Publicado en diciembre del 2020

La Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) se puso en funcionamiento en julio de 1995 como consecuencia de los cambios institucionales realizados por la reforma constitucional de 1994. Su objetivo de atenuar el presidencialismo no se cumplió, pero su puesta en marcha y desarrollo posterior implicaron un reordenamiento de la estructura y del funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional.

La JGM es un área clave para la orientación estratégica del gobierno en tanto cumple funciones que son transversales a las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, y por su vinculación directa con el Presidente. La orientación estratégica es importante para generar enfoques más integrados de la acción de gobierno y dar respuesta a problemas complejos que requieren importantes esfuerzos de coordinación de perspectivas y de acciones.

Tipos de funciones de la JGM

En estos 25 años hubo 15 Jefes de Gabinete que acompañaron a 10 presidencias y sus perfiles institucionales variaron desde su creación hasta la actualidad. Estos pueden ser analizados a partir de los tipos de funciones que predominaron en cada período: i) orientación estratégica, ii) administración general, iii) ejecución de programas y políticas, y iv) gestión política.

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Al observar el gráfico interactivo, se puede ver que las funciones de administración general tuvieron una presencia mayor y más homogénea que las otras funciones a lo largo del tiempo. Las funciones de orientación estratégica, en cambio, tuvieron una mayor presencia en los primeros años de vida de la JGM, pero disminuyeron su importancia con el transcurso de los años. En paralelo se fueron incorporando funciones de implementación de políticas sectoriales que no tuvieron un peso importante en los primeros años, pero que aumentaron a partir de 2003. La función de gestión política también fue fluctuando y tuvo una mayor presencia en el período 2016-2017.

La orientación estratégica de la acción del gobierno

Las funciones de orientación estratégica de la acción del gobierno involucran las tareas de planificación, coordinación y evaluación de las actividades de los diversos organismos que comprenden la Administración Pública Nacional (APN). Entre 1995 y 2020 estas funciones representaron sólo el 17% del total de funciones atribuidas formalmente a la JGM.

Con la mirada puesta en aumentar la efectividad de la acción estatal, este documento se propone reforzar la capacidad de la JGM para brindar orientación estratégica y ordenar las prioridades de gobierno mediante avances en tres direcciones.

• La primera es la especialización funcional de la JGM a través de la jerarquización de las áreas a cargo de las funciones de orientación estratégica y la descentralización de las áreas de implementación de política sectorial.
• La segunda es el fortalecimiento de las funciones de planificación, coordinación y monitoreo y evaluación mediante la conducción del plan de gobierno, la rectoría de los sistemas de información de la APN y la conformación de una Agencia Nacional de Evaluación.
• La tercera es el desarrollo de las capacidades político-institucionales para ejercer las funciones de orientación estratégica lo cual implica incrementar la legitimidad política y técnica de la JGM para coordinar al resto de las jurisdicciones de la APN.

Publicado en noviembre del 2020

Desde los primeros años de la transición a la democracia, la Argentina ha construido un consenso sorprendente respecto de las reformas necesarias en el sistema de justicia. La conexión entre autoritarismo, centralización del poder y falta de rendición de cuentas llevaron al rechazo del sistema inquisitivo en el proceso penal y en general a una reacción contraria a los procesos escritos, y a la lejanía entre los jueces y juezas y las personas que usan el servicio de justicia.

Así, hoy tanto en la academia como en la sociedad civil y en amplios espacios de las profesiones del derecho, la visión sobre el Poder Judicial futuro de la Argentina tiene rasgos claros:

1.Una justicia igualitariamente accesible (que remueva barreras geográficas, económicas, burocráticas, entre otras), confiable, con asesoramiento de abogados/as suficientes en cantidad y en calidad técnica y ética, que asegure el acceso a toda la ciudadanía sin distinciones ni segregaciones de ningún tipo.

2. Una justicia imparcial, con autoridades judiciales (jueces y juezas, fiscales, defensoras y defensores) seleccionadas por procedimientos transparentes que aseguren su idoneidad, independencia, perspectiva de género y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Asimismo, autoridades judiciales que rindan cuentas de sus actos y que cuando incumplan sus deberes sean sancionadas mediante procedimientos públicos, transparentes y objetivos. Para ello, es fundamental contar con un Consejo de la Magistratura con la estructura, el equilibrio entre estamentos y la forma de funcionamiento que exige la Constitución, que restrinja al mínimo posible la utilización de subrogancias y traslados, así como cualquier otro mecanismo que incremente la discrecionalidad para cubrir los cargos.

3. Una justicia con procedimientos orales en todos los fueros, respetuosa en el trato, clara en sus comunicaciones, diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, íntegra y comprometida con la construcción de su legitimidad.

4. Una justicia penal con procesos adversariales, orales y acusatorios en todo el país, que cuente con fiscales a cargo de la política criminal del Estado, con procesos deliberativos y de rendición de cuentas respecto del ejercicio de esa potestad, y con juicios por jurados.

5. Un Ministerio Público que cuente con plena autarquía financiera e independencia funcional del resto de los poderes del Estado, cuyas autoridades sean electas en forma no vitalicia, a través de mayorías agravadas que propendan a la selección de figuras que reúnan consensos amplios.

6. Una justicia que sostenga modelos de organización de jueces, juezas, defensores, defensoras y fiscales dinámicos, acordes a los procesos adversariales, e implemente Oficinas Judiciales para garantizar su dedicación plena y sin perturbaciones a las causas que se les presenten.

7. Una justicia que produzca información de calidad y pública sobre su funcionamiento, de forma tal que las definiciones en torno a su estructura y desempeño puedan ser guiadas por evidencia empírica.

8. Una Corte Suprema de Justicia con un número suficientemente acotado de decisiones por año como para generar jurisprudencia consistente a lo largo del tiempo y respetuosa de las aspiraciones de la Constitución. Una Corte transparente, accesible, con audiencias orales para la mayoría de sus resoluciones y decisiones claras.

9. La sanción de una nueva ley de amparo y la regulación legislativa de los procesos colectivos, como herramientas para garantizar el acceso real de la ciudadanía a la justicia.

10. Lograr una Justicia de estas características incluye también a las instituciones que apoyan a las judiciales: requiere que las facultades de derecho capaciten en los conocimientos y las destrezas necesarias, que los colegios de abogadas y abogados controlen la ética de la profesión y que las y los empleados judiciales estén capacitados y sean diligentes para apoyar el trabajo de las autoridades judiciales.

Muchos de estos acuerdos ya son ley: los nuevos códigos de procedimientos (incluido el procesal penal federal) ya han sido sancionados; otros, como la oralidad en el fuero federal civil y comercial, requieren aún reformas legislativas que confirmen prácticas que se vienen llevando a cabo en enormes sectores de la justicia del país; y aún otros como la reforma de los programas de enseñanza del derecho han atravesado procesos de cambio como nunca antes.

El proyecto de ley de organización de la justicia federal recientemente aprobado por el Senado de la Nación no contempla estos acuerdos y dificulta su implementación. Por eso, recomendamos que la creación de nuevos cargos en juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías allí prevista se discuta en conjunto con las reformas aquí expuestas, para no profundizar un modelo de justicia que ha demostrado ser ineficiente.

Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la situación de la justicia, proponemos repasar estos acuerdos e insistir en su rápida implementación, a través de un debate robusto y participativo, que se concentre en las reformas necesarias para lograr una justicia independiente, igualitaria, transparente y accesible.

Publicado en noviembre del 2020

Las normas sociales de género conforman uno de los tres grandes determinantes que condicionan la autonomía económica de las mujeres, junto con las tareas de cuidado y la educación. Estas normas refieren al comportamiento esperado de cada persona según su género, entendido de forma binaria, en un contexto social específico. Su reproducción limita las oportunidades, la autonomía y el pleno goce de derechos de quienes se alejan de estos mandatos. Los perjuicios son aún mayores para las personas transgénero o con identidades de género no binarias, comúnmente invisibilizadas en las representaciones culturales patriarcales.

Las personas internalizan estas representaciones sobre los géneros desde edades muy tempranas y, a lo largo de la vida, el entramado de normas se reproduce y refuerza en la interacción social y con el entorno. Por lo tanto, los sistemas educativos tienen un rol clave para revertir su reproducción. Los programas de educación sexual son una gran herramienta en este sentido, para lo cual es muy importante prestar atención a su diseño e implementación. La evidencia indica que para maximizar su potencial para desnaturalizar y deconstruir las normas sociales de género es necesario reforzar el enfoque integral y la transversalización de las perspectivas de género y derechos.

Argentina fue pionera en la región con la promoción de la Educación Sexual Integral (ESI) mediante la creación del Programa Nacional homónimo en 2006. Las potencialidades y desafíos de la ESI pueden ser abordadas en cuatro dimensiones: normativa e institucionalidad, abordaje conceptual, líneas de acción, y seguimiento y evaluación. En estas cuatro áreas se observan grandes avances en los últimos años. Particularmente se destaca el abordaje conceptual, en línea con la más avanzada evidencia y recomendaciones internacionales, y el aumento de la oferta de capacitaciones a la comunidad educativa, principalmente a las y los docentes.

Sin embargo, aún falta recorrer un largo trecho para que el programa se universalice de manera integral y transversal en todas las escuelas del país, tal que pueda desplegar todo su potencial en la deconstrucción de las normas sociales patriarcales.

Desafíos en la aplicación de la ESI

Existe una creciente brecha entre las percepciones de estudiantes y docentes respecto a cómo se imparte la ESI en Argentina. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral cuenta con distintas líneas de acción, como el apoyo a equipos provinciales, la producción de materiales áulicos y las capacitaciones a trabajadores/as escolares, principalmente docentes. Si bien la oferta de estos cursos aumentó significativamente, no alcanza a cubrir la alta demanda de los docentes”, sostiene el documento.

Un segundo desafío es cómo potenciar el vínculo entre las capacitaciones y las prácticas docentes para que la ESI trascienda las instancias específicas de formación y recorra la última milla para llegar efectivamente a los/as estudiantes con el enfoque deseado. Para eso sería útil reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer y analizar en profundidad las percepciones y necesidades del alumnado y el cuerpo docente para tomar decisiones de política pública informadas.

Recomendaciones de política a futuro

•  En primer lugar, es necesario que en cada comunidad se internalice el enfoque conceptual de la ESI mediante estrategias concretas para aumentar la participación de todos los actores de la comunidad educativa, desde docentes hasta familias y, principalmente, los y las estudiantes.
• Segundo, es necesario continuar ampliando la oferta de capacitaciones para docentes y referentes escolares. Esto no sólo es útil para aterrizar la política en el territorio, sino también para afianzar el abordaje conceptual de la ESI en la comunidad.
• En tercer lugar, es importante continuar con el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y monitoreo del Programa para poder informar avances y necesidades de la política.
• Finalmente, también se recomienda reforzar el liderazgo de los equipos territoriales para garantizar la efectiva implementación de la ESI en cada escuela del país respetando las heterogeneidades existentes.

Publicado en noviembre del 2020

Las mujeres enfrentan mayores obstáculos que sus pares varones para insertarse en el mercado de trabajo, acceder a empleos de calidad, sostener sus trayectorias laborales y ocupar puestos de decisión. Esto se acentúa en algunos sectores de la economía que habitualmente ofrecen trabajos mejor pagos, con menor informalidad, y son más dinámicos e innovadores. En particular, el campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en inglés) es uno de los sectores con menor participación femenina, y también de los más relevantes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

¿Qué sucede con las mujeres en el ámbito STEM en Argentina?

Aunque seis de cada diez universitarias en Argentina son mujeres, representan solo 25% del total de quienes estudian ingeniería y ciencias aplicadas, y el 15% de las inscripciones en la carrera de programación. Las investigadoras están subrepresentadas en ciencias exactas, se concentran en los niveles iniciales de la carrera científica, y también enfrentan mayores dificultades que los varones para acceder a financiamiento y publicar en revistas de prestigio.

Proporción de investigadores e investigadoras por categoría y género (2019)

Fuente: elaboración propia sobre la base de CONICET (2019).

El círculo vicioso de las mujeres en estas disciplinas

Las niñas y jóvenes se encuentran con barreras para orientarse a disciplinas STEM desde temprana edad: existen estereotipos de género que afectan su confianza e interés en el ámbito científico y tecnológico, y que llevan a que pocas lo elijan al momento de estudiar una carrera universitaria o insertarse laboralmente. Incluso aquellas que logran hacerlo enfrentan barreras que truncan sus trayectorias: las mujeres en Argentina dedican en promedio el doble de tiempo a las tareas de cuidado que sus pares varones, la promoción está basada en normas y criterios de evaluación masculinos, y los estereotipos de género que moldean las creencias y expectativas hacia las mujeres hacen más difícil obtener logros y reconocimiento.

La poca visibilidad que en consecuencia tienen las mujeres que se desempeñan en estos ámbitos refuerza los sesgos de género respecto a lo que las mujeres pueden o no hacer, y retroalimenta un círculo vicioso: la poca presencia de mujeres en el ámbito de la ciencia y tecnología ofrece menos modelos a seguir para las niñas y jóvenes y, a su vez, reduce las posibilidades de desarmar los obstáculos en las trayectorias de quienes estudian y trabajan
en ese campo.

Romper con este círculo vicioso requiere de una estrategia integral que ataque cada una de estas barreras. Para abordar este problema, y aprovechando las capacidades institucionales y programáticas existentes, se propone un conjunto de iniciativas estructurados en cuatro pilares: políticas educativas y de formación profesional para dotar a las mujeres de las habilidades, interés y confianza necesarias y facilitar su acceso al mundo laboral; políticas con perspectiva de género para derribar sesgos y estereotipos, y promover la visibilidad de las mujeres en STEM; políticas para lograr una mejor conciliación entre la vida familiar y laboral y para fomentar la inserción de mujeres en este ámbito y su ascenso a posiciones de liderazgo, y políticas para fortalecer la evidencia, información disponible y capacidades para adoptar una estrategia integral con mecanismos de evaluación