GPS del Estado. Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015–2019

Publicado en marzo del 2020

Promover el desarrollo es una tarea paciente y constante en el tiempo, que requiere un Estado con capacidades para implementar políticas públicas en el mediano y largo plazo. Ello implica contar con cuentas públicas saludables, pero también con un Estado capaz de coordinar sus acciones y orientarlas de manera estratégica, preservar su memoria institucional y garantizar cierta autonomía de sus decisiones.

En primer lugar, se requiere un Estado sustentable en términos fiscales. Argentina enfrenta crisis recurrentes en el plano fiscal y una gran proporción del gasto público entre 2015 y 2019 representó obligaciones y derechos adquiridos por terceros. Esta situación reduce el margen de maniobra fiscal para implementar políticas públicas y exige tener una mirada integral que contemple, al menos, la recuperación de la economía y consensos que incorporen a amplios sectores del entramado social, económico y político que brinden soporte al reordenamiento de las cuentas públicas.

Pero en paralelo a la cuestión fiscal, es clave comenzar a construir un Estado que brinde horizontes institucionales de largo plazo para el diseño e implementación de políticas públicas y que permita mejorar la eficacia y eficiencia con que se asignan y utilizan los recursos públicos.

En los últimos años la Administración Pública Nacional (APN) central registró muchos cambios en su estructura organizacional y un fuerte recambio de los funcionarios políticos (secretarios y subsecretarios) y técnicos (directores nacionales y generales). Aunque esta situación no ha sido exclusiva del último gobierno, lo cierto es que el patrón no se ha revertido. Si bien la estabilidad de la estructura organizacional y de los directivos públicos no garantiza mayor efectividad gubernamental, una elevada volatilidad perjudica las condiciones necesarias para desarrollar las capacidades que requiere un buen funcionamiento del accionar estatal.

En este sentido, Argentina necesita contar con una estructura estatal relativamente estable y coordinada que refleje una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para lograr un desarrollo sostenible. También resulta fundamental avanzar en la construcción de un espacio directivo profesional con cierto margen de autonomía de la discrecionalidad política.

Este documento presenta un balance de las continuidades y cambios que acontecieron dentro de la APN central entre 2015 y 2019. Para ello, analiza la evolución del desempeño de las cuentas públicas, los cambios en la estructura organizacional, la estabilidad de los directivos públicos (políticos y técnicos) y los mecanismos de designación de los funcionarios técnicos en cargos con funciones ejecutivas.

Emprendimientos Digitales, una experiencia de acompañamiento en ciudades argentinas

Publicado en marzo del 2020

Las características de los ecosistemas emprendedores, y en particular de los emprendimientos de base digital, dependen de un amplio conjunto de componentes y variables. Esta complejidad aumenta especialmente al referirnos a ecosistemas de diferentes regiones de nuestro país, ya que cada lugar tiene componentes, procesos, actores y tamaños diversos.

Esta heterogeneidad entre las ciudades sugiere que a la hora de diseñar políticas públicas resultará necesario conocer dichas diferencias y tomarlas en consideración, de modo tal que las intervenciones impulsadas funcionen de mejor modo y sea posible realizar un monitoreo y aprendizaje sobre los procesos desarrollados.

Frente a esta situación, surgen una serie de preguntas: ¿cómo están conformados los ecosistemas de las diferentes ciudades del proyecto?, ¿cuál es el nivel de penetración de la economía digital en estos lugares?, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los emprendedores digitales a la hora de comenzar sus proyectos?, ¿qué tipo de instancias de acompañamiento hacen falta para dar apoyo e impulso a emprendedores de base digital?, ¿cómo funcionan las herramientas en contextos diferentes?

Para echar luz sobre estos cuestionamientos, se realizó un diagnóstico sobre emprendimientos de base digital y organizaciones de apoyo emprendedor en cinco ciudades del país: Mendoza, Córdoba, Resistencia, Gran Catamarca y Puerto Madryn. Los resultados del dicho diagnóstico permitieron conocer la realidad de cada aglomerado urbano para luego tenerlo en cuenta al diseñar intervenciones. Entre los hallazgos podemos mencionar que el nivel de penetración de la economía colaborativa en estas ciudades era bajo o muy bajo, y que los principales obstáculos para el desarrollo de la economía colaborativa eran falta de conocimiento y confianza por parte de los consumidores. Además, observamos que las demandas de capacitación tendían a coincidir en ciudades con ecosistemas similares.
Una vez hecho el diagnóstico, se realizó un concurso y una selección de emprendedores que fueron acompañados con instancias formativas, teniendo en cuenta lo relevado en el mismo. Las instancias de acompañamiento fueron amplias y diversas y buscaron formar tanto emprendimientos en estadios iniciales como aquellos más avanzados.

A partir dicho proceso y considerando los testimonios de los actores involucrados, fue posible identificar características de los ecosistemas emprendedores y herramientas que tienen impacto relevante en el desarrollo de los emprendedores locales.

Se pretende que la experiencia de acompañamiento desarrollada en este documento se configure como un primer estudio de caso sobre emprendimientos y economía colaborativa en ciudades del interior del país. Se busca, además, que sirva tanto a actores del ecosistema emprendedor como a decisores de políticas públicas a la hora de diseñar intervenciones orientadas a impulsar el desarrollo de este tipo de iniciativas.

Hacia una nueva agenda educativa digital en América Latina

Publicado en marzo del 2020

En la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones en los sistemas educativos se vieron motorizadas por procesos de cambio y de tensión tanto a nivel global como en cada país. De este modo, se fue dando lugar a la expansión de los derechos en educación.  A eso se le suma un aumento progresivo de la cantidad de años de escolarización obligatoria, el crecimiento del financiamiento estatal, y el reconocimiento de los derechos de poblaciones excluidas y marginadas.

En las últimas tres décadas, a estos cambios se agrega el avance acelerado de las tecnologías digitales e internet. Además, la creciente relevancia del conocimiento en las sociedades contemporáneas hace que la tecnología sea una cuestión cada vez más determinante de otras desigualdades. No se trata sólo del acceso a tecnologías digitales, sino de las posibilidades de apropiación simbólica y cultural de importantes sectores de la población, como así también la posibilidad de crear tecnología.

En América Latina, la década de 1990 marcó un período inaugural de las políticas TIC de carácter sistémico. Este proceso se expandió rápidamente por toda la región y a principios del siglo XXI comenzó un proceso de creación de portales educativos nacionales, de entrega de equipamiento y de formación docente para integrar tecnologías de la información y comunicación en las aulas (TIC). El lanzamiento del Plan Ceibal en Uruguay en 2007 marca un punto de inflexión en la región.

Estas políticas surgen en un escenario de grandes desigualdades educativas, tanto en materia de aprendizajes, calidad en la oferta, de acceso a tecnología y de capacidades técnico-políticas para el diseño, implementación y evaluación de las mismas. No obstante, su potencial es claro. Las
grandes transformaciones que abren las tecnologías pueden ser oportunidades para repensar la política educativa, revisar los dispositivos clásicos del sistema escolar e impulsar estrategias de intervención en función de los diferentes objetivos, contextos y escalas.

Este documento, elaborado en el marco del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa (EduLab) de CIPPEC, presenta un diagnóstico de las políticas digitales impulsadas por los gobiernos centrales en los sistemas educativos en América Latina, durante el período comprendido por los 10 años del Plan Ceibal (2007-2017). No sólo porque marca el inicio de las primeras políticas masivas de incorporación de TIC en los sistemas educativos, sino que inaugura un período fértil (Lugo, 2006), que hoy constituye un antecedente ineludible para planificar nuevas políticas educativas en toda la región. Durante esos diez años, se pueden identificar diferentes tendencias, modelos y tensiones que actualmente coexisten en la región.

El propósito de este trabajo es elaborar recomendaciones para mejorar el diseño, implementación y evaluación para avanzar hacia una nueva agenda digital educativa en América Latina. Para ello se recolectó y sistematizó la información sobre iniciativas digitales durante ese período, mediante una revisión de los portales oficiales de los ministerios de educación y de ciencia y tecnología, y el relevamiento de sistemas de indicadores en materia de tecnología digital y educación de alcance regional. En forma paralela, se realizaron entrevistas a funcionarios y expertos regionales en TIC, educación y política, con el objetivo de identificar iniciativas y recuperar visiones acerca de la trayectoria de las mismas en el escenario de cada uno de los países.

El relevamiento permitió la elaboración de fichas técnicas en las que se presenta un perfil tecnoeducativo de los 19 países de América Latina, en las que se incluyen los aspectos principales de las políticas digitales impulsadas. Las dimensiones de análisis construidas para el relevamiento y sistematización de las políticas digitales fueron: gobernabilidad, multisectorialidad, ecosistema digital, y prácticas pedagógicas. A partir de éstas cuatro dimensiones, se identifican las principales problemáticas de las políticas digitales en la región, la configuración de los distintos modelos de integración de TIC y las oportunidades para llevar adelante nuevas iniciativas digitales en los sistemas educativos. Por último, se presentan una serie de recomendaciones de política pública para un debate informado que permita configurar una nueva agenda educativa digital que contribuya a alcanzar las metas educativas propuestas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Desarrollo integral de políticas de primera infancia: reflexiones para un camino posible

Publicado en febrero del 2020

En Argentina, casi la mitad de los niños vive en situación de pobreza de ingresos. No solo eso: la proporción de niños en situación de pobreza es mayor que la de adultos, y la brecha entre ambos viene aumentando desde las últimas dos décadas. La infantilización de la pobreza se manifiesta también en privaciones diferentes del ingreso, tales como las de salud o de infraestructura básica. A su vez, las condiciones materiales en las que se realiza el cuidado de niños y niñas se encuentra fuertemente condicionado por el nivel de ingresos de cada hogar.

Reconocer la importancia de la niñez es imperante desde el punto de vista ético y jurídico. El Estado es el garante último de los derechos de los niños y niñas, y la situación social de la primera infancia en Argentina evidencia grandes déficits en su cumplimiento de este rol. Pero también es imperante desde un enfoque del desarrollo económico, en tanto la evidencia indica que los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de las personas y sus capacidades.

En los últimos años, Argentina avanzó con políticas nacionales específicamente dirigidas a esta población, tales como las asignaciones familiares, los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, programas de acompañamiento familiar, entre otros. Sin embargo, estas son insuficientes para resolver sus necesidades dado que se caracterizan por su escasa cobertura, calidad heterogénea y desarticulación entre sí. Según los últimos datos disponibles, sólo el 32% de los niños menores de 4 años asisten a servicios de crianza, enseñanza y cuidado.

Asimismo, estos valores varían enormemente entre las distintas provincias del país, acentuando así la heterogeneidad y un cumplimiento de derechos diferenciado. A su vez, la niñez y la adolescencia, estos grupos son los más postergados en términos de inversión social desde una perspectiva intergeneracional.

El análisis de otras experiencias regionales evidencia que la primera infancia tiene una importancia creciente en la agenda pública, y también que varios de los problemas existentes en nuestro país son comunes al resto de América Latina. En consecuencia, el análisis de las estrategias desarrolladas en ellos es interesante para derivar lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas en el caso argentino. En particular, las experiencias del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay y el Programa Chile Crece Contigo ofrecen aprendizajes útiles para mejorar la integralidad de las intervenciones dirigidas a la primera infancia en nuestro país a partir de la coordinación intersectorial, tanto a nivel territorial como administrativo.

Las políticas que se ejecutan actualmente a nivel nacional son un esfuerzo importante por mejorar la situación de la infancia en Argentina, pero existen muchas oportunidades para mejorarlas en términos de su alcance y su efectividad. Aprovecharlas requiere generar un abordaje integral de la primera infancia, aumentando la coherencia y el impacto conjunto de las intervenciones a partir de una mayor coordinación entre ellas. Para ello es necesario:

  • En primer lugar, universalizar y fortalecer las transferencias de ingresos a hogar con niños y niñas, para permitir una mejora en sus condiciones materiales de vida.
  • En segundo lugar, sería útil modificar el sistema de licencias para incluir a todos los niños, independientemente de las condiciones laborales de sus familias.
  • En tercer lugar, es urgente ampliar la oferta de servicios a la primera infancia, incluyendo desde una perspectiva integral componentes de salud, educación y desarrollo social.
  • Por último, y para lograr la implementación de los primeros tres componentes, es urgente garantizar un financiamiento e institucionalidad adecuados para mejorar la situación de la niñez en el largo plazo.

Hacia un Sistema Integral y Federal de Cuidado en Argentina

Publicado en febrero del 2020

El sostenimiento de la sociedad en Argentina, al igual que en casi todos los países del mundo, depende del trabajo no remunerado, en especial, el trabajo de cuidado. La organización social del
cuidado es injusta e inequitativa y reproduce las desigualdades que existen entre varones y mujeres: mientras que el 89% de ellas dedica tiempo al cuidado, solo el 58% de ellos lo hace, y estos últimos acceden a más y a mejores empleos que las primeras. Una mujer con empleo a tiempo completo dedica más horas de cuidado al día que un varón desempleado. Esto atenta contra el ejercicio de los derechos de las mujeres ya que obstaculiza el goce pleno de su autonomía económica.

Argentina se encuentra ante una crisis del cuidado: mientras que la disponibilidad de tiempo de las familias, y de las mujeres dentro de ellas, se reduce, la demanda de cuidado aumenta por transformaciones demográficas y sociales. Los cambios en la configuración de las familias, el ingreso masivo y desigual de las mujeres al mercado de trabajo, el futuro del trabajo y el envejecimiento poblacional confluyen en una situación que el actual pacto social de género no puede abordar de forma efectiva y eficiente.

Las políticas públicas que proveen tiempo, ingresos y servicios de calidad para el cuidado en Argentina son altamente deficitarias. Garantizar el derecho a cuidar de las personas y el derecho a recibir cuidado de calidad de aquellas que los necesitan requiere que el Estado adopte un rol protagónico en la conformación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados. Sin estrategias de política a la altura de lo necesario, las consecuencias de la recesión económica persistente y el fin del bono demográfico profundizarán la crisis de cuidado actual.