El COVID-19 nos está forzando a revisar nuestros hábitos, políticas e instituciones para lograr un objetivo que nunca antes habíamos buscado: el distanciamiento social. Con la llegada de la pandemia, la misma proximidad física que siempre nos permitió encarar actividades como la educación, el trabajo y el entretenimiento en forma grupal, se convirtió en una amenaza para nuestra salud.

Reabrir la actividad económica y retornar al trabajo son hitos clave de esta etapa, pero el desafío está en hacerlo en forma distinta al pasado. Por eso el documento “Hacia una economía de baja proximidad física”,  explora cómo reabrir plenamente la actividad económica y organizar el retorno al trabajo reduciendo la proximidad física en cada instancia de interacción del trabajador con su espacio laboral.

Los riesgos sanitarios de volver a trabajar

En primer lugar, se analiza la estructura y características del mercado de trabajo para hacer un diagnóstico de los riesgos a los que nos enfrentamos. El 86% del mercado laboral argentino trabaja “relativamente cerca de otros” – por ejemplo, en una oficina compartida -, mientras que más de 2,3 millones de trabajadores (casi un 14%) lo hacen a un brazo de distancia o menos. Además, 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos, y casi el 10% de los trabajadores argentinos están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo.

El documento establece con qué frecuencia los trabajadores están expuestos a lugares de trabajo de espacio reducido o con mala ventilación. Combinando estas dos dimensiones, encuentra que de 13,3 millones de ocupados, unos 2,3 millones trabajan bajo alguna una de estas dos condiciones. Acá aparece un elemento central del riesgo sanitario: aproximadamente 2 de cada 10 personas ocupadas que realizan sus tareas en el establecimiento, trabaja en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos. Esta medida de riesgo combinada tiene mayor incidencia (mayor a 20%) en sectores como transporte y almacenamiento, electricidad, gas y agua, enseñanza, salud, administración pública, y hoteles y restaurantes.

Empleos en lugar de trabajo con espacio físico reducido o mala ventilación

Fuente: elaboración propia en base a ECETSS 2018. Trabajadores que realizan sus tareas en espacios físicos reducidos o con mala ventilación siempre o muchas veces. En el bloque de “Factores de riesgo del medio-ambiente laboral” de la ECETSS 2018, a aquellos ocupados que no trabajan, de manera habitual, en instalaciones de clientes/proveedores/pacientes, se les pregunta sobre la frecuencia de exposición a espacios físicos de tamaño reducido, por un lado, y a mala ventilación en su lugar de trabajo, por otro. Las respuestas posibles a ambas preguntas son: (1) Siempre; (2) Muchas veces; (3) Algunas veces; (4) Solo alguna vez; (5) Nunca; (6) No corresponde; (7) Ns./Nc.

Además, se aporta evidencia sobre la frecuencia en la que los trabajadores están expuestos a servicios sanitarios en malas condiciones (baños, vestuarios, agua potable) en su lugar de trabajo. De los 12,5 millones de ocupados para los que contamos con datos, unos 1,1 millones (casi el 10%) están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo. El sector con mayor incidencia de este factor de riesgo es el de electricidad, gas y agua (46%), seguido de lejos por construcción (20%), enseñanza (19%), actividades agropecuarias y pesca (17%), transporte y almacenamiento (17%), administración pública (14%), minería (11%) y salud (10%).

 Empleos expuestos a malas condiciones sanitarias

Fuente: elaboración propia en base a ECETSS 2018. Trabajadores que están expuestos a servicios sanitarios en malas condiciones (baños, vestuarios, agua potable, etc) en su lugar de trabajo siempre o muchas veces. Un elemento adicional para contener el riesgo sanitario es el uso de elementos de protección personal. El uso de mascarillas, por ejemplo, forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por el COVID-19. Las máscaras sirven también para proteger a las personas sanas (cuando estas las utilizan al entrar en contacto con una persona infectada) y para evitar que una persona infectada -si la usa- la utiliza para no contagiar a otros.

Por último, el documento analiza el riesgo sanitario que se da en el traslado hacia el trabajo en función al medio de transporte utilizado. Un 31% del total de trabajadores -esto es, unas 5,2 millones de personas- utiliza algún medio de transporte público para concurrir al trabajo. Las ocupaciones asociadas a ramas de actividad de servicios utilizan intensivamente los medios de transporte público. En efecto, si sumamos los trabajadores que viajan en subte, tren, colectivo o combi para concurrir al trabajo, entonces para el servicio doméstico y los servicios sociales y de salud llegamos al 43% del total del sector, mientras que para la industria o la construcción, ese ratio es menor al 30%.

La construcción de una economía de baja proximidad física

Como segundo paso, se consideran los mecanismos de mitigación de los riesgos, clasificando las medidas de los protocolos según su capacidad de mitigar el riesgo sanitario y según su impacto económico. Se desprende del análisis que el sistema de protocolos sanitarios implementado es un primer paso en la dirección correcta; el siguiente es imprimirle la efectividad y sostenibilidad necesarias a través de mecanismos de evaluación y aprendizaje continuo.

 Aprendizaje continuo en el ciclo de vida de los protocolos sanitarios

Fuente: elaboración propia con base en documentos de la Alianza Safely Back to Work de la World Employment Confederation (WEC) y CAPE – capítulo Argentina.

Tanto el diagnóstico de los riesgos como el diseño de los protocolos deben adaptarse a los avances en lo que se va conociendo sobre el virus. En el proceso actual coexisten protocolos a nivel nacional, provincial, sectorial y de las empresas y hay algunas heterogeneidades entre los niveles. La diversidad de actores y medidas involucradas es de doble filo: puede enriquecer la información, pero también generar inconsistencias y dificultades para comunicar e implementar adaptaciones y mejoras. Otro paso clave en el ciclo de vida de los protocolos es la fase de evaluación por parte de las autoridades, no solo porque es esencial para incentivar el cumplimiento, sino porque es la instancia que habilita la generación de los datos necesarios para entender cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del sistema. El ciclo de vida de los protocolos debe ser flexible por diseño e incluir etapas de capacitación, evaluación e iteración que, además de garantizar el cumplimiento de las medidas y cláusulas, contemple su actualización, homogeneización y difusión.

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