Publicado en mayo del 2020

A dos meses de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 una pandemia y más de un mes de estricto aislamiento social, Argentina logró mantener bajo control la evolución inicial del COVID-19 en el país.

Como contrapartida de la rigurosa estrategia sanitaria, se debió colocar a la economía en una suerte de estado de coma inducido. Si bien el gobierno está haciendo esfuerzos en materia de política económica y social para mitigar el impacto de la inactividad, una situación fiscal particularmente frágil limitará la capacidad de sostener la situación actual en el tiempo. En este contexto, las autoridades manifestaron la intención de empezar a transitar hacia una nueva normalidad post COVID-19. Para la misma se sigue un enfoque de segmentación geográfica y reapertura progresiva de las actividades económicas.

El 35% de los 11,6 millones de trabajadores en Argentina que contempla este documento, trabaja en actividades que se consideran imprescindibles y están autorizadas a operar a pesar  del aislamiento social preventivo y obligatorio. A pesar de que se ven afectados por el “parate” generalizado, son los que están menos expuestos al riesgo económico.

El 65% restante está inactivo y es el grupo que más necesita trabajar: se trata de trabajadores que realizan tareas de menor calificación, ganan menos y están más propensos a la informalidad. Las condiciones laborales son considerablemente mejores para un 20% de los trabajadores que, si bien no está exceptuado del aislamiento obligatorio, puede desempeñar sus tareas de forma remota a través del teletrabajo.

Aquellos trabajadores que no están exceptuados del aislamiento ni pueden teletrabajar –un 45% del total- conforman un grupo de particular fragilidad económica. Es vital diseñar un esquema de reincorporación a los puestos de trabajo que les permita recuperar la autonomía económica minimizando el riesgo de salud para este grupo que es el más vulnerable.

Esta nota aporta herramientas para comenzar a construir ese sendero de reapertura económica que lleva hacia una nueva normalidad. Para abordar este desafío, cuantificamos la proximidad física con otras personas que requiere cada ocupación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones.

Distribución de los trabajos por proximidad y rama de actividad

Fuente: CIPPEC en base a datos de EPH correspondientes al 3T 2019

Como es de esperar, los trabajos asociados a la salud o los servicios personales son de proximidad alta, mientras que trabajos administrativos y servicios profesionales o financieros requieren menor cercanía física. La mayoría de actividades de proximidad baja corresponden a mujeres que trabajan en el servicio doméstico. La categoría de proximidad media es más heterogénea: incluye trabajadores de la construcción, comercios, industria y otros rubros.

Para ambos subgrupos hay cierto margen de maniobra para repensar tareas, procesos y protocolos que capitalicen el distanciamiento. Para los que trabajan en proximidad más alta el desafío es mayor y la prevención implica medidas sanitarias intensivas. Cualquier estrategia de reapertura requiere, por supuesto, especial énfasis en dos áreas transversales a todo el mercado de trabajo: el transporte público y el cuidado de los niños y las niñas.

El desafío que enfrenta la política pública es considerable: supone una reingeniería del proceso productivo de una magnitud sin precedentes, en un marco de urgencia sanitaria y económica y con recursos limitados. Por ello, es necesario diseñar una estrategia de política pública particularmente abarcativa, que involucre a diversos niveles y organismos del sector público, así como a los actores privados, quienes tendrán un rol protagónico en la próxima etapa.

En esta nota esperamos además ayudar a dimensionar la heterogeneidad del mercado de trabajo: cada uno de los segmentos identificados tiene un conjunto de necesidades tan específicas como apremiantes que van desde medidas de sostén del ingreso hasta formación de habilidades digitales. La capacidad de coordinación, innovación y liderazgo del sector público seguirá poniéndose a prueba y será condición necesaria para que la nueva normalidad llegue y sea beneficiosa para todos y todas.

Publicado en mayo del 2020

El cuidado, entendido como el conjunto de actividades y relaciones orientadas a satisfacer los requerimientos físicos y emocionales de las personas (Daly & Lewis, 2000), es una de las grandes deudas pendientes de la política social argentina, en la intersección de las agendas y prioridades relativas a la primera infancia e igualdad de género. El paradigma actual de familiarización y feminización del cuidado reproduce las desigualdades de origen de las familias y es insostenible a futuro. Argentina enfrenta una “crisis de cuidado” (CEPAL, 2010), que surge debido a la brecha entre la creciente proporción de personas que requieren cuidados y la relativamente pequeña cantidad que los provee.

La crisis de cuidado que enfrenta Argentina requiere respuestas tendientes a lograr una distribución más equitativa y justa de las responsabilidades sociales de cuidado entre Estado, mercado, familias, comunidad, y géneros. De cara al debate sobre el diseño de un sistema de cuidados a nivel nacional en Argentina, es clave aprender de las experiencias y la trayectoria ya existente en los niveles provinciales y municipales, especialmente dada la necesidad de contextualizar las respuestas de política pública a las necesidades de cuidado locales y a las particularidades que asume la gestión del cuidado en distintos lugares del país.

En este sentido, con el Plan Abre, la Provincia de Santa Fe cuenta con una experiencia única a partir de la cual pensar qué elementos son necesarios para el diseño de un sistema de cuidados integral y de alcance verdaderamente federal. El Plan Abre tiene un enorme potencial para convertirse en la política desde donde el Estado provincial pueda articular una estrategia de cuidados. Su foco en la integralidad de las intervenciones, el fuerte anclaje territorial y su entramado institucional son herramientas clave para articular las demandas de cuidado de las familias con la oferta de servicios que existe en el territorio. El análisis situacional del Plan Abre evidencia que estos componentes le permitieron mejorar la organización social del cuidado en la Provincia de Santa Fe, particularmente en cuanto a las condiciones materiales en las que se realiza el cuidado y la articulación con la oferta de servicios provincial y municipal.

Para maximizar ese potencial y aprovechar la capacidad instalada del Plan Abre como articulador del cuidado en el territorio es recomendable avanzar en cinco dimensiones.

• En primer lugar, es una condición necesaria garantizar y reforzar la arquitectura institucional del Abre para consolidar el anclaje territorial de las intervenciones.
• En segundo lugar, se recomienda jerarquizar el cuidado en su implementación desde una perspectiva de género y derechos de manera transversal en todo el diseño del Plan.
• También es necesario fortalecer la oferta de servicios de crianza, enseñanza y cuidado a la primera infancia.
• Por otro lado, fomentar la articulación entre la oferta y demanda de servicios de cuidado a nivel local.
• Finalmente, a la par que se fomenta la corresponsabilidad social en el cuidado, es urgente promover la autonomía económica de las mujeres, quienes en la actualidad son las principales responsables de estas tareas.