Educar en pandemia: respuestas provinciales al COVID

Publicado en mayo del 2020

El documento releva las políticas educativas del gobierno nacional y de los 24 gobiernos provinciales ante la suspensión de clases por la pandemia del COVID-19, que afectó a más de 10 millones de estudiantes y casi 900 mil docentes de nivel inicial, primario y secundario.

En el mismo, se ahonda sobre cinco dimensiones de la educación: contenidos pedagógicos, ampliación de la infraestructura digital, acompañamiento de los docentes, apoyo a la inclusión educativa y organización escolar. 

  • Todas las provincias impulsaron contenidos pedagógicos
  • El 45% amplió la infraestructura digital de sus estudiantes
  • Más del 60% impulsó políticas de capacitación docente para el contexto de pandemia
  • El 100% implementó o incrementó acciones de apoyo a la inclusión educativa vinculadas al servicio alimentario 
  • Más de un tercio de las jurisdicciones (11) propusieron iniciativas de acompañamiento específico a familias y jóvenes.

En cuanto a los procesos de organización escolar, a partir del 15 de mayo, todas las provincias establecieron que no habrían calificaciones mientras las clases presenciales estén suspendidas; 11 provincias (45%) ya habían adaptado algún componente de la organización escolar al contexto de aislamiento antes del 15/5, día de la resolución del CFE.

“Las acciones impulsadas por el gobierno nacional y provincial así como la respuesta de los docentes, directivos, supervisores, estudiantes y familias dan cuenta de los enormes esfuerzos que se están haciendo para garantizar el derecho a la educación en aislamiento”, señala Alejandra Cardini, directora del Programa de Educación de CIPPEC. 

En resumen, estas fueron las principales acciones educativas impulsadas por la Nación y las provincias en el marco del aislamiento y la suspensión de clases presenciales.

Contenidos pedagógicos

El Ministerio de Educación de la Nación lanzó el programa “Seguimos Educando”. Desde los primeros días de suspensión de clases presenciales, a través del portal educ.ar, la Televisión Pública y emisiones radiales se difunden contenidos educativos para nivel inicial, primario y secundario en las distintas áreas de conocimiento. A estas propuestas, se sumó la elaboración de cuadernillos con actividades pautadas para cada día de aislamiento, que están disponibles de forma online y en versión impresa.  

Por su parte, todas las provincias desarrollaron plataformas para distribuir contenidos digitales. En Misiones, por ejemplo, la plataforma Guacurarí, una iniciativa destinada originalmente a las escuelas técnicas, se acondicionó para los distintos niveles educativos y modalidades, y lleva registrados más de 2 millones de visitas. En por los menos 19 de las plataformas provinciales, a la disposición de los contenidos, se les sumó funcionalidades orientadas a promover y facilitar la interacción entre entre docentes y estudiantes. En Chaco, por ejemplo, la plataforma ELE ofrece lineamientos para el armado de aulas virtuales en Moodle. En Catamarca se brindan orientaciones y enlaces para crear espacios de intercambio virtuales a través de Google Classroom.

Por la proporción de estudiantes y docentes sin conectividad y dispositivos para acceder a los contenidos que se ofrecen en las plataformas, algunas provincias combina tecnologías digitales con la difusión de contenidos propios por televisión y radio. Formosa y Catamarca, por ejemplo, se apoyan fuertemente en la difusión de materiales educativos a través de la televisión. En La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero, diversos contenidos llegan a los estudiantes de escuelas rurales a través de la radio. Provincias como Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe combinan la producción de contenidos digitales e impresos. En Santa Cruz hicieron lo propio para los alumnos de escuelas técnicas.

Ampliación de infraestructura digital

El Ministerio de Educación de la Nación suscribió un acuerdo junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para la navegación gratuita en todo el país con las tres empresas más importantes de telefonía celular. También entregó 135.000 netbooks y tablets para alumnos de escuelas secundarias de gestión estatal de las provincias del Norte y algunos municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires. 

A nivel provincial, por lo menos ocho provincias están ofreciendo el servicio de desbloqueo de computadoras que fueron entregadas en años anteriores y están fuera de servicio. Algunas provincias están destinando recursos para adquirir software y servicios informáticos en la nube como, por ejemplo, la gestión de licencias de uso de plataformas que permiten el intercambio sincrónico entre inspectores y directivos, directivos y docentes, docentes y estudiantes (Corrientes y Misiones). 

Acompañamiento a docentes

A través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), el Ministerio de la Nación volcó a la virtualidad una multiplicidad de cursos de formación docente. 

Las provincias, por su parte, fortalecieron la oferta de capacitación docente. De acuerdo al relevamiento realizado por CIPPEC, al menos 14  provincias pusieron a disposición de los docentes trayectos formativos pensados especialmente para el contexto de aislamiento social. En Río Negro, por ejemplo, se propuso el curso “Educar en #TiemposdeDistanciamientoSocial: claves para pensar una propuesta educativa en el contexto actual”. Por su parte, el Ministerio de Educación de San Luis, junto a la Universidad de La Punta, lanzó un curso de enseñanza a distancia para ofrecer herramientas para el uso pedagógico de redes sociales, aulas virtuales o plataformas de intercambio sincrónico.

Córdoba, Chubut y La Rioja complementan la oferta formativa con seminarios o foros virtuales. Asimismo, algunos ministerios provinciales han facilitado dispositivos de asistencia técnica a docentes en tiempo real. Es el caso de la Provincia de Jujuy, donde referentes del área de educación digital del ministerio canalizan diversas consultas técnicas a través del WhatsApp.

Apoyo a la inclusión educativa

Antes de desatarse la pandemia, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar conformaban familias con carencias materiales persistentes. En este nuevo escenario, las escuelas de todas las provincias reforzaron sus esfuerzos para garantizar que los estudiantes accedan a alimentos, manteniendo inicialmente la distribución de viandas y, luego, entregando módulos alimentarios.

En siete provincias habilitaron canales de comunicación permanente con las familias. Es el caso de la Comunidad Educativa Conectada de CABA, una mesa de ayuda en tiempo real, al que las familias porteñas pueden recurrir por teléfono, WhatsApp o chat, para recibir apoyo o asesoramiento. La propuesta “Nos cuidemos entre todos” impulsada por el ministerio de educación de San Juan tiene un espíritu similar.

Otras iniciativas están destinadas especialmente a los jóvenes. En la provincia de Salta, el Programa de Acompañamiento Escolar, una iniciativa de apoyo a las trayectorias de alumnos con dificultades en el aprendizaje, continúa funcionando en una modalidad virtual. En Tierra del Fuego, el Ministerio de Educación, en una articulación intersectorial con el área de salud, generó una línea de comunicación vía WhatsApp de asesoría en salud integral para adolescentes.

Organización escolar

Un quinto grupo de acciones coloca el foco en las adaptaciones y modificaciones que la suspensión de las clases presenciales impone sobre la organización escolar. El régimen de presencialidad legitimaba un conjunto de reglas que organizaban el acceso, el tránsito, la acreditación y la certificación de saberes. El aislamiento hizo que estas reglas entraran en crisis.  

En algunos casos, los requisitos de acceso a la escolaridad se adaptaron al nuevo contexto. En Santa Fe, por ejemplo, se extendió el período de inscripción en el nivel secundario. Además, la suspensión de las clases presenciales dejó en suspenso la situación de estudiantes secundarios que adeudaban espacios curriculares al inicio del ciclo lectivo. En provincias como Mendoza y Entre Ríos las mesas de exámenes tomaron un formato virtual. En Catamarca y Misiones, los ministerios de educación adoptaron, excepcionalmente, el régimen de promoción acompañada para estudiantes de la secundaria que adeudaran hasta cuatro materias.  

La evaluación y acreditación de saberes son algunas de las cuestiones más discutidas. Córdoba, CABA, Tucumán y Mendoza suspendieron en abril las calificaciones durante el aislamiento social. Luego, el Consejo Federal de Educación acordó, por unanimidad, una resolución por la cual se establece que ningún alumno del país sería calificado mientras las clases presenciales estén suspendidas. En su lugar, se propone una evaluación formativa orientada a retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones a los estudiantes y las familias.

Conocé las respuestas educativas de cada provincia al COVID












 

Política educativa ante el COVID: Catamarca

Política educativa ante el COVID: Buenos Aires

Política educativa ante el COVID: Ciudad de Buenos Aires

Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post-COVID-19

Publicado en mayo del 2020

A dos meses de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 una pandemia y más de un mes de estricto aislamiento social, Argentina logró mantener bajo control la evolución inicial del COVID-19 en el país.

Como contrapartida de la rigurosa estrategia sanitaria, se debió colocar a la economía en una suerte de estado de coma inducido. Si bien el gobierno está haciendo esfuerzos en materia de política económica y social para mitigar el impacto de la inactividad, una situación fiscal particularmente frágil limitará la capacidad de sostener la situación actual en el tiempo. En este contexto, las autoridades manifestaron la intención de empezar a transitar hacia una nueva normalidad post COVID-19. Para la misma se sigue un enfoque de segmentación geográfica y reapertura progresiva de las actividades económicas.

El 35% de los 11,6 millones de trabajadores en Argentina que contempla este documento, trabaja en actividades que se consideran imprescindibles y están autorizadas a operar a pesar  del aislamiento social preventivo y obligatorio. A pesar de que se ven afectados por el “parate” generalizado, son los que están menos expuestos al riesgo económico.

El 65% restante está inactivo y es el grupo que más necesita trabajar: se trata de trabajadores que realizan tareas de menor calificación, ganan menos y están más propensos a la informalidad. Las condiciones laborales son considerablemente mejores para un 20% de los trabajadores que, si bien no está exceptuado del aislamiento obligatorio, puede desempeñar sus tareas de forma remota a través del teletrabajo.

Aquellos trabajadores que no están exceptuados del aislamiento ni pueden teletrabajar –un 45% del total- conforman un grupo de particular fragilidad económica. Es vital diseñar un esquema de reincorporación a los puestos de trabajo que les permita recuperar la autonomía económica minimizando el riesgo de salud para este grupo que es el más vulnerable.

Esta nota aporta herramientas para comenzar a construir ese sendero de reapertura económica que lleva hacia una nueva normalidad. Para abordar este desafío, cuantificamos la proximidad física con otras personas que requiere cada ocupación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

Distribución de los trabajos por proximidad y rama de actividad

Fuente: CIPPEC en base a datos de EPH correspondientes al 3T 2019

Como es de esperar, los trabajos asociados a la salud o los servicios personales son de proximidad alta, mientras que trabajos administrativos y servicios profesionales o financieros requieren menor cercanía física. La mayoría de actividades de proximidad baja corresponden a mujeres que trabajan en el servicio doméstico. La categoría de proximidad media es más heterogénea: incluye trabajadores de la construcción, comercios, industria y otros rubros.

Para ambos subgrupos hay cierto margen de maniobra para repensar tareas, procesos y protocolos que capitalicen el distanciamiento. Para los que trabajan en proximidad más alta el desafío es mayor y la prevención implica medidas sanitarias intensivas. Cualquier estrategia de reapertura requiere, por supuesto, especial énfasis en dos áreas transversales a todo el mercado de trabajo: el transporte público y el cuidado de los niños y las niñas.

El desafío que enfrenta la política pública es considerable: supone una reingeniería del proceso productivo de una magnitud sin precedentes, en un marco de urgencia sanitaria y económica y con recursos limitados. Por ello, es necesario diseñar una estrategia de política pública particularmente abarcativa, que involucre a diversos niveles y organismos del sector público, así como a los actores privados, quienes tendrán un rol protagónico en la próxima etapa.

En esta nota esperamos además ayudar a dimensionar la heterogeneidad del mercado de trabajo: cada uno de los segmentos identificados tiene un conjunto de necesidades tan específicas como apremiantes que van desde medidas de sostén del ingreso hasta formación de habilidades digitales. La capacidad de coordinación, innovación y liderazgo del sector público seguirá poniéndose a prueba y será condición necesaria para que la nueva normalidad llegue y sea beneficiosa para todos y todas.