Publicado en septiembre de 2019

Este documento presenta un “Mapa de Confiabilidad de las Elecciones en Argentina” (desde ahora MCE) elaborado a partir de los resultados oficiales de las elecciones nacionales de 2015 y mediante un conjunto de técnicas estadísticas y gráficas conocidas como “análisis forense de las elecciones”. Estas técnicas fueron desarrolladas para detectar fraudes contables y desde hace un tiempo se aplican al análisis de la integridad de las elecciones. En el Observatorio Electoral Argentino (OEAR) de CIPPEC las adaptamos para evaluar nuestros procesos electorales.

El objetivo del mapa es ofrecer información sistemática, fidedigna y replicable sobre la integridad de las elecciones en Argentina. Con este estudio esperamos contribuir a la construcción de un diagnóstico compartido sobre las elecciones en nuestro país y promover la discusión sobre los aspectos que deben ser revisados para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos políticos.

El estudio muestra que:

1. El recuento provisorio de la elección nacional general de 2015 y la elección bonaerense que tuvo lugar simultáneamente fue exhaustivo, preciso y sin sesgo partidario
2. No encontramos indicios de irregularidades o manipulación en las actas donde se registran los resultados de las mesas
3. Algunas provincias y municipios presentan patrones de participación y distribución de los votos positivos y blancos que no son los esperados y podrían sugerir irregularidades o problemas de administración electoral
4. Sin embargo, al analizar las diferencias geográficas, esas anomalías desaparecen o se atenúan. En suma, no se encontró ninguna evidencia de problemas sistemáticos de integridad o de administración electoral

Accedé al “Mapa de Confiabilidad de las Elecciones en Argentina”.

Publicado en septiembre de 2019

La incidencia histórica de la pobreza en Argentina da cuenta de la existencia de un piso difícil de perforar: en los últimos 30 años la tasa medida por ingresos nunca fue menor al 25% de las personas. Incluso en períodos de alto crecimiento económico, una porción significativa de la población se halló en la pobreza. Dentro de este grupo se incluye a quienes padecen la pobreza de forma crónica: el 10% de la población con menor probabilidad de salir de la pobreza, aun en escenarios de bonanza económica.

La reducción de la pobreza es un imperativo jurídico, ético, social, político y estratégico. Es una de las principales responsabilidades que los Estados asumieron a través de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyo primer Objetivo es poner fin a la pobreza.

Las intervenciones actuales con efectos sobre la reducción de la pobreza pueden agruparse en tres áreas. En primer lugar, la garantía de ingresos a través del mercado de trabajo y de la protección social. Se realizaron avances importantes en los últimos 15 años, tanto en la ampliación de asignaciones a los hogares con niños, como en las políticas de regulación de mercado de trabajo y en las políticas activas de empleo. Sin embargo, persisten inequidades en las transferencias y limitaciones en la cobertura, calidad y eficiencia de las políticas laborales.

En segundo lugar, la inversión en el desarrollo humano y el acceso a un hábitat de calidad. En los últimos años, se buscó ampliar la cobertura de espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) para la primera infancia, se declaró la obligatoriedad del nivel secundario en la educación y se avanzó en la implementación de algunas políticas socioeducativas. También se promovieron programas de aseguramiento en salud, se expandieron las políticas dirigidas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y se avanzaron políticas para la integración sociourbana. Sin embargo, estas políticas todavía tienen desafíos importantes, en su cobertura en el caso de primera infancia y educación secundaria, en la calidad de las políticas de salud y en la implementación de las políticas habitacionales.

Finalmente, existen oportunidades de fortalecimiento de un marco institucional adecuado para la implementación de una estrategia nacional coordinada de reducción de la pobreza. Si bien hubo experiencias de articulación con Gabinetes o Consejos, queda pendiente contemplar cabalmente las funciones de rectoría, articulación federal y producción y uso de la información.

El crecimiento económico es una condición necesaria pero insuficiente por sí mismo para erradicar la pobreza. Este memo presenta recomendaciones orientadas a políticas redistributivas que permitan fortalecer los ingresos de los hogares más vulnerables y potenciar su desarrollo pleno. Ante el escenario macroeconómico complejo que enfrentará la próxima gestión de gobierno, se delinean las propuestas de forma secuencial priorizando la urgencia pero sin descuidar el mediano y largo plazo.

La pobreza en Argentina

En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide la incidencia de la pobreza cada seis meses. Para ello, define una línea de pobreza: es un monto equivalente al ingreso que un hogar debe tener, según su composición y requerimientos nutricionales, para acceder a una canasta básica de bienes y servicios. La publicación semestral del dato genera gran expectativa y es discutida política y públicamente. Este memo propone transcender ese debate y retomar discusiones menos orientadas al número y más vinculadas con una estrategia integral y sostenida para su reducción.

La situación argentina es preocupante a la luz de la comparación regional. A pesar de que nuestro país es considerado uno de los mejores posicionados en términos de PBI per cápita y distribución del ingreso, su desempeño en la reducción de la tasa de pobreza e indigencia es decepcionante. Entre 2006 y 2016, Argentina tuvo un bajo rendimiento en esta materia, solo por encima de Honduras y México. Entre 2006 y 2011, la reducción de la pobreza fue cercana a la mediana de la región. Pero entre 2011 y 2016, Argentina fue el país de la región que peor se comportó en reducir la pobreza.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con la que el INDEC mide la pobreza tiene la limitación de no ofrecer datos de panel, es decir, no sigue a la población muestral a lo largo de un período suficientemente extendido como para poder dar cuenta de las dinámicas en la incidencia de la pobreza (Gasparini, Tornarolli, & Gluzmann, 2019). Resolver este problema es crítico porque permitiría identificar a las personas y a los hogares que están en la pobreza de forma transitoria (entran y salen de esa situación) de quienes padecen la pobreza de forma crónica. Este último grupo tiene carencias persistentes que perduran incluso bajo situaciones de crecimiento económico favorable. De alguna forma, son los hogares que constituyen el “núcleo duro”, cuya situación tiende a reproducirse de forma intergeneracional (Gasparini, Tornarolli, & Gluzmann, 2019).

En “El desafío de la pobreza en Argentina” de CEDLAS, CIPPEC y PNUD (2019) se propone una metodología para caracterizar a las personas que padecen la pobreza de forma crónica. Se ordenó a toda la población en función de las probabilidades de cada persona de estar en la pobreza en la actualidad en cada una de las mediciones desde 2003, que son calculadas en función de las características individuales con relación a la pobreza, tales como nivel educativo o edad. La pobreza crónica reúne al 10% de personas con mayores probabilidades (Gasparini, Tornarolli, & Gluzmann, 2019). Esta propuesta, que no resuelve las limitaciones de la EPH, permite evitar el fetiche del número: su utilidad no es la de contar personas en situación de pobreza, sino describir sus atributos sociodemográficos, laborales y educativos para pensar políticas públicas que potencialmente eleven el piso de bienestar de quienes se encuentran en una peor situación.

Características de la población en situación de pobreza crónica

El 50% de las personas en situación de pobreza crónica vive en el Conurbano Bonaerense. Alrededor del 22% se localiza en la región Pampeana, particularmente en la periferia de grandes ciudades como Córdoba, Rosario y La Plata. El resto se divide entre el Noreste (NEA, 11%), el Noroeste (NOA, 8%) y la región Cuyana (7%). La incidencia de la pobreza crónica en la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente insignificante. Como proporción de la población por región, su incidencia es mayor en el NEA, el Conurbano y el NOA. Los hogares de pobreza crónica son grandes: tienen 6,1 personas, con un promedio de 2,5 niños menores de 12 años (mientras que entre los hogares no vulnerables, el tamaño medio es menor que 2, con apenas 0,3 niños en promedio). 47,9% de quienes padecen la pobreza de forma crónica son niños y adolescentes de hasta 15 años y 23,6% está constituido por jóvenes de entre 16 y 25 años. Es decir, casi 3 de cada 4 personas en pobreza crónica tiene menos de 26 años. La comparación con el grupo no vulnerable es la contracara del fenómeno: apenas el 6% de esta población tiene menos de 26 años. Esto se relaciona directamente con la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Los años de educación promedio de las personas en situación de pobreza crónica son de 5,7: alrededor de 10 años menos que los de los hogares no vulnerables. Esta distancia en el perfil educativo se reduce para las cohortes más jóvenes, como consecuencia de las políticas de inclusión educativa de reciente cuño, tal como la obligatoriedad del nivel secundario y transferencias de ingreso con corresponsabilidad. También es notoria la brecha que existe entre el nivel educativo de quienes están en situación de pobreza crónica, incluso frente a quienes están en situación de pobreza por ingresos: para los segundos, el promedio de años de educación aumenta hasta 7, lo que da cuenta de la acumulación de vulneraciones que implica la cronicidad del fenómeno. La relación entre educación y pobreza es bidireccional: la insuficiencia de la primera impacta sobre la segunda, pero la insuficiencia de recursos también amenaza la posibilidad de completar los años de educación obligatoria.

Los varones en situación de pobreza crónica participan del mercado de trabajo casi en igual medida que el resto de la población. Pero las brechas en la participación laboral se manifiestan entre las mujeres: 9 de cada 10 del grupo no vulnerable está activa en el mercado de trabajo frente a menos de la mitad de las que se encuentran en pobreza crónica (para mayor información, ver Memo META Género). Las diferencias en la configuración familiar y la mayor cantidad de niños en los hogares en pobreza crónica probablemente explican las diferencias en la tasa de participación laboral femenina, en conjunto con la posibilidad de las familias más aventajadas de mercantilizar el cuidado a través de la contratación de servicios o cuidadores (De León, 2017). A su vez, la baja participación laboral femenina de estos hogares, aumenta sus probabilidades de encontrarse y permanecer en situación de pobreza. 

Estos datos socavan el mito de que las personas en situación de pobreza no trabajan: los varones lo hacen de forma remunerada, y las mujeres de forma no remunerada, proveyendo cuidado y haciéndose responsables de las tareas domésticas, base fundamental para el sostenimiento de la sociedad. 

Trabajan, pero no es suficiente para salir de la pobreza porque lo hacen en condiciones de precariedad. El salario horario difiere enormemente entre los grupos de población: una persona en situación de pobreza crónica gana un poco más de un tercio de lo que gana una persona no vulnerable. Los más aventajados están en los sectores de educación y salud, los servicios calificados y la administración pública, mientras que los más vulnerables se encuentran sobrerrepresentados en el comercio (muchos son vendedores ambulantes), la construcción y el servicio doméstico. Respecto del tipo de relación laboral, las personas en situación de pobreza crónica se agrupan en el trabajo en firmas chicas (36,5%), medianas y grandes (27,1%) y en el trabajo independiente de baja calificación (24,8%). Hasta un 35% declara no tener un trabajo fijo, frente a apenas el 8% de los no vulnerables. Además, la mayoría de los trabajadores que se encuentra en la pobreza crónica tiene un empleo informal. Existen grandes brechas en la contribución previsional y el acceso a un seguro de salud, indicadores próximos de trabajo decente.

La precariedad con la que las personas se insertan en el mercado laboral es tanto una manifestación como una causa de la pobreza crónica. También, es uno de los más claros determinantes de un nivel bajo de bienestar.

Por otro lado, existen diferencias significativas de acceso a servicios de saneamiento y baños higiénicos. Apenas 3 de cada 10 personas en situación de pobreza crónica tienen cloacas, y poco más de 6 de cada 10 posee baños con descarga de agua. Para el grupo no vulnerable, estos ascienden a casi el 100% de la población considerada. Si se compara a las personas en situación de pobreza crónica con las que solo padecen pobreza por ingreso, la situación de las segundas es cualitativamente mejor: 48,2% de ellos tienen acceso a cloacas frente al 28,9% de los primeros. Esta diferencia se observa porque la medición de la pobreza por ingresos incluye a hogares que circunstancialmente tienen un ingreso muy bajo mientras que éstos no forman parte de la pobreza crónica (Gasparini, Tornarolli & Gluzmann, 2019). Estos resultados reafirman la importancia de considerar diversas metodologías de análisis a la hora de analizar las distintas dimensiones de la pobreza.

Se evidencia que los hogares en situación de pobreza crónica enfrentan una multiplicidad de privaciones en diversas dimensiones que generan un ciclo vicioso afectando tanto su bienestar presente como la posibilidad de salir de la situación de pobreza en la que se encuentran a futuro. 

Medidas para reducir la pobreza (crónica) y la desigualdad

Reducir la pobreza requiere de una estrategia integral y coordinada que se sostenga en el tiempo. En este documento se proponen acciones centrales a llevar a cabo en esta estrategia que pueden agruparse en cuatro grandes grupos:

1. Conforma a las políticas necesarias para mitigar los efectos de la crisis económica actual
2. Políticas en las cuales se debe invertir hoy para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza crónica
3. Acciones para mejorar las condiciones de trabajo
4. Mecanismos para asegurar los recursos para llevar a cabo estas acciones y su sostenibilidad

Publicado en septiembre de 2019

La toma de decisiones sobre políticas públicas en Argentina se concentra en el presidente: en general, no incluye la voz de sectores aliados al oficialismo y tampoco a los actores directamente afectados por las políticas. En esta aparente fortaleza del presidente radica precisamente su principal debilidad. Cuando los proyectos políticos del primer mandatario se frustran, su gobierno se ve amenazado en el ámbito político por sus socios y otras fuerzas partidarias, y por la sociedad en general que sale a las calles a manifestar su descontento.

Construir consensos es difícil cuando existen múltiples actores y la alternativa de decidir unilateralmente o forjar acuerdos caso por caso se vuelve más atractiva. La debilidad actual de los partidos políticos y la fragmentación del sistema de partidos exacerba este mecanismo. Un aspecto en el que se manifiesta esta forma de decidir es la integración de los gabinetes: las coaliciones electorales suman socios para maximizar las chances de ganar, pero los planteles de gobierno excluyen a la mayoría de estos aliados electorales y se conforman con personas cercanas al presidente. Su composición tampoco responde a intercambios por apoyo legislativo ni a la inclusión de representantes de la sociedad civil. Otro aspecto en el que se entrevé este modo de decidir es la multiplicidad de bloques en el poder legislativo y la escasa coordinación entre agrupaciones políticas en el Congreso. En un contexto de creciente fragmentación del sistema de partidos, las reglas que rigen el funcionamiento del Congreso vuelven más compleja la agregación y colaboración entre los diputados. Esto incentiva la toma de decisiones concentradas en el presidente o la negociación y construcción de mayorías caso por caso, y tiene consecuencias en el papel que cumple el Poder Legislativo en el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas.

Sin embargo, a la larga, puede resultar más costosa: las políticas adoptadas de este modo son menos sostenibles y menos eficaces. Algunos mecanismos pueden incentivar la cooperación en la toma de decisiones. Las medidas que ordenan la competencia política y contienen la fragmentación del sistema de partidos -tales como la eliminación de colectoras, lemas y listas espejo, la verticalización de alianzas, y la jerarquización de partidos nacionales- brindan mayor claridad en la oferta electoral. Esto redunda en la construcción de coaliciones más coherentes internamente y en una menor necesidad de eludir socios minoritarios dentro de las coaliciones para poder tomar decisiones. Establecer reglas para desincentivar la fragmentación en el Congreso –como el fortalecimiento de la Comisión de Labor Parlamentaria y la definición de requisitos más exigentes para la formación de bloques legislativos- genera mejores condiciones para la coordinación y articulación entre las fuerzas políticas y, por lo tanto, desincentiva a los presidentes a llevar adelante negociaciones ad hoc. Por último, existen incentivos para alentar la formación de gabinetes que amplíen los apoyos de los gobiernos teniendo en cuenta la distribución de fuerzas en el poder legislativo y en la sociedad. Ejemplos de esto son el cuoteo, las audiencias públicas, las mesas sectoriales, y oficinas técnicas con el objeto de transformar el proceso de elaboración de las políticas públicas en más participativo.

No hay soluciones singulares para salir de este sendero donde la participación de los distintos actores en el proceso de elaboración de las políticas públicas es limitada. Sin embargo, hay principios que pueden guiar la construcción de un sistema político más amplio y más robusto, donde existan procesos más consensuados que promuevan políticas públicas sostenibles a largo plazo. 

Un contexto que promueve la concentración de las decisiones

Decidir unilateralmente o forjar acuerdos caso por caso es más costoso en el largo plazo en tanto una política que no cuenta con el apoyo de los sectores afectados tiene bajas probabilidades de ser sostenida en el tiempo. En pocas palabras, el estilo de toma de decisiones de los presidentes argentinos en un contexto de fragmentación del sistema de partidos genera dificultades para lograr acuerdos y altos costos de transacción. 

La ausencia de compromisos a largo plazo y de interlocutores que se mantengan a lo largo del tiempo, redunda en políticas poco sostenibles, con consensos débiles y aumenta las probabilidades de tener que deshacerlas. Esto transforma el proceso de toma de decisiones en un mecanismo ineficiente en el mediano y largo plazo.

Tres factores clave incentivan la toma de decisiones unilaterales por parte de los primeros mandatarios argentinos:

1. La fragmentación del sistema de partidos y la flexibilidad de las reglas que rigen la formación de partidos y alianzas, que redunda en la debilidad de los partidos políticos a la hora de estructurar preferencias de los electores.
2. La imprevisibilidad en el reparto de los cargos de gobierno una vez que los presidentes acceden al poder y los bajos incentivos para que las coaliciones electorales se traduzcan en coaliciones de gobierno. 
3. La falta de coordinación en el Poder Legislativo, que es en parte resultado de las normas que regulan su funcionamiento y la formación de bloques legislativos.

Cantidad de partidos y bloques legislativos (1983-2019)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral y Mustapic y Schiumerini (2008).

En el Poder Legislativo se dejaron de usar los espacios de coordinación

Las reglas que regulan el funcionamiento de las Cámaras no sufrieron modificaciones sustanciales desde el retorno de la democracia: son las mismas que rigieron bajo un sistema bipartidista, con el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical como partidos centrales. En un contexto de creciente fragmentación del sistema de partidos como el señalado más arriba, estas reglas vuelven más compleja la agregación y colaboración entre los diputados.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece que un bloque se conforma con 3 o más diputados. Cada bloque tiene acceso a un lugar en la Comisión de Labor Parlamentaria (CLP), recursos para contratar personal de apoyo y uso de la palabra en el recinto. Estas condiciones generan incentivos para la desagregación. En 2019, en la Cámara baja, 22 de los 35 bloques contaban con 3 o menos integrantes, es decir, el 63% de los bloques son chicos (Cámara de Diputados de la Nación).

En segundo lugar, se registra un incremento de las sesiones especiales y una disminución de las sesiones sobre tablas. El promedio de sesiones por año propuestas por la CLP para el período 2008-2017 se redujo a un tercio, en relación con 1999-2007 (Bonvecchi, Cherny y Cella, 2017) (5 en el primer período, 15 en el segundo). Por otra parte, las sesiones especiales prácticamente sustituyeron a las de tablas: el promedio de 2008-2017 duplica al período 1999-2007 (10 sesiones especiales contra 5).

Esta situación está relacionada con la forma en la que se construyen las mayorías que aprueban leyes y con la cantidad de iniciativas que se aprueban. Para las sesiones sobre tablas los distintos bloques deben acordar el temario, pero en las sesiones especiales no es necesaria esta instancia de colaboración en tanto las pueden solicitar pocos legisladores o el Poder Ejecutivo. 

En cuanto a la cantidad de leyes que se aprueban, este número desciende porque, al tratarse en sesiones especiales sin una agenda consensuada, sólo se tratan los pocos proyectos por los que se cita. Por lo tanto, el incremento en las sesiones especiales es un indicador de un quiebre en la lógica de cooperación interpartidaria que permitía que tanto los legisladores oficialistas como la oposición aprobaran proyectos.

Otro punto relevante a destacar a la hora de estudiar las instancias de acuerdos en el Poder Legislativo es la tasa de éxito de los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo. Dicha tasa se mantiene estable, aunque la cantidad de iniciativas que presenta el presidente y aprueba el Congreso es cada vez menor (Bonvecchi, Cherny y Cella, 2017). Esta situación da cuenta del cambio en la estrategia del presidente: al existir mayores dificultades para construir consensos al interior de la Cámara de Diputados, el primer mandatario envía una menor cantidad de proyectos de ley.

Proyectos de ley y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional (1983 – 2017)

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.     

Sumado a esto, la inestabilidad y la poca duración de los legisladores en sus cargos -un rasgo característico de la política argentina- generan también imprevisibilidad en la discusión política: la fluidez de los interlocutores puede poner en jaque acuerdos preexistentes, que en una legislatura con muchos bloques es más difícil construir (Tsebelis, 2001).

En la Argentina, la falta de incentivos para la agregación partidaria y las reglas de los ámbitos de negociación legislativa dificultan la coordinación entre las organizaciones políticas y tienen consecuencias en el papel que cumple el Poder Legislativo. Si el Congreso participa en la elaboración de políticas públicas y controla su implementación es corresponsable con el Poder Ejecutivo por las consecuencias sociales de estas políticas. Esta responsabilidad compartida permite contar con políticas a largo plazo, es decir, brinda mayor estabilidad al sistema. El diseño institucional del Congreso argentino en un contexto de alta fragmentación, en cambio, desincentiva la formación de coaliciones legislativas estables y promueve la construcción de mayorías ad hoc por proyecto. El resultado es un Poder Legislativo que no participa activamente del proceso de elaboración en la toma de decisiones.

Publicado en septiembre de 2019

Las mujeres aún enfrentan mayores obstáculos que los varones para insertarse en el mercado de trabajo, acceder a empleos de calidad, sostener sus trayectorias laborales y ocupar puestos de decisión. Promover una mayor equidad entre mujeres y varones es prioritario para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas y las oportunidades para alcanzar su máximo desarrollo. Además, la equidad de género también contribuye a aprovechar la ventana de oportunidad demográfica, a la reducción de la pobreza y a promover un mayor crecimiento y desarrollo económico. Pese a los avances recientes en la agenda de género, la importancia del goce de los derechos económicos de las mujeres permanece en un segundo orden de prioridad.

Las reuniones con expertos, representantes del sector privado, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos internacionales, en el marco de #META lograron hallar consenso sobre la multiplicidad de factores que determinan la participación laboral y que las políticas públicas deben contemplar. Además, en cada jornada se analizó la factibilidad y el impacto de propuestas de política pública que contribuyan a la equidad de género. En este marco, se resaltan tres aspectos prioritarios.

En primer lugar, las responsabilidades de cuidado y el trabajo no remunerado son una de las principales barreras para que las mujeres accedan a un puesto laboral. Si bien existen políticas públicas que pueden reducir esta carga, como la provisión de espacios de cuidado, el régimen de licencias por la tenencia de un/a hijo/a y las medidas de conciliación trabajo-familia, estas iniciativas suelen carecer de un enfoque de género que logre promover la corresponsabilidad. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es también imperativo, para que ellas puedan tomar decisiones libres e informadas sobre el inicio de la vida reproductiva.

Segundo, las mujeres encuentran obstáculos específicos en sus trayectorias educativas y laborales, que la ausencia de una perspectiva de género en las políticas públicas no logra abordar. Las políticas activas del mercado de trabajo, las políticas socioeducativas y las políticas de protección social son cruciales para garantizar los derechos de las mujeres, asegurarles un piso de ingresos y proveerles oportunidades educativas y laborales.

Por último, las normas sociales que atribuyen distintos roles a los géneros repercuten sobre las oportunidades disponibles para las mujeres, al perpetuar estereotipos y sostener la división sexual del trabajo. Por lo tanto, se vuelve necesario llevar a cabo acciones que mitiguen estos sesgos desde la educación y los medios de comunicación, y también que visibilicen a las mujeres.

Abordar las problemáticas de género de manera integral es un imperativo ético y jurídico impostergable para garantizar la autonomía económica de las mujeres. Pero además, es un requisito esencial y una meta estratégica para avanzar en la senda del desarrollo inclusivo y sostenible.

Las brechas de género en el mercado laboral: ¿por qué es importante cerrarlas?

Las mujeres enfrentan mayores obstáculos que los varones para insertarse en el mercado de trabajo, acceder a empleos de calidad, sostener sus trayectorias laborales y ocupar puestos de decisión. En Argentina, 62% de las mujeres de entre 16 y 59 años participan del mercado laboral, mientras que 81% de los varones lo hacen (EPH, 2018). La mitad de las ocupadas trabaja a tiempo parcial, comparado con uno de cada cuatro varones. Aquellas que consiguen trabajo tienen mayor probabilidad de desempeñarse de manera informal, recibir remuneraciones más bajas, participar en sectores menos dinámicos o, incluso, transitar a la inactividad o el desempleo.

Estas brechas son un problema porque vulneran los derechos de las mujeres que están amparados por diversos instrumentos internacionales a los que Argentina suscribió en los últimos 40 años. Estos compromisos resaltan la obligación del Estado de trabajar por los derechos de las mujeres. Las brechas de género también vulneran la autonomía, entendida como el reconocimiento de la capacidad de las personas para tomar decisiones libres sobre su vida (CEPAL, 2016). La autonomía económica, en particular, refiere a la capacidad de generar recursos propios a través del trabajo remunerado.

Hay otras razones subsidiarias que resaltan el imperativo de actuar para cerrar las brechas de género. En primer lugar, una baja y pobre inserción de las mujeres en la economía implica desaprovechar la oportunidad del bono demográfico, que se estima que terminará en 2042 (Rofman y Apella, 2016). Este período se distingue por el descenso de la tasa de dependencia: al haber más personas en edad económicamente activa que niños y personas mayores, se requiere un menor esfuerzo relativo de la población activa para destinar recursos a las personas dependientes. Pero el fin del bono traerá desafíos para los que será clave contar con mayor población económicamente activa. Si no se logran altas tasas de empleo femenino antes del cierre de esta etapa, la sustentabilidad de la sociedad estará en riesgo (Filgueira y Aulicino, 2015). Segundo, la desigualdad laboral de género agudiza la pobreza de los hogares y refuerza su reproducción. Los hogares de jefatura femenina tienen más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza y menos chances de superarla debido a la tensión que existe entre las responsabilidades familiares y la participación laboral de calidad. Por último, como corolario de lo anterior, alcanzar la equidad de género en el mercado de trabajo es una precondición que garantiza mayor crecimiento y desarrollo económico (Díaz Langou y Brest López, 2018).

En Argentina, la agenda de género adquirió notoriedad en los últimos años, producto del impulso del movimiento Ni una Menos. Las políticas que más avance registran se relacionan a la erradicación de la violencia de género y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Atender estas cuestiones es fundamental, pero resulta insuficiente para promover la igualdad de oportunidades entre los géneros. La equidad en el ejercicio de la autonomía económica es un fin en sí mismo y un marco habilitador para la garantía de otros derechos de las mujeres.

En un contexto de elevada pobreza, vulnerabilidad social y contracción económica (Rapetti et al., 2019), cerrar las brechas de género se vuelve una necesidad aún más acuciante. Abordar la problemática de forma integral no solo es un imperativo ético y jurídico, sino también un requisito esencial y una meta estratégica para avanzar en la senda del desarrollo inclusivo y sostenible.

Avances y limitaciones en la participación laboral de las mujeres

Las mujeres incrementaron su participación laboral fuertemente en la década del noventa como estrategia de compensación de ingresos de los hogares por pérdida del empleo de los jefes varones. Pero esa tendencia creciente se estancó desde principios de la década del 2000 (Gasparini y Marchionni, 2015; Beccaria y otros, 2017). En 2018, en Argentina 62% de las mujeres de entre 16 y 59 años participan del mercado laboral, lo que representa una brecha de 19 puntos porcentuales con respecto a la participación laboral masculina (81%) (EPH, 2018). Entre 2003 y 2018, este indicador se estancó en torno al 60% y la brecha por género en el tiempo se estabilizó.

Sin embargo, la posibilidad de participar en el mercado de trabajo depende de la tenencia de hijos, el nivel educativo y la edad de las mujeres. El cambio de tendencia observado desde la década del 2000 respondería al comportamiento de las mujeres de entre 25 y 54 años con hijos. Para las mujeres sin hijos, su participación se había estancado en los años noventa para aquellas con educación baja y media, y desde los años ochenta para las más educadas (Beccaria y otros, 2017).

Las responsabilidades de cuidado son uno de los principales determinantes de las brechas de género en el mercado de trabajo (Díaz Langou y otros, 2019). Cuando hay hijas/os menores de 18 años en el hogar, la brecha por género en la actividad aumenta, ya que los varones con hijos/as incrementan su participación en mayor medida que las mujeres madres (Tabla 1). 

El acceso a un mayor nivel educativo se asocia fuertemente a la posibilidad de participar en el mercado de trabajo: las personas con más años de educación muestran tasas de participación más altas. Dado un mayor aumento en la participación laboral femenina, entre quienes alcanzan un mayor nivel educativo la brecha de participación por género es menor.

También hay brechas de género en las trayectorias y la calidad del empleo al que acceden varones y mujeres. Las mujeres están más afectadas por el desempleo. Si bien la brecha en la tasa de desocupación mostró una leve caída en los últimos quince años, la proporción de mujeres desempleadas (11%) supera a la de los varones (9%). Esta situación puede dar lugar tanto a dificultades para conseguir un empleo acorde a sus necesidades, como también a sesgos y prejuicios por parte de los empleadores, que asocian a las mujeres a su rol de cuidadoras.

Tasa de desocupación por género y tenencia de hijos. Aglomerados urbanos (2018)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (EPH).

Las mujeres se ven más afectadas por la subocupación[1]. En los últimos cinco años, las mujeres han caído de manera más fluctuante en la subocupación demandante, el subgrupo que querría trabajar más horas y busca activamente hacerlo.

Las mujeres están más presentes que sus pares varones en la economía informal, con un menor acceso a prestaciones de la protección y la seguridad social. A partir de la crisis de 2001-2002, la evolución de la informalidad tuvo una tendencia a la baja, como también la brecha por género. Sin embargo, desde 2011, la tasa de trabajadoras no registradas se mantuvo estable en torno a 36%, mientras para los varones este valor es de 32%.

Las mujeres tienen mayor participación en los sectores económicos menos dinámicos y que generan menores ingresos. Esta segregación sectorial replica la asignación cultural de roles. El 57% de las mujeres se concentra en cuatro sectores: comercio (17%), servicio doméstico (17%), educación (15%) y salud (8%). A excepción de comercio, la fuerza laboral de los sectores mencionados está compuesta en más de un 65% por mujeres, llegando incluso al 97% en el área de Servicio Doméstico.

Salario promedio en pesos del cuarto trimestre de 2018, distribución de mujeres y tasa de feminización por sector económico. Aglomerados urbanos (4° trimestre 2018)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (EPH).

Si bien en Argentina no se evidencia una brecha salarial, medida por hora trabajada para un mismo puesto en un mismo sector, sí hay una brecha de ingresos que se sitúa entre el 22% y el 35%. Esta cifra es el síntoma de otras cuestiones: las mujeres trabajan menos horas, en sectores peor remunerados, tienen mayores tasas de empleo no registrado, y son minoría en puestos de liderazgo, entre otros.

Por último, a pesar de estar mejor calificadas que los varones – con mayores niveles educativos en promedio –, las mujeres siguen subrepresentadas en puestos de jefatura y dirección. Ellas ocupan un 34% de los cargos de dirección en el sector privado y un 31% de los puestos de alta dirección en el sector público (EIL, 2017).