Publicado en enero del 2020

Gala Díaz Langou, Fernando Filgueira y José Florito, directora, investigador principal y coordinador del programa de Protección Social, respectivamente, colaboraron junto con otros especialistas en este libro de UNICEF que reflexiona sobre la políticas de infancia y adolescencia en América Latina y el Caribe.

Es su capítulo, abordan el contexto y las tendencias de la situación social de la infancia, niñez y adolescencia para la región, y se analizan los sistemas de bienestar y protección social para esta  población desde una perspectiva comparada. Se argumenta que uno de los problemas estructurales más complejos de la región resulta de la combinación de una transición demográfica acelerada y polarizada en un contexto de riqueza moderada y alta desigualdad estructural. Los sistemas de protección social son fragmentados, fiscalmente frágiles, y con coberturas incompletas e insuficientes en calidad de servicios, infraestructura, aseguramiento y valores de los sistemas de transferencias monetarias para hacer frente a las históricas desigualdades y las nuevas tensiones estructurales.

En este contexto, la inversión en la infancia y adolescencia se torna crítica y compleja, si bien es la mejor estrategia —y tal vez la única— para combatir la desigualdad y mejorar la productividad agregada de la economía. A la vez, en un contexto de envejecimiento de la población, el espacio fiscal para dicha inversión se torna limitado, y continuará limitándose aún más en los próximos 20 años.

Publicado en enero del 2020

Las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad: educación, salud y seguridad. En ese contexto, avanzar en una mayor transparencia presupuestaria es un mecanismo fundamental para lograr un debate más informado sobre las decisiones de gasto y de impuestos y mejorar los procesos de rendición de cuentas.

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) se elabora anualmente desde 2013 con el propósito de medir la cantidad y calidad de la información relacionada con el presupuesto y la política fiscal en general publicada por las 24 provincias de Argentina. El ITPP mide en una escala de puntajes del 0 al 10 la transparencia presupuestaria en base a dos grandes criterios: la disponibilidad y desagregación de información fiscal publicada en internet y el nivel de rezago con que se la publica.

Entre 2013 y 2019 el ITPP muestra una mejora apreciable en el nivel general de transparencia presupuestaria: ha pasado de un puntaje promedio de 5,8 en 2013, a 8 en 2019, según los valores de la serie histórica. La mejora en el nivel de transparencia general se combina con una reducción sostenida de la dispersión en los puntajes de las 24 jurisdicciones.

En cuanto a los resultados del año 2019 y su relación con 2018 se observa que 13 provincias experimentan aumentos en su puntaje, dos conservan los puntajes del año anterior y 9 provincias registran un descenso. El resultado neto es una mejora en el promedio general. Hay dos factores principales a la hora de explicar los cambios de un año a otro: el proyecto de presupuesto 2020 y la cuenta de inversión 2018. A la fecha de recopilación de la información solo 13 provincias habían presentado el proyecto de presupuesto 2020, situación que parece estar asociada a los cambios de administración. El registro del año anterior era de 15 provincias. A su vez, 19 provincias tenían publicada la información de la cuenta de inversión del ejercicio previo (14 en 2018.)

Si bien el índice registra indudables avances, se detectan dos áreas donde es posible mejorar la calidad de la información fiscal: la desagregación sobre la ejecución del gasto y la deuda pública. En términos de las clasificaciones de gasto reportadas se aprecia que la desagregación utilizada en muchos casos es más bien escueta y de actualización esporádica. Respecto de la deuda, no obstante que la gran mayoría de jurisdicciones provee información detallada del stock, son pocas las provincias que presentan los perfiles proyectados de interés y capital a corto y mediano plazo.

Publicado en diciembre del 2019

Desde la segunda posguerra a la actualidad, Argentina atravesó 17 episodios recesivos que suman un total de 26 años de contracción de la actividad: hubo, en promedio, una recesión cada tres años. La economía lleva décadas retenida en una trampa de crecimiento interrumpido.

Casi en su totalidad, las interrupciones del crecimiento ocurrieron por problemas de balanza de pagos.
El ritmo de crecimiento de las exportaciones ha sido menor al de las importaciones y, consecuentemente, el flujo neto de divisas, insuficiente. La principal causa de la interrupción del crecimiento ha sido el deterioro de las cuentas externas cada vez que la economía se expandió.

Dado el escaso financiamiento externo disponible para Argentina desde 2018, un crecimiento económico sostenido durante los próximos años requerirá que las exportaciones aceleren su crecimiento. Si el PIB se expande a un ritmo promedio de 3% anual, las importaciones lo harían al 9% y se requerirían unos U$S 25.000 millones adicionales para 2023 para mantener la balanza comercial equilibrada.

Pensar de dónde podrían salir esos dólares adicionales para 2023, es una pregunta de carácter urgente, pero que también nos conduce a un debate más estratégico y que implica pensar cuál es la estrategia de desarrollo exportador más adecuada para Argentina.

Si Argentina mantuviera inalterada su canasta exportadora y tan sólo acompañara el crecimiento del comercio mundial, estaría aún lejos de contar con los dólares necesarios para mantener una balanza comercial equilibrada. Esto marca la necesidad de ampliar nuestra canasta exportadora.

Empleando la metodología del Espacio de Productos, este trabajo identifica tres conjuntos de productos sobre los que se podrían aumentar las exportaciones: 1) aquellos en los que la Argentina tiene ventajas comparativas reveladas, 2) productos en los que Argentina tenía ventajas comparativas reveladas y que las perdió entre 2011 y 2017 y 3) productos en los que potencialmente podrían desarrollarse ventajas comparativas reveladas. Si bien los principales productos exportados de Argentina —mayormente
Productos Primarios y algunos bienes agroindustriales— son los que más aportarían los dólares en el corto plazo, ellos solos serán insuficientes.

Además de este resultado para el corto plazo, el ejercicio ayuda también a pensar la estrategia de desarrollo económico más adecuada para el país más allá de los próximos años. Del estudio se desprende que el aporte de los sectores vinculados a los recursos naturales es sustancial, con lo cual una estrategia ambiciosa debe nutrirlos y potenciarlos. Pero también pone de manifiesto que con ellos sólo no alcanza. Es necesario desplegar una estrategia de desarrollo exportador diversificada.

Publicado en diciembre del 2019

Este documento corresponde a la Nota Técnica II del proyecto del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Pobreza Crónica en Argentina, realizado con el apoyo técnico del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata.

Este documento fue elaborado bajo la dirección Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de CIPPEC, y dialoga con y extiende el diagnóstico y las recomendaciones plasmadas en el documento “Reducir la Pobreza Crónica” elaborado por Gala Díaz Langou, Gabriel Kessler, José Florito, y Carola della Paolera en septiembre de 2019.

Reducir la pobreza es un imperativo jurídico, ético, social, político y estratégico. Conforma uno de los principales desafíos que tiene hoy la Argentina. En los últimos 30 años no se ha logrado perforar un piso del 25% de personas en situación pobreza. Dentro de ese grupo algunos padecen la pobreza de forma crónica: tienen muy bajas posibilidades de salir de la pobreza, aún en situaciones de alto crecimiento económico.

Este trabajo se propone contribuir con propuestas para reducir la pobreza y, más particularmente, a la pobreza crónica. Comienza detallando brevemente el diagnóstico de la pobreza para luego adentrarse en el análisis de las políticas públicas que se llevan a cabo para reducirla. El análisis de las políticas se organiza en tres ejes temáticos: los ingresos, el desarrollo humano y el hábitat.

• El primer eje comprende a las acciones que impactan sobre los ingresos de los hogares incluyendo a las políticas de empleo, a las políticas de transferencias en el marco de la protección social y al sistema de impuestos.
• El segundo detalla las políticas para potenciar el desarrollo humano en las áreas de la salud y la alimentación, el cuidado y la educación.
• El tercero refiere al hábitat y describe, principalmente, a las políticas para el acceso y el mejoramiento de la vivienda por los sectores de bajos ingresos.

El análisis que se desarrolla testimonia de avances que se realizaron en las últimas décadas, pero también de desafíos pendientes. Si bien existen diversas políticas que se llevan a cabo en los diferentes ejes temáticos, hay espacio para potenciar su impacto. En algunos casos, esto implica mejorar la participación, articulación y coordinación de los actores involucrados en su ejecución. En otros, se puede modificar su diseño para mejorar su progresividad, su cobertura y/o su calidad. La mejora de eficacia y eficiencia de las políticas no necesariamente significa grandes niveles de inversión suplementaria, aunque en determinados casos, ésta es insuficiente y/o se ve afectada en los momentos de inestabilidad macroeconómica.

Por otro lado, las políticas y sus efectos no están aislados del contexto macroeconómico que las rodea. En el país, existe una relación importante entre crecimiento económico y reducción de pobreza (Gasparini, Tornarolli & Gluzmann, 2019). Sin embargo, si bien el crecimiento es sustancial para reducir la pobreza, no es suficiente. Aún con un crecimiento a 1% de forma sostenida durante los próximos 10 años, la pobreza no bajaría del 24% (Gasparini, Tornarolli & Gluzmann, 2019).

Para reducir la pobreza no solo es importante crecer de forma sostenida, sino que también se debe llevar a cabo una estrategia integral y coordinada para reducir la pobreza que se sostenga en el tiempo. Este trabajo presenta recomendaciones de políticas en cuatro grupos diferenciados respondiendo a un criterio de priorización en función de la urgencia de la coyuntura actual, pero con un horizonte que también incorpora lineamientos para el mediano y largo plazo.

1. Dado el contexto de crisis económica serán centrales las políticas para mitigar sus impactos en los sectores más vulnerables. Con ese objetivo, dos propuestas se destacan por su efecto automático y directo en los hogares más vulnerables: universalizar y fortalecer el sistema de transferencias a hogares con niños y adolescentes y reforzar las políticas para asegurar la provisión de alimentos de calidad.
2. Se deberá avanzar en políticas que requieren de una inversión hoy para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Más específicamente, se sugiere: ampliar y continuar el Plan ENIA, extender la cobertura de los espacios de crianza,enseñanza y cuidado, garantizar la permanencia y terminalidad educativa, y promover las políticas de acceso y mejoramiento del hábitat.
3. A medida que se vaya normalizando la situación macroeconómica será crucial acompañar el proceso con políticas que potencien el acceso al trabajo de calidad. Esto incluye las acciones de: fortalecer la regulación y protección laboral y potenciar el impacto de las políticas de empleo y para la económica popular.
4. La pobreza no se erradicará en un solo periodo de gobierno si no que requerirá de acciones que se lleven a cabo de forma sostenida en el mediano y largo plazo. Su paulatina reducción requiere de una estrategia mancomunada, coordinada e integral que involucre a diversos actores de la sociedad. Para ello será importante avanzar en establecer mecanismos que permitan asegurar su sostenibilidad y la inversión necesaria mediante un sistema de financiamiento lo más progresivo posible.

Esto implica: consolidar pisos de inversión y avanzar hacia un sistema tributario más progresivo y jerarquizar un órgano para coordinar y monitorear la estrategia para la reducción de la pobreza y desigualdad.