adquisición y la distribución de libros. El análisis de estas tensiones permite identificar aportes, desafíos y dificultades en los procesos de las políticas de lectura en nuestro país.

El presente trabajo es de naturaleza exploratoria y su carácter es descriptivo. La escasez de estudios previos en esta materia y la escasa documentación e institucionalidad de estas políticas, vuelven relevante este incipiente trabajo de sistematización.

Publicado en julio del 2020

En Argentina, el 85% de los casos de COVID-19 son de personas que viven en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, no todas las personas del AMBA están igualmente expuestas al contagio: los datos disponibles para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestran que las tasas de contagio y mortalidad en barrios informales o asentamientos superan ampliamente las tasas registradas en los barrios formales de la Ciudad.

Entre mayo y junio 2020, la presencia del virus creció aceleradamente en barrios informales de la Ciudad. Antes de la aparición de los primeros casos en barrios informales se registraba una asociación positiva entre nivel educativo y tasa de contagio a nivel barrio, seguramente vinculado a que la mayoría de los casos en esas primeras semanas de la crisis eran importados. Con la aparición de circulación local del virus, se observa como esa correlación se invierte, evidenciando mayor presencia de personas afectadas por la pandemia en entornos de mayor vulnerabilidad social.

El avance rápido del COVID-19 en barrios informales puede estar asociado a las características socioeconómicas de las familias que residen en estos barrios. Los hogares que viven en asentamientos están más expuestos a la pobreza, la indigencia y la inseguridad alimentaria. Asimismo, los recursos económicos de las familias dependen, principalmente, de empleos en el sector informal de la economía, teniendo menos previsibilidad en sus ingresos y continuidad laboral. Las necesidades económicas y alimentarias impiden a las familias mantener el aislamiento preventivo por tiempos prolongados. La mayor circulación amplifica el riesgo al contagio, el cual se expande rápidamente al interior de las viviendas donde muchas familias viven en condiciones de hacinamiento y/o comparten espacios comunes.

La pandemia podría entonces profundizar aún más las diferencias sociales. Para evitar que este escenario suceda es importante diseñar políticas integrales de contención que contribuyan a moderar el crecimiento de la curva.

La evidencia reciente sobre cómo el COVID-19 está siendo contenido muestra que es necesario combinar medidas de distanciamiento social con las políticas de testeo, seguimiento de contactos cercanos y aislamiento de los enfermos. Sin embargo, en los asentamientos informales, donde las brechas sociales son mayores, es necesario complementar las políticas sanitarias con abordajes sociales integrales.

Estos abordajes deberían basarse en 5 tipos de políticas: (a) apoyos económicos y alimentarios, (b) acceso a servicios básicos, principalmente de agua potable, (c) canales de información abiertos con los vecinos sobre cómo prevenir el contagio y qué hacer en caso de tener síntomas, (d) políticas específicas para proteger a poblaciones con especial vulnerabilidad, como migrantes y mujeres que pueden sufrir mayor exposición a la violencia durante esta crisis, y (e) política de monitoreo y evaluación.

Mirando al largo plazo, es fundamental avanzar con la implementación de los planes de integración urbana de los barrios informales. Las políticas de contención son fundamentales durante la crisis, pero no resuelven los problemas de base. Los procesos de urbanización pueden contribuir a reducir las brechas en acceso a servicios básicos y calidad de la vivienda, funcionando como mecanismos para reducir la desigualdad existente en la Ciudad de Buenos Aires.

La mejora en las condiciones estructurales podría tener impacto en la calidad de vida de las personas que residen en barrios informales, y podría reducir su vulnerabilidad frente a futuras crisis.

Publicado en julio del 2020

La evaluación de programas en el Estado es fundamental para la transparencia, el aprendizaje y la mejora de sus funciones estratégicas como la planificación, la implementación y el monitoreo. La existencia de voluntad política para evaluar es una condición necesaria, aunque no suficiente para que esas evaluaciones se desarrollen y que sus resultados sean utilizados en los procesos de toma de decisión. Para eso es fundamental que los programas sean evaluables, es decir que cuenten con determinados atributos en su diseño, planificación, sistemas de información y recursos disponibles.

En este trabajo se desarrolla un índice de evaluabilidad con base en cuatro dimensiones de análisis (calidad del diseño y planificación de la intervención, calidad del sistema de monitoreo e información, calidad de la estrategia de evaluación y recursos) que componen el nivel en el que un programa puede ser evaluado en forma confiable y creíble.

Para llevar adelante este índice se implementa un protocolo de recolección de información que incluyó el relevamiento de toda la información pública y el pedido de información específica sobre 35 de los principales programas sociales a nivel nacional para el período 2015-2019. Con base en esta información se dio respuesta a 35 preguntas/indicadores que operacionalizan el concepto de evaluabilidad.

• Los resultados indican que el 71% de los programas considerados tiene un nivel de evaluabilidad bajo, según el índice. Sin embargo, se evidencia un gran desarrollo de las primeras dos dimensiones del índice (calidad del diseño y planificación de la intervención y calidad del sistema de monitoreo e información).
• En cuanto al diseño y planificación, los programas tienen bien definidos sus objetivos, tienen algún tipo de diagnóstico realizado e identificaron su población objetivo.
• En cuanto a la segunda dimensión, se encuentran muy buenos resultados en la presencia de indicadores de los programas, sobre todo aquellos vinculados a las tareas de gestión del Estado, como los de tipo insumo y producto.
• Por otro lado, hay poca formalización de la planificación en las evaluaciones y, por lo tanto, los resultados en las dimensiones 3 y 4 del índice (calidad de la estrategia de evaluación y recursos), son más desalentadores.

Frente a estos resultados, es evidente la necesidad de la formalización e institucionalización de las tareas de monitoreo y evaluación en el Estado que desarrollen y fortalezcan las capacidades instaladas en el sector público para que los procesos de evaluación y la gestión de la información que de ellos se deriva sea sostenible. De esta manera, se podrá generar y utilizar este conocimiento para una mejora continua de las políticas públicas sociales en Argentina.

Publicado en junio del 2020

Cuando se declaró la pandemia de COVID-19, la Argentina se encontraba en un escenario de frágil situación fiscal y en medio del proceso de renegociación de la deuda pública.

La pandemia y las medidas que se tomaron para paliar su impacto deterioraron fuertemente la posición del tesoro nacional. Las cuentas públicas muestran el fuerte activismo del Estado nacional para enfrentar la pandemia con medidas que han tenido el triple objetivo de atender las necesidades del sistema de salud, ofrecer cierto grado de protección social, cuidar el empleo y dar continuidad de las empresas y, por último, asistir a las tesorerías provinciales.

Composición del gasto de la Administración Pública Nacional por finalidad, antes y después de las medidas del aislamiento, en % del gasto total

Fuente: elaboración propia sobre la base de MECON

Los problemas fiscales no son nuevos, pero en un contexto de crisis se acentúan y se vuelven más visibles. En este sentido, en los últimos 5 años el déficit de la Administración Pública Nacional (APN) promedió el 5% del PBI, a pesar de que el déficit primario (que excluye los intereses de la deuda) mostró una tendencia decreciente. Desde marzo de 2020 los ingresos, excluyendo la transferencias de utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), acumularon una caída del 25% anual, mientras que los gastos registraron un aumento del 20%. Como consecuencia, en los tres últimos meses el déficit fiscal de la APN alcanzó los $880.000 millones y en el año ronda el 3% del PBI.

A su vez, la pandemia desatada por el COVID-19 trajo consigo un cambio en las fuentes de financiamiento de la APN, así como la distribución y composición del gasto público. Por un lado, con el mercado de capitales cerrado para el financiamiento, el BCRA ha cobrado un rol protagónico en el financiamiento del Estado nacional asistiéndolo con $800.000 millones entre marzo y mayo. Por el otro lado, el incremento del gasto tuvo como objeto las transferencias hacia el sector privado y las provincias, cuya principal finalidad fue atender las necesidades sociales, apoyar a las empresas y asistir a las tesorerías provinciales.

Composición de los ingresos de la Administración Pública Nacional, antes y después de las medidas de aislamiento, en % sobre el total de ingresos

Fuente: elaboración propia sobre la base de MECON

De esta manera, la pandemia dejará un mayor deterioro fiscal. Recomponer la salud de las cuentas públicas requerirá de un fuerte y preciso ejercicio de administración del Estado, tanto para equilibrar las cuentas públicas, como para evacuar la liquidez utilizada para financiar al tesoro nacional.