Publicado en abril del 2020

La irrupción del COVID-19 reveló las desigualdades que caracterizan al sistema de protección social en Argentina. Tanto el agente viral como las medidas tomadas para detener su propagación tienen impactos diferenciales entre los distintos grupos de población, según su inserción en el mercado de trabajo y su género. En particular, son las mujeres las que enfrentan mayores desafíos con estas medidas. Esto es así porque se combina la tensión en términos de cuidados no remunerados dentro del hogar (aumentados por la suspensión de las clases) con la necesidad de generar ingresos suficientes para cumplir con los requerimientos de la familia. Los hogares liderados por mujeres se concentran en los estratos de menores ingresos y, en términos laborales, sobre las mujeres inciden más la inactividad, el desempleo y la informalidad. De los casi 15 millones de mujeres entre 15 y 64 años, alrededor de dos tercios se encuentran en el último grupo. Esto las deja en una posición de déficit de protección social.

La emergencia posiciona un aparente trilema entre los y las decisores de política pública. En primer lugar, es necesario maximizar el éxito de la estrategia epidemiológica que requiere de aislamiento y distanciamiento social. En segundo lugar, es preciso minimizar los costos en términos de bienestar de la población, fundamentalmente de la que no está protegida por esquemas de protección social contributivos. Finalmente, es necesario minimizar la probabilidad de consecuencias políticas negativas, sea en la forma de deterioro de las instituciones democráticas o demostraciones masivas y comportamientos irregulares por parte de la sociedad. Esta tensión solo puede ser resuelta a través de la consolidación de pisos de protección social universales, en la forma de inversión en servicios públicos y transferencias de ingresos excepcionales.

La pandemia también dificulta pensar de forma secuencial y ordenada, por el temor de que las respuestas de política lleguen demasiado tarde. En consecuencia, CIPPEC se propone colaborar a través de recomendaciones que consideren una doble temporalidad para la protección de los derechos de las mujeres en mayor grado de vulnerabilidad. En primer lugar, la inmediata, la de la urgencia. En este documento se proponen medidas para contener los efectos sociales negativos durante el período de cuarentena desde una perspectiva de género. En segundo lugar, la temporalidad subsiguiente, cuando se levanten las medidas de aislamiento social y se requiera la reactivación económica. Finalmente, se cierra con comentarios sobre el financiamiento de estas medidas y algunos principios para repensar la forma en que se consolida un sistema de protección social universalista y sensible a la desigualdad de género en el largo plazo a través de un vínculo con el sistema tributario.

Síntesis de las medidas sugeridas

Medidas urgentes para la garantía de los derechos económicos y sociales de las mujeres

Para garantizar ingresos:

  • Fortalecer las medidas de transferencias regulares y excepcionales con foco en las poblaciones con mayores dificultades para acceder a ingresos alternativos.
  • Ejemplos:
    • Argentina implementó una política de Ingreso Familiar de Emergencia, que otorga $10.000 en una transferencia única.
    • Varios países como Colombia, Bogotá en particular, El Salvador, Chile y Perú asignaron bonos o transferencias únicas para afrontar el período de aislamiento social con distintos alcances en términos de montos y coberturas.
    • Casos especialmente interesantes para la Argentina son el de Portugal, que otorgó un salario de emergencia de 438 euros durante 6 meses a los trabajadores independientes, y el de Australia, que generó un paquete de apoyo a pequeños comerciantes por $500 durante seis meses, con el fin de suavizar la caída de ingresos y evitar que estos caigan dentro del grupo de los más vulnerables.
  • Lecciones de esas experiencias:
    • Que la asignación de las transferencias sea suficiente en términos de montos y esté informada por los costos reales de la canasta de bienes y servicios que deben adquirir las familias.
    • Garantizar la liquidez de las familias: el funcionamiento efectivo de las órdenes de extracción bancarias (ODE).
    • Grupo de riesgo especial: trabajadoras domésticas. Para ellas es central el poder fiscalizador del Estado para evitar despidos, garantizar el goce de la licencia cuando corresponda y promover la apertura de cuentas bancarias mediante mecanismos virtuales. Además, varios países desarrollaron campañas para minimizar el contagio en este grupo de trabajadoras.

Para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos (alimentos, medicamentos, gas, agua, entre otros):

  • Reconocer las unidades territoriales más amplias (barrios, manzanas) como espacio de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)
  • Garantizar la provisión de los recursos críticos a través de la utilización de redes de operadores sociales y atendiendo a los costos de compras no cotidianas (rol central de los controles de precios)
  • Generar y compartir información sobre qué bienes conviene comprar, cómo planificar esas compras y cómo almacenar esos bienes. Revisitar las Guías Alimentarias Argentinas para adaptarlas para el contexto de emergencia y dotarlas de perspectiva de género, puede ser un primer paso en ese sentido.
  • Ejemplos:
    • Honduras: el gobierno nacional está trabajando junto con las fuerzas armadas y una red de operadores barriales en la distribución puerta a puerta de alimentos e insumos de higiene en los barrios más vulnerables

Para garantizar el cuidado:

  • Dos soluciones dicotómicas entre las que se debe tomar una decisión política:
    • Reforzar la familiarización en tiempos de cuarentena (pero manteniendo el foco en el aislamiento con objetivos sanitaristas). En este caso (que es la opción que se está implementando en Argentina por default), hay países que reconocen este trabajo y destinan fondos excepcionales para remunerar este trabajo intensivo que están llevando adelante (como Polonia, Italia y Bolivia).
    • Disponer de servicios ad hoc en unidades territoriales acotadas y específicas (sacrificando la rigidez del aislamiento social). Australia, por ejemplo, decidió financiar hasta el 50% de los ingresos que habitualmente reciben espacios de cuidado a cambio de que estos provean de servicios gratuitos a las familias, priorizando a las familias que cumplen actividades esenciales. En Argentina, esta opción podría proveer ingresos para trabajadoras informales que vieron reducidas sus jornadas por el aislamiento y reducir la carga de cuidado que enfrentan los hogares.
Escenario pos-ASPO: medidas para aprovechar las oportunidades para mujeres con déficits de protección social

Para las familias con niñas/os y adolescentes que reciben transferencias no contributivas:

  • Suspensión de la certificación de las corresponsabilidades educativas y sanitarias (como en el Reino Unido)
  • Un pago extraordinario para potenciar la demanda

Para las/os trabajadores informales (cuentapropistas y asalariados):

  • Una transferencia única para la reactivación (crédito sin interés o no reembolsable)

Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tres tipos de medidas:

  • Apoyo a las empresas en el sostenimiento de los puestos de trabajo en riesgo y el pago de salarios (como en Bélgica, Francia, los Países Bajos, Suiza, Brasil y Tailandia)
  • Implementación de programas de facilidades financieras, como la reducción temporaria o aplazamiento del pago de impuestos y medidas de apoyo financiero directo, incluyendo créditos a tasas bajas y/o con menor exigencia de garantía (muchos ejemplos de Medio Oriente, América, Europa y Asia)
  • Suspensión de las penalidades relacionadas a los procesos de adquisiciones y pagos (caso de Francia, Bélgica y Nueva Zelanda)
  • Reconocimiento de los obstáculos particulares que enfrentan las MiPyMEs lideradas por mujeres (en el acceso a garantías, por ejemplo)

Para consolidar un sistema federal de cuidados:

  • Certificación de las habilidades de cuidado (puede ser en línea, con módulo temático específico para evitar el contagio del COVID-19)
El financiamiento en el largo plazo: pisos de protección social y sistema tributario

Medidas de apoyo específicas y temporales para las poblaciones más afectadas:

  • Postergación de plazos de pago de impuestos.
  • Reintegro del IVA para poblaciones vulnerables.
  • Reducción de los aportes patronales de las empresas severamente afectadas.

Largo plazo: repensar los sistemas de protección social y tributarios y mutar de una lógica de apoyo a una de estímulo:

  • Mecanismos que promuevan un esquema de redistribución de ingresos (reducir la incidencia de impuestos regresivos e incrementar la recaudación con impuestos directos a sectores acaudalados)

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