Publicado en marzo del 2020

En la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones en los sistemas educativos se vieron motorizadas por procesos de cambio y de tensión tanto a nivel global como en cada país. De este modo, se fue dando lugar a la expansión de los derechos en educación.  A eso se le suma un aumento progresivo de la cantidad de años de escolarización obligatoria, el crecimiento del financiamiento estatal, y el reconocimiento de los derechos de poblaciones excluidas y marginadas.

En las últimas tres décadas, a estos cambios se agrega el avance acelerado de las tecnologías digitales e internet. Además, la creciente relevancia del conocimiento en las sociedades contemporáneas hace que la tecnología sea una cuestión cada vez más determinante de otras desigualdades. No se trata sólo del acceso a tecnologías digitales, sino de las posibilidades de apropiación simbólica y cultural de importantes sectores de la población, como así también la posibilidad de crear tecnología.

En América Latina, la década de 1990 marcó un período inaugural de las políticas TIC de carácter sistémico. Este proceso se expandió rápidamente por toda la región y a principios del siglo XXI comenzó un proceso de creación de portales educativos nacionales, de entrega de equipamiento y de formación docente para integrar tecnologías de la información y comunicación en las aulas (TIC). El lanzamiento del Plan Ceibal en Uruguay en 2007 marca un punto de inflexión en la región.

Estas políticas surgen en un escenario de grandes desigualdades educativas, tanto en materia de aprendizajes, calidad en la oferta, de acceso a tecnología y de capacidades técnico-políticas para el diseño, implementación y evaluación de las mismas. No obstante, su potencial es claro. Las
grandes transformaciones que abren las tecnologías pueden ser oportunidades para repensar la política educativa, revisar los dispositivos clásicos del sistema escolar e impulsar estrategias de intervención en función de los diferentes objetivos, contextos y escalas.

Este documento, elaborado en el marco del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa (EduLab) de CIPPEC, presenta un diagnóstico de las políticas digitales impulsadas por los gobiernos centrales en los sistemas educativos en América Latina, durante el período comprendido por los 10 años del Plan Ceibal (2007-2017). No sólo porque marca el inicio de las primeras políticas masivas de incorporación de TIC en los sistemas educativos, sino que inaugura un período fértil (Lugo, 2006), que hoy constituye un antecedente ineludible para planificar nuevas políticas educativas en toda la región. Durante esos diez años, se pueden identificar diferentes tendencias, modelos y tensiones que actualmente coexisten en la región.

El propósito de este trabajo es elaborar recomendaciones para mejorar el diseño, implementación y evaluación para avanzar hacia una nueva agenda digital educativa en América Latina. Para ello se recolectó y sistematizó la información sobre iniciativas digitales durante ese período, mediante una revisión de los portales oficiales de los ministerios de educación y de ciencia y tecnología, y el relevamiento de sistemas de indicadores en materia de tecnología digital y educación de alcance regional. En forma paralela, se realizaron entrevistas a funcionarios y expertos regionales en TIC, educación y política, con el objetivo de identificar iniciativas y recuperar visiones acerca de la trayectoria de las mismas en el escenario de cada uno de los países.

El relevamiento permitió la elaboración de fichas técnicas en las que se presenta un perfil tecnoeducativo de los 19 países de América Latina, en las que se incluyen los aspectos principales de las políticas digitales impulsadas. Las dimensiones de análisis construidas para el relevamiento y sistematización de las políticas digitales fueron: gobernabilidad, multisectorialidad, ecosistema digital, y prácticas pedagógicas. A partir de éstas cuatro dimensiones, se identifican las principales problemáticas de las políticas digitales en la región, la configuración de los distintos modelos de integración de TIC y las oportunidades para llevar adelante nuevas iniciativas digitales en los sistemas educativos. Por último, se presentan una serie de recomendaciones de política pública para un debate informado que permita configurar una nueva agenda educativa digital que contribuya a alcanzar las metas educativas propuestas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Publicado en febrero del 2020

En Argentina, casi la mitad de los niños vive en situación de pobreza de ingresos. No solo eso: la proporción de niños en situación de pobreza es mayor que la de adultos, y la brecha entre ambos viene aumentando desde las últimas dos décadas. La infantilización de la pobreza se manifiesta también en privaciones diferentes del ingreso, tales como las de salud o de infraestructura básica. A su vez, las condiciones materiales en las que se realiza el cuidado de niños y niñas se encuentra fuertemente condicionado por el nivel de ingresos de cada hogar.

Reconocer la importancia de la niñez es imperante desde el punto de vista ético y jurídico. El Estado es el garante último de los derechos de los niños y niñas, y la situación social de la primera infancia en Argentina evidencia grandes déficits en su cumplimiento de este rol. Pero también es imperante desde un enfoque del desarrollo económico, en tanto la evidencia indica que los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de las personas y sus capacidades.

En los últimos años, Argentina avanzó con políticas nacionales específicamente dirigidas a esta población, tales como las asignaciones familiares, los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, programas de acompañamiento familiar, entre otros. Sin embargo, estas son insuficientes para resolver sus necesidades dado que se caracterizan por su escasa cobertura, calidad heterogénea y desarticulación entre sí. Según los últimos datos disponibles, sólo el 32% de los niños menores de 4 años asisten a servicios de crianza, enseñanza y cuidado.

Asimismo, estos valores varían enormemente entre las distintas provincias del país, acentuando así la heterogeneidad y un cumplimiento de derechos diferenciado. A su vez, la niñez y la adolescencia, estos grupos son los más postergados en términos de inversión social desde una perspectiva intergeneracional.

El análisis de otras experiencias regionales evidencia que la primera infancia tiene una importancia creciente en la agenda pública, y también que varios de los problemas existentes en nuestro país son comunes al resto de América Latina. En consecuencia, el análisis de las estrategias desarrolladas en ellos es interesante para derivar lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas en el caso argentino. En particular, las experiencias del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay y el Programa Chile Crece Contigo ofrecen aprendizajes útiles para mejorar la integralidad de las intervenciones dirigidas a la primera infancia en nuestro país a partir de la coordinación intersectorial, tanto a nivel territorial como administrativo.

Las políticas que se ejecutan actualmente a nivel nacional son un esfuerzo importante por mejorar la situación de la infancia en Argentina, pero existen muchas oportunidades para mejorarlas en términos de su alcance y su efectividad. Aprovecharlas requiere generar un abordaje integral de la primera infancia, aumentando la coherencia y el impacto conjunto de las intervenciones a partir de una mayor coordinación entre ellas. Para ello es necesario:

• En primer lugar, universalizar y fortalecer las transferencias de ingresos a hogar con niños y niñas, para permitir una mejora en sus condiciones materiales de vida.
• En segundo lugar, sería útil modificar el sistema de licencias para incluir a todos los niños, independientemente de las condiciones laborales de sus familias.
• En tercer lugar, es urgente ampliar la oferta de servicios a la primera infancia, incluyendo desde una perspectiva integral componentes de salud, educación y desarrollo social.
• Por último, y para lograr la implementación de los primeros tres componentes, es urgente garantizar un financiamiento e institucionalidad adecuados para mejorar la situación de la niñez en el largo plazo.

Publicado en febrero del 2020

El sostenimiento de la sociedad en Argentina, al igual que en casi todos los países del mundo, depende del trabajo no remunerado, en especial, el trabajo de cuidado. La organización social del
cuidado es injusta e inequitativa y reproduce las desigualdades que existen entre varones y mujeres: mientras que el 89% de ellas dedica tiempo al cuidado, solo el 58% de ellos lo hace, y estos últimos acceden a más y a mejores empleos que las primeras. Una mujer con empleo a tiempo completo dedica más horas de cuidado al día que un varón desempleado. Esto atenta contra el ejercicio de los derechos de las mujeres ya que obstaculiza el goce pleno de su autonomía económica.

Argentina se encuentra ante una crisis del cuidado: mientras que la disponibilidad de tiempo de las familias, y de las mujeres dentro de ellas, se reduce, la demanda de cuidado aumenta por transformaciones demográficas y sociales. Los cambios en la configuración de las familias, el ingreso masivo y desigual de las mujeres al mercado de trabajo, el futuro del trabajo y el envejecimiento poblacional confluyen en una situación que el actual pacto social de género no puede abordar de forma efectiva y eficiente.

Las políticas públicas que proveen tiempo, ingresos y servicios de calidad para el cuidado en Argentina son altamente deficitarias. Garantizar el derecho a cuidar de las personas y el derecho a recibir cuidado de calidad de aquellas que los necesitan requiere que el Estado adopte un rol protagónico en la conformación de un Sistema Integral y Federal de Cuidados. Sin estrategias de política a la altura de lo necesario, las consecuencias de la recesión económica persistente y el fin del bono demográfico profundizarán la crisis de cuidado actual.

Publicado en febrero del 2020

En 2019, tras la sanción de la Ley N° 27.337, se llevaron a cabo en Argentina los primeros dos debates presidenciales obligatorios del país. Los mismos transcurrieron el 13 y el 20 de octubre en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires. Organizados en torno a ocho ejes temáticos, participaron en los debates los seis candidatos a Presidente de la Nación que superaron el piso del 1,5% establecido en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Estos son Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert. Más de 3 millones de personas miraron los debates por televisión, otras tantas online y muchos siguieron la cobertura posterior a través de la prensa.

Tener debates presidenciales obligatorios implica una mejora institucional en tanto influyen sobre el funcionamiento de la democracia, institucionalizando una práctica deliberativa que expone a los candidatos a proponer, discutir y rendir cuentas, pero también a la audiencia a utilizar la información para establecer posicionamientos. Pero, ¿cuáles son los efectos que causan en la audiencia?

A partir de una encuesta nacional, se realizó un análisis de la utilidad del debate del día 20 de octubre de 2019, utilizando tecnología de medición minuto a minuto a través de diales, que permiten a la audiencia calificar en tiempo real el nivel de acuerdo con lo que un candidato
está diciendo.

Los resultados indican que la mayoría de las personas encuestadas valoran positivamente la experiencia del debate. Sin embargo, se observan diferencias en su valoración: consideraron al debate más útil para conocer la personalidad de los candidatos (76%), por sobre sus propuestas (68%) o los problemas que atraviesa el país (67%). Estas diferencias responden también a factores sociodemográficos: son los más jóvenes, entre 16 y 39 años, quienes valoran más dicha experiencia.

También se observa un impacto en la intención de voto, pero este no es unidireccional. El 12,31% de los votantes en la muestra cambian de posición luego de ver los debates. Los votantes más propensos a ser persuadidos por los debates incluyen votantes indecisos, quienes apoyan a terceras fuerzas y aquellos que muestran apoyos en momentos específicos a candidatos, por fuera de su base electoral (es decir que, a pesar de no votar a un candidato, acuerdan con partes específicas de su discurso). Sin embargo, al no darse este cambio en un movimiento unidireccional, el resultado total no beneficia ni perjudica a ningún candidato en particular y la intención de voto total de los encuestados permanece estable antes y después de ver los videos del debate.

En cuanto a su utilidad como medio de difusión, los debates son una plataforma de
exposición para candidatos con menor caudal electoral, aunque no necesariamente impacta
en la intención de voto. Por ejemplo, en el caso de Espert, el número de encuestados que dicen que ganó el debate triplica la proporción que se inclina a votarlo al inicio de la encuesta.

Un análisis adicional sobre la relación entre el debate y la agenda mediática indica que la misma es influida, en cierto grado, por los debates. Si bien no todos los temas que surgen en el debate impactan en la agenda mediática, existen algunos que muestran una prevalencia significativa con posterioridad al debate que no se evidenciaba antes. Ejemplos de ello son el salto en cobertura que presentó el tema de la gestualidad de Alberto Fernández y los créditos UVA después del primer y segundo debate, respectivamente.

El presente trabajo es uno de los primeros análisis sistemáticos y estadísticos de los debates presidenciales en Argentina. Debates posteriores ayudarán no solo a consolidar la cultura democrática del país, sino también a enriquecer nuestro entendimiento sobre el impacto de los mismos.