Publicado en mayo de 2019

Este trabajo fue realizado por CIPPEC, BID Lab y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sus autores son Javier Madariaga, César Buenadicha, Erika Molina, y Christoph Ernst.

El fenómeno de las plataformas digitales, que cuenta con cerca de 10 años a nivel global y ha significado una de las mayores disrupciones en el mundo del trabajo, es relativamente reciente en Argentina. A principios de 2016 operaban en el país cinco plataformas, todas de capitales nacionales. A partir de ese año, principalmente producto de la flexibilización del sistema de pagos al exterior y otros factores, se aceleró el ingreso de nuevas plataformas y filiales de empresas extranjeras al mercado argentino, lo que favoreció a su vez un flujo de nuevas inversiones dirigidas a las plataformas de origen local que ya estaban instaladas.

En efecto, durante los dos años sucesivos se incorporaron al menos ocho nuevas plataformas que ofrecen oportunidades de generación de ingresos. Sin embargo, la información vinculada a las formas de trabajo a través de plataformas digitales no está alcanzada por las estadísticas oficiales, por lo que las mismas quedan invisibilizadas en otras categorías: ocupados no asalariados, trabajadores por cuenta propia, algunas formas de trabajo atípico asalariado o trabajadores informales.

El presente estudio reviste especial importancia en tanto constituye la primera iniciativa de clasificación, caracterización y análisis del trabajo de plataformas en Argentina.

Los resultados de este estudio demuestran que, aunque el fenómeno todavía presenta un desarrollo incipiente, el conjunto de usuarios-proveedores de servicios a través de plataformas digitales representaba en 2018 el 1% del total de ocupados de la Argentina.

Otra de las grandes conclusiones que se desprenden de este trabajo de investigación es que, aunque la economía de plataformas ofrece nuevas oportunidades para generar ingresos –y cumple un rol de contención social frente al desempleo y la subocupación–, genera retos desde el punto de vista regulatorio y desafía el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores que fueron pensados para la economía tradicional.

Características sociodemográficas

Con respecto a la distribución etaria, se destaca que en las plataformas digitales predominan los trabajadores jóvenes. En efecto, más del 90% de los prestadores es menor de 60 años, y un tercio tiene menos de 30. Asimismo, la edad promedio de los trabajadores de plataformas en Argentina es de 38 años (Gráfico 5) (*).

usuarios-proveedores de servicios a través de plataformas digitales – promedio de edad según plataforma

A su vez, existe una importante disparidad de género en el trabajo en plataformas, altamente masculinizado. De hecho, casi 4 de cada 5 trabajadores de plataformas son hombres.

En cuanto al nivel educativo (Gráfico 7), si bien varía sustancialmente según la plataforma, los trabajadores de plataformas cuentan, en promedio, con niveles de estudios elevados. En efecto, casi el 90% de los encuestados ha finalizado el nivel secundario. Inclusive, un 37% afirma haber terminado estudios superiores.

En este sentido, se puede sostener que los trabajadores de plataformas tienden a estar más educados que la población ocupada en general y, dado que en su mayoría se concentran en servicios que requieren habilidades técnicas entre medias y bajas, se podría afirmar que están sobrecalificados respecto de las tareas que realizan. A su vez, este fenómeno podría deberse a que los trabajadores de plataformas tienen dificultades para encontrar un empleo tradicional y terminan recurriendo a las plataformas por necesidad, tal como sugieren algunas.

Sin embargo, cuando uno observa los incentivos de los encuestados para trabajar en la economía de plataformas (Gráfico 23), solo un 20% del total sostuvo que su motivación principal se debió a la dificultad para encontrar otros trabajos. Los argumentos más esgrimidos fueron la posibilidad de conseguir un ingreso extra y las modalidades de trabajo flexible que permiten este tipo de actividades.

Las plataformas tampoco parecen ser una vía hacia el primer empleo. De hecho, los datos recogidos muestran que casi la totalidad de los encuestados posee o poseyó una ocupación antes de ingresar en la plataforma, de los cuales un 60% tenía experiencia laboral previa en tareas que realiza actualmente.

Otra característica sobresaliente del presente capítulo es que más del 20% de los trabajadores de plataformas provienen de otros países, porcentaje muy superior a la porción inmigrante de la población argentina (4,6%). Entre los trabajadores de plataformas, los venezolanos se destacan como el colectivo inmigrante más numeroso. En línea con esto, un informe de 2015 de la OIT afirma que, en Argentina, independientemente de sus características demográficas, educativas y laborales, los trabajadores inmigrantes sudamericanos tienen un 12% más de probabilidades de acceder a un empleo informal que los trabajadores argentinos.

Por último, es importante destacar que, entre quienes se dedican exclusivamente a su trabajo en la plataforma, antes estuvieron un promedio de alrededor de 4 meses buscando otras oportunidades laborales.

Ingresos

Sin embargo, estas cuestiones no deben restar valor a la importancia que le atribuye el proveedor de servicios a su trabajo. En este sentido, poco más de la mitad de los encuestados declaran no recibir otros ingresos laborales por fuera de los que genera su actividad en la plataforma y un 60% manifiesta que no hubiese podido hacer frente a sus gastos habituales de no haber sido por dicha ocupación, sobre todo entre quienes realizan actividades técnicas u operativas. Al mismo tiempo, quienes sí poseen alguna fuente de ingreso alternativa, sostienen que las ganancias provenientes de su actividad en las plataformas representan, en promedio, el 65% de su renta total.

Respecto de este punto, es importante mencionar que, por una parte, aproximadamente dos tercios de los encuestados afirman que sus ingresos a través de las plataformas son estables, especialmente entre quienes prestan servicios físicos de alta calificación y/o realizan actividades capital-intensivas, y que, por otra parte, 3 de cada 4 creen que sus ganancias aumentarán o se mantendrán de igual manera el año próximo (Gráfico 19)

Con respecto a las horas dedicadas al trabajo, los prestadores de servicios a través de plataformas declaran trabajar 7 horas por día hábil en promedio, aunque aparecen ciertos matices en función del hecho de que la persona reciba algún tipo de ingreso extra por fuera de su actividad o de la motivación que empujó a la misma a volcarse a esta forma de trabajo. Aun así, casi el 60% de los encuestados trabaja menos de 40 horas semanales, y casi tres cuartos lo hace en horarios rotativos.

Condiciones laborales

En torno a las condiciones laborales, cierta informalidad de los trabajadores de plataforma puede ser observada. En efecto, sólo un 55% de los encuestados afirmó realizar aportes provisionales por su actividad en la plataforma (de los cuales casi el 90% lo hace a través del régimen de monotributo), y apenas el 40% posee una obra social a raíz de su trabajo (Gráfico 37).

Líneas de acción

La realidad de los trabajadores de plataformas es heterogénea, máxime si se tiene en cuenta el tipo de tarea y el nivel de calificación requerido. Por ejemplo, mientras que muchos de los trabajadores que realizan tareas físicas de baja calificación se encuentran en una situación de vulnerabilidad, otros, como el caso del servicio doméstico, se ven beneficiados por las plataformas tanto por mejoras en las condiciones laborales como en la formalización. Por su lado, para los trabajadores de plataformas que realizan tareas de tipo virtual y de alta calificación, la economía de plataformas no solo representa oportunidades de desarrollo profesional, sino que podría contribuir de manera significativa al desarrollo económico del país.

Algunas líneas de acción se tornan imprescindibles luego del análisis volcado en el presente documento. Resulta fundamental comprender el entramado de situaciones que se verifican en el marco de la Economía de Plataformas, desde las relaciones comerciales y laborales legítimas hasta las relaciones de dependencia encubiertas.

Por eso, y aunque no es conveniente aplicar recetas únicas y universales para todas las plataformas y los trabajadores involucrados, de acuerdo a las conclusiones de estudio se desprenden algunos posibles lineamientos de política pública:

1.- Comprender el fenómeno de la economía de plataformas y generar acciones normativas pertinentes.

2.- Debatir la regulación en el marco del diálogo y no por la vía judicial, evitando introducir distorsiones que incentiven a la informalidad o vuelvan inviables los modelos de negocios.

3.- Discutir y replantear algunos aspectos de la regulación laboral, de modo de contemplar los escenarios propuestos por los cambios tecnológicos (por ejemplo, que la LCT promueva condiciones de trabajo decente y un piso de derechos y beneficios, independientemente de la condición de asalariados, no asalariados, típicos o no típicos).

4.- Simplificar y facilitar la formalización y registro de los trabajadores.

5.- Reconocer la reputación digital como capital privado y portable de los trabajadores de la economía de plataformas (posibilidad de compensar la falta de credenciales o certificaciones formales).

6.- Incorporar en las estadísticas oficiales categorías específicas que permitan conocer, visibilizar y dimensionar la realidad particular de los trabajadores de plataformas.

7.- Generar espacios público-privados de colaboración para invertir en capacitación y desarrollo de habilidades de los trabajadores de la economía de plataformas.

8.- Identificar y promover oportunidades e incentivos para facilitar la inclusión de colectivos vulnerables o marginados (migrantes, personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes en riesgo, entre otros) en la economía productiva a través de la economía de plataformas.

9.- Desarrollar políticas específicas para mejorar las trayectorias laborales y aprovechar el potencial de los trabajadores virtuales de alta capacitación, lo que redundaría en una oportunidad para exportar servicios basados en conocimiento y evitar la fuga de talentos. En ese sentido, las políticas orientadas al desarrollo de competencias requieren:

10.- Desarrollar políticas que reduzcan las complejidades administrativas y barreras financieras que entorpecen la competitividad en el mercado global.

Los anteriores son algunos ejemplos de cómo, a través de políticas públicas activas, se pueden aprovechar las oportunidades y mitigar los efectos no deseados de la economía de plataformas en el mercado laboral. En este sentido, es fundamental que dichas políticas sean definidas a partir de un proceso participativo, donde los usuarios, los trabajadores, y las plataformas, tanto locales como las de alcance global, sean tenidos en cuenta durante el proceso decisorio.

(*) Para una mejor lectura del informe, esta síntesis conserva como referencia los números de gráficos del documento original

Publicado en mayo de 2019

La economía argentina experimentó una serie de cambios salientes en la estructura y dinámica de las exportaciones durante los últimos veinte años. La expansión de la producción de oleaginosas, la caída significativa en la oferta exportable de energía y el dinamismo en las ventas externas de los denominados “servicios basados en el conocimiento” (SBC) –servicios informáticos, empresariales, software, industria audiovisual y otros-, fue acompañado por un estancamiento de las cantidades exportadas de bienes en los años más recientes.

A su vez, la Argentina quedó mayormente al margen de los aspectos más dinámicos de la globalización por su desconexión de las Cadenas Globales de Valor (CGV) que, desde hace dos décadas, vienen reorganizado la producción mundial. Estas se caracterizan por la desconcentración geográfica (off-shoring) y la separación y desintegración vertical (out-sourcing) que localizan la producción donde la reducción de costos más que compensa las dificultades de la distancia y la coordinación.

La consecuencia práctica de la escasa vinculación con las CGV y la estructura actual de exportación es un bajo nivel de exportaciones con relación al tamaño de la economía y de la población del país. Este fenómeno constituye una restricción al crecimiento económico y al desarrollo de largo plazo en un contexto de estancamiento – alternando recuperaciones de corta duración y recesiones-, durante los últimos ocho años.

Hacia una trayectoria de crecimiento económico

Una nueva estrategia comercial no puede ejecutarse de forma aislada: se requiere una acción coordinada de la macroeconomía, el desarrollo productivo y la estrategia comercial.  Una condición necesaria para alcanzar la trayectoria del crecimiento económico es consolidar el desempeño exportador.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes para dinamizar la plataforma exportadora de Argentina? Este documento realiza un primer diagnóstico que identifica los principales factores subyacentes al desempeño exportador de la economía argentina. Repasa la estrategia reciente en materia de política comercial, valora sus resultados y las restricciones que encontró para alcanzar las metas propuestas, y señala los principales hitos de la tarea pendiente.

Publicado en mayo de 2019

Los programas de acompañamiento familiar son uno de los instrumentos de la política social que ganaron popularidad en los años recientes: estos consisten en políticas que funcionan como puente entre la población y el acceso a un conjunto de servicios públicos esenciales para el goce de derechos.

La mayor parte de la literatura producida sobre el tema se concentra en estos programas y su vinculación con los programas de transferencia con condicionalidad (PTC). Sin embargo, no abundan los estudios sobre experiencias implementadas desde una concepción diferente y por parte de gobiernos de unidades provinciales.

Por lo tanto, este documento aborda las particularidades del componente Abre Familia, en el marco del Plan Abre, política social insignia de la Provincia de Santa Fe. El Plan Abre propone una estrategia integral sustentada en la coordinación entre diversas áreas que conforman el Poder Ejecutivo Provincial junto con gobiernos locales. A partir de un diagnóstico territorial de fuerte impronta urbana, se propone mejorar la calidad de vida en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégicas, fortalecer las redes sociales del barrio y promover la inclusión social y la participación ciudadana.

El Plan Abre atravesó un proceso constante de mejora, que fue posible gracias a la flexibilidad de su formato institucional y programático. Esto le permitió adaptarse a las nuevas demandas territoriales. En 2016, se creó el Eje Familia, como complemento a los ejes de Infraestructura y Hábitat y de Convivencia y Participación. El componente de acompañamiento familiar, enmarcado en la estrategia más amplia, resulta novedoso por una serie de factores que incluyen la flexibilidad de su formato, el uso de la información para una atención diferenciada, y la integración de las estrategias de cercanía en el territorio.

Este documento se propone dar cuenta del surgimiento de este Eje y analizar cuatro elementos críticos que ha logrado en sus primeros años de implementación. Estos son: el sistema de acompañamiento integral; el uso de la información relevada; el protagonismo de los equipos territoriales; y la apropiación de la red de actores del Plan Abre en general y del Eje Familia en particular.

Para optimizar el funcionamiento del eje, es preciso abordar ciertos desafíos. Estos incluyen escalar las prácticas de acompañamiento sin perder de foco la capilaridad del enfoque; mejorar la integración del sistema de información y agilizar su capacidad de procesamiento; optimizar y ampliar los espacios de contención y capacitación de los equipos territoriales; definir perfiles adecuados que permitan el trabajo de abordaje familiar y generar los incentivos materiales y simbólicos suficientes para sostener sus trayectorias laborales; y avanzar aún más con la difusión de las políticas del Plan Abre y del Eje Familia en particular, para lograr una mayor apropiación de la política.

Publicado en mayo de 2019

La forma en que se financia la política partidaria y electoral es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia argentina. El dinero se toma y se gasta en efectivo, y por eso permanece al margen de cualquier control judicial y social. Para ocultar el origen de los fondos las agrupaciones falsean sus rendiciones de campaña. Aunque muchas maniobras de encubrimiento son descubiertas por el control judicial, las sanciones llegan tarde y nunca comprometen las carreras políticas de los dirigentes.

En febrero, CIPPEC pidió una reforma de la ley de financiamiento de la política para que, en las elecciones de 2019, la campaña electoral sea más transparente, integra y equitativa. Esta forma de financiar la política atenta contra la transparencia del proceso electoral, pero, sobre todo, contra la equidad y los derechos políticos de los ciudadanos. La informalidad hace que los votantes no puedan conocer quién apoya a los candidatos, genera el riesgo de atraer dinero ilegal, encubre al poder económico que busca influenciar la política pública y permite que los oficialismos abusen de su acceso a fondos públicos.

El miércoles 15 de mayo, el Congreso de la Nación sancionó una reforma al régimen de financiamiento que rige en Argentina desde 2009.

En este documento se describen los principales cambios introducidos por la reforma, entre otros, la eliminación de los aportes en efectivo y la ampliación de recursos destinados al control judicial. A partir de las principales debilidades de las reglas que estaban vigentes en Argentina desde 2009,  se analiza en qué medida esta reforma podría dar respuesta a estos problemas y se proponen medidas para seguir avanzando hacia un régimen de financiamiento de la política que favorezca la transparencia, la equidad electoral y la integridad pública a partir de 2020.