Publicado en febrero del 2021

La gestión de la pandemia por COVID-19 mostró que el conocimiento experto es una base sólida para dar respuestas dinámicas a fenómenos cambiantes. La creciente complejidad de los problemas sociales demanda un Estado con mayor capacidad analítica que tome mejores decisiones y beneficie al conjunto de la ciudadanía.

Argentina está rezagado en la adopción de instrumentos y herramientas de monitoreo y evaluación que promuevan el aprendizaje en materia de políticas públicas a través del seguimiento y análisis de sus resultados.

Con el objetivo de aumentar la productividad social de la inversión pública, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en 2020 la creación de una Agencia Federal de Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas.
Este compromiso reconocía la importancia de crear políticas públicas basadas en evidencia y de ejecutar planes y programas anclados en el conocimiento experto para mejorar la efectividad del Estado. A un año de esa iniciativa, la Agencia no fue creada pero sí se incorporó al debate público como una de las 25 metas de las 5 misiones a lograr en 1000 días por el Consejo Económico y Social (punto 4 dentro del eje Democracia Innovadora).

Además, se observan progresos en materia de monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas tendientes a fortalecer los sistemas transversales y sectoriales: i) se reordenó el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de los programas con financiamiento internacional (que pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría de Asuntos Estratégicos dependiente de la Presidencia); ii) se innovó en los mecanismos de M&E de los planes y programas sociales (mayor participación federal y herramientas para evaluar en pandemia) y de los planes sectoriales (nuevos dispositivos de sistematización de la información); iii) a pesar de que persisten las dificultades a la hora de realizar evaluaciones, los enfoques de M&E cobraron particular valor en el contexto de la crisis sanitaria e intentaron ser más participativos estableciendo metodologías adaptadas a la situación sanitaria; y iv) aumentó la accesibilidad a los resultados de las evaluaciones de las políticas.

La conducción e implementación de una política para la evaluación de planes y programas públicos es clave para medir los avances en los compromisos de gobierno, el desempeño de las intervenciones, la responsabilidad de los funcionarios públicos tanto como para aprender de las capacidades del Estado para responder efectivamente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La política nacional de evaluación, sin embargo, sigue enfrentando varios desafíos político-institucionales y culturales. Para superarlos, parece necesario integrar y coordinar las funciones de M&E en una agencia rectora, que afiance la cultura de evaluación en la Administración Pública Nacional, defina los parámetros de evaluabilidad para las políticas, programas y planes, desarrolle capacidades, garantice la calidad de la información producida y asegure su uso informando las prioridades estratégicas.

Consolidar herramientas técnicas, coordinar las evaluaciones con el plan de gobierno y construir legitimidad desde la esfera política para aumentar el uso de la información producida son algunos de los aspectos clave para la creación de la Agencia. El fin último es que las políticas públicas producidas fortalezcan la rendición de cuentas.

Publicado en febrero del 2021

La propagación deliberada de información falsa con el objetivo de dañar a un adversario es una actividad que ha acompañado desde siempre las disputas políticas. No obstante, la aparición de internet y la expansión de las redes sociales como principal canal de difusión y consumo de noticias, la aceleración de su difusión y la globalidad de su alcance, suponen un cambio en la naturaleza y dimensión del problema conocido como “desinformación”.

El fenómeno de las fake news, es decir, operaciones deliberadas y orquestadas de desinformación con el objetivo de manipular la opinión pública puede tener efectos profundos sobre las democracias: afecta la integridad del debate público, contribuye a la polarización, erosiona la confianza en las instituciones democráticas, y afecta así la equidad en la competencia política y el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

Casos como la elección de Trump en Estados Unidos en 2016 y la de Bolsonaro en Brasil en 2018 alertan sobre la seriedad del tema debido a su impacto sobre el debate público y la confianza en los procesos electorales. En la Argentina, los informes de la Cámara Nacional Electoral desde 2017 señalan la actividad de trolls y cuentas falsas de redes sociales en el contexto pre-electoral. Durante la elección presidencial de 2019 se identificaron contenidos falsos que incluían tanto ataques a los adversarios en forma directa como también contra las instituciones electorales, con denuncias de fraude electoral.

Las operaciones de desinformación exitosas son fenómenos organizados, sobre los cuales gobiernos y líderes políticos tienen un rol protagónico. Independientemente del origen de la noticia, una campaña de desinformación requiere de una decisión política además de capacidades económicas, logísticas y tecnológicas que exceden las de un individuo aislado. Sin embargo, como todo fenómeno de acción colectiva, para prosperar, así como para poder combatirlo, requiere el involucramiento de otros actores, incluidos plataformas de internet, medios, y la sociedad civil en general.

Es por esto que en los últimos años se implementaron en Argentina acciones que involucraron a múltiples actores para combatir el fenómeno de la desinformación, y preservar la integridad de la democracia argentina. La firma durante la campaña del 2019 de un Compromiso Ético Digital entre la Justicia Electoral, las principales plataformas de internet y los partidos políticos para priorizar la difusión de información electoral oficial es un ejemplo de ello.

Continuar y profundizar estas acciones en el futuro es fundamental y cada uno de los actores clave en la propagación de la desinformación -partidos y candidatos, compañías de redes sociales y plataformas digitales, decisores, autoridades electorales, verificadores, medios de comunicación y sociedad civil- pueden realizar acciones concretas para mitigarla y prevenirla.

Con miras al proceso electoral 2021 y con ánimos de minimizar la influencia de noticias falsas, se podría favorecer el desarrollo de programas de educación digital que promuevan el uso responsable de internet, así como también el consumo y la difusión de información electoral confiable, proveniente de fuentes oficiales o verificada. Las alianzas entre múltiples actores y la institucionalización de compromisos con el objetivo de combatir la desinformación de forma colectiva son otros elementos que pueden contribuir a promover una mayor equidad en la competencia política y garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

Resulta crucial que cualquier acción que se tome para abordar el problema de la desinformación garantice la libertad de expresión, la transparencia y la neutralidad de las decisiones tomadas, con el objetivo de preservar la integridad de los procesos democráticos, privilegiando el voto informado y asegurando la equidad en la competencia.

En los últimos años, la urbanización sostenida ha propiciado la aparición de un nuevo fenómeno territorial: las áreas metropolitanas. Las nuevas dinámicas y desafíos sociales, económicos y ambientales que estos territorios plantean a la humanidad cuestionan los conocimientos establecidos en torno a la gestión de los espacios urbanos, y demandan nuevas herramientas y formación con un enfoque multidisciplinario. En este contexto, el proyecto “TELLme (Training for Education, Learning and Leadership towards a new MEtropolitan Discipline)” constituye un esfuerzo por cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en las grandes áreas metropolitanas del mundo.

Con el objetivo de promover una disciplina que aborde los problemas de las regiones metropolitanas, el propósito de TELLme es crear una comunidad de profesionales urbanos enfocados en temas metropolitanos. Su objetivo es fortalecer el capital social, principalmente a través de una red de expertos y el aprendizaje entre pares, así como generar nuevo conocimiento colectivo y una base global para una disciplina que verá su apogeo en el futuro cercano.

Como parte del proyecto TELLme, CIPPEC ha liderado el desarrollo de un libro inaugural. El principal objetivo de este trabajo es establecer, a nivel global, la importancia de abordar de manera integral los desafíos que enfrentan las grandes aglomeraciones urbanas. El libro sienta las bases de una nueva disciplina que hasta ahora no ha consistido en un conjunto definido de reglas y conceptos. También constituye marcos lógicos y escenarios que ayudan a comprender la complejidad de la metrópolis. Está dirigido a instituciones académicas, partes interesadas metropolitanas, funcionarios públicos y cualquier persona que esté interesada en comprender los fenómenos metropolitanos, así como a quienes están creando instituciones metropolitanas.

La nueva disciplina solo evolucionará si las instituciones académicas y otros actores interesados ​​participan en el debate metropolitano. Esto es una contribución valiosa y completa que nos invita a estar mejor preparados para abordar la complejidad de la planificación, el desarrollo y la gobernanza metropolitanos.

El Mapa de la educación inicial en Argentina: Puntos de partida de una agenda de equidad para la primera infancia fue impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) con el propósito de construir un mapa preciso y completo de la educación inicial como punto de partida para desarrollar una agenda de políticas integrales de mayor alcance y calidad.

El Mapa de la educación inicial en Argentina se monta sobre un triángulo analítico conformado por el análisis de la oferta, la regulación y los docentes de nivel inicial.  Este libro presenta los resultados del primer diagnóstico federal de la educación inicial en la Argentina en relación con estas tres dimensiones. Para ello, el material incluye el relevamiento, sistematización y análisis de información estadística y documental de las 24 jurisdicciones. Asimismo, el material incorpora el análisis inédito de una aproximación cualitativa y exploratoria a cuatro jurisdicciones del país. Este abordaje inaugural de la educación inicial en el territorio arrojó luz sobre los distintos escenarios provinciales en los que se configura el nivel inicial.

El libro se organiza en cinco capítulos:

• El Capítulo 1 repasa los principales hitos de la educación infantil en la Argentina, desde los años de consolidación del sistema educativo en el último tercio del siglo XIX. El objetivo de ese capítulo es identificar las huellas que la historia ha dejado en la configuración actual del mapa de la educación inicial.
• El Capítulo 2 presenta una radiografía de la oferta de educación inicial en el país. A partir de las fuentes de información disponibles, se examina la cobertura del nivel inicial, y la distribución y formatos de la oferta a lo largo del territorio.
• El Capítulo 3 reconstruye el mapa del nivel desde la regulación, a través de una mirada que incluye tanto la normativa como el currículum nacional y los de las 24 provincias.
• El Capítulo 4 se enfoca en el mapa de la oferta y el currículum de la formación docente inicial y continua, y en la conformación de los equipos docentes mediante un análisis de la distribución de cargos en las escuelas de nivel inicial.
• El Capítulo 5 ofrece un panorama la educación inicial en los distintos escenarios provinciales mediante los resultados del estudio de casos cualitativo-exploratorio.
• Finalmente, se arrojan una serie de conclusiones sobre los principales desafíos en la agenda de la educación inicial en la Argentina.

El futuro de todos los niños y las niñas se juega hoy. Desde UNICEF Argentina y CIPPEC, confiamos en que el mapa que se consolida en este libro representará un insumo crítico para aportar al trabajo de los diversos tomadores de decisiones, con el fin de promover una sociedad más justa, con más y mejores oportunidades para todos los niños y niñas en la Argentina.