La oportunidad de la emergencia del COVID-19

Publicado en abril del 2020

La irrupción del COVID-19 reveló las desigualdades que caracterizan al sistema de protección social en Argentina. Tanto el agente viral como las medidas tomadas para detener su propagación tienen impactos diferenciales entre los distintos grupos de población, según su inserción en el mercado de trabajo y su género. En particular, son las mujeres las que enfrentan mayores desafíos con estas medidas. Esto es así porque se combina la tensión en términos de cuidados no remunerados dentro del hogar (aumentados por la suspensión de las clases) con la necesidad de generar ingresos suficientes para cumplir con los requerimientos de la familia. Los hogares liderados por mujeres se concentran en los estratos de menores ingresos y, en términos laborales, sobre las mujeres inciden más la inactividad, el desempleo y la informalidad. De los casi 15 millones de mujeres entre 15 y 64 años, alrededor de dos tercios se encuentran en el último grupo. Esto las deja en una posición de déficit de protección social.

La emergencia posiciona un aparente trilema entre los y las decisores de política pública. En primer lugar, es necesario maximizar el éxito de la estrategia epidemiológica que requiere de aislamiento y distanciamiento social. En segundo lugar, es preciso minimizar los costos en términos de bienestar de la población, fundamentalmente de la que no está protegida por esquemas de protección social contributivos. Finalmente, es necesario minimizar la probabilidad de consecuencias políticas negativas, sea en la forma de deterioro de las instituciones democráticas o demostraciones masivas y comportamientos irregulares por parte de la sociedad. Esta tensión solo puede ser resuelta a través de la consolidación de pisos de protección social universales, en la forma de inversión en servicios públicos y transferencias de ingresos excepcionales.

La pandemia también dificulta pensar de forma secuencial y ordenada, por el temor de que las respuestas de política lleguen demasiado tarde. En consecuencia, CIPPEC se propone colaborar a través de recomendaciones que consideren una doble temporalidad para la protección de los derechos de las mujeres en mayor grado de vulnerabilidad. En primer lugar, la inmediata, la de la urgencia. En este documento se proponen medidas para contener los efectos sociales negativos durante el período de cuarentena desde una perspectiva de género. En segundo lugar, la temporalidad subsiguiente, cuando se levanten las medidas de aislamiento social y se requiera la reactivación económica. Finalmente, se cierra con comentarios sobre el financiamiento de estas medidas y algunos principios para repensar la forma en que se consolida un sistema de protección social universalista y sensible a la desigualdad de género en el largo plazo a través de un vínculo con el sistema tributario.

Síntesis de las medidas sugeridas

Medidas urgentes para la garantía de los derechos económicos y sociales de las mujeres

Para garantizar ingresos:

  • Fortalecer las medidas de transferencias regulares y excepcionales con foco en las poblaciones con mayores dificultades para acceder a ingresos alternativos.
  • Ejemplos:
    • Argentina implementó una política de Ingreso Familiar de Emergencia, que otorga $10.000 en una transferencia única.
    • Varios países como Colombia, Bogotá en particular, El Salvador, Chile y Perú asignaron bonos o transferencias únicas para afrontar el período de aislamiento social con distintos alcances en términos de montos y coberturas.
    • Casos especialmente interesantes para la Argentina son el de Portugal, que otorgó un salario de emergencia de 438 euros durante 6 meses a los trabajadores independientes, y el de Australia, que generó un paquete de apoyo a pequeños comerciantes por $500 durante seis meses, con el fin de suavizar la caída de ingresos y evitar que estos caigan dentro del grupo de los más vulnerables.
  • Lecciones de esas experiencias:
    • Que la asignación de las transferencias sea suficiente en términos de montos y esté informada por los costos reales de la canasta de bienes y servicios que deben adquirir las familias.
    • Garantizar la liquidez de las familias: el funcionamiento efectivo de las órdenes de extracción bancarias (ODE).
    • Grupo de riesgo especial: trabajadoras domésticas. Para ellas es central el poder fiscalizador del Estado para evitar despidos, garantizar el goce de la licencia cuando corresponda y promover la apertura de cuentas bancarias mediante mecanismos virtuales. Además, varios países desarrollaron campañas para minimizar el contagio en este grupo de trabajadoras.

Para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos (alimentos, medicamentos, gas, agua, entre otros):

  • Reconocer las unidades territoriales más amplias (barrios, manzanas) como espacio de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)
  • Garantizar la provisión de los recursos críticos a través de la utilización de redes de operadores sociales y atendiendo a los costos de compras no cotidianas (rol central de los controles de precios)
  • Generar y compartir información sobre qué bienes conviene comprar, cómo planificar esas compras y cómo almacenar esos bienes. Revisitar las Guías Alimentarias Argentinas para adaptarlas para el contexto de emergencia y dotarlas de perspectiva de género, puede ser un primer paso en ese sentido.
  • Ejemplos:
    • Honduras: el gobierno nacional está trabajando junto con las fuerzas armadas y una red de operadores barriales en la distribución puerta a puerta de alimentos e insumos de higiene en los barrios más vulnerables

Para garantizar el cuidado:

  • Dos soluciones dicotómicas entre las que se debe tomar una decisión política:
    • Reforzar la familiarización en tiempos de cuarentena (pero manteniendo el foco en el aislamiento con objetivos sanitaristas). En este caso (que es la opción que se está implementando en Argentina por default), hay países que reconocen este trabajo y destinan fondos excepcionales para remunerar este trabajo intensivo que están llevando adelante (como Polonia, Italia y Bolivia).
    • Disponer de servicios ad hoc en unidades territoriales acotadas y específicas (sacrificando la rigidez del aislamiento social). Australia, por ejemplo, decidió financiar hasta el 50% de los ingresos que habitualmente reciben espacios de cuidado a cambio de que estos provean de servicios gratuitos a las familias, priorizando a las familias que cumplen actividades esenciales. En Argentina, esta opción podría proveer ingresos para trabajadoras informales que vieron reducidas sus jornadas por el aislamiento y reducir la carga de cuidado que enfrentan los hogares.
Escenario pos-ASPO: medidas para aprovechar las oportunidades para mujeres con déficits de protección social

Para las familias con niñas/os y adolescentes que reciben transferencias no contributivas:

  • Suspensión de la certificación de las corresponsabilidades educativas y sanitarias (como en el Reino Unido)
  • Un pago extraordinario para potenciar la demanda

Para las/os trabajadores informales (cuentapropistas y asalariados):

  • Una transferencia única para la reactivación (crédito sin interés o no reembolsable)

Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tres tipos de medidas:

  • Apoyo a las empresas en el sostenimiento de los puestos de trabajo en riesgo y el pago de salarios (como en Bélgica, Francia, los Países Bajos, Suiza, Brasil y Tailandia)
  • Implementación de programas de facilidades financieras, como la reducción temporaria o aplazamiento del pago de impuestos y medidas de apoyo financiero directo, incluyendo créditos a tasas bajas y/o con menor exigencia de garantía (muchos ejemplos de Medio Oriente, América, Europa y Asia)
  • Suspensión de las penalidades relacionadas a los procesos de adquisiciones y pagos (caso de Francia, Bélgica y Nueva Zelanda)
  • Reconocimiento de los obstáculos particulares que enfrentan las MiPyMEs lideradas por mujeres (en el acceso a garantías, por ejemplo)

Para consolidar un sistema federal de cuidados:

  • Certificación de las habilidades de cuidado (puede ser en línea, con módulo temático específico para evitar el contagio del COVID-19)
El financiamiento en el largo plazo: pisos de protección social y sistema tributario

Medidas de apoyo específicas y temporales para las poblaciones más afectadas:

  • Postergación de plazos de pago de impuestos.
  • Reintegro del IVA para poblaciones vulnerables.
  • Reducción de los aportes patronales de las empresas severamente afectadas.

Largo plazo: repensar los sistemas de protección social y tributarios y mutar de una lógica de apoyo a una de estímulo:

  • Mecanismos que promuevan un esquema de redistribución de ingresos (reducir la incidencia de impuestos regresivos e incrementar la recaudación con impuestos directos a sectores acaudalados)

COVID-19 en América Latina: Impacto Social, Políticas Públicas e Implicancias Fiscales de un Piso de Protección Social de Emergencia

El siguiente texto resume el documento “COVID19 and Latin America: Social Impact, Policies and a Fiscal Case for an Emergency Social Protection Floor” publicado el 5 de abril de 2020.

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y se encuentra actualmente ingresando a la fase exponencial de la pandemia generada por el COVID-19.

En las últimas semanas los gobiernos han impulsado distintas estrategias para paliar la crisis, la mayoría de ellos con políticas de cuarentena o distanciamiento social recomendadas por los expertos en ciencias de la salud. Sin embargo, la efectividad de estas medidas se encuentra en gran parte condicionada por la estructura social subyacente: existe una enorme brecha en las consecuencias de la crisis entre los sectores de mayores y menores ingresos de la región.

En consecuencia, la región se encuentra ante el desafío de mantener una estrategia epidemiológica de distanciamiento social sin generar crisis sociales o políticas, al tiempo que cuenta con un gran porcentaje de la población que depende de su trabajo diario fuera del hogar para subsistir.

Para mantener esta estrategia es necesario que la estructura de protección social alcance rápidamente una amplia cobertura en la estructura social Latinoamericana. En caso contrario, con el devenir de las consecuencias económicas, tanto a corto como a mediano y largo plazo, casi la mitad de la población de la región enfrentará una inminente crisis humanitaria.

Mientras que desde una perspectiva médica la población más vulnerable al COVID-19 son los adultos mayores, socialmente una gran parte de la población más vulnerables son los niños, niñas y las mujeres, especialmente aquellas familias jóvenes con hijos/as.

Para estudiar este problema y delinear posibles soluciones, es necesario analizar el fenómeno en tres instancias:

  • Primero, un análisis del alcance de los sistemas de protección social existentes en la región
  • En segundo lugar, observar las estrategias impulsadas en las últimas semanas para hacer frente a esta crisis
  • Por último, estimar las implicancias fiscales de expandir los pisos de protección social en los distintos países.

Los gobiernos de los países de la región enfrentan un aparente triple dilema: garantizar el éxito de la estrategia de contención epidemiológica, reducir sus costos sociales y garantizar el ordenamiento político sin desmedro de las instituciones democráticas. La única solución para este aparente trilema es invertir significativamente en la consolidación de un piso de protección social basado en la noción de derecho humano como criterio de elegibilidad, tal como señala la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La infraestructura de protección social en América Latina

En los últimos 15 años América Latina ha avanzado significativamente en varios indicadores de bienestar como cobertura de seguridad social y programas de transferencias para familias con niños/as.

Gráfico 1. Población que recibe transferencias monetarias no contributivas (en porcentaje y millones) en América Latina (1996-2016)

Fuente: Cecchini & Atuesta, 2017

A su vez, también ha habido avances en la cobertura de servicios de infraestructura básica como agua potable y electricidad. Sin embargo, estas políticas difícilmente alcanzan para satisfacer las necesidades de los más vulnerables, y el acceso a la seguridad social se encuentra muy estratificado por nivel económico.

Tabla 1. Riesgos cubiertos por seguridad social por país

*No respaldada por ley o decreto nacional
** Sin cobertura nacional o general, aplica únicamente a regiones específicas o categorías laborales restringidas
Fuente:  Informe Mundial de Protección Social y Base de Datos de Protección Social, OIT, 2018

Asimismo, la región presenta altísimos niveles de informalidad, principalmente en aquellos sectores más desprotegidos frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Gráfico 2. Porcentaje de la población entre 0 y 14 años en hogares donde al menos un miembro tiene acceso a seguridad social

Fuente: Rossel, 2013b.

Irrupción del COVID-19: Respuestas de los gobiernos a la fecha (30/03)

La mayoría de los gobiernos de la región desarrollaron estrategias para paliar la crisis, pero con diferente velocidad e intensidad. Estas estrategias están principalmente centradas en aquellas poblaciones incluidas en los sistemas de protección social existentes, tanto contributivos como no contributivos, mientras que los sectores con menos protección hasta el momento son los trabajadores informales e independientes.

Tabla 2. Transferencias de ingreso anunciadas/decretadas/legisladas como respuesta a la crisis del COVID19 en nueve países latinoamericanos, expresadas en dólares

*Valores calculados al tipo de cambio del 30/03/2020
** Líneas de pobreza de 2018 (CEPAL, 2018)
*** Esperando aprobación presidencial al 01/04/2020.
Fuentes: Argentina; Brasil; Bolivia; Chile; Colombia; Ecuador; El Salvador; Peru


Pisos de protección social: estimación del costo fiscal

Este contexto se complejiza aún más por el escaso margen fiscal con que cuentan la mayoría de los países de la región para impulsar medidas que contengan los efectos de la crisis.

Previo a la explosión de la pandemia, las expectativas de crecimiento para la región ya eran magras (apenas 1,4%), y el nivel de desempleo regional era del 8%, ambos indicadores que casi con seguridad empeorarán con el devenir del COVID19. De esta manera, no sólo no es un momento propicio para aplicar políticas de austeridad fiscal, sino que además la protección de los más vulnerables podría realizarse sin incurrir en un costo fiscal alto.

En este trabajo demostramos que, para los países económicamente más desarrollados de la región, la provisión de transferencias de ingresos equivalentes a una línea de pobreza por niño/a hacia la población más vulnerable por tres meses implicaría un esfuerzo fiscal de entre el 0.05% y el 1% del PBI. Para los países menos desarrollados, estos valores siguen siendo inferiores al 2% de sus respectivos PBI.

Gráfico 3.  Costo neto de transferencias a familias vulnerables (por debajo de 1,8 LP per cápita) con niños/as menores de 18 años, por tres meses bajo diferentes parámetros (como % del PBI anual), países más desarrollados.

Fuente: Estimaciones propias basadas en Filgueira & Espíndola, 2015.
LP = Linea de Pobreza = Poverty Line. LI = Linea de Indigencia = Extreme Poverty Line.

Gráfico 4. Costo neto de transferencias a familias vulnerables (por debajo de 1,8 LP per cápita) con niños/as menores de 18 años, por tres meses bajo diferentes parámetros (como % del PBI anual), países menos desarrollados.

Fuente: estimaciones propias basadas en Filgueira & Espíndola, 2015.
LP = Linea de Pobreza = Poverty Line. LI = Linea de Indigencia = Extreme Poverty Line.

Conclusiones

La región atraviesa un aparente trilema que debe ser resuelto: cómo garantizar de manera simultánea una estrategia epidemiológica eficiente, niveles básicos de bienestar y estabilidad política.

Del análisis previamente propuesto se deriva que para solucionar este desafío es necesario que la estructura de protección social alcance rápidamente una amplia cobertura en la estructura social Latinoamericana. Este sistema debe necesariamente contar con dos pilares:

Estos ingredientes son críticos para evitar una crisis humanitaria en la región mientras que se desarrolla la estrategia epidemiológica pertinente para aplanar la curva de contagios y contener la expansión del virus.

Por último, estos tres criterios también son ciertos desde una perspectiva social que excede a la crítica coyuntura actual. A menos que se implemente un piso de protección social, los costos de la estrategia epidemiológica de distanciamiento social serán enormes, no sólo en términos económicos, sino también políticos y sociales. La región latinoamericana se encuentra en un proceso de creciente conflicto político y polarización que, con el impulso de la pandemia, pueden rápidamente evolucionar hacia un deterioro crítico de la democracia y el orden político.

 

 

Día Metropolitano 2019

Publicado en abril del 2020

Por segundo año consecutivo, CIPPEC y Metrópolis promovieron la campaña internacional del Día Mundial Metropolitano, en conmemoración de la Declaración de Montréal sobre Áreas Metropolitanas del 2015, y en oportunidad “Octubre Urbano” de ONU-Hábitat, mes en el que se celebran el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de las Ciudades.

El objetivo principal de la campaña es promover el desarrollo integral y sostenible de las aglomeraciones urbanas mediante la consolidación de un espacio de intercambio y aprendizaje entre líderes locales de una misma área metropolitana, que fortalezcan e instalen capacidades para abordar los desafíos más acuciantes que deben enfrentar, así como también, la manera de aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Esto cobra vital importancia, dado que avanzar hacia la gestión y planificación equitativa en los aglomerados urbanos demanda, ante todo, articular las visiones de los distintos actores pertenecientes al sector público, privado, académico, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y, a su vez, las miradas de las diversas jurisdicciones.

¿Qué áreas metropolitanas se sumaron en 2019?

Entre agosto y octubre de 2019, se convocó a todas las ciudades del mundo a participar del Día Mundial Metropolitano como anfitrionas de sus respectivas áreas metropolitanas.

En este macro se postularon 16 áreas metropolitanas, de las cuales 10 llevaron a cabo el encuentro: el Área Metropolitana de Bucaramanga (Colombia), el Área Metropolitana de Córdoba, el Área Metropolitana de Mendoza (Argentina), el Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador), el Área Metropolitana de Monterrey (México), el Área Metropolitana de Bagdad (Irak), el Área Metropolitana de Gaziantep (Turquía), el Área Metropolitana de Barcelona (España), la Ciudad Metropolitana de Turín (Italia) y la Metrópolis del Gran París (Francia).

La novedad de esta edición resultó que, además de los gobiernos locales, distintas instituciones comprometidas con una mejor gestión de las áreas urbanas adhirieron a la iniciativa y celebraron sus eventos del Día Mundial Metropolitano. Entre ellas se encontraron ONU-Hábitat, la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de Ribeirão Preto y la Universidad de Buenos Aires.

 

 

Agencia Federal de Evaluación: antecedentes y desafíos institucionales

Publicado en abril del 2020

Utilizar datos e información de calidad para tomar decisiones públicas es una tendencia global en la gestión de los gobiernos. La política basada en evidencia es un enfoque que propone fundamentar la ejecución de planes y programas públicos en el conocimiento experto, la investigación, las consultas con distintos actores, el monitoreo o las evaluaciones. Este modo de tomar decisiones contribuye a tener una comprensión más sistémica de los problemas que se abordan y puede mejorar la efectividad de la acción del Estado.

Evaluar el impacto, los resultados, los procesos y el diseño de planes y programas públicos es un camino para generar evidencia sobre el desempeño de las iniciativas de gobierno. Sin embargo, las capacidades institucionales para producir, sostener y usar información de fuentes diversas para la gestión de planes y programas en Argentina son heterogéneas. Desde la oferta, las instituciones públicas no siempre cuentan con un esquema de producción de datos sostenible y de calidad. Desde la demanda, el debate público no siempre exige datos que avalen las decisiones que se toman o valoren los resultados de las políticas.

Durante el período 2015-2019, el marco organizacional en materia de monitoreo y evaluación (M&E) en Argentina mejoró con la sanción de leyes relevantes como la de Acceso a la Información Pública, la de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la firma del decreto acerca del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación implementado por el Sistema de Información y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Todas estas regulaciones constituyen innovaciones significativas para el desarrollo de una política nacional de evaluación. Sin embargo, una ley marco está todavía pendiente.

Durante este periodo, aumentó la cantidad de actores institucionales en el nivel central que desempeñan funciones de M&E, y también hay mejores herramientas para su ejecución. No obstante, sus presupuestos son todavía muy acotados para ejercer la función de manera integral. Además, la práctica de la función de M&E avanzó en dos aspectos concretos: aumentó la especialización de las funciones de monitoreo de gestión y monitoreo de planes y programas, y aumentó la evaluación de políticas, especialmente las educativas y las sociales.

El uso sistemático de la información proveniente del M&E es el aspecto con menor avance. Hasta 2019 no existían instancias institucionalizadas o regulares de incorporación de los aprendizajes obtenidos a través del M&E a los planes y programas.

Afianzar y extender una cultura de evaluación en la Argentina requiere superar estos desafíos pendientes en materia de políticas, instituciones y normas. Para ello, es necesario impulsar una política nacional de evaluación que integre y coordine las funciones de M&E en una agencia rectora dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, y garantice la calidad e informe el plan de gobierno.

Consensos para una Ley Nacional de Hábitat en Argentina

Publicado en abril del 2020

Contar con una legislación nacional de hábitat es fundamental para contribuir al desarrollo urbano sostenible, en la medida en que incentiva el desarrollo ordenado y planificado. Es, además, parte de los compromisos asumidos por Argentina en la Nueva Agenda Urbana en 2016, que establece la necesidad de contar con marcos normativos en todos los niveles de gobierno, que estén integrados a la planificación urbana y que incrementen la capacidad de los gobiernos para implementar políticas territoriales a nivel nacional. En este sentido, Argentina no cuenta con una ley nacional que materialice y posibilite un desarrollo de estas características, y solo un 20% de las provincias cuentan con una ley de ordenamiento territorial.

Para facilitar la generación de consensos sobre los temas que deberán componer la Ley Nacional de Hábitat, a finales de 2018 se convocó a encuentros mensuales, multiactorales y transdisciplinarios a los que se denominó “Mesas de Hábitat”. Estas Mesas constituyeron espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, en los que participaron especialistas de la academia, organizaciones de la sociedad civil, miembros del Poder Ejecutivo Nacional, legisladores de diferentes partidos políticos y provincias, y el sector privado. Cada tres semanas, de marzo a julio de 2019, el equipo de trabajo organizó encuentros con los expertos en las temáticas abordadas para trabajar la elaboración del proyecto para sancionar la ley. Los encuentros se realizaron en las sedes de las organizaciones que participaron de las Mesas, así como en el Congreso de la Nación Argentina. De esta manera, la co-creación del proyecto de ley contó con avances mensuales consensuados.

El documento a continuación presenta los acuerdos alcanzados por los participantes de las Mesas de Hábitat. Lo prioritario en un proyecto de ley en esta materia es que contemple la elaboración de una ley de presupuestos mínimos que asegure la igualdad de condiciones de todos los habitantes de la Argentina, basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley General de Ambiente. Otro consenso importante alcanzado la necesidad de proponer un abordaje desde la perspectiva de los derechos.

Para la elaboración de este documento se analizaron una amplia variedad de pactos, convenios, declaraciones internacionales de derechos humanos, artículos de la Constitución Nacional, leyes y códigos que hacen hincapié en garantizar el derecho a un ambiente sano, una vivienda digna y a la igualdad de oportunidades. Además, hubo consenso sobre la importancia de incorporar una estructura de participación con el apoyo de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lograr la articulación entre el nivel nacional y el subnacional. Esto permitirá alcanzar la armonización y consenso de las políticas de hábitat. Por último, se consideró relevante la incorporación de una serie de instrumentos que faciliten tanto a las provincias como a los municipios el desarrollo de sus territorios de manera equitativa.