Federal Evaluation Agency: Institutional Background and Challenges

Published in October 2020

Using quality data and information to make public decisions has become a global practice in government policy making. Evidence-based policy making is an approach that proposes building public plans and programmes on the results of research, monitoring and evaluations and in consultation with different actors. This decision-making process contributes to a more systemic understanding of the problems being addressed and can help improve the effectiveness of government action.

Evaluating the impact, processes and design of plans and public programmes is a method of generating evidence about the performance of government initiatives. However, in Argentina not all institutions have the same abilities to produce, sustain, and use information from diverse sources. On the supply side, public institutions do not always have the capacity to collect reliable and quality data in the short and long term. On the demand side, public debate does not always insist on policy decisions being backed up by evidence.

During the period from 2015 to 2019, the organizational framework enabling monitoring and evaluation (M&E) in Argentina was improved by the enactment of the Access to Public Information Law, the creation of the Congressional Budget Office and the sanction of the Annual M&E Plan implemented by the Office of the Information, Evaluation and Monitoring System of Social Programmes (SIEMPRO) in the National Council for the Coordination of Social Policies (CNCPS). All these regulations constitute significant innovations towards the development of a national evaluation policy. However, a law representing a broader framework for monitoring government activity is still pending.

During this time, the number and quality of institutional actors at the governmental level performing M&E increased. Nevertheless, their budgets are still too limited to exercise these functions in a comprehensive manner. In addition, the practice of M&E advanced in two specific aspects: i) there is more specialization of the monitoring functions towards oversight and administration management; and ii) the evaluation of education and social policies increased. The least developed aspect of the M&E functions is the lack of systematic usage of the collected data. There has not been an institutionalized and regular process through which the lessons learned by M&E lead to changes in policies.

Strengthening and extending the evaluation culture in Argentina requires overcoming these pre-existing challenges in terms of policies, institutions and regulations. To this end, it is necessary to promote a national evaluation policy that integrates and coordinates the M&E functions in a ruling agency under the Chief of Staff, strengthens the culture of evaluation in the National Public Administration (NPA), constructs evaluability parameters for policies, enhances officers´ capacities, ensures quality policies and informs the national development plan.

Impacto social del COVID-19 en Argentina. Balance del primer semestre del 2020

Publicado en octubre del 2020

En Argentina, los impactos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19 profundizaron la situación de vulnerabilidad social que el país ya atravesaba. La crisis desenlazada por la pandemia afecta sin duda a toda la sociedad, pero impacta mucho más a los hogares que ya se encontraban en la pobreza, en situación de vulnerabilidad y/o percibían ingresos bajos y medios-bajos así como en algunos sectores particularmente afectados (como la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes y el trabajo doméstico). Una proporción importante de los hogares en situación de pobreza presentan composiciones familiares (parejas con niños/as, hogares monomarentales y/o familias extendidas) que tienen más dificultades para lidiar con desafíos aparejados a la crisis. Además, por lo general, tienen inserciones laborales precarias y experimentan mayores carencias educacionales, habitacionales y de salud.

Composición de las familias. Total de aglomerados urbanos. 4to trimestre de 2019.


Fuente: Díaz Langou, Caro Sachetti, Florito y Karczmarczyk.(2020).

En el primer semestre de 2020, el gobierno llevó a cabo una serie de acciones para mitigar los efectos de la crisis. Las políticas de transferencias monetarias fueron parte de las principales medidas adoptadas. Apoyándose en las fortalezas del sistema de protección social, se pudo reaccionar rápidamente transfiriendo ingresos a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes, a titulares de programas sociales y a personas mayores. Además, se formularon nuevas políticas de transferencias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), expandiendo la cobertura de protección social y alcanzando a grupos más amplios. Estas iniciativas fueron complementadas por otro tipo de políticas tales como programas para reforzar el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y servicios básicos, la inversión en infraestructura y la prevención sanitaria.

Desafíos exacerbados por la crisis del COVID-19 y respuestas de políticas de emergencia.

Efectos de las políticas sobre la pobreza

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo para mitigar los efectos de la crisis, dada su magnitud casi inédita, el panorama es crítico: en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,9% de la población, según datos de INDEC. Esto significa que entre 2019 y 2020, ingresaron a la pobreza 2,5 millones de personas. Cabe señalar que sin las medidas de transferencias llevadas a cabo por el gobierno la tasa de pobreza podría aumentado 2,6 puntos porcentuales más, alcanzando al 43,5% de la población. De esta forma, estas políticas habrían impedido que casi 1,2 millones de personas caigan bajo la línea de pobreza.

Tasa de pobreza por grupos de edad. Total de aglomerados urbanos.

Fuente: CIPPEC en base a EPH (INDEC).

Por lo tanto, las políticas de transferencias por la emergencia fueron centrales para enfrentar la degradación en las condiciones de vida de la ciudadanía, pero no fueron suficientes por sí solas. El pequeño margen fiscal y las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento económico sumados a la caída de la actividad global conforman desafíos que agudizan la emergencia social. Los interrogantes sobre cómo proceder en este contexto son varios, sobre todo en vistas de lograr una recuperación social y económica que priorice la inclusión social y la disminución de la desigualdad.

Hacia una estrategia integral para la reducción de la pobreza

Existen consensos acerca de la necesidad de estrategias multidimensionales para hacer frente a los impactos sociales de una crisis como la que actualmente enfrenta Argentina. Si bien el crecimiento económico es una condición necesaria para superar esta crisis, no es una condición suficiente. Es necesario apuntalar el crecimiento con políticas que atiendan las varias dimensiones que implica la situación social incluyendo déficits de acceso al cuidado, a la educación, a la salud, a un hábitat de calidad y a empleos con buenas condiciones. Reducir la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada que se sostenga en el tiempo.

En el corto plazo, determinadas políticas de transferencias monetarias sin dudas sostendrán un papel central dada su probada capacidad de amortiguar el efecto de la caída de los ingresos en los hogares más pobres. En un contexto donde casi seis de cada diez niñas/os viven en hogares bajo la línea de pobreza, un eje estratégico apunta a fortalecer las transferencias a los hogares con niños/as y adolescentes, hasta tender a un ingreso universal para la infancia. Además, será imprescindible avanzar en la transición de las políticas de ingresos por la emergencia hacia un esquema que dialogue con la paulatina recuperación de la actividad y las condiciones fiscales y, al mismo tiempo, permita asegurar pisos de protección social. En esto entra la discusión sobre nuevas propuestas como, por ejemplo, las políticas de ingreso mínimo garantizado o ingreso básico. Este tipo de iniciativas puede guiarse por los principios de progresividad, suficiencia, inmediatez, dinamismo y evaluabilidad.

En el mediano plazo, la estrategia para hacer frente a los impactos sociales de la crisis deberá considerar acciones clave para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza incluyendo políticas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la ampliación de la cobertura de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para los/as niños/as, la permanencia y finalización escolar de los/as adolescentes y el acceso y mejoramiento al hábitat. Además, dada la centralidad del acceso a empleos de calidad para salir de la pobreza, será fundamental potenciar el impacto de las políticas de empleo y de la economía social y popular. Finalmente, será clave establecer niveles mínimos de inversión en las políticas con un financiamiento que se dé a través de un sistema de recaudación lo más progresivo posible.

Elecciones argentinas 2021: ¿cómo organizar los comicios subnacionales en escenarios de pandemia o pospandemia?

Publicado en octubre del 2020

La pandemia del COVID-19 está obligando a nuestras instituciones a adaptarse a un contexto que difiere de aquel en el que habitualmente desarrollan sus funciones. La organización de las elecciones no es la excepción. En Argentina, el año 2021 marca el inicio de un nuevo ciclo electoral en el que se deberán celebrar elecciones legislativas nacionales, elecciones legislativas provinciales en once distritos, y la elección de dos cargos de gobernación y cargos de concejales y jefes comunales de acuerdo a la legislación de cada distrito. Estas elecciones se darán en un contexto excepcional, en el que el movimiento, la aglomeración y el contacto entre las personas plantean serios interrogantes a la manera en la que se desarrollarán los comicios.

¿Cómo puede garantizarse pleno ejercicio de los derechos políticos y la integridad del proceso, respetando las condiciones que imponen los escenarios de pandemia o pospandemia?

Este documento revisa la logística de las administraciones electorales provinciales y ofrece una guía para garantizar el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de los votantes asegurando en el proceso integridad y un ambiente seguro bajo las condiciones sanitarias que impone la pandemia. El punto de partida es la necesidad de garantizar que toda adaptación logística preserve una serie de condiciones o valores que hacen a la calidad de nuestra democracia: asegurar y garantizar la participación electoral, la igualdad en el acceso y ejercicio del sufragio y la equidad en las condiciones de competencia, el secreto del voto y el control ciudadano de parte de los fiscales partidarios y de las autoridades de mesa.

Las recomendaciones repasan los distintos momentos del ciclo electoral. Entre ellas, se destaca la necesidad de articular el trabajo de las autoridades electorales con referentes sanitarios para dar cuenta de la evolución del virus, la heterogeneidad de situaciones a lo largo del territorio y la disparidad con la que el virus y sus medidas paliativas afectan a diferentes segmentos poblacionales. También se propone el rediseño de materiales y actividades propias del proceso electoral con el fin de preservar la salud de los electores y personas a cargo de tareas comiciales.

Finalmente, se recomienda mantener una comunicación constante con las autoridades de los partidos políticos, agrupaciones oficializadas y la ciudadanía en general, con el objeto de asegurar que todos los actores involucrados en la elección conozcan, acepten y cumplan las reglas establecidas.

Una estrategia de monitoreo y evaluación del derecho de acceso a la información pública

Publicado en septiembre del 2020

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) es uno de los derechos fundamentales para ejercer una ciudadanía activa en un estado democrático. Implica la publicidad de los actos de gobierno y la rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos. La Ley N°27.275, sancionada en septiembre de 2016, garantiza el ejercicio efectivo del Derecho de Acceso a la Información Pública presente en la Constitución Nacional. En sus artículos 19 y 28, obliga al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos a crear Agencias de Acceso a la Información Pública (AAIP). La implementación efectiva de este derecho conlleva un gran esfuerzo de coordinación institucional para poder articular intereses y saberes especializados con el objetivo de construir una política integral.

Para hacer efectiva la política integral, en 2017, se creó la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información (en adelante, Mesa de Coordinación) que funciona como el espacio de articulación de los organismos ubicados en los distintos poderes del Estado (Decreto 899/2017) en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación.

El presente trabajo contiene la metodología utilizada para construir y relevar el sistema de monitoreo y evaluación de la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública. Esta metodología fue construida de manera participativa a partir del trabajo de coordinación entre la Mesa de Coordinación, el programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ y las agencias de acceso a la información del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura.

La primera aplicación de esta metodología constituye la línea de base del acceso a la información pública en Argentina. Sus resultados indican que hay un buen nivel de cumplimiento con el derecho al acceso a la información
pública en las etapas que competen al diseño y la implementación, y que prevalecen los desafíos en las relacionadas con la evaluación y el seguimiento. Esta línea de base permite identificar las fortalezas y los aspectos que pueden fortalecerse para cumplir con la ley. Asimismo, este documento incluye recomendaciones para mejorar y ampliar el sistema de monitoreo y evaluación del Derecho de Acceso a la Información.

Entre las recomendaciones para proceder en esta dirección se encuentran: i) sostener y mejorar el sistema de monitoreo y evaluación de la ley; ii) contribuir a una mirada regional sobre la implementación de este derecho; iii) alinear el sistema de monitoreo con el reporte de los ODS que realiza Argentina; iv) desarrollar capacidades en las agencias para que puedan establecer un sistema de indicadores que permita captar la diversidad que existe entre ella; v) analizar, en el marco de la Mesa de Coordinación, la factibilidad de realizar una evaluación que permita conocer los efectos de la implementación de la ley en el Estado nacional y en la percepción de la
ciudadanía.

Medir el acceso a la información. Línea de base de la política nacional de acceso a la información

Publicado en septiembre del 2020

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) es uno de los derechos fundamentales para ejercer una ciudadanía activa en un estado democrático. Implica la publicidad de los actos de gobierno y la rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos. La Ley N°27.275, sancionada en septiembre de 2016, garantiza el ejercicio efectivo del Derecho de Acceso a la Información Pública presente en la Constitución Nacional. En sus artículos 19 y 28, obliga al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos a crear Agencias de Acceso a la Información Pública (AAIP). La implementación efectiva de este derecho conlleva un gran esfuerzo de coordinación institucional para poder articular intereses y saberes especializados con el objetivo de construir una política integral.

Para hacer efectiva la política integral, en 2017, se creó la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información (en adelante, Mesa de Coordinación) que funciona como el espacio de articulación de los organismos ubicados en los distintos poderes del Estado (Decreto 899/2017) en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación.

Este trabajo se propone sistematizar los principales hallazgos de la construcción de la línea de base de la Ley de Acceso a la Información Pública realizada a través del proyecto “Medir el acceso a la información. Construcción de la línea de base de indicadores de acceso a la información a nivel nacional”, implementado por CIPPEC con el apoyo del Programa de Cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ y la Mesa de Coordinación Institucional para el Acceso a la Información (Mesa de Coordinación) dependiente de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.

El objetivo general del proyecto fue contribuir al desarrollo e implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública a partir del fortalecimiento de la Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información. El resultado consolidado de esta línea de base es alto (0,84). Este se explica por el desempeño de las etapas de implementación y ejecución de la ley que avanzaron sostenidamente. Es razonable que las etapas con mayor nivel de cumplimiento sean aquellas referidas al inicio de la implementación de la ley de acceso a la información.

En términos de desafíos, se observa la necesidad de i) finalizar el proceso de creación de las Agencias de Acceso a la Información Pública en todos los poderes; ii) asignar presupuesto para fortalecer las posibilidades de brindar información; iii) desarrollar protocolos de verificación tanto del derecho de acceso a la información como en transparencia activa; iv) fortalecer la percepción ciudadana sobre el acceso al derecho y v) sostener y mejorar el sistema de monitoreo y evaluación de la ley.