Los países del G20 deben generar mecanismos de gobernanza metropolitana para una gestión de la resiliencia urbana efectiva

Los problemas relacionados con la infraestructura para el desarrollo son una de las prioridades establecidas por el Gobierno argentino durante su presidencia del G20. Desde el T20, el grupo de interés que congrega a think tanks y centros de investigación y es liderado por CARI y CIPPEC, se acercarán recomendaciones de política pública al G20 enfocadas en la “acción climática e infraestructura para el desarrollo”.

El T20 propone abordar el cambio climático desde el crecimiento de la población mundial en ciudades mediante la inversión en infraestructura resiliente. Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático.

La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura. Por otra parte, los gobiernos locales deben poder vincular su planificación del uso del suelo con su acción climática. La expansión acelerada de los aglomerados urbanos que se está dando a nivel mundial, muchas veces de manera desordenada y sin coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, tiene consecuencias en el impacto del cambio climático en la población en general, pero especialmente en los sectores más vulnerables. Inundaciones, olas de calor y fuertes vientos, entre otros fenómenos, se cobran más víctimas en las zonas donde el Estado no llega.

El G20 debería, en principio, identificar condiciones políticas favorables para impulsar reformas fiscales que ayuden a mitigar el cambio climático, aumentar la eficiencia de los sistemas fiscales nacionales y generar ingresos públicos adicionales destinados a este tema. Además, con planes integrales de reforma, se puede garantizar la coherencia de las políticas. Las estrategias deben incluir a todas las carteras del Estado relevantes y fomentar la coordinación entre las entidades públicas nacionales, provinciales y municipales.

Los países miembros del G20 deberían acordar, a su vez, una fecha para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, siempre en el marco de reformas graduales. Además, para fomentar la participación y la transparencia, todos los actores sociales relevantes deben estar representados en el proceso de toma de decisiones. También es clave que el cambio climático sea abordado a través de un nuevo modelo de ciudad, basado en la ecología, que sea compacto en su morfología, complejo en su organización, metabólicamente eficiente y socialmente integrado.

Para alcanzar estos objetivos, es indispensable generar mecanismos de gobernanza metropolitana que promuevan una gestión de la resiliencia urbana efectiva. Hay que empoderar a las ciudades, promoviendo su participación en el ámbito internacional. El G20 es un ámbito articulador clave en este sentido, ya que puede hacer dialogar las recomendaciones del T20 con lo pactado en el acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Autor


Gabriel Lanfranchi

Director de Ciudades

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