Publicado en agosto del 2020

En junio de 2019 el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) concluyeron las largas y complejas negociaciones de un acuerdo de asociación estratégica, iniciadas en 1995.

Los términos alcanzados cubren aspectos de diálogo político y cooperación y un pilar comercial. Para los países del bloque del sur, el acuerdo significa tender un puente económico, cultural y político con una región que representa el 20% del producto interno bruto (PIB) mundial, con una población de 500 millones de personas con un ingreso per cápita promedio de 34 mil dólares, alto desarrollo tecnológico y una integración comunitaria sin paralelo en otras latitudes.

El propósito de este trabajo es examinar en qué medida el acuerdo con la UE abre una nueva etapa de la inserción internacional de la economía argentina y ofrece un pilar clave para la transformación productiva del país. Para ello, se describen aspectos de la integración comercial de la Argentina, se analizan los conceptos básicos asociados a la reducción arancelaria así como los estudios previos realizados en este campo. El foco del estudio está puesto en los posibles impactos en el comercio de bienes, servicios y disciplinas que se han negociado en el acuerdo.

La inserción internacional de Argentina se caracteriza por su bajo nivel relativo de exportaciones -tanto en términos per cápita como del PIB-; escaso crecimiento de las cantidades exportadas; y la concentración de la canasta exportadora en pocos mercados y complejos (oleaginoso, cerealero, energía, automotor, servicios basados en conocimiento). La mejora del desempeño exportador requiere una estrategia diversificada, tanto en cuanto a la composición de la canasta de bienes y servicios, como de mercados. Para ello se requiere una labor coordinada entre la política macroeconómica-en particular, evitando el uso del ancla cambiaria en el proceso de desinflación-, las políticas de desarrollo productivo y la política comercial.

En este contexto, el acuerdo con la UE facilita (i) un mayor acceso al mercado, lo cual permite consolidar la presencia y ofrece nuevas posibilidades; (ii) incentivos a ampliar y diversificar la canasta de bienes y servicios ofrecidos; (iii) una mayor incorporación de tecnología, no solo por la radicación de inversiones, sino por los estándares necesarios para entrar en un mercado más exigente.

A manera de apreciación general sobre el acuerdo desde la perspectiva de Argentina, la conclusión es favorable, especialmente cuando se observan las posibilidades de avanzar hacia una economía de mayor complejidad y densidad de su estructura productiva. Esto se debe a que el tratado mejora las condiciones de acceso a un mercado de alto ingreso y que genera oportunidades para la atracción de inversiones y transferencia de tecnología.

Sin embargo, el acuerdo es esencialmente un “trabajo en progreso”: exige adecuar la agenda doméstica de política tomando nota de este nuevo marco. Además exige una profundización del MERCOSUR: es necesario un esfuerzo denodado de coordinación interno para aprovechar mejor las posibles ventajas. Sin ello, la dinámica de aplicación podría devenir en una dinámica bilateral de la UE con cada uno de los países del bloque del sur.

Publicado en julio de 2020

El cambio de prioridades de gobierno originado por la pandemia de COVID-19 y la gestión del aislamiento social preventivo y obligatorio ralentizó la designación de los directivos de la Administración Pública Nacional  (APN) y a siete meses después de iniciado el nuevo período de gobierno, el espacio directivo se encuentra aún en proceso de designación formal.

De los 21 ministerios de la nueva administración (contando la Jefatura de Gabinete), solo once tienen la totalidad de sus estructuras aprobadas formalmente. De éstos, en total se encuentran designados formalmente el 59% de los cargos de conducción en las direcciones nacionales (107 de 181) y el 60% en las direcciones generales (42 de 70). Por el contrario, para el 10 de julio, el 88% de los cargos de unidades de gabinete de asesores y el 96% de los cargos de secretarías y subsecretarías estaban formalmente designados.

“Si bien esto no implica que el resto de las direcciones en estos ministerios se encuentren carentes de liderazgo, sí implica ciertas limitaciones sobre el trabajo del Estado”, sostiene el documento “La capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis: el rol de un espacio directivo profesional”, elaborado por  Jimena Rubio y Lucía Aruanno, investigadora principal y coordinadora, respectivamente, del Programa de Gestión Pública de CIPPEC.

Porcentaje de designaciones de cargos directivos en direcciones nacionales y generales para los ministerios con estructuras aprobadas (julio 2020)

Porcentaje de designaciones de cargos directivos

Fuente: elaboración propia en base a las normativas de designación para direcciones nacionales y generales publicadas en Boletín Oficial hasta el 10 de julio de 2020 y las normativas de aprobación de estructuras organizativas de los 11 ministerios que publicaron hasta la misma fecha.

El uso de designaciones transitorias por el periodo de 180 días y de la excepción de requisitos profesionales y/o presupuestarios en las designaciones de los directores nacionales y generales es una tendencia creciente en los distintos gobiernos desde los últimos 30 años

Para el periodo 2015-2019 el promedio de la proporción de designaciones transitorias de los cargos en las direcciones nacionales y generales fue de 89% y el promedio de la proporción de designaciones con excepción de requisitos,  81%. Con un proceso de designación del espacio directivo todavía en marcha, en junio de 2020 la proporción de designaciones transitorias del gobierno de Alberto Fernández se encuentra por arriba del promedio del periodo 2015-2019 y ligeramente por debajo del promedio en relación a la utilización de excepción de requisitos.

“La ausencia de un espacio directivo profesional en la APN pone en tensión la capacidad de respuesta del Estado a problemas complejos, como la gestión de la crisis originada por la pandemia, que más que nunca se requiere coordinación, memoria institucional y rápida capacidad de despliegue de la acción estatal”, sostiene el documento.

Al inicio del nuevo gobierno, en diciembre de 2019, la Administración Pública Central se reorganizó respecto de la estructura heredada del gobierno anterior. El gobierno de Alberto Fernández creó tres nuevos ministerios (Desarrollo Territorial y Hábitat; Mujeres, Género y Diversidad; y Obras Públicas), jerarquizó seis que eran secretarías de gobierno (Ambiente y Desarrollo Sostenible; Salud; Turismo y Deportes; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y mantuvo once con algunos cambios de denominación y funciones.

Así, la cantidad de ministerios (21 incluyendo a Jefatura de Gabinete de Ministros) y de secretarías (84) están en línea con el promedio del periodo 2015-2019. Donde hay mayores cambios es a nivel de las subsecretarías, que se incrementaron un 31% respecto a la estructura del anterior gobierno a diciembre 2019.

Evolución de la cantidad de cargos políticos de la APN central (2015-2020)

Fuente: elaboración propia en base a organigramas publicados en mapa del Estado y Boletín Oficial. El promedio corresponde al periodo 2015-2019. Notas: *Incluye a Jefatura de Gabinete de Ministros. **Incluye a la Unidad Plan Belgrano y al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Pero más allá del tamaño de la estructura de la APN, es fundamental considerar las capacidades con las que cuenta el Estado nacional. En ese sentido, el documento sostiene que “la respuesta de los Estados a una crisis está marcada por las orientaciones programáticas de los gobiernos y por el liderazgo y confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, pero también por los recursos disponibles y los legados organizacionales y de políticas públicas”.

“El presidente Alberto Fernández anunció en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso la convocatoria a un nuevo concurso de oposición y antecedentes para incorporar administradores gubernamentales profesionales e idóneos para desempeñar funciones. Creemos que este fue un anuncio promisorio, para lo cual se requiere la construcción de amplias coaliciones sociales y políticas”, afirma Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de CIPPEC. “La promoción del desarrollo exige un Estado efectivo y para ello es necesario contar con mejores burocracias públicas que brinden horizontes de largo plazo y fortalezcan las capacidades del Estado para enfrentar crisis como la que estamos viviendo. En este sentido, es fundamental avanzar en el debate sobre la forma de construir e institucionalizar un espacio directivo profesional en la APN”, finaliza.

Publicado en julio del 2020

La educación en tiempos de pandemia implica desafíos inéditos para la política educativa, que pueden organizarse en tres etapas.

La mayoría de las escuelas argentinas al momento de esta publicación se encuentran todavía transitando la primera: la educación en tiempos de aislamiento social. En ella, las políticas se centran en desplegar una estrategia de emergencia para que estudiantes y docentes puedan continuar el proceso pedagógico desde sus hogares ante el cierre de las escuelas. A nivel nacional, comienza a discutirse el pasaje a una nueva instancia para aquellas zonas en las que no haya circulación comunitaria del virus.

La segunda etapa consistirá en un regreso gradual a la escuela, que abandone la premisa del aislamiento y se rija por la premisa del distanciamiento social. Esta se caracterizará por la gradualidad en el retorno de distintos grupos de estudiantes, las medidas de distanciamiento social pautadas por estrictos protocolos de seguridad e higiene, la alternancia entre jornadas en la escuela y los hogares, y la intermitencia, en tanto eventuales rebrotes del virus pueden conducir a un nuevo cierre de las escuelas.

El pasaje y las características de la tercera etapa, la educación en una nueva normalidad, es incierto. Se estima que ocurrirá cuando la emergencia sanitaria esté superada, y la presencialidad escolar pueda reanudarse de forma definitiva.

Las respuestas provinciales al COVID-19

Luego de tres meses de educación en aislamiento social, el gobierno nacional y las provincias han desplegado una gran variedad de iniciativas para sostener la continuidad pedagógica desde los hogares. Este documento analiza las respuestas de las 24 provincias, organizándolas en seis focos de intervención prioritarios:

1. Garantizar el acceso a contenidos pedagógicos
2. Ampliar la infraestructura digital
3. Acompañar y fortalecer las capacidades de las y los docentes en el uso de las TIC para la enseñanza remota y la reflexión sobre la pedagogía en tiempos de excepcionalidad
4.  Acompañar a las familias con materiales y canales de asistencia a distancia
5. Garantizar la continuidad del servicio de comedor escolar
6. Adecuar la organización escolar impulsando cambios en los sistemas de evaluación y promoción, y desarrollando protocolos para el eventual regreso a la escuela.

Hacia una educación con distanciamiento social

Los desafíos de cara a la vuelta a las aulas y el ingreso a la etapa de educación con distanciamiento social son múltiples. La estrategia de política para la reapertura de las escuelas deberá sostenerse en base a -por lo menos- cuatro pilares:

• Garantizar las condiciones sanitarias para asegurar el distanciamiento social en los establecimientos educativos basado en la reorganización del espacio y tiempo escolar
• Generar las condiciones para la continuidad pedagógica en modelos híbridos en los que la asistencia presencial sea solo parcial, mediante la ampliación del acceso a la conectividad y a dispositivos digitales, y el desarrollo de las capacidades de los docentes para hacer un uso pedagógico de estas tecnologías
• Restituir el derecho a la educación y acompañar a los y las estudiantes con mayor riesgo educativo basado en sistemas nominalizados para la identificación y el seguimiento de trayectorias escolares debilitadas
• Proteger y aumentar el financiamiento educativo y mejorar la eficiencia del presupuesto educativo en un contexto de retracción de la actividad económica y consecuente disminución de recursos.

Publicado en julio del 2020

La escuela, desde sus orígenes, asumió la misión de difundir e incluir a niñas, niños y jóvenes en la cultura escrita. Desde las primeras políticas fundantes del siglo XIX hasta la actualidad, se impulsaron políticas educativas que tuvieron como objeto la lectura. Las desigualdades que existen en torno al acceso y a la apropiación tanto de libros como de la lectura –en especial las capacidades lectoras de estudiantes y la formación de lectores en un sentido más amplio– son preocupaciones que el Estado ha asumido en muchas oportunidades y a las que ha atendido con políticas específicas. He aquí el foco del presente documento: explorar, caracterizar y analizar las políticas de lectura implementadas recientemente en la Argentina.

Las políticas de lectura generadas a través de planes y/o programas de lectura por los organismos nacionales y provinciales de educación, comenzaron a generarse mayormente en el país desde el 2000, en concomitancia con la coyuntura nacional e internacional. Este trabajo recupera algunos lineamientos desde el 2000 hasta el 2019. En el marco nacional, fue posible identificar planes con características comunes y otras diferentes, que fueron discontinuados y/o reducidos a lo largo de estos años.

En cuanto a las jurisdicciones, se seleccionaron las siguientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Mendoza, y Salta. La elección de estos seis casos se corresponde a la disponibilidad de información y a la representatividad de las distintas regiones geográficas del país –Noroeste, Noreste, Patagonia, Centro y Cuyo–.

De este modo, se busca identificar y comprender los principales lineamientos de estas políticas analizando cómo se ha abordado la lectura, a través de 3 ejes: 1) las interrelaciones entre las provincias y nación, en el marco del sistema educativo nacional y federal; 2) las propuestas formativas relacionadas con docentes, estudiantes y bibliotecarios/as; 3) la selección y compra de libros y materiales.

El recorrido por la lectura como objeto de política educativa, a través de los dispositivos de planes y programas, ha posibilitado relevar tensiones en cuanto a las concepciones sobre los que se sustentan y delinean sus acciones. En este sentido, la discusión también gira acerca de qué lecturas de promueven desde los PNL y los PPL.

El análisis muestra el peso dispar que tienen para las jurisdicciones los recursos direccionados o coparticipados desde el Estado nacional para llevar adelante estas políticas. Esto es particularmente crítico en relación con las condiciones laborales y la sostenibilidad de los equipos de gestión. Asimismo, como se da cuenta en las conclusiones, se recuperan algunas tensiones en relación con la definición y el alcance de los destinatarios y las acciones propuestas en torno a la formación docente, tanto como con la adquisición y la distribución de libros. El análisis de estas tensiones permite identificar aportes, desafíos y dificultades en los procesos de las políticas de lectura en nuestro país.

El presente trabajo es de naturaleza exploratoria y su carácter es descriptivo. La escasez de estudios previos en esta materia y la escasa documentación e institucionalidad de estas políticas, vuelven relevante este incipiente trabajo de sistematización.