Más de 3 de cada 10 argentinos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Para algunos de ellos, la situación de pobreza es crónica: son personas que tienen bajas posibilidades de evitar la pobreza, aún en buenos tiempos económicos.

La pobreza en Argentina tiene cara de niño: 46,8% de la población menor de 15 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza frente al 32% de la población total.  En los hogares que se encuentran en situación de pobreza crónica, ciertas características, como la infantilización y la femenización de la pobreza, se agravan. También existen disparidades regionales: mientras que las regiones Noreste y Noroeste  exhiben niveles de pobreza por encima de la media del país (40,4%, y 34,5% respectivamente), en la Patagonia la cifra desciende a 24,9%. Además, la pobreza se acentúa en los hogares de jefatura femenina  frente a los hogares de jefatura masculina.

En periodos recesivos, como el que atraviesa hoy la Argentina, no sólo es más difícil que la pobreza disminuya, sino que también aumenta el riesgo de que más personas entren en esta situación. Es necesario redoblar los esfuerzos para evitar que los niveles de pobreza aumenten, y generar consensos sobre políticas que vayan más allá de paliativos temporales y eviten que los costos de la recesión sean absorbidos por los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tres ejes de acción para reducir la pobreza: ingresos y protección social, desarrollo humano y hábitat

Abordar la pobreza crónica requiere, en primer lugar, garantizar que todas las personas tengan ingresos suficientes que les aseguren un nivel de vida digno. Para esto es central fortalecer las políticas laborales que actúan en la relación de trabajo entre el trabajador y el empleador e influyen en el marco y en las condiciones en que se realiza el trabajo. Las negociaciones colectivas, por ejemplo, juegan un papel importante en la protección de los ingresos de los trabajadores. Pero en contextos de poco o nulo crecimiento económico y ocupacional, como el actual, la capacidad de negociación de los trabajadores y la posibilidad de los empleadores a expandir su oferta tienden a ser menores.

Es especialmente relevante en estos contextos que se promuevan instancias fluidas de diálogo tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores para generar consensos con vistas a proteger los ingresos de los sectores más vulnerables. A su vez, fortalecer las políticas de empleo que intervienen sobre la oferta y demanda de trabajo a través de programas puede contribuir a evitar el desempleo y apoyar a las personas en riesgo de desempleo. Avanzar en evaluaciones y diagnósticos, y participar al sector privado es clave para mejorar el diseño y efectividad de estas políticas. También es importante fortalecer las políticas de apoyo a la economía social, por ejemplo, brindando soporte técnico a emprendimientos productivos y mejorando la inclusión financiera de las cooperativas.

Dada la infantilización de la pobreza y el peso de las transferencias en el ingreso de los hogares, fortalecer y ampliar la cobertura de transferencias a todos los hogares con niños y adolescentes es un instrumento clave para posibilitar un nivel de vida digno. Para ello, universalizar la cobertura de las transferencias –es decir, que llegue a todos los niños/as y adolescentes del país independientemente de la categoría ocupacional de sus padres  y aumentar los montos permitiría  reducir la pobreza infantil en un 50%. Esta modificación requeriría una inversión de un 1,2% del PIB y permitiría crear 282.100 nuevos puestos de trabajo (casi la mitad ocupados por mujeres), con un recupero mediante impuestos del 56%, y generaría un crecimiento adicional del PBI de 0,2 puntos porcentuales.

En segundo lugar, garantizar el acceso al cuidado, la salud y la educación para el desarrollo humano es otra de las claves para reducir la pobreza. En este sentido, la inversión en los espacios de Crianza, Enseñanza y Cuidado (CEC) para la primera infancia debe ser la prioridad, pero también es necesario asegurar condiciones de vida digna para las personas mayores -cuyo peso será más cada vez mayor en respecto al total de la población-, potenciar las políticas de retención y revinculación educativa en el nivel secundario,  y ampliar la cobertura y satisfacer estándares de calidad para los seguros públicos de salud, incluyendo estrategias específicas orientadas a atacar las enfermedades ligadas a las condiciones de vivienda deficitarias de los sectores con menores recursos, como el Mal de Chagas.

Si bien se avanzó en ampliar la cobertura de pensiones para asegurar un piso mínimo de ingresos, perdura el reto de promover alternativas de vida que permitan la formación continua y le den un rol más valorizado en la sociedad a los adultos mayores, y definir políticas de cuidado para las personas mayores con dependencia. Ofrecer incentivos a las provincias para ampliar y mejorar el sistema progresivo de atención (desde centros diurnos hasta cobertura de larga estadía), implementar vouchers para el cuidado domiciliario de personas mayores distribuidos de forma progresiva, y trabajar en la profesionalización y formalización de los cuidadores domiciliarios de personas mayores, mediante la articulación de las políticas de los cuidadores domiciliarios del PAMI con las formaciones de los Ministerios de Producción y Trabajo, y de Salud y Desarrollo Social, son algunos caminos posibles para avanzar en esta dirección.

En cuanto a las enfermedades emergentes y reemergentes que aún existen en la Argentina, combatirlas requiere establecerlo como prioridad en las zonas de mayor incidencia y fortalecer un abordaje integral, que involucre a la nación, las provincias, los sectores públicos y privados de salud y la comunidad en general.

En tercer lugar, el acceso al hábitat de calidad es un factor que influye en la salud, el desarrollo de habilidades y el bienestar general de las personas. Actualmente, existen elevados niveles de desigualdad en el acceso a una vivienda y hábitat de calidad.

Para fortalecer las políticas de acceso a la vivienda es necesario mejorar la planificación y la construcción de viviendas asegurando su integración socio-espacial, fomentar el acceso al crédito y al sistema de alquileres formal, fortalecer los programas de regularización y urbanización en asentamientos informales y desarrollar consorcios urbanísticos de asociación público-privada para ampliar la oferta. Asimismo, ampliar el acceso a servicios públicos (red de gas, el agua y el saneamiento) es un eje central de las políticas de mejoramiento de la vivienda, en el marco de una expansión urbana planificada y sostenible, que fortalezca los mecanismos de regulación del uso del suelo incluyendo herramientas de recuperación y redistribución de la plusvalía que deriva del desarrollo urbano.

Finalmente, plantear esquemas de mayor progresividad en el sistema impositivo es importante para evitar efectos negativos en los ingresos de los hogares más vulnerables. Reducir la pobreza debe ser una política de Estado, apoyada por consenso entre los diferentes y diversos actores que lideran a la sociedad.

Las dificultades para lograr este consenso son grandes. Sin embargo, el costo de no actuar es aún mayor y conlleva el riesgo de comprometer el presente y el futuro del país.