Desarrollo integral de políticas de primera infancia: reflexiones para un camino posible

Publicado en febrero del 2020

En Argentina, casi la mitad de los niños vive en situación de pobreza de ingresos. No solo eso: la proporción de niños en situación de pobreza es mayor que la de adultos, y la brecha entre ambos viene aumentando desde las últimas dos décadas. La infantilización de la pobreza se manifiesta también en privaciones diferentes del ingreso, tales como las de salud o de infraestructura básica. A su vez, las condiciones materiales en las que se realiza el cuidado de niños y niñas se encuentra fuertemente condicionado por el nivel de ingresos de cada hogar.

Reconocer la importancia de la niñez es imperante desde el punto de vista ético y jurídico. El Estado es el garante último de los derechos de los niños y niñas, y la situación social de la primera infancia en Argentina evidencia grandes déficits en su cumplimiento de este rol. Pero también es imperante desde un enfoque del desarrollo económico, en tanto la evidencia indica que los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de las personas y sus capacidades.

En los últimos años, Argentina avanzó con políticas nacionales específicamente dirigidas a esta población, tales como las asignaciones familiares, los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, programas de acompañamiento familiar, entre otros. Sin embargo, estas son insuficientes para resolver sus necesidades dado que se caracterizan por su escasa cobertura, calidad heterogénea y desarticulación entre sí. Según los últimos datos disponibles, sólo el 32% de los niños menores de 4 años asisten a servicios de crianza, enseñanza y cuidado.

Asimismo, estos valores varían enormemente entre las distintas provincias del país, acentuando así la heterogeneidad y un cumplimiento de derechos diferenciado. A su vez, la niñez y la adolescencia, estos grupos son los más postergados en términos de inversión social desde una perspectiva intergeneracional.

El análisis de otras experiencias regionales evidencia que la primera infancia tiene una importancia creciente en la agenda pública, y también que varios de los problemas existentes en nuestro país son comunes al resto de América Latina. En consecuencia, el análisis de las estrategias desarrolladas en ellos es interesante para derivar lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas en el caso argentino. En particular, las experiencias del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay y el Programa Chile Crece Contigo ofrecen aprendizajes útiles para mejorar la integralidad de las intervenciones dirigidas a la primera infancia en nuestro país a partir de la coordinación intersectorial, tanto a nivel territorial como administrativo.

Las políticas que se ejecutan actualmente a nivel nacional son un esfuerzo importante por mejorar la situación de la infancia en Argentina, pero existen muchas oportunidades para mejorarlas en términos de su alcance y su efectividad. Aprovecharlas requiere generar un abordaje integral de la primera infancia, aumentando la coherencia y el impacto conjunto de las intervenciones a partir de una mayor coordinación entre ellas. Para ello es necesario:

  • En primer lugar, universalizar y fortalecer las transferencias de ingresos a hogar con niños y niñas, para permitir una mejora en sus condiciones materiales de vida.
  • En segundo lugar, sería útil modificar el sistema de licencias para incluir a todos los niños, independientemente de las condiciones laborales de sus familias.
  • En tercer lugar, es urgente ampliar la oferta de servicios a la primera infancia, incluyendo desde una perspectiva integral componentes de salud, educación y desarrollo social.
  • Por último, y para lograr la implementación de los primeros tres componentes, es urgente garantizar un financiamiento e institucionalidad adecuados para mejorar la situación de la niñez en el largo plazo.

Hacia un Sistema Integral y Federal de Cuidado en Argentina

Publicado en febrero del 2020

El sostenimiento de la sociedad en Argentina, al igual que en casi todos los países del mundo, depende del trabajo no remunerado, en especial, el trabajo de cuidado. La organización social del
cuidado es injusta e inequitativa y reproduce las desigualdades que existen entre varones y mujeres: mientras que el 89% de ellas dedica tiempo al cuidado, solo el 58% de ellos lo hace, y estos últimos acceden a más y a mejores empleos que las primeras. Una mujer con empleo a tiempo completo dedica más horas de cuidado al día que un varón desempleado. Esto atenta contra el ejercicio de los derechos de las mujeres ya que obstaculiza el goce pleno de su autonomía económica.

Argentina se encuentra ante una crisis del cuidado: mientras que la disponibilidad de tiempo de las familias, y de las mujeres dentro de ellas, se reduce, la demanda de cuidado aumenta por transformaciones demográficas y sociales. Los cambios en la configuración de las familias, el ingreso masivo y desigual de las mujeres al mercado de trabajo, el futuro del trabajo y el envejecimiento poblacional confluyen en una situación que el actual pacto social de género no puede abordar de forma efectiva y eficiente.

Las políticas públicas que proveen tiempo, ingresos y servicios de calidad para el cuidado en Argentina son altamente deficitarias. Garantizar el derecho a cuidar de las personas y el derecho a recibir cuidado de calidad de aquellas que los necesitan requiere que el Estado adopte un rol protagónico en la conformación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados. Sin estrategias de política a la altura de lo necesario, las consecuencias de la recesión económica persistente y el fin del bono demográfico profundizarán la crisis de cuidado actual.

El impacto del primer debate presidencial obligatorio en Argentina

Publicado en febrero del 2020

En 2019, tras la sanción de la Ley N° 27.337, se llevaron a cabo en Argentina los primeros dos debates presidenciales obligatorios del país. Los mismos transcurrieron el 13 y el 20 de octubre en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires. Organizados en torno a ocho ejes temáticos, participaron en los debates los seis candidatos a Presidente de la Nación que superaron el piso del 1,5% establecido en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Estos son Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert. Más de 3 millones de personas miraron los debates por televisión, otras tantas online y muchos siguieron la cobertura posterior a través de la prensa.

Tener debates presidenciales obligatorios implica una mejora institucional en tanto influyen sobre el funcionamiento de la democracia, institucionalizando una práctica deliberativa que expone a los candidatos a proponer, discutir y rendir cuentas, pero también a la audiencia a utilizar la información para establecer posicionamientos. Pero, ¿cuáles son los efectos que causan en la audiencia?

A partir de una encuesta nacional, se realizó un análisis de la utilidad del debate del día 20 de octubre de 2019, utilizando tecnología de medición minuto a minuto a través de diales, que permiten a la audiencia calificar en tiempo real el nivel de acuerdo con lo que un candidato
está diciendo.

Los resultados indican que la mayoría de las personas encuestadas valoran positivamente la experiencia del debate. Sin embargo, se observan diferencias en su valoración: consideraron al debate más útil para conocer la personalidad de los candidatos (76%), por sobre sus propuestas (68%) o los problemas que atraviesa el país (67%). Estas diferencias responden también a factores sociodemográficos: son los más jóvenes, entre 16 y 39 años, quienes valoran más dicha experiencia.

También se observa un impacto en la intención de voto, pero este no es unidireccional. El 12,31% de los votantes en la muestra cambian de posición luego de ver los debates. Los votantes más propensos a ser persuadidos por los debates incluyen votantes indecisos, quienes apoyan a terceras fuerzas y aquellos que muestran apoyos en momentos específicos a candidatos, por fuera de su base electoral (es decir que, a pesar de no votar a un candidato, acuerdan con partes específicas de su discurso). Sin embargo, al no darse este cambio en un movimiento unidireccional, el resultado total no beneficia ni perjudica a ningún candidato en particular y la intención de voto total de los encuestados permanece estable antes y después de ver los videos del debate.

En cuanto a su utilidad como medio de difusión, los debates son una plataforma de
exposición para candidatos con menor caudal electoral, aunque no necesariamente impacta
en la intención de voto. Por ejemplo, en el caso de Espert, el número de encuestados que dicen que ganó el debate triplica la proporción que se inclina a votarlo al inicio de la encuesta.

Un análisis adicional sobre la relación entre el debate y la agenda mediática indica que la misma es influida, en cierto grado, por los debates. Si bien no todos los temas que surgen en el debate impactan en la agenda mediática, existen algunos que muestran una prevalencia significativa con posterioridad al debate que no se evidenciaba antes. Ejemplos de ello son el salto en cobertura que presentó el tema de la gestualidad de Alberto Fernández y los créditos UVA después del primer y segundo debate, respectivamente.

El presente trabajo es uno de los primeros análisis sistemáticos y estadísticos de los debates presidenciales en Argentina. Debates posteriores ayudarán no solo a consolidar la cultura democrática del país, sino también a enriquecer nuestro entendimiento sobre el impacto de los mismos.

Presupuesto 2020: Iniciar la década apostando a la niñez

Publicado en enero del 2020

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes argentinos se encuentran vulnerados: más de la mitad de ellos viven en hogares pobres.

Esta situación, que se acentuó en los últimos años pero tiene un carácter estructural, pone de manifiesto las fallas del Estado en su rol de garante último de sus derechos. Las políticas públicas implementadas hasta el momento encontraron límites para revertir estas vulneraciones.

La inversión en la infancia se encuentra fuertemente fragmentada entre los distintos niveles de gobierno debido a la división funcional de responsabilidades. Las administraciones provinciales se encargan fundamentalmente de la educación obligatoria y la salud, y el gobierno nacional es responsable del desarrollo de políticas de ingreso. Entre ambos niveles de gobierno, la inversión llegó a alcanzar 7,7 puntos del PBI en 2017. Sin embargo, esta cifra es muy inferior a lo destinado a otros grupos etarios: el pago de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, es casi 4 puntos porcentuales mayor.

El margen de acción es reducido. La gran mayoría de las inversiones destinadas a la niñez y el gasto social argentino tienen un carácter rígido. Esto significa que hay que colocar especial atención en las políticas que se implementan en la actualidad y aprovechar los sistemas ya instituidos para mejorar la eficiencia de estas intervenciones. En este contexto, y especialmente considerando los aumentos recientes en la pobreza infantil y en la infantilización de la pobreza, resulta llamativo que tanto el presupuesto como la ejecución presupuestaria de las políticas destinadas a la niñez muestren una
contracción reciente, algo que se profundizaría de aprobarse el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 en su versión actual.

Los contextos de volatilidad macroeconómica, de recesión de la actividad e incertidumbre tienen efectos inmediatos sobre las condiciones de vida de la población, que pueden tardar años en revertirse o nunca hacerlo. Fracasar en la protección de la niñez no solo implica una vulneración a sus derechos, sino que también compromete las posibilidades de desarrollo en el mediano plazo e hipotecar el futuro de la sociedad en su conjunto.

Este documento retoma el análisis realizado en Garantizar la inversión en la niñez: Una prioridad en tiempos de crisis. Suma a ese trabajo el análisis de las ejecuciones presupuestarias según su última  actualización, da cuenta de la ejecución de un conjunto de políticas críticas para los niños y adolescentes, y realiza un análisis del proyecto de presupuesto 2020.

En línea con lo propuesto en ese documento, se recomienda garantizar la intangibilidad de los fondos destinados a la niñez, monitorear y evaluar la ejecución del presupuesto dirigido a esta población y apostar a la inversión en la niñez y la adolescencia como base fundante del desarrollo sostenible.

Infancia, adolescencia y juventud: oportunidades claves para el desarrollo

Publicado en enero del 2020

Gala Díaz Langou, Fernando Filgueira y José Florito, directora, investigador principal y coordinador del programa de Protección Social, respectivamente, colaboraron junto con otros especialistas en este libro de UNICEF que reflexiona sobre la políticas de infancia y adolescencia en América Latina y el Caribe.

Es su capítulo, abordan el contexto y las tendencias de la situación social de la infancia, niñez y adolescencia para la región, y se analizan los sistemas de bienestar y protección social para esta  población desde una perspectiva comparada. Se argumenta que uno de los problemas estructurales más complejos de la región resulta de la combinación de una transición demográfica acelerada y polarizada en un contexto de riqueza moderada y alta desigualdad estructural. Los sistemas de protección social son fragmentados, fiscalmente frágiles, y con coberturas incompletas e insuficientes en calidad de servicios, infraestructura, aseguramiento y valores de los sistemas de transferencias monetarias para hacer frente a las históricas desigualdades y las nuevas tensiones estructurales.

En este contexto, la inversión en la infancia y adolescencia se torna crítica y compleja, si bien es la mejor estrategia —y tal vez la única— para combatir la desigualdad y mejorar la productividad agregada de la economía. A la vez, en un contexto de envejecimiento de la población, el espacio fiscal para dicha inversión se torna limitado, y continuará limitándose aún más en los próximos 20 años.